El artículo “La derrota de fascismo” de Mario Vargas Llosa que publicamos en el suplemento dominical Siete Días constituye una lección de responsabilidad civil, coraje y autoridad moral que no debe pasar inadvertida para los venezolanos. El gran escritor peruano sostiene que la pérdida de las elecciones por parte de Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, significa que las mafias que controlaron el poder a la sombra de su padre y del jefe policial Vladimiro Montesinos no volverán a sus andadas, y que aún hay esperanzas para que se mantenga la democracia en Perú.
Se compadece, sin embargo, de que casi la mitad del electorado se haya inclinado por una propuesta que aspiraba a reeditar el régimen arbitrario y corrupto que el padre de la candidata presidió durante la década de los noventa. Tiene la valentía de admitir que, aunque “da vergüenza decirlo”, el régimen de Fujimori y Montesinos fue popular. Su corrupción, represión y atosigamiento a los medios de comunicación no eran suficientemente conocidos por la población y el aniquilamiento de un enemigo peligroso, Sendero Luminoso, le ganaba indulgencias.
La lección mayor del escrito del premio Nobel, sin embargo, no es su propio argumento, sino el hecho de que aún exista en ese país sureño alguien con suficiente autoridad moral como para destacar verdades y opiniones que orienten a la opinión pública. Vargas Llosa no vacila en señalar lo que considera las desviaciones y debilidades tanto de algunos empresarios como del obispo de Lima. Pero, estemos o no de acuerdo con él, tiene el suficiente valor para mostrar cuál es, según su opinión, la realidad peruana.
En Venezuela estamos todavía a la espera de alguien que tenga el coraje de señalarnos un camino; de quien tenga la audacia y la autoridad para decirnos que el rey está desnudo (enfermo o no) y es necesario impedir que la arbitrariedad o el fascismo, la corrupción y la ineficiencia sigan apoderándose de las instituciones del Estado.
Varios personeros meritorios han alertado sobre los males que nos están corroyendo. Sobre los peligros del personalismo y del militarismo. Pero nos hace falta que alguien con la estatura y la credibilidad de un Mario Vargas Llosa ponga los puntos en claro. Y que se diga rotundamente que derrotar al fascismo del siglo XXI, que se vende como el socialismo de nuestros tiempos, es una misión más importante que todas las misiones publicitarias que el Gobierno ha promocionado con el objeto de engañar a incautos y darle trabajo a cientos de cubanos desempleados.
La angustia de Vargas Llosa por evitar que renazca una dictadura y un fascismo ya desaparecidos, pudiera servir de acicate para denunciar la aspiración en nuestro país de perpetuar un régimen y un liderazgo que en su autoritarismo recuerdan a Fujimori. Voces de ese calibre debieran decirlo claramente. Porque su palabra puede ser un efectivo antídoto contra el miedo en el que quieren sepultarnos.
La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el último 5 de junio, ha salvado a Perú de la instalación de una dictadura que, amparada por una mayoría electoral, hubiera exonerado al régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000) de los crímenes y robos que cometió, así como de los atropellos a la Constitución y a las leyes que marcaron ese decenio. Y hubiera devuelto al poder a los 77 civiles y militares que, por delitos perpetrados en esos años, cumplen prisión o se encuentran procesados. Por la más pacífica y civilizada de las formas un proceso electoral el fascismo hubiera resucitado en Perú.
“Fascismo” es una palabra que ha sido usada con tanta ligereza por la izquierda, más como un conjuro o un insulto contra el adversario que como un concepto político preciso, que a muchos parecerá una etiqueta sin mayor significación para designar una típica dictadura tercermundista. No lo fue, sino algo más profundo, complejo y totalizador que esos tradicionales golpes de Estado en los que un caudillo moviliza los cuarteles, trepa al poder, se llena los bolsillos y los de sus compinches, hasta que, repelido por un país esquilmado hasta la ruina, se da a la fuga.
La libertad económica no es separable de la libertad política y social, y la igualdad de oportunidades es un principio irrenunciable en todo sistema enuinamente democrático.
El régimen de Fujimori y Montesinos da vergüenza decirlo fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas apagones, secuestros, extorsiones, bombas, asesinatos las tenían en la inseguridad y el pánico.
Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó una floración de una “prensa chicha” inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.
Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.
La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en 10 años de impunidad la asombrosa suma de cerca de 6 millardos de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.
Esto es, en apretado resumen, lo que iba a retornar a Perú con los votos de los peruanos si ganaba las elecciones la señora Keiko Fujimori. Es decir, el fascismo del siglo XXI. Éste ya no se encarna en esvásticas, saludo imperial, paso de ganso y un caudillo histérico vomitando injurias racistas en lo alto de una tribuna. Sino, exactamente, en lo que representó en Perú, de 1990 a 2000, el gobierno de Fujimori. Una pandilla de desalmados voraces que, aliados con empresarios sin moral, periodistas canallas, pistoleros y sicarios, y la ignorancia de amplios sectores de la sociedad, instala un régimen de intimidación, brutalidad, demagogia, soborno y corrupción, que, simulando garantizar la paz social, se eterniza en el poder.
El triunfo de Ollanta Humala ha mostrado que todavía quedaba en Perú una mayoría no maleada por tantos años de iniquidad y perversión de los valores cívicos. Que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefiere vivir bajo una satrapía que en libertad. Es una de las grandes tareas que tiene ahora en sus manos el gobierno de Humala. La regeneración moral y política de una nación a la que el terrorismo de un lado y, del otro, una dictadura integral han conducido a tal extravío ideológico que buena parte de él añora el régimen autoritario que padeció durante diez años.
