Omar Nowak cree que los consejos comunales no están capacitados para distribuir los recursos por la escasa formación que les ha dado el Gobierno.
Omar Nowak cree que los consejos comunales no están capacitados para distribuir los recursos por la escasa formación que les ha dado el Gobierno.
En las sedes del partido
reciben los recaudos
■ Advierten que la politización no permite que las comunidades se integren a través de consejos.
Si usted es habitante del municipio El Hatillo y desea formar un consejo comunal, primero debe tener un proyecto para su comunidad (rural o urbana), descargar los formatos en la página del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y entregarlo en la taquilla que tienen asignada en la sede del PSUV que funciona en la zona, para desde ahí hacer los trámites necesarios en el ministerio, así informaron en la casa donde funciona el partido en ese municipio.
Filtro rojo:
Los pasos que hay que seguir para la inscripción de los órganos de participación ciudadana son objetados por el presidente de Un Nuevo Tiempo de El Hatillo, Omar Nowak, quien señala que el Gobierno usa su partido político como filtro para la constitución y asignación de recursos a los consejos comunales, lo que considera una forma de discriminación. “Se hace un filtro de los consejos comunales que se postulan y a los que no son afectos al Gobierno no se le realiza el trámite para su creación”.
La discriminación política no ha permitido que 93% de los habitantes del municipio, no identificado con el Gobierno, se forme como consejos comunales. “Bajo esta figura, sólo 7% de los hatillanos son los que pueden decidir dónde se van a invertir los recursos”, dijo Nowak.
Durante el mandato del ex alcalde mayor Juan Barreto existían en El Hatillo 120 consejos comunales, y en 2011 sólo hay 64 constituidos, esto derivado de la reforma a la Ley de Consejos Comunales que desconoce al resto de instancias vecinales que existían en esta zona.
Los datos aportados por el dirigente resaltan que de los 64 consejos que quedan para la fecha, sólo 20 están adecuados ante el Ministerio de las Comunas, según cifras que obtuvo en la alcaldía del municipio. Los otros 44 tienen todos los documentos necesarios para su instalación, pero ahora deben registrarse en la sede del PSUV de la localidad.
“Esto evidencia una total politización de las figuras vecinales”, añadió.
La página del Ministerio de las Comunas no permite revisar, ni están descargados, la totalidad de consejos comunales que hay en el país. Por este motivo, Nowak dice no conocer a ciencia cierta cuántos están registrados ante el ministerio, pues los datos que maneja son de la alcaldía, donde no hay cifras oficiales de estos órganos. Para él, al Gobierno no le conviene mostrar cuántos consejos comunales están inscritos porque “son muy pocos y además le funciona para no declarar los recursos que asignan a cada uno”.
Recursos:
El Hatillo ha dejado de percibir 14 millones de bolívares en 2011 debido a que el presupuesto está calculado con base a un precio del barril de petróleo en 40 dólares, cuando realmente supera los 100 dólares. “Igualmente, desde el Fondo Intergubernamental para la Descentralización recibimos 3.123.234 bolívares en 2010 y 1.681.897 bolívares de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales. Este año estos recursos supuestamente irían directo a los consejos”, informó el dirigente hatillano.
Nowak se pregunta si el dinero que no le llega al municipio es entregado a los consejos comunales que hacen vida en esa localidad, porque de no ser así “es una prueba de la mentira que el Gobierno le dice a la gente de ser ellos quienes gerencien sus comunidades.
El Estado promueve la creencia en la gente de que son ellos quienes se gobernarán, pero no hacen las inversiones necesarias”.
El Estado no está formando a los miembros de los consejos, por esto el líder de Un Nuevo Tiempo considera que no están capacitados para jerarquizar las necesidades de sus comunidades.
Por: JOSÉ DAVID ANGULO
jdangulo@el-nacional.com
CONSEJOS COMUNALES
Economia | Noticias
EL NACIONAL
Familiares de reos muertos en calabozos del Cicpc exigen destituciones.
Familiares de reos muertos en calabozos del Cicpc exigen destituciones.
La AN investigará los hechos
ocurridos en sede del Cicpc
■ Desde el lunes sacaron a los presos privilegiados.
■ Aprobaron condena contra actos de vandalismo perpetrados contra imágenes religiosas.
■ Los detenidos tenían tarifas en tres niveles, según el poder adquisitivo y los beneficios solicitados
■ DDHH En la celda conocida como El Fogón había dos presos por metro cuadrado y se turnaban para dormir.
■ La Inspectoría General de la policía científica realizó anoche una supervisión en la División de Aprehensión.
■ En la sede de El Rosal funcionaban tres niveles: el de mayor comodidad para detenidos por estafas o narcotráfico, el de presos comunes no violentos y el de los más peligrosos.
La averiguación iniciada luego de las muertes de 3 detenidos en la celda 1 de la División de Aprehensión del Cicpc (antigua División de Capturas) puso de manifiesto la existencia de un sistema de corrupción que operaba desde 2009, según los testimonios recabados.
Datos en poder de la Defensoría del Pueblo y de la Inspectoría del Cicpc indican que los cautivos en esa instalación tenían que cumplir con un esquema de tarifas que oscilaban entre 1.000 y 5.000 bolívares semanales, para poder permanecer en calabozos menos congestionados, recibir visitas en horas diferentes a las establecidas oficialmente, o disponer de teléfonos y cocina.
En el inmueble, al final de la calle El Retiro de El Rosal, se hicieron modificaciones para aumentar la capacidad de albergue de aprehendidos. Antes podía tener como máximo 40 personas, pero llegaron a estar más de 250 personas.
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Una celda para mujeres y seis para hombres:
El lunes, al asumir el nuevo jefe, comisario Carlos Chirinos, sacaron a la docena de detenidos que había en la sexta celda que estaba destinada a los que pagaban más.
Además, los presos disponían de un baño interno, tenían cocina, horno microondas, nevera, teléfonos y otros enseres.
Los aparatos fueron aportados por varios de los detenidos durante la crisis de las casas de bolsa. Estos artefactos fueron sacados ayer en dos camionetas pick-up.
Se suponía que en ese lugar y en la celda contigua, número cinco, estaban los detenidos menos peligrosos, que eran buscados por delitos de drogas, estafas, apropiación indebida o instalación de casinos.
