El Gobierno ha dado fuerza y
apoyo a los grupos violentos
■ Fuerza oficialista de choque del PSUV contra trabajadores
■ El PCV registra 490 huelgas legales entre 2006-2010, la mayoría en el sector público.
■ El Gobierno concibió una nueva organización de representación sindical que es usada para eliminar sindicatos e impedir reclamos laborales.
Bolívar registra un “saldo rojo” como resultado del “control obrero”: 5 heridos, un dirigente sindical en la clandestinidad, otro detenido porque le sembraron un arma y un miedo a la protesta entre los trabajadores por el peligro a perder la vida.
José Luís Morocoima, secretario del sindicato de Bauxilum (Sutralumina), salió de la clínica luego de ser atendido por una herida de bala y, debido a razones de seguridad, no está de reposo en su casa ni acude a lugares visibles. Cambia de residencia cada noche. Manuel Díaz, secretario de profesionales de Venalum, fue detenido por un arma que asegura le fue sembrada por cuerpos policiales.
El Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) totaliza 200 trabajadores encarcelados en el ámbito nacional y 95 en Guayana. Desde 2005 hasta la fecha han sido asesinados 150 activistas de la construcción, según informes de sindicatos.
Ahora, el derecho a la protesta en Guayana está bajo amenaza a pesar de ser un derecho constitucional por una figura creada por el gobierno obrero, socialista y revolucionario: “control obrero” que cuenta, en paralelo, con otras expresiones, los frentes socialistas de trabajadores, patrullas socialistas de trabajadores y comité socialistas de trabajadores, cuyo fin es desplazar los sindicatos.
“La principal misión del control obrero es impedir la paralización de las empresas por cualquier medio. Si el Estado no paga, si el Estado no cumple, los obreros tienen que quedarse tranquilos porque, en caso contrario, el control obrero, que no es más una expresión partidista del PSUV, busca a consejos comunales bajo engaño y a la Guardia Nacional y así cercenan el derecho a la huelga. Actúan en cayapa, como una fuerza de choque”, alertó Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, que estuvo preso casi un año por manifestar junto con los agremiados.
“Instrumentos del PSUV”. Las empresas básicas son laboratorios de los grupos de “control obrero” que aún no tienen piso legal, pues la Asamblea Nacional no ha aprobado la nueva Ley del Trabajo para incorporarlos ni sancionado un proyecto de ley especial de consejos de trabajadores, propuesto por el Partido Comunista de Venezuela, que los defina. La idea inicial era fomentar la participación de los trabajadores en la administración de las compañías estatales y privadas.
“El control obrero es un fraude total. Bajo ese esquema se escogieron a dedo dirigentes que son traidores del movimiento obrero porque su fin es enfrentar a la genuina representación sindical. Ese grupo recibe líneas políticopartidistas del PSUV”, afirmó González.
El secretario político de Patria para Todos, José Hernández, coincidió con el dirigente sindical en que los miembros del “control obrero” son “instrumentos del Gobierno” para impedir la discusión de contratos y eliminar los sindicatos y aseguró que terminarán por convertirse en esquiroles dentro de cualquier lugar de trabajo.
Hasta el PCV es consciente de la desviación del “control obrero” y expresó preocupación porque suele ser usado como fuerza de choque. “Esa no es su función; su papel es administrar, elaborar las políticas de las empresas, sean públicas o privadas, en beneficio de los trabajadores”, señaló el diputado Douglas Gómez, del buró político del PCV, que cuestionó la práctica de Muralla Roja, un grupo del sector construcción en Bauxilium que sale a repeler cualquier manifestación laboral.
Los comunistas admiten que el Estado y la burguesía tienen como objetivo tutelar y subordinar a sindicatos. “Existen corrientes controladas por el Estado que buscan la hegemonía del movimiento obrero y sindical, desde posiciones patronales”, advierten en el documento central que debatirá el 14º congreso nacional del PCV en agosto de este año.
En el informe, de 466 puntos, se indica: “Desde 2006 a la fecha ha habido unas 490 huelgas legales e innumerables huelgas ilegales (…) Las acciones legítimas son reprimidas con el uso de la fuerza pública, ejerciéndose desde el poder del Estado una tendencia a la criminalización de la protesta y la penalización de la lucha sindical. La conflictividad labaoral es más aguda entre los trabajadores oficiales o públicos que entre los empleados de la patronal privada. Hasta 80% de los reclamos en 2010 tuvieron como protagonistas a trabajadores de entes y empresas del Estado”.
¿Qué hacer?
Todas las corrientes sindicales repudian la violencia y exigen al Gobierno investigar y detener las agresiones. El Nuevo Sindicalismo y el Movimiento Autónomo Independiente de Trabajadores de la Salud (Maitrass) declaró al movimiento laboral en estado de alerta; Fadess anunció que denunciará el acoso oficial ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También marcharán contra la violencia en Zulia, Aragua y Anzoátegui y pedirán un derecho de palabra ante el Parlamento.
Rubén González plantea la creación de un frente por la defensa de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos para evitar la eliminación de los últimos: “¡Presidente, no somos ni desestabilizadores ni saboteadores, sino representantes de la masa trabajadora”.
Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
DESVIACIÓN | LABORAL
Política | Opinión
EL NACIONAL