Un rasgo particularmente triste de esta campaña electoral fue la alineación con la opción de la dictadura del llamado sector A, es decir, la gente más próspera y mejor educada de Perú, la que pasó por los excelentes colegios donde se aprende el inglés, la que envía a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, esa “élite” convencida de que la cultura cabe en dos palabras: whisky y Miami. Aterrados con los embustes que fabricaron sus propios diarios, radios y canales de televisión, que Ollanta Humala reproduciría en Perú la política de estatizaciones e intervencionismo económico que ha arruinado a Venezuela, desencadenaron una campaña de intoxicación, calumnias e infamias indescriptibles para cerrarle el paso al candidato de Gana Perú, que incluyó, por supuesto, despidos y amenazas a los periodistas más independientes y capaces. Que estos, sin dejarse amedrentar, resistieran las amenazas y lucharan, poniendo en juego su supervivencia profesional, para abrir resquicios en los medios donde pudiera expresarse el adversario, ha sido uno de los hechos más dignos de esta campaña.
(Por ejemplo, destaco la labor realizada por la publicación digital La Mula). Así como fue uno de los más indignos el papel desempeñado en ella por el arzobispo de Lima, el cardenal Cipriani, del Opus Dei, uno de los pilares de la dictadura fujimontesinista, que me honró haciendo leer en los púlpitos de las iglesias de Lima, en la misa del domingo, un panfleto en que me ataca por haberlo denunciado de callar cuando Fujimori hacía esterilizar, engañándolas, a cerca de 300.000 campesinas, muchas de las cuales murieron desangradas en esa infame operación.
¿Y ahora, qué va a pasar? Leo en El Comercio, el diario del grupo que superó todas las formas de la infamia en su campaña contra Ollanta Humala, un editorial escrito con gran moderación y, se diría, con entusiasmo, por la política económica que se propone aplicar el nuevo Presidente, la que ha sido celebrada también, en un programa televisivo, por directivos de la confederación de empresarios, uno de los cuales afirmó: “En Perú lo que falta es una política social”. ¿Qué ha ocurrido para que todos se volvieran humalistas de pronto? El nuevo Presidente sólo ha repetido en estos días lo que dijo a lo largo de toda su campaña: que respetaría las empresas y las políticas de mercado, que su modelo no era Venezuela sino Brasil, pues sabía muy bien que el desarrollo debía continuar para que la lucha contra la pobreza y la exclusión fuera eficaz. Desde luego, es preferible que los nostálgicos de la dictadura escondan ahora los colmillos y ronroneen, cariñosos, a las puertas del nuevo gobierno. Pero no hay que tomarlos en serio. Su visión es pequeñita, mezquina e interesada, como lo demostraron en estos últimos meses. Y, sobre todo, no hay que creerles cuando hablan de libertad y democracia, palabras a las que sólo recurren cuando se sienten amenazados. El sistema de libre empresa y de mercado vale más que ellos, y por eso el nuevo gobierno debe mantenerlo y perfeccionarlo, y abrirlo a nuevos empresarios, que entiendan por fin y para siempre que la libertad económica no es separable de la libertad política y de la libertad social, y que la igualdad de oportunidades es un principio irrenunciable en todo sistema genuinamente democrático. Si el gobierno de Ollanta Humala lo entiende así y procede en consecuencia, por fin tendremos, como en Chile, Uruguay y Brasil, una izquierda genuinamente democrática y liberal y Perú no volverá a correr el riesgo que ha corrido en estos meses, de volver a empantanarse en el atraso y la barbarie de una dictadura.
Desde 1998, siete miembros de la familia Barrios han sido asesinados en el pueblo de Guanayén, en el sur de Aragua.
Desde 1998, siete miembros de la familia Barrios han sido asesinados en el pueblo de Guanayén, en el sur de Aragua.
La marca de los Barrios
■ Aún no hay culpables, sólo dolientes.
■ El 29 y 30 de este mes la CIDH realizará la primera audiencia del caso.
A pesar de las medidas de protección otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no ha hecho nada para detener el exterminio.
El letrero dice: “Guanayén. Bienvenidos amigos parceleros”.
Al lado del cordial aviso, el 28 de mayo en la noche, cayó Juan Barrios. El cadáver del hombre quedó tumbado cerca de una laguna pequeña: durante horas fue disimulado por la maleza y maltratado por ese sol que no es para vivos ni muertos. Este es el último episodio de un relato de exterminio que, sistemáticamente, ha ido desmembrando a una familia en un pueblo en el sur de Aragua, casi llegando a Barbacoas.
Quienes explican alguna dirección en Guanayén a veces usan como referencia geográfica los lugares donde se desplomaron los siete miembros de la familia Barrios; los lugares que remiten a sus siete historias. Es una peregrinación sombría: a Benito lo sacaron de su casa, justo detrás de la escuela y apareció muerto en Barbacoas; Narciso cayó junto a lo que es hoy la licorería Mi Refugio, a orilla de la carretera; Luis, en la puerta de su casa, al fondo de Las Casitas; a Rigoberto, un muchacho de 16 años de edad, le dispararon al lado del módulo de Barrio Adentro; a Óscar, frente al Club San Francisco de Cara; a Wilmer cerca del río Guárico y a Juan en el sitio más premonitorio: el letrero de bienvenida.
Trece años después del primer asesinato, el de Benito, los Barrios no saben quiénes ni por qué han matado a su gente. Tienen serias sospechas, pero no hay ninguna decisión firme de un tribunal venezolano sobre los responsables de los hechos y las investigaciones se detienen durante años, recomienzan tímidamente o caen en archivo fiscal por falta de pruebas.