Para los de la celda 6, la tarifa semanal era de 5.000 bolívares, pero algunos banqueros pagaban hasta 23.000 bolívares semanales por permanecer en este espacio. En el calabozo número 5, el canon era de 3.000 bolívares semanales.
Las celdas 3 y 4 tenían prisioneros por lesiones y delitos culposos. Allí pagaban hasta 1.000 bolívares semanales con la esperanza de que los presentaran rápido en los tribunales y continuar el proceso en libertad.
Las celdas 1 y 2 son conocidas como El Fogón debido al intenso calor y a la escasa ventilación. Están al fondo del inmueble. Son las de mayor hacinamiento y con los individuos considerados más peligrosos.
Cada una tiene aproximadamente 16 metros cuadrados y allí han permanecido hasta 40 personas, lo que equivale a 2 personas por metro cuadrado.
“Los presos pasaban las noches de pie allí. No podían acostarse porque no había espacio y tenían que dormir hombro con hombro”, explicó el abogado Rafael Gallardo.
En estas celdas la gente pagaba de acuerdo con sus posibilidades para que les entregaran puntualmente la comida que sus familiares les dejaban en la puerta, para tener un teléfono o simplemente para que les permitieran bañarse.
Para este trabajo se habló con cuatro personas que pagaron directamente distintas tarifas a los funcionarios y que conocían el esquema general de corrupción existente en el lugar.
Los días de cobro eran los lunes y martes.
Agente designado:
A los nuevos detenidos se les indicaba cuál era el funcionario que les cobraría. Ese mismo agente era el encargado de atender los requerimientos del preso para favores como las visitas en horas no autorizadas.
Con la llegada del nuevo jefe, el régimen se endureció. Los familiares no saben a qué atenerse, pues nadie les informa cómo será el nuevo esquema de relaciones. Se espera que hoy se cumpla el horario de visitas, entre 1:00 y las 3:00 pm.
Los lunes, martes y jueves los presos sólo pueden ver a sus abogados.
Testimonios
MRIJ y ONG recabaron informes sobre torturas:
Tanto el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia como organizaciones de derechos humanos recabaron testimonios que corroborarían las versiones sobre torturas y tratos vejatorios, por lo menos, a uno de los fallecidos el jueves 26 de mayo. Estos relatos señalan que varios funcionarios dieron supuestamente una golpiza a Pedro Cipriano Rivero, de 32 años de edad, detenido el domingo 22 por señalamientos sobre complicidad en una violación.
Rivero, un empleado de la Alcaldía de Libertador, se quejaba en voz alta por las condiciones del encierro.
Supuestamente lo sacaron hasta un baño, lo golpearon con un palo recubierto con tela y también sumergieron su cabeza en una poceta. Se pretendía infundir temor a los otros detenidos. Rivero fue devuelto agonizante al calabozo la celda. Se quejaba por el dolor. Murió sentado y diciendo que era inocente. En este lapso los demás entraron en pánico.
Veían cómo Rivero fallecía en medio de un calor que se incrementaba por el hacinamiento. Al menos tres detenidos se desmayaron.
No hay precisión acerca de la forma en que murieron Rubén Arnal y William Pérez, quien también recibió numerosos golpes. Ninguno de ellos había consumido drogas antes de morir.
Muertes en cárceles aumentaron 22%
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, sugirió a la fiscal Luisa Ortega Díaz que separe al Cicpc de las pesquisas que se adelantan por la muerte de tres detenidos en el Departamento de Aprehensión. Agregó que antes de trasladar los presos a Yare y Los Teques debieron entrevistarlos a todos sobre lo ocurrido, porque se trata de un caso delicado. “Hay que recordar que esas personas que murieron estaban en manos del Estado”. Para el momento del incidente había 315 detenidos en cuatro calabozos. Prado señaló que en los tres primeros meses de este año murieron en los penales 124 internos y 266 fueron heridos. Los decesos incrementaron en 22% en comparación con 2010, cuando se registraron 102. Los heridos aumentaron en 11%, porque el año pasado registraron 204.
Actualmente hay 47.000 reclusos en 33 cárceles, y si se suman los 4.500 que están en comisarías y retenes policiales, la cifra asciende a 52.000, indicó Prado.
La Red de Apoyo
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz rechazó los hechos. Solicitó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo abrir una investigación y ofrecer protección a los familiares y testigos.
Pidió al Ministerio del Interior y al Cicpc propiciar una averiguación interna con el fin de suspender a los funcionarios involucrados, y a la AN legislar sobre tortura.
AN Exigieron determinar responsables:
La plenaria de la Asamblea Nacional autorizó ayer a la Comisión de Política Interior, presidida por Cilia Flores (PSUV), a investigar las causas de la muerte de tres detenidos en los calabozos del Cicpc en Caracas la semana pasada.
Por petición de Flores, el Parlamento también aprobó exhortar al Ministerio Público a que determine las responsabilidades a que haya lugar.
Richard Blanco (ABP) solicitó que se constituyera un equipo mixto entre las comisiones de Política Interior y de Régimen Penitenciario, de la que forma parte, y acotó que el calabozo de la policía científica tiene una capacidad para alojar 40 reos, pero actualmente hay 315.
La propuesta fue negada:
En la sesión ordinaria de ayer, los diputados le dieron luz verde a un acuerdo de condena a los actos vandálicos perpetrados contra imágenes religiosas en varias partes del país. Solicitaron la investigación de los hechos y la sanción de los responsables.
El diputado Juan Carlos Alemán (PSUV ) afirmó que las acciones demuestran “la desesperación de algunos facinerosos para opacar los actos de defensa de la soberanía” realizados el fin de semana. Edgar Zambrano (AD) solicitó a la Comisión de Política Interior nombrar un equipo parlamentario que investigue el suceso.
Los diputados también aprobaron de forma unánime un acuerdo de solidaridad con Honduras, luego del proceso de diálogo que permitió el retorno a ese país del ex presidente Manuel Zelaya.
Por: JAVIER IGNACIO MAYORCA
jmayorca@el-nacional.com
Sucesos | Caracas
EL NACIONAL
La directora de Cedice advierte que la imposición del socialismo del siglo XXI contempla la destrucción de la propiedad privada.
Isabel Pereira directora de Cedice advierte que la imposición del socialismo del siglo XXI contempla la destrucción de la propiedad privada.
“La verdadera revolución, afirma, es
la de la conciencia de la gente…”
■ El sentimiento de propiedad está arraigado tanto en chavistas como en antichavistas.
Isabel Pereira considera que sí hay una revolución en Venezuela, pero una muy distinta a la bolivariana marxista: “Los ciudadanos se han ido parando, desarrollando conciencia, oponiendo. Ha comenzado la emersión de la conciencia de la gente y ésa es la verdadera revolución”.
Lo que sucede, a esta socióloga le parece digno de estudio. “Un país en el que los jueces no son libres, en el que la Fuerza Armada avala incondicionalmente decisiones incluso contra los intereses nacionales y la Constitución, en el que el Gobierno tiene el control total de las instituciones y en el que, sin embargo, los ciudadanos todavía no están sometidos por ese Estado que como un monstruo poderosísimo ha creado Hugo Chávez, es algo maravilloso. No somos cómplices, no estamos doblegados, sino asumiendo una posición de rechazo como en ninguna sociedad del mundo ha ocurrido frente al intento de instauración de una dictadura comunista. Y eso sale del corazón y de la conciencia de la gente, porque no se puede decir que hay un partido político o unos líderes que guían a las masas; no, son revoluciones internas de conciencia”.
–Más allá de adjetivos como escuálido, a los que se les ha dado una carga política, en Venezuela se ha logrado imponer un nuevo lenguaje con el reiterado uso inadecuado de términos como expropiación, que pierde su esencia de ser un proceso legal para significar una apropiación por vía de hecho.
-Todas las revoluciones proponen una resemantización.
El Gobierno hace que se utilice una figura que tiene una armadura jurídica, pues es legítimo expropiar cuando es de utilidad pública, y la aplica a casos que son apropiaciones por vía de hecho. Con una terminología que puede ser legítima se arropan hechos ilegítimos. Hay apropiaciones, robos, abusos, destrucción de la propiedad privada y de las empresas, pero se cambian las palabras; entonces, aquí no hay un proceso inflacionario, sino un proceso especulativo; no hay apropiaciones por vía de hecho, sino expropiaciones. Eso no es cierto. En el fondo, hay una verdad velada por la terminología.
–Ha alertado sobre el intento de destruir el modelo de propiedad vigente a través de una política oficial de invasiones. Por lo que ha podido constatar en sus recorridos por el país, ¿confía en que la propiedad privada logre pervivir?
-Los ataques a la propiedad han despertado la conciencia de propietario de la gente, como un efecto boomerang. Hace 12 o 15 años, las personas no tenían tan claro lo importante que era para ellas que la propiedad privada estuviera garantizada. Hoy, a través de grupos focales y entrevistas en todo el país, hemos visto que el sentimiento de propiedad de la gente es muy grande tanto en grupos favorables al Gobierno como en la oposición.
En un principio, el Ejecutivo en sus programas de vivienda ofreció sólo el derecho de uso, pero ha tenido que dar un giro y ahora dice que entregará los títulos de propiedad.
–El derecho de uso se parecía a los permisos de ocupación cubanos.
-Sí, incluso, para vender una casa en Caracas y comprar una en Puerto Ordaz había que buscar primero a quien quisiera su vivienda y hacer una permuta, al estilo cubano. Pero el Gobierno también lee las encuestas y se ha dado cuenta de que eso choca con las aspiraciones de la gente. El derecho de construir un patrimonio para los hijos es una de las cosas que al venezolano más le importa. Creo que durante estos meses antes de las elecciones el gran fraude será que el Gobierno esconderá sus verdaderos argumentos ideológicos e intentará alinearse con las aspiraciones que el pueblo tiene. Pero no se puede olvidar que la imposición del socialismo del siglo XXI contempla la destrucción de la propiedad privada.
–¿A qué obedece que ese sentimiento una a todos los venezolanos?
-Hay una serie de valores que se han cimentado en los 40 años de democracia. El acceso a la propiedad no era un sueño; era posible. Los grandes constructores no han sido ni el Estado ni el sector privado, sino los sectores populares.
De cada 10 casas, 7 las hace el sector popular. Los ahorros de los venezolanos que no se encuentran en el sistema financiero están en ese patrimonio de las viviendas; entonces, cómo decirles ahora que no son suyas sino propiedad social.
Un hombre nos dijo en Catia que el título de propiedad de su casa era tan importante como la partida de nacimiento de su hijo. El movimiento cooperativo que impulsó este gobierno también hizo que el sentimiento de propiedad se exacerbara, porque quienes tuvieron esa experiencia se dieron cuenta de que no era el camino, porque era una organización en la que todos cobraban igual sin importar lo que hicieran. De 600.000 cooperativas, queda una cantidad ínfima.
–Las únicas nóminas que ascienden son las del sector público, en detrimento del empleo privado. ¿Qué repercusiones puede tener en términos productivos y políticos?
-En estos 12 años ha aumentado el empleo público, que llega a cerca de 3 millones, pero no existe constancia de un crecimiento de sectores económicos, sino más bien de las importaciones. La radiografía del fracaso de esta revolución se puede observar en la dinámica perversa del mercado de trabajo: se genera empleo público precario e improductivo, la informalidad crece y el empleo privado decrece.
–Se ha tratado de imponer una marca: “Hecho en socialismo”, frase que recuerda al made inanglosajón. Pero más allá del marketing, ¿qué productos se pueden mostrar?
-Es un gran fraude. Todo este made in no puede exhibir ningún éxito porque no hay ninguna empresa que genuinamente haya nacido como experiencia socialista, sino que son las empresas privadas apropiadas por vía de hecho.
Entonces, me robo las empresas y le pongo un cartel afuera, ¿ése es el made in socialismo? Eso lo ve la gente.
–Pero las calles se ven rojas, con bancos, hoteles, plantas de alimentos, supermercados del Gobierno, con el avance hacia un modelo estatizador.
¿Nos acercamos a un control total de la economía?
-Es la aspiración de Miraflores, aunque se disfrace durante los meses que faltan para las elecciones. Las calles podrán estar empapeladas de rojo y la gente obligatoriamente irá a las marchas con sus uniformes rojos, ¿pero eso se devuelve en más apoyo?