Un eje de impunidad ha atravesado a dos generaciones de un mismo apellido, a pesar de los oficios de grupos nacionales de derechos humanos que han luchado dentro y fuera del país para evitar que continúen los asesinatos. También a pesar de que a partir de 2004 tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte, le otorgaron al grupo familiar medidas provisionales y cautelares de protección que debía cumplir el Estado venezolano, pero que han sido ignoradas. Bajo la vigencia de esas medidas asesinaron a otros cinco familiares. No ha habido fuerza humana capaz de parar esto.
En el sector Las Casitas de Guanayén, en el municipio Urdaneta, los Barrios son vecinos conocidos, pero nadie quiere hablar abiertamente de ellos.
Las Casitas es de esos sitios que no haría voltear a nadie que vaya por la vía, porque resume un paisaje calcado decenas de veces en los Llanos Centrales: cuatro calles, casas de bloque pintadas de colores con sillas de plástico tejido en los porches, bodegueros que atienden por una ventana, venta de helados caseros, licorería, club social, Barrio Adentro, escuela precaria, manga de coleo, chivera, cauchera y mucha gente en bicicleta. Es un pueblo iluminado, donde por las calles ruedan más mangos que carros y la gente espera a que se apague el calor de la tarde para salir a conversar sin tanta modorra.
En este lugar vivían todos los Barrios, pero hoy sólo quedan tres viudas y sus hijos. El resto ha tenido que separarse de sus parientes, perder sus trabajos y tratar de restaurar sus vidas lejos de Las Casitas, como desplazados de una guerra interna.
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Benito, Narciso, Luis:
Todo comenzó con Benito. El 28 de agosto de 1998, 14 días después de haber cumplido 29 años de edad, fue ingresado sin signos vitales en el ambulatorio de Barbacoas. Tenía 2 heridas de bala: una en el pecho y otra en el abdomen. Al centro de salud lo llevaron funcionarios de la Policía de Aragua, según el acta del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial.
Benito vivía con Dalila Ortuño y tenía dos hijos: Jorge Alberto Barrios y Carlos Alberto Ortuño. Los niños entonces de 10 y 7 años de edad fueron testigos, junto con su tío Luis Barrios, cuando varios integrantes de Poliaragua entraron en la casa familiar y golpearon a su padre, para después llevárselo. Jorge corrió a la casa de su abuela, Justina, para avisarle.
Allí estaba el primo Víctor Cabrera Barrios, que salió a la calle y vio que a Benito se lo llevaba una patrulla pick-up de la policía. La próxima vez que la familia supo de él ya tenía dos tiros encima.
La casa de Justina donde vivió hasta hace varios meses su hijo Pablo, el único sobreviviente de los varones está ahora abandonada. Ni la reja roja, ni la puerta tienen cerradura. Un afiche de Hugo Chávez con boina y uniforme militar es la imagen de recepción.
En el suelo quedaron unos jeans sucios y un par de escardillas. “Este cuarto es propiedad privada de Pablo”, se lee en una de las habitaciones. Dos guacamayas de madera, un espejo y unos anteojos correctivos cuelgan en la pared de la sala, adonde entra una inesperada brisa fría que no alegra, sino asusta.
“Aquí velaron a Juan”, dice una muchacha del pueblo que hace de guía. Varios bombillos están encendidos: el último que se fue de ahí no apagó la luz.
De Benito se dice en el pueblo que era peleón. Lo ratifica la herida en la ceja que muestra uno de los lugareños. Su hermana Eloísa, el motor que ha promovido las denuncias por la muerte y agresiones a sus familiares lo recuerda como “buena persona, trabajador del campo, pero a veces se molestaba cuando tomaba”. Benito estuvo preso por una pelea con un hombre. “Fue la única vez que lo metieron en la cárcel. Pero para la policía cuando uno cae preso después no tiene derecho a la vida”.
En los documentos del juicio se puede leer la versión de la policía, que asegura que recibió “un gran número de denuncias” por delitos contra las personas, la propiedad y el orden público cometidos por Benito.
Poliaragua sostiene que murió en un enfrentamiento.
Los funcionarios involucrados en este caso siguen en ese cuerpo de seguridad, han vuelto a ser destacados en la comisaría de Guanayén y han recibido ascensos, según aseguran los Barrios y aparece en el expediente del suceso.
2003 fue un mal año para ellos. Luis y Narciso tenían en Las Casitas un negocio llamado El Picaflor. Vendían víveres y licor. El 28 de noviembre fueron al local 2 policías estadales, adscritos al comando de Guanayén y, de acuerdo con la denuncia hecha por la familia en la Fiscalía de Aragua, hubo un “cruce de palabras” entre uno de los funcionarios y Narciso.
Horas más tarde varias patrullas y al menos 15 funcionarios allanaron, sin orden judicial, 4 casas. Las de Brígida, Justina, Elvira y Luis Barrios.
De acuerdo con la denuncia presentada por la familia en la Fiscalía Superior del estado Aragua, de cada vivienda se llevaron televisores, ventiladores, bicicletas, documentos y dinero. A todos los agredieron verbalmente. Pero al que le tocó la peor parte fue a Luis: le prendieron fuego a la casa donde vivía con sus hijos pequeños y su pareja. Como eran menores de edad, la denuncia también fue puesta en la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes de Aragua.
El 11 de diciembre, la policía detuvo a Jorge, hijo de Benito.
Su tío Narciso fue con otro sobrino, Néstor Caudi Barrios, a buscar al muchacho. Los funcionarios lo dejaron libre, pero dispararon nueve veces contra Narciso. Este relato se lee en la comunicación presentada el 1º de marzo de 2004 por los Barrios ante la Fiscalía Superior de Aragua.
Narciso tenía 23 años de edad y dejaba huérfanos a Annarys Alexandra y a Benito Antonio.