-La oposición ha hecho de la libertad una bandera de su discurso, pero en la práctica la noción de libertad puede ser un término abstracto, a diferencia del concepto de propiedad.
-La pérdida de libertad no es abstracta para la gente que en un barrio sabe que no puede dar ciertas opiniones porque su hijo pierde el trabajo.
Puede ser que no tenga una elaboración teórica sobre eso, pero al final sacará la cuenta.
El desarrollo de conciencia no es inmediato; es progresivo y está acompañado de un desencanto. Personas que tienen 5 años pidiendo 10 metros de tubería para tener agua en la comunidad y ven en la televisión que se regaló un acueducto afuera.
–Pero el hecho de tener que ir en contra de la voluntad a una marcha o uniformarse de rojo a la larga disminuye al individuo, que se siente aplastado por la realidad, así como su posibilidad de resistencia.
-Pero eso no es lo que ocurre. Los venezolanos están reaccionando en defensa de esa libertad teórica, pero que está en su vida diaria. No veo precedentes en la historia. En todos los países en los que se ha impuesto el socialismo ha habido un proceso de sometimiento y dominación de la población.
Pero en Venezuela, a pesar de todo el poder que tiene el Estado, de sus recursos fiscales, ¿ha podido controlar a los universitarios, a los enfermeros, a los médicos? No. Lo que hay son batallas campales en las que los ciudadanos se debaten por su libertad concreta.
–Pero esas batallas campales son aisladas, como si cada quien estuviera luchando sólo desde su parcela.
-Lo importante es que es un movimiento en todos los niveles de la sociedad, aunque no hayan hecho click, pero ¿cuánto tiempo falta para que la gente avance desde su parcela y se una? Esos son procesos graduales. Estamos en ese camino, luchando en parcelas que van hacia un gran encuentro que no puede tardar mucho.
Familiares y amigos el estudiante de Contaduría pidieron justicia y sanciones más severas contra los homicidas.
Familiares y amigos el estudiante de Contaduría pidieron justicia y sanciones más severas contra los homicidas.
Estudiantes de la UDO convocaron
a marcha protesta para mañana
■ El gobernador Morel Rodríguez lamentó lo ocurrido, pero rechazó que se haga un paro como protesta.
Desconcierto e indignación dejó en diferentes sectores de la isla de Margarita el asesinato de Luis Vidal Sanabria Martínez, de 26 años de edad, estudiante de la Universidad de Oriente, núcleo Nueva Esparta. El hombre murió a manos de un delincuente que entró a su casa con la intención de robar y, al verse sorprendido, accionó un arma de fabricación casera que alcanzó el lado izquierdo del pecho de Sanabria y le causó la muerte de forma instantánea.
A las puertas de la funeraria Bethania Profacol, familiares y amigos visiblemente afectados exigían a las autoridades apresar al homicida. “Hoy fue nuestro amigo. Mañana puedo ser yo u otro de nuestros compañeros. Es como una lotería el saber a quién le va a tocar el turno en cualquier momento”, expresó Juan Carlos Millán, amigo de la víctima.
Otros estudiantes refirieron que la inseguridad no solamente los acosa en la universidad, sino también en sus propias casas.
“Exigimos un castigo ejemplar para quien le arrebató la vida a una persona que tenía mucho que dar en el plano profesional”, expresó molesto Luis Martínez.
Luis Vidal Sanabria hacía pasantías en el departamento de Auditoría Contable de la Gobernación de Nueva Esparta.
Alejandro Cabrera, presidente de la Federación de Centros de la UDO Nueva Esparta, precisó que también trabajaba en su tesis para optar al título de contador público.
El dirigente estudiantil anunció que una marcha se efectuará el miércoles 1º de junio como protesta, que partirá de la redoma de Los Robles hasta la sede del Ministerio Público, en la avenida 4 de Mayo, en la cual esperan participen los gremios profesionales, sindicales y ciudadanía en general.
Exigirán a los fiscales penalizaciones más contundentes contra las personas involucradas en asesinatos, porque muchas de ellas reciben beneficios procesales y salen a las calles a repetir sus acciones delictivas, señaló Cabrera.
Además, un grupo de la sociedad civil organiza, a través de las redes sociales, a un paro general en Margarita.
Cabrera exhortó al Dibise a implementar un plan de desarme en la entidad neoespartana.
Un paro no es la solución. “Hay hechos que abruman a la gente, pero con un paro no resolveremos esas situaciones. Lo que sí es posible es que la sociedad, todos los cuerpos de seguridad y el empresariado se unan por la paz y la tranquilidad, para que, entre todos, coordinemos acciones que nos ayuden a frenar estas situaciones”, expresó el gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, al referirse al anuncio de una paralización de las actividades en la isla en protesta por la inseguridad.
Lamentó la muerte del universitario y expresó palabras de condolencia a sus padres y demás familiares. “Con esa muerte se le quitó la oportunidad a Venezuela de contar con un profesional y con una esperanza de futuro”.
Por: DEXCY GUÉDEZ
NUEVA ESPARTA | PORLAMAR
Educación| Política
EL NACIONAL
El grupo interventor está integrado efectivos que ocuparon el Cicpc de Nva. Esparta en junio para investigar envío de 2,3 toneladas de droga a África.
Todavía no hay sanciones por muerte de tres detenidos en los calabozos de la División de Aprehensión.
Más de 50 organismos de seguridad
están denunciados por abuso de poder
En el caso del video en que se observa a funcionarios de Polichacao golpeando a detenidos en los calabozos de ese organismo, las instituciones del Estado venezolano respondieron rápidamente. En menos de una semana 11 policías fueron suspendidos y posteriormente imputados por lesiones.
La reacción no ha sido igual con el asesinato de tres hombres detenidos en la División de Aprehensión del Cicpc la semana pasada. Las víctimas fueron torturadas y golpeadas, presuntamente por funcionarios de este cuerpo policial a los que “se les pasó la mano”, según se comenta en los pasillos de la institución.
Tampoco el Estado ha actuado con contundencia en los casos de más de 50 cuerpos de seguridad que también han sido denunciados por la misma causa: violación de derechos humanos.
En los últimos tres años, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz ha registrado un total de 191 denuncias de abusos cometidos por funcionarios policiales y militares.
Entre los organismos más denunciados están el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con 55 casos; Policía Metropolita, con 19; Policía de Paz Castillo ( Valles del Tuy), con 18; Policía del Estado Lara, con 14; Policía de Tomás Lander (Valles del Tuy), con 12, y Guardia Nacional y Policaracas, con 11 casos cada una.
La lista incluye un total de 28 cuerpos de seguridad. La mayoría de los registrados por la Red de Apoyo también están señalados en el último informe de Provea como instituciones en las que existen funcionarios involucrados en irregularidades.
A pesar de esto, se desconoce si en esos organismos de seguridad se está ejecutando una investigación o se implementó la asistencia técnica por denuncias de abusos policiales, como se hizo con Polichacao.
El único cuerpo intervenido por el despacho de Relaciones Interiores en los últimos tres años es Polilara, luego de las masacres de Chabasquén y Sanare, ocurridas en 2008.
Se trata de casos de violación del derecho a la vida: ejecuciones, uso indiscriminado o excesivo de la fuerza, tortura o tratos crueles; además de violación de la libertad personal, la seguridad personal (amenazas) y la inviolabilidad del hogar.
Discrecionalidad ministerial:
El martes 3 de mayo fue presentado en la Asamblea Nacional un video como prueba de las agresiones cometidas por un grupo de funcionarios de la Policía de Chacao contra varias personas detenidas en el área de calabozos del cuerpo policial.
En menos de una semana se solicitó el video a la AN, se consignó el material audiovisual ante el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia ordenó en Gaceta Oficial una medida de asistencia técnica para la investigación, además se llevó a cabo la primera visita de la comisión al cuerpo policial y se suspendió a 22 funcionarios involucrados en el caso.
La semana siguiente, el ministro Tareck el Aissami dio a conocer la destitución de 10 funcionarios de Polichacao por habérseles comprobado violación de derechos humanos, días después fueron citados como imputados y el martes 24 de mayo se formalizó la imputación de 9 funcionarios y 2 ex agentes por lesiones.
Sin embargo, en el caso de los tres fallecidos en los calabozos de la División de Aprehensión del Cicpc la única sanción que se conocía hasta ayer fue el traslado del jefe de esa dependencia, comisario Rafael Caicedo, a los Valles del Tuy, y de otro grupo de funcionarios a las delegaciones del interior del país.
No ha habido destituciones, suspensiones y mucho menos imputaciones. El ministro El Aissami ha guardado silencio sobre lo ocurrido, pese a que el Cicpc está adscrito a su despacho. Tampoco se conoce la versión del comisario Wilmer Flores Trosel, director de la policía científica.
Las estadísticas de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y Cofavic ubican a la policía judicial a la cabeza de los organismos de seguridad con más denuncias por violaciones de derechos humanos. En los últimos tres años acumulan 55 reportes de casos conocidos.
El diciembre pasado, Provea solicitó la intervención de la policía científica fundamentada en esas estadísticas. A comienzos de este año, la Red de Apoyo cuestionó el operativo Madrugonazo.
Otra víctima de Poliaragua:
El 28 de mayo en la noche fue asesinado Juan José Barrios, de 28 años de edad, el séptimo miembro de esta familia que es presuntamente ajusticiado por agentes de la policía de Aragua en 13 años. El cuerpo de la víctima fue hallado por sus hermanos el domingo 29 de mayo en un charco, en las adyacencias del sector Las Casitas del pueblo de Guanayén, en Aragua. Barrios había acudido al ambulatorio para acompañar a su esposa, regresó a su casa y cuando fue a buscarla fue presuntamente interceptado por hombres vestidos de negro que le dispararon, el sábado a las 8:30 pm.
Sobre esta nueva víctima también había medidas de protección otorgadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde fue denunciado el caso de acoso que han sufrido desde 1998 cuando mataron a Benito Barrios, de 28 años de edad, en la jurisdicción de Barbacoa en el sur de la entidad, el cual ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del estado Aragua. En 2003 mataron a Narciso Barrios, de 22 años de edad, en circunstancias similares y, en este suceso, también fueron señalados supuestos funcionarios de Poliaragua como los responsables del crimen.
En agosto de 2004, la víctima fue Luis Barrios, de 24 años de edad, y en enero de 2005, Rigoberto Barrios, de 15 años de edad. Posteriormente las investigaciones determinaron que en todos estos crímenes estaban implicados agentes de la policía estadal de las comisarías de Guanayén y de Barbacoa; sin embargo, hasta los momentos no se conoce que dentro de ese cuerpo de seguridad se hayan impuesto sanciones contra los involucrados en las muertes de los miembros de la familia Barrios, a pesar de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por: RONNA RÍSQUEZ
ERICK S. MAYORA
rrisquez@el-nacional.com
emayora@el-nacional.com
JUSTICIA | DDHH
Judicial | Política
EL NACIONAL
Una patrulla de soldados del Ejército surafricano que forma parte del contingente de seguridad del presidente Jacob Zuma transitaba por una calle de Trípoli.
Una patrulla de soldados del Ejército surafricano que forma parte del contingente de seguridad del presidente Jacob Zuma transitaba por una calle de Trípoli.
Calculan que 120 oficiales han
desertado de fuerzas de Gadafi
■ El secretario general de la OTAN está convencido de que “el reinado del terror está llegando a su fin”.
120 oficiales y soldados han desertado de las fuerzas de Muamar Gadafi desde que comenzaron las revueltas populares en Libia y al régimen sólo le queda 20% de su capacidad militar, aseguraron varios ex oficiales del régimen libio.
Estas cifras fueron reveladas en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia por ocho antiguos miembros de las fuerzas de Gadafi, que llegaron a Roma luego de abandonar el régimen libio.
Durante su intervención, el general Malud Massud Halasi, aseguró que “al régimen de Gadafi no le queda más de 20% de su capacidad militar” y que éste sólo cuenta con varios centenares de soldados y varias decenas de generales.
Halasi precisó que todas las comunicaciones entre las fuerzas del Gobierno han sido interrumpidas. Por su parte, el ex embajador de Libia ante la ONU, Abdel Rahman Shalgam, dijo que hasta el momento 120 soldados y oficiales han abandonado las filas de Gadafi y se encuentran fuera de Libia.