Varios miembros de los Barrios han sido testigos de las agresiones y amenazas a sus parientes, y conocen la identidad de los funcionarios policiales que supuestamente participaron en los hechos. Ésta podría ser una de las razones por las cuales parecieran estar marcados dentro de Guanayén.
Como en el caso de Benito, en el de Narciso la Comisión Interamericana considera que hay varios elementos reveladores de un contexto de persecución contra la familia Barrios. “Los hechos del caso se enmarcan en el contexto más general de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela por parte de las fuerzas policiales regionales”, se lee en un comunicado de agosto de 2010 de la Comisión Interamericana. En ambos hechos el Estado venezolano no ha presentado pruebas de que Benito o Narciso portaran un arma o hubieran disparado.
Datos del Ministerio Público revelan que entre 2000 y 2007 se recibieron 6.405 denuncias de hechos extrajudiciales (torturas, desapariciones forzadas y asesinatos) que involucran a 7.200 víctimas, un promedio de 900 por año.
El 22 de junio de 2004, la Comisión Interamericana otorgó la primera medida provisional para proteger a los Barrios, después de conocer los dos asesinatos cometidos presuntamente por la policía.
Tres meses después, el 20 de septiembre, Luis llegó a su casa en la tarde con dos caballos que traía de la finca donde trabajaba. Antes de acostar a sus niños escuchó que lanzaban una piedra sobre el techo de zinc. Salió a revisar, pero no vio a nadie. Al rato oyó el mismo el ruido: apenas abrió la puerta le dispararon en la cara. Ese día cumplía 27 años de edad y su esposa tenía 7 meses de embarazo.
De acuerdo con los testigos, los autores fueron unos hombres encapuchados, vestidos de negro, que se trasladaban en motos, oscura modalidad que se repitió en el resto de los casos.
Hoy la casa está cerrada:
La vecina más cercana dice que está recién mudada y que no sabe mucho. El expediente fue archivado por falta de pruebas, como están más de la mitad (50,98%) de los casos en materia de derechos fundamentales trabajados por el Ministerio Público, según su informe de 2009.
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“Ellos no eran malandros, sino gente como uno, personas normales, campesinos, pero quedaron traumatizados por la muerte de su hermano Benito. Yo no sé cuál es el problema con ellos, ni ellos deben saber quién los mata”, señala un vecino de Las Casitas, sentado en el porche, en shorts y alpargatas.
Eloísa:
La familia Barrios (7 mu-jeres y 5 hombres, de los que sólo uno sobrevive) llegó hace 22 años al sector a Las Casitas, provenientes de San Casimiro. El padre, Brígido Solórzano que reconoció a 2 de los 12 hijos que le parió Justina Barrios era agricultor, como casi todos en esa región de siembra próspera de voluptuosos tomates, pimentones, ajíes dulces, cebollas y lechosas.
Eloísa Barrios tiene 45 años de edad. Llegó a Las Casitas a los 13, pero se fue de allí huyendo de la violencia. En el nuevo hogar guarda las fotos de sus hermanos y sobrinos muertos.
Sabe la crónica de memoria:
La narra con nombre y apellido, con el coraje de no ocultar el rostro ni el miedo.
Por su meticuloso esfuerzo para denunciar cada amenaza, cada golpe, cada herida, cada injuria, es que este caso ha prosperado en instancias internacionales. Pero también, piensa ella, es precisamente gracias a esa vehemencia que se han ensañado contra los suyos.
Son casi las 4:00 de la tarde y llueve. La luz, que se había ido, acaba de llegar. “Como somos personas pobres no tenemos derecho a que se haga justicia.
Nos catalogan como gente ignorante, gente de campo, y se creen que pueden hacernos lo que les dé la gana porque eso es monte y culebra”, dice Elvira mientras se mira las manos y se seca el sudor de la frente.
Ni ella ni su familia han sido beneficiados por la protección ordenada por la Comisión Interamericana. En este caso, por ser la policía parte de la investigación, fue designada la Guardia Nacional para ejercerla. “Dicen que no tienen carro, que no tienen recursos para cuidarnos. Y como nadie los obliga”, lamenta.
La Fiscalía 14, la 20, la de Atención a la Víctima, la Superior. Eloísa conoce un rosario de instancias judiciales en las que no ha logrado casi nada. Y ahora, para abultar las diligencias, se suma el caso de Juan.
“Él vivía fuera del pueblo, pero volvió a ver a sus hijas. Después de que le dispararon el cuerpo estuvo bajo el sol como 12 horas. Lo dejaron podrir. Yo no lo quise ver”.
Elvira cree que detrás del exterminio de los Barrios está la policía. “En los casos de Benito y Narciso hubo testigos, en los demás lo digo por la cantidad tan grande de amenazas que hemos recibido. Cada vez que se acerca la fecha de alguna audiencia yo sé que corro peligro.
A uno lo que le queda es huir, como si uno fuera el delincuente”, señala y revisa una libreta negra en la que lleva años anotando nombres, datos, fechas de este inventario ineludible.
Relee algunas páginas y dice, todavía sorprendida: “Esto se cuenta y no se cree”.
Rigoberto, Óscar, Wilmer.
La reja negra está abierta y nadie vigila la entrada. El cementerio de Guanayén es un rectángulo pequeño con piso de grava y cemento, cercado por paredes de bloque, a orilla de la carretera nacional. El único que camina por allí es un anciano magro con camisa blanca, sombrero negro, pico y pala. Es el sepulturero que cava las fosas y cuida la paz de los muertos.
Ahí están enterrados los siete miembros de la familia Barrios.
Benito, Narciso, Luis, Rigoberto y Óscar fueron dispuestos en una misma hilera. Para Wilmer y Juan no quedó espacio y debieron enterrarlos varios pasos más allá. La tumba del último todavía no tiene cruz ni nombre: sólo una lámina de zinc y cuatro flores secas.
De día, el pueblo Las Casitas de Guanayén a 5 minutos del cementerio parece inofensivo.
De noche y los fines de semana el ambiente se enrarece. El caso de los Barrios no es el único.
“A ella le mataron 2 hermanos”, “A unos vecinos les mataron 4”, “La cosa es complicada porque no se sabe quién mata”, “Hace rato que yo no veo policías patrullando”, “En la manga hacen unas fiestas en las que viene gente de afuera y como ahora nadie discute sino que se cae a tiros”. Es el coro de testimonios de los habitantes del lugar.
En un banco frente a la modesta estación de policía están un agente y un cabo II. En la puerta hay un vehículo particular, porque no tienen patrulla. “Tenemos que pedir apoyo a la delegación de Barbacoas”, dice el agente Leonardo Andrade.
Sobre la medida de protección a los Barrios dan pocos datos. “No hemos visto a ningún guardia nacional por aquí.
Nosotros evitamos tener roce con ellos por lo que dicen de la policía”, agrega con cuidado de no entrar en detalle. Cuando murió Juan, hace casi un mes, ninguno de los dos dice haber estado de guardia.
En Guanayén creen que hay razones para guardar silencio.
No tienen mucho qué decir de Óscar, que estaba viviendo en Valencia y fue al pueblo para asistir al cumpleaños de su suegra y a un juego de softbol; ni de Wilmer, hermano de Rigoberto, que tenía poco tiempo de haber regresado. En lo que todos coinciden es en lamentar especialmente la muerte de Rigoberto ”el pana Rigo”, dice en la cruz cuando tenía 16 años de edad. El expediente del caso del muchacho está en la Fiscalía 20 del estado Aragua, enterrado en una gaveta.
Por: LAURA HELENA CASTILLO
lcastillo@el-nacional.com
FISCALÍA/DDHH | JUDICIAL
EL NACIONAL
Demanda ocurre tras asesinato de
7° miembro de la familia Barrios
La directora ejecutiva de Cofavic, Liliana Ortega espera que la exposición del caso de la familia Barrios en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pueda permitir que el suceso se resuelva en instancias venezolanas.
Apuntó, que la muerte de siete miembros de una familia en el estado Aragua no es un caso aislado. Ortega señaló que se expondrán las afectaciones a menores de edad, la negación a la justicia y torturas, entre otras, que han sido víctimas los integrantes de la familia Barrios.
El primer caso se produjo el 29 de agosto de 1998, cuando fue encontrado sin vida el cuerpo de Benito Barrios, días después de ser detenido en su domicilio por personal policial de Aragua.
Activistas de DDHH exigen intervenir a la Policía de Aragua.
Exigen intervención:
La intervención inmediata de la Policía del estado Aragua exigieron al Gobierno Nacional dieciocho organizaciones pro Derechos Humanos venezolanas y una extranjera, en un comunicado de prensa, en el cual expresaron su repulsa ante el asesinato del séptimo miembro de una familia que ha venido denunciando abusos por parte de agentes de ese cuerpo de seguridad.
En el escrito, suscrito entre otras por el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Acción Solidaria contra el Sida, Vicaría de Derechos Humanos, Espacio Público, también se demanda del presidente Hugo Chávez y del gobernador de Aragua, Rafael Isea, que ordenen “un mecanismo de protección especial” para todos los miembros de la familia Barrios, tal y como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2004.
El pasado 28 de mayo Juan José Barrios fue asesinado por hombres enmascarados, luego de dejar a su esposa en un centro de salud.
Este crimen es el séptimo que sufren los integrantes de este clan aragüeño desde 1998, cuando presuntos agentes de la Policía de Aragua detuvieron ilegalmente a Benito Barrios en su casa, quien días después apareció sin vida, con varios impactos de bala.
Las autoridades judiciales han sido incapaces de sancionar este primer hecho ni ninguno de los cinco que le siguieron hasta el ocurrido el último fin de semana del mes pasado y, por esta razón, los sobrevivientes de esta familia decidieron llevar el caso ante instancias internacionales.
Hoy la Corte Interamericana enjuiciará a Venezuela por este caso.
La audiencia se llevará a cabo hoy a las 4:30 pm (hora de Venezuela). Puede seguirla aquí
trabajadores de Cementos de venezuela (ex Cemex) se declararon en emergencia debido a que no les han cancelado las deudas por pasivos laborales.
trabajadores de Cementos de venezuela (ex Cemex) se declararon en emergencia debido a que no les han cancelado las deudas por pasivos laborales.
Trabajadores denuncian que tras
nacionalización cayó producción
Trabajadores de Cementos de Venezuela se declararon en “emergencia” ante las múltiples necesidades que atraviesa la industria. En primer lugar explicaron que la producción de cemento ha decrecido en 80% desde la nacionalización debido a la falta de equipos.
Exigieron también que se respeten todas las cláusulas de la contratación colectiva, entre ellas, el servicio médico, el cual, se encuentra suspendido desde hace varios meses.
Jhonny Sifontes, trabajador de la cementera, aseguró que hace 3 meses tanto la junta directiva de la empresa como el Ministerio Público acordaron, en una reunión, cancelar las deudas por concepto de pasivos laborales, y sustitución de materiales para llevar la producción a niveles óptimos, sin embargo, hasta la fecha no han cumplido, por lo que decidieron paralizar las actividades.
Auguran un mal futuro para la Misión Vivienda debido a esta situación, y dijeron que el Presidente de la República atender este problema, ya que no es la oposición quien está haciendo daño para perjudicarlo, sino su misma gente quien está destrozando las industrias.