“Los días de Gadafi han terminado”, aseguró Shalgam, que agradeció al Gobierno italiano “el apoyo prestado”.
Halasi explicó que la situación de la población civil en Trípoli es muy difícil, especialmente el suministro de alimentos y los desplazamientos ya que “el combustible se está terminando”. Alertó, además, de que “soldados de las fuerzas del régimen libio han violado a muchas mujeres”.
El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo en un foro realizado en Varna (Bulgaria) que “nuestra operación en Libia está logrando sus objetivos”.
“Hemos reducido mucho la capacidad de Gadafi para matar a su propio pueblo. Su reinado del terror está llegando a su fin. Cada vez está más aislado en su casa y en el extranjero.
Incluso sus más cercanos se están marchando, renunciando o desertando”, agregó.
Diplomacia. El presidente de Suráfrica, Jacob Zuma, intentaba alcanzar un acuerdo de paz en Trípoli con Gadafi.
Zuma, en calidad de presidente de turno de la Unión Africana, fue recibido por un grupo de dignatarios, entre los que no estaba Gaddafi, que no ha sido visto desde el 11 de mayo cuando apareció en la televisión estatal libia en lo que fue reportado como una reunión con líderes tribales.
Su caminata por la alfombra roja en el aeropuerto de Trípoli estuvo acompañada por una banda y niños cantando “¡Queremos a Gadafi!” en inglés mientras ondeaban banderas libias y fotografías del líder.
En El Cairo, representantes de la Liga Árabe, la UA, la Organización de la Conferencia Islámica y de la Unión Europea reiteraron que no existe una solución militar para la crisis en Libia y defendieron una salida política.
LIBIA-ROMA-EFE-REUTERS
Internacional | Política
EL UNIVERSAL
Marcel Granier ha criticado a Henrique Capriles Radonski por su posición de defensa de Petróleos de Venezuela frente a la arbitraria decisión del gobierno de Estados Unidos, que ha impuesto sanciones a la estatal petrolera de nuestro país por sus relaciones comerciales con Irán. Lo acusa, en entrevista publicada el sábado en El Universal, de patriotero, de actuar con poca reflexión, y de asumir una reacción glandular frente al tema.
La de Granier es una visión extrema, porque confunde como un todo los intereses de Venezuela y de su industria petrolera con los del gobierno, lo cual, en el fondo, termina coincidiendo de hecho con la postura oficialista, empeñada en colocar como traidor a la patria o como cómplice de las agresiones contra Pdvsa a quien se limite a condenar esta decisión unilateral estadounidense sin apoyar las políticas que en materia de relaciones exteriores y de petróleo impulsa la administración de Hugo Chávez.
Una vez más viene a cuento aquella expresión según la cual los extremos se unen. Granier, de hecho, coincide con Chávez y el chavismo en que la política petrolera y la defensa de la patria son asuntos de los rojos rojitos, pero hay una amplia franja de venezolanos que no renuncian a su derecho de defender la soberanía del país sin que ello implique plegarse acríticamente al Gobierno. Por el camino de los extremos, para ser defensor de los intereses nacionales es necesario portar en el bolsillo un carnet del PSUV y una estampita del comandante en jefe, y para ser un opositor a carga cabal, que no de muestras de debilidad frente al gobierno, es menester hacer fiesta por cada acción que acometa otro país contra el nuestro, aunque se trate de una agresión contra la principal industria venezolana.
Las actitudes de ambos extremos terminan siendo perjudiciales a los intereses de Venezuela, porque nos impiden actuar como un solo bloque cuando las circunstancias así lo exigen. Cuando Granier rechaza la postura de Capriles expresa la posición de un sector que coloca en un segundo plano los intereses de la nación, para privilegiar la confrontación con el gobierno de Hugo Chávez.
Y, vaya casualidad, cuando el PSUV impide con su sectarismo y prepotencia que la Asamblea Nacional avance en la búsqueda de un acuerdo consensuado para defender a la industria petrolera frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos, parte del mismo criterio divisionista y polarizante que caracteriza la posición de Marcel Granier.
Si el Gobierno estuviera pensando en la gravedad de lo que puede avecinarse contra nuestro país no estaría empeñado en convertir esta coyuntura en un torneo de retórica y demagogia electoral, y en un asunto de exclusivo interés de quienes apoyan al líder del proceso.
Usar este episodio, cuyas implicaciones todavía no están del todo claras, como pretexto para apoderarse arbitrariamente del derecho a defender a Venezuela es, paradójicamente, un acto antipatriótico.
Lo primero que debería hacer un gobierno que se ufana de su entrega a los intereses superiores del país es recabar el mayor apoyo interno posible y abrirse a escuchar las observaciones que tienen frente a su política exterior y su actuación en materia petrolera sectores de la vida nacional que se le oponen y tienen otra visión sobre estos asuntos.
Y una oposición responsable, clara en sus metas políticas, no puede equivocarse en momentos como estos. Por tal razón, la postura asumida por Capriles Radonski, a diferencia de lo que postula Granier, va en la dirección acertada de saber distinguir nítidamente entre los intereses de un gobierno y los superiores intereses del país.
En estas circunstancias mirar el bosque en lugar de detenerse en un árbol es lo pertinente.
Por: VLADIMIR VILLEGAS
vvillegas@gmail.com
Política | Opinión
EL NACIONAL
Quedan pendientes por pago más de 10.200 clientes, cuyas acreencias alcanzan los 1,5 millardos de bolívares.
Quedan pendientes por pago más de 10.200 clientes, cuyas acreencias alcanzan los 1,5 millardos de bolívares.
Presidente del ente intervenido
responde a David Alastre
■ El empresario aseguró que la entidad contaba con suficientes activos para respaldar a los ahorristas.
Nelson Mezerhane, ex presidente y dueño del Banco Federal, entidad bancaria intervenida por el Gobierno el 14 de junio de 2010, envió una carta al presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, a fin de aclarar algunas afirmaciones efectuadas por su titular, David Alastre, la semana pasada.
Alastre señaló en Venezolana de Televisión que la entidad financiera había incurrido en “malas prácticas bancarias” y que había llevado a cabo una estafa.
El ex presidente del banco aseguró que de haber existido tales delitos los activos de la institución no serían suficientes para respaldar “sobradamente los ahorros de sus clientes”. Explica que sin haber liquidado la totalidad de tales activos de la cartera de créditos, y a pesar de haber transferido la mayoría de las agencias y oficinas administrativas de la institución a órganos del Estado sin pago alguno, hasta el momento se ha cumplido con las obligaciones n frente a sus ahorristas.
“Quedan únicamente pendientes un aproximado de 10.216 clientes entre personas naturales y jurídicas, cuyas acreencias alcanzan los 1,5 millardos de bolívares, que se deben recuperar y que el mismo presidente de la junta liquidadora asegura que podrán hacerlo sobre todo con la venta de los bienes”.
En la misiva añade que de lo anterior se desprende que no hubo estafa bancaria y que la intervención del banco y posterior liquidación “no estuvieron de modo alguno motivadas por situaciones de índole económico o financiero”. Se demuestra así, según Mezerhane, que “el Federal fue dirigido de manera impecable”.
Sostiene que el balance realizado por el presidente de la junta liquidadora contradice las afirmaciones de Alastre, ya que prueba que sí existen activos suficientes, entre ellos cuatro grandes edificios que están ubicados en diferentes estados del país.
Mezerhane también se refiere en la comunicación que no es Fogade el que cumple con el pago de las garantías a los ahorristas y le recuerda que, según la ley, el pago de garantías de los depositantes de las instituciones intervenidas se hace “fundamentalmente con los fondos provenientes del cumplimiento de los aportes mensuales que las instituciones bancarias efectúan al organismo que usted preside, así que no pretenda ganar indulgencia con escapulario ajeno”.
Finalmente Mezerhane invita al presidente de Fogade a responder la misiva que ayer le envió de manera pública, recordándole que “los gobiernos no son eternos, que las posiciones de poder tampoco lo son y que lo único eterno es el juicio de la historia”.
Por: Redacción
EXPROPIACIONES | Economia
EL NACIONAL
En los abastos Bicentenario las restricciones y racionamiento por falta de productos generan molestias en los consumidores.
En los abastos Bicentenario las restricciones y racionamiento por falta de productos generan molestias en los consumidores.
Compras de pollo crecieron 646,4%
en el primer trimestre del 2011
■ Acusan al Gobierno de hacer los pedidos a otros países en vez de incentivar la siembra nacional.
■ La soberanía alimentaria que el gobierno del presidente Hugo Chávez predica sigue dependiendo de las importaciones.
■ Las compras a otros países de rubros básicos como aceite, arroz, café y pollo se incrementaron de manera exponencial en el primer trimestre.
El crecimiento más elevado se produjo en el café, con 624.945,8%. Entre enero y marzo se importaron 36,7 millones de dólares del rubro, mientras que en igual período de 2010 fueron 5.879,23 dólares, según el Instituto Nacional de Estadística.
El monto importado en el primer trimestre de 2011 supera al registrado durante todo el año pasado, cuando las compras externas de café sumaron 33,4 millones de bolívares.
Vicente Pérez, director de Fedeagro, dijo que la principal razón del pronunciado aumento en las compras foráneas del rubro es que en Venezuela cada vez es menos rentable cosechar café, lo que hace que los productores abandonen los cultivos.
“Yo abandoné mi finca porque no me da para vivir”, afirmó. La falta de rentabilidad radica, según Pérez, en lo poco que reciben los productores por un quintal de café (46 kilos). Agregó que la industria le paga entre 650 y 700 bolívares por quintal cuando, de acuerdo con la estructura de costos, debería estar en por lo menos 2.000 bolívares.
La cosecha nacional de 2010 de café llegó a aproximadamente 1,1 millones de quintales, 800.000 menos de lo que se necesita para satisfacer la demanda. “Eso que cultivamos debe estar por agotarse, por lo que las importaciones deben incrementarse aún más en lo que resta del año”, expresó Pérez.
Revendedor:
Los incrementos ascienden hasta 1.559,7% en las importaciones de aceite de palma, que subieron de 2,6 millones de dólares a 43,5 millones de dólares; y hasta 2.840,6% en las de arroz, que pasaron de 203.136 dólares a 5,9 millones de dólares.
El presidente de Acupalma, Pedro Bichara, indicó que entre enero y mayo de 2011 se importaron 51.000 toneladas del rubro, 13,33% más de lo que se compró en todo 2010, que fueron 45.000 toneladas.
Denunció que el principal importador es el Gobierno.
Precisó que de todas las compras hechas en lo que va de año en otros mercados, 38% fueron públicas, pese a que en 2011 se han registrado picos de producción.
“En el Sur del Lago, unas de las zonas donde más se cultiva palma aceitera, hay dos torres extractoras con suficiente cosecha. No entendemos porqué las importaciones han crecido tanto este año”, aseguró.
Bichara afirmó que, además de importar, el Gobierno está revendiendo el producto. Según el presidente de Acupalma, el Estado obliga al sector privado a comprar palma aceitera foránea.
Más compras:
El INE también refleja incrementos significativos en otros rubros básicos.
Las importaciones de pollo subieron de 3,8 millones de dólares entre enero y marzo de 2010 a 28,4 millones de dólares en igual período de 2011, un alza de 646,4%. Las compras foráneas de huevos repuntaron 1.236,8%.
Consumidores se quejan:
Completar la cesta básica es un via crucis en los abastos Bicentenario. Las restricciones y racionamiento por falta de productos generan molestias en los consumidores. Por persona sólo pueden adquirir dos kilos de leche en polvo y dos litros de aceite. En el Bicentenario del CCCT no hay leche en polvo ni aceite desde la semana pasada.
Un encargado de pasillo aseguró que los pedidos de aceite y leche “por lo general” llegan entre miércoles y jueves. “Recomiendo que vengan temprano porque aunque vendemos dos por persona, se terminan muy rápido”.
En la carnicería la mayoría de las neveras está en mantenimiento y las pocas que funcionan sólo ofrecen pollo. “La carne debería llegar hoy o el jueves y dependiendo de la cantidad, limitaremos la venta”, indicó uno de los carniceros.