Permanecerán de brazos caídos, hasta tener respuestas concretas.
La Gran Misión Vivienda supone un esfuerzo que el aparato productivo difícilmente podrá asumir.
La Gran Misión Vivienda supone un esfuerzo que el aparato productivo difícilmente podrá asumir.
Deben incorporarse 5,000 Mw para darle
electricidad a 2 millones de residencias
■ Las necesidades de cemento, cabilla, acero, estructuras metálicas, cables y otros insumos exceden la producción nacional y es complicado adquirirlos en el exterior.
Edificar 2 millones de casas entre 2011 y 2017 supone un esfuerzo que el aparato productivo difícilmente podrá asumir en las condiciones actuales. Para el primer año se requieren, entre otros insumos, 750.000 toneladas de cabillas, 1,2 millardos de bloques, 4,4 millones de metros de marcos para puertas y 3 millones de metros para ventanas, 12 millones de metros de tuberías para cableado, 8 millones de metros de tubos, 2,4 millones de puntos de aguas blancas y 600.000 tanquillas para aguas negras.
El suministro de materiales necesarios para construir las 300.000 viviendas anuales que se requieren para lograr el objetivo planteado por el Gobierno a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela edificar 2 millones de unidades entre 2011 y 2017 supone un esfuerzo que el aparato productivo nacional difícilmente podrá asumir en las condiciones actuales.
Las autoridades han emprendido acciones como la firma de compromisos con empresas productoras, la exoneración de impuestos y la propuesta de crear 48 centros de acopio en todo el país para garantizar la provisión de materiales, maquinarias e insumos, definida como uno de los “cinco vértices estratégicos” de la misión.
El deterioro experimentado por las compañías proveedoras en los últimos años la mayoría en manos del Gobierno sugiere, sin embargo, que se necesitan más esfuerzos.
Por eso, el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, hizo un llamado el mes pasado para que se invierta en el aumento de la capacidad de producción.
En materia de cabillas y cemento, que son los principales insumos y también los que han presentado más fallas desde hace 2 años, Jiménez señaló que es ineludible incrementar las cantidades fabricadas en 50% y en 14% con respecto a 2010 sólo para cumplir la meta de levantar 150.000 viviendas en 2011.
Para construir 300.000 viviendas se requieren cerca de 3 millones de toneladas de cemento y 750.000 de cabillas. La producción de cemento (7 millones de toneladas el año pasado) supera la cantidad necesaria pero es insuficiente para satisfacer la demanda total. La de cabillas (500.000 toneladas) es deficitaria.
Jorge Roig, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería, indicó que en el caso de las cabillas hay un problema adicional: Sidor responsable de 60% de la producción se ha concentrado en las de diámetros gruesos, que no sirven para viviendas sino para puentes, represas y sistemas de transporte masivo.
Sin materia prima Las necesidades de acero van más allá de las cabillas. Para construir 300.000 viviendas se precisan casi 4 millones de metros de marco de tubo de hierro para puertas y ventanas. Roig dijo que la capacidad instalada de la industria metalúrgica es lo suficientemente grande, pero los problemas con el suministro de la materia prima limitan las operaciones, agregó.
“Sidor produjo 1 millón de toneladas de acero en el primer cuatrimestre, con lo cual pudiera llegar a 3 millones en 2011. Eso es una mejoría con respecto al año pasado, pero está por debajo de la capacidad instalada de 4,3 millones de toneladas y de los niveles de producción alcanzados cuando todavía estaba en manos de la argentina Techint”, apuntó.
La fabricación de estructuras metálicas, una opción para la construcción de unidades multifamiliares que propuso la Asociación de Industriales Metalúrgicos y que permite reducir el consumo de cabillas, también está limitada por la falta de insumos. “La industria tiene capacidad para producir 90.000 toneladas, que servirían para 20.000 viviendas, pero trabaja a 60% porque no hay materia prima”.
La producción de materiales hechos con aluminio cables, cajetines y otros igualmente está restringida por la situación de las empresas de Guayana. Alcasa y Venalum utilizaron 60% de la capacidad instalada en 2010, según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas y Minería.
El índice Laspeyres del volumen de producción de la industria manufacturera privada correspondiente al primer trimestre de 2011, publicado por el Banco Central de Venezuela, muestra que la fabricación de metales comunes ha retrocedido 52,8% desde 2007 y la de productos de metal ha descendido 23,9% en igual período.
La encuesta de coyuntura de Conindustria, también correspondiente al período inicial de 2011, refleja que la falta de proveedores se ha convertido en el principal obstáculo que afrontan los empresarios del sector manufacturero, por delante de la incertidumbre política y social, la falta de divisas y el racionamiento eléctrico.
Problemas adicionales En otros insumos la situación quizás no es tan crítica como en el cemento, el acero y el aluminio, pero igualmente hay dificultades que el Gobierno deberá superar para conseguir el objetivo de construir 300.000 viviendas anuales, advirtieron especialistas.
En materia de electricidad, el Gobierno deberá incorporar 750 megavatios cada año (adicionales a los requeridos para cubrir el déficit actual) para brindar servicio a las nuevas residencias, según Ecoanalítica. En total se necesitan 5.000 megavatios para atender 2 millones de viviendas.
Otro requisito indispensable es la actualización de las maquinarias y equipos, deteriorados por los problemas para obtener divisas para importar repuestos y hacerles mantenimiento, indicó Gustavo Izaguirre, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.
Izaguirre agregó que también es importante incrementar la producción de las grandes empresas de cerámica, porque se requerirán como mínimo 300.000 juegos de piezas sanitarias. “Ni siquiera están produciendo para abastecer la demanda actual”.
Los fabricantes de bloque de arcilla y concreto, se requieren 1,2 millardos para la cantidad de viviendas deseada, trabajan sólo contra pedido.
Ladrilleras:
Los fabricantes de bloque de arcilla y concreto se necesitan 1,2 millardos para la cantidad de viviendas deseada trabajan sólo contra pedido porque no tienen capacidad de almacenamiento, señaló Alfredo Cilento, profesor del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción.
La lista de materiales es interminable, expresó la arquitecta Fina Weitz, porque también deben incluirse los que se necesitan para dotar de servicios públicos (agua, electricidad, cloacas) y equipamiento (canchas, escuelas, hospitales, parques, vialidad) a las viviendas construidas.
Zulma Bolívar, presidenta del Instituto Metropolitano de Urbanismo, dijo que el cálculo de los insumos necesarios depende de la ubicación de cada uno de los proyectos que formarán parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la distancia con las redes de servicios y los equipamientos existentes.
Recordó que existen normativas, como la Resolución 151 del extinto Ministerio de Desarrollo Urbano, que establecen los metros cuadrados requeridos para las instalaciones no residenciales (desde áreas verdes hasta plantas de agua) en función del número de habitantes.
Importación difícil Roig consideró que una alternativa para que la industria metalúrgica pueda aumentar su capacidad de producción de insumos para viviendas es que el Gobierno permita la importación de materia prima y especialmente que facilite los trámites necesarios, que actualmente pueden llevarse un año.
“El primer paso para comprar en el extranjero es obtener el certificado de no producción, que tarda 6 o 7 meses. Luego hay que solicitar divisas a Cadivi, lo que puede tomar 30 días o más. Y finalmente debes esperar 3 meses para que cualquier fabricante te haga llegar el pedido”, enumeró.
Cilento coincidió en que la importación puede servir para conseguir algunos insumos, pero advirtió que tampoco puede recurrirse a ella de manera masiva porque hay materiales que son difíciles de trasladar y los principales puertos del país están congestionados.
Esfuerzo conjunto:
Compañías con experiencia. La Gran Misión Vivienda Venezuela prevé la incorporación como ejecutores de los proyectos de organismos de la administración central, compañías de países con los que se han firmado convenios bilaterales, gobiernos regionales, comunidades y empresas privadas.
Gustavo Izaguirre, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, dijo que lo más importante es contar con constructores capacitados para el trabajo. “Personas sin experiencia pueden edificar viviendas, pero no al ritmo necesario para llegar a 300.000 anuales”.
Izaguirre precisó que el objetivo trazado por el Gobierno requiere que cada semana del año (incluidas Carnaval y Semana Santa) se terminen alrededor de 5.800 unidades. Es decir, casi 1.200 diarias. “Es factible, pero trabajando con gente experimentada”.
Alfredo Cilento, profesor del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción de la UCV, concuerda con Izaguirre en la necesidad de que los proyectos sean ejecutados por empresas con capacidad para manejar todos los procesos que implica la construcción de viviendas.
“La colocación de los pedidos de manera oportuna es vital para que todo llegue a tiempo y no haya retrasos en la obra. Si los encofrados no están listos, el electricista no puede montar las tuberías para cableado y el encargado de vaciar el concreto tampoco podrá realizar su labor”, ilustró Cilento.
Ambos creen que será difícil alcanzar la meta dejando la mayor parte de la responsabilidad en las comunidades. “La autoconstrucción es importante, pero no es la solución”, señaló Izaguirre.
“Es un proceso complicado y no se puede improvisar”, agregó Cilento.
Por: ALEJANDRO HINDS
ahinds@el-nacional.com
ESTRATEGIA VIVIENDA
Escasez | Economia
EL NACIONAL
El gobierno ha manejado la enfermedad del Presidente de la República como si se tratara de un resfriado que presentara el loro de la abuelita, quien vive en el tercer piso donde queda la bodega, que tiene el portugués que se distrae con Rosita, la muchacha que limpia frente a su patrón, mientras este admira sus intimidades en un exhibicionismo acordado entre las partes.
El impreciso y extraño absceso pélvico del que hablara el canciller Nicolás Maduro en un escueto comentario de prensa desde La Habana para informarnos que el Presidente fue operado de emergencia mientras visitaba la Isla, se ha convertido en un asunto tan delicado que la estadía de Hugo Chávez en el Hospital se ha prolongado demasiado, dando oportunidad -como es natural- a que la gente piense que la enfermedad es mas grave de lo que se sugiere y que eso de que es un absceso pélvico, es un simple cuento de caminos..
Una torpeza mediática inexcusable entendiendo que se tienen los recursos tecnológicos del 2011 y que muy bien se puede dar oportunidad a los medios públicos, para transmitir la verdad de la situación en un enlace televisivo de los que el presidente nos tiene acostumbrados cada vez que se monta en un tractor para enseñarnos los campos expropiados que no producen , entre múltiples escenarios vacíos y que dejan un derroche de recursos que llena las horas de tedio en interminables cadenas hablando tonterías.
El Presidente Lugo en su experiencia cancerigena lo dijo sin pelos en la lengua al pueblo Paraguayo y allí está terminando su mandato sin nada que ocultar y sin esconderse a los medios ni a la realidad. Entonces, ¿Qué cuesta que el médico hable al país,o la hija , o el mismo Presidente, que se la pasa mandando mensajitos?
Ahora bien, lo que explicaría la estrategia en el manejo de la información que luego la rematan con una pésima actuación del Presidente hablando fraternalmente con Fidel como si fueran escenas sin audio de la época del Presidente Rooselvelt en la década de los treinta y que da mas leña a la brasa, es que se está intentando ganar tiempo al desconsuelo porque la enfermedad del presidente es mas grave de lo que se dice y que aparentemente sus días están contados para seguir al frente de su proyecto, el cual carece de líderes que tomen el timón y la sucesión política.