“Sólo 2 por persona”, ratificó una de las encargadas de pasillo del abasto Bicentenario, en Las Mercedes, al preguntarle por la cantidad de leche en polvo marca La Campesina y aceite Diana que el cliente podía comprar. Carmen Sánchez, consumidora del local, afirmó que por la escasez que se da en distintos supermercados no puede completar el mercado mensual.
“Cuando consigo aceite, no hay carne y así sucesivamente”.
En el Bicentenario de San Bernandino racionan la venta de leche en polvo a 1 kilo por persona y a 2 litros la compra de aceite, marca Santa Lucía.
Las neveras de productos congelados como pollo, carne y pescado también están en mantenimiento. Las que funcionan con regularidad sólo ofrecen pollo.
Menos productos. En los abastos Bicentenario de Los Símbolos y La Vega la situación es más crítica. En los anaqueles se observa poca oferta de productos y la ausencia de leche, aceite, algunas salsas, huevos, pescados y sardinas.
La carnicería del abasto de Los Símbolos no ofrece ningún tipo de carne y las neveras están casi vacías. “Aquí no hay nada”, aseguró María Fernanda Infante, consumidora del abasto, quien señaló que debe visitar otras cadenas de supermercados para completar la cesta básica.
Por: ALEJANDRO HINDS
CARMEN SOFÍA ALFONZO A
MERCADO Y CONSUMO
ahinds@el-nacional.com
calfonzo@el-nacional.com
Política | Opinión
EL NACIONAL
EEUU: El peso económico
y político de los hispanos
Todos tenemos temas sobre los cuales preferimos no hablar. Porque nos avergüenzan, porque son dolorosos o porque son problemas para los cuales no vemos solución. O, simplemente, porque no los entendemos. Los países también sufren de esto. En todas partes hay asuntos que aparecen poco en la conversación nacional; esa que transcurre en las casas y en los parlamentos, entre amigos y en los medios de comunicación o en los centros de poder. No es que estos problemas sean desconocidos o que ocasionalmente no aparezcan con fuerza en los debates nacionales. Aparecen, pero su discusión suele ser superficial, transitoria y sin mayores consecuencias prácticas. Son, en efecto, puntos ciegos: problemas cuya importancia es tan obvia como poco lo que se hace para enfrentarlos.
A pesar de su vibrante democracia y su vigorosa protección de la libertad de expresión, la conversación nacional en Estados Unidos también tiene muchos e importantes puntos ciegos. Hay tres en particular que me parecen dignos de destacar: se refieren a los militares, las finanzas y los hispanos.
-El fraudulento gasto militar de Estados Unidos. Es sabido que Estados Unidos es el país con el mayor gasto militar. Gasta 43% del total mundial y más que el conjunto de los diez países que le siguen en cuanto a gasto militar. El Pentágono consume cerca de un tercio del presupuesto nacional norteamericano y en los últimos diez años el gasto militar estadounidense ha venido aumentando a 9% cada año. En Washington ha comenzado recientemente un debate sobre la necesidad de reducir el gasto militar. Pero los montos máximos de los que se habla son, en realidad, mínimos. Y de lo que se habla poco y este es un importante punto ciego es del enorme desperdicio que hay en el gasto militar. Algunos cálculos lo colocan en 30% del total. O más.
Pero la realidad es que no se sabe: “Los estados financieros del Departamento de Defensa son inauditables”, concluyó la Oficina de Contabilidad del Gobierno hace poco. Esto significa que Estados Unidos gasta cada año alrededor de 1 billón de dólares sin saber cómo. Y, según los auditores, “la falta de controles hace difícil detectar los fraudes, desperdicios y abusos”. Esto no forma parte de la conversación nacional.
-El debilitante gigantismo de Wall Street. Conozco una recién graduada universitaria, sin experiencia, que fue contratada por un banco en Wall Street. Su sueldo anual es de 80.000 dólares. Otro joven, recién graduado de ingeniero, fue contratado por una empresa manufacturera estadounidense por 40.000 al año. Los conozco a ambos y sé que no hay entre ellos mayores diferencias en talento, motivación o preparación académica. Sin embargo, la banquera gana el doble. El sector financiero se lo puede permitir: en los últimos diez años captó 41% de todas las ganancias del sector privado estadounidense. Según Simon Johnson, un economista del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), 6 conglomerados financieros controlan activos equivalentes a 60% del producto nacional bruto de Estados Unidos. A mediados de los noventa esta proporción era de 20% del PNB. Robert Creamer ha calculado que en 2007 los 50 más importantes gestores de Wall Street ganaron 588 millones de dólares cada uno. No hay duda de que el sector financiero ha alcanzado un peso económico y, por tanto, una influencia política enorme. Capta capital, talento y decisiones políticas favorables como quizás ningún otro sector. El crash de 2008 aumentó aún más la concentración de poder dentro del sector financiero y a pesar de que está ahora más regulado sigue teniendo enorme autonomía e influencia política. Este es otro tema que se discute de manera superficial y poco útil. Reinan el inocuo populismo de los políticos y la astuta manipulación de la conversación por parte de quienes no quieren que haya muchos cambios.
-La sorpresa hispana. Acaban de salir algunos resultados del más reciente censo poblacional de Estados Unidos. Los hispanos, que eran 22 millones en 1990, son ahora 52 millones. En 2016 llegarán a 60 millones, 18% del total de la población de Estados Unidos.
Los anglos han pasado de ser casi 70% de los estadounidenses en el año 2000 a ser ahora 63%. La población hispana crece a una tasa 4 veces mayor de lo que crece la población en su conjunto. Su poder adquisitivo también aumenta aceleradamente y los hispanos residentes en Estados Unidos constituyen hoy la clase media de más rápido crecimiento en el mundo.
En Estados Unidos se sabe que los hispanos son muchos y que cada vez son más. Pero aún no se sabe bien qué hacer con esta realidad.
El aumento del peso económico y político de los hispanos en Estados Unidos cambiará el país. Es otro tema mal discutido que deparará muchas sorpresas.
Por: MOISÉS NAÍM
mnaim@elpais.es
@MoisesNaim
Internacional|Política
EL NACIONAL
V que funciona en la zona, para desde ahí hacer los trámites necesarios en el ministerio, así informaron en la casa donde funciona el partido en ese municipio.