Los llaneros siempre han dicho que la culebra se mata por la cabeza y es preferible decir la verdad antes que llenarnos de mentirillas que luego revientan desagradablemente creando un ambiente de tragedia al final de la obra y todo se convierte en un sin fin de desenlaces inesperados que complican la vida de todos dentro de un caos ingobernable y que trae consigo complicaciones innecesarias que pudieron ser evitadas.
El Presidente puede desear mandar hasta el fin de los mundos y pensar incluso que mas nunca habrá cambio en el Poder, pero eso nunca se ha dado en la Historia de la humanidad en ninguna parte, además que sería algo que va en contra de la dialéctica. Algún sujeto creyente de la filosofía de Adriana Azis nos diría que cada deseo hay que rematarlo con la expresión de “Si Dios quiere”.
Por: Luis ALFREDO RAPOZO
luisrapozo@yahoo.es
@luisrapozo
La Siderúrgica del Orinoco es el gran reto político del Ejecutivo nacional en Guayana.
La Siderúrgica del Orinoco es el gran reto político del Ejecutivo nacional en Guayana.
Sidor cumple ya quince
días sin producir cabillas
■ La junta directiva no se reúne desde hace 10 meses.
■ Las protestas por falta de repuestos e insumos amenazan con paralizar la acería y la gerencia se preocupa por planes de contingencia militar.
■ Otro de los productos que estàn ausentes en el mercado es la hojalata, planchas metálicas y acero en el mercado nacional. Jorge Roig aseguró que en el caso de las cabillas hay regulación de precios, escasez y demanda.
■ Jorge Roig, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería, informó ayer el estatus en el que se encuentran las investigaciones sobre las presuntas irregularidades administrativas en las empresas básicas Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
■ “En este momento hay unas investigaciones que estamos respaldando y ojalá conduzca realmente lo que paso allí”. El representante del sector aseguró que en el caso de las cabillas hay regulación de precios, escasez y demanda.
■ A su juicio, es por eso que se presentan estos “manejos oscuros. Hasta este momento están detenidas 37 personas”.
■ Afirmó que Sidor tiene 15 días sin despachar ni producir cabillas. “Lamentablemente con esta política de investigación, hemos visto que hay desabastecimiento a nacional”.
Otro de los productos que estàn ausentes en el mercado es la hojalata, planchas metálicas y acero en el mercado nacional. “En este momento no se está despachando cabilla ni se está despachando acero y hay una escasez no sólo para la Misión Vivienda, sino para todos los planes productivos que tiene la industria nacional”.
La Siderúrgica del Orinoco es el gran reto político del Ejecutivo nacional en Guayana. En sus fronteras, el Gobierno ensaya la ideologización de los trabajadores para la construcción del socialismo y emprende desde 2009 un proyecto militar que incluye la formación de trabajadores en milicias bolivarianas.
El último plan de contingencia de Sidor (2 de junio 2011) señala que el proyecto está “destinado a controlar una situación de emergencia con miras a contrarrestar efectos negativos”. Se proponen procedimientos alternativos al funcionamiento de la organización, cuando las operaciones se vean perjudicadas “por situaciones externas o internas”. Con ello se busca garantizar la operatividad de las empresas del Estado como Sidor.
Para 2009 había 200 trabajadores contratados y fijos al servicio de las milicias. Algunos se desempeñan por comisiones y se les paga por turno. Pero ello no ha contribuido a mejorar las condiciones de la empresa.
Para el trabajador José Luis Alcocer, miembro del movimiento Unidad Matancera, el plan del Ejecutivo es una contradicción con la realidad de la fábrica. Hoy día señaló la mayor amenaza es interna por la desinversión a la que se ha sometido a la empresa, con lo que se acentúan los riesgos para la seguridad del personal.
“Ninguno de los planes que se aplican en Sidor, de acuerdo con los principios socialistas, apunta a la productividad porque ese tipo de actividades (milicias, batallones, frentes, control obrero) lo que hace es retrasar la producción”.
La implementación de la estrategia militar no logró prevenir que en los últimos tres años se comercializara ilegalmente parte de la producción de Sidor, como lo confirman las recientes investigaciones de la Dirección de Inteligencia Militar. Por eso la formación de milicianos ha hecho creer a algunos que el objetivo ulterior del Gobierno no es proteger la empresa, sino intimidar a los trabajadores y minimizar el ejercicio de la legítima protesta.
“Comienzan a hacer sus prácticas para controlar la empresa, no para evitar `saboteos’ de la derecha empresarial que, según dicen, sigue teniendo buenos negocios en Sidor, o alguna amenaza imperialista, sino contra la propia lucha de los trabajadores”, analiza el trabajador Cruz Hernández, miembro del Movimiento Tendencia Clasista, en la página de la Liga Socialista.
Trabajadores advierten que planes socialistas retrasan la producción de la empresa.
Bomba de tiempo:
Los objetivos militares de la acería contrastan con los reclamos de los sidoristas. Por ejemplo, desde el 17 de junio el laminador en caliente de la siderúrgica está paralizado. La acción la ejercieron los propios técnicos, en protesta por la escasez de repuestos e insumos que, además de disminuir la producción, colocan en riesgo inminente la vida del personal.
Hernán López, trabajador de laminación en caliente, señaló que la centralización de las decisiones ha aumentado la burocracia en la acería estatal. Los retardos en la toma de decisiones más la escasez de recursos han trastocado el mantenimiento preventivo de la fábrica. “Las acerías son una bomba de tiempo. Eso da miedo”. Los sidoristas creen que en las condiciones en las que está la fábrica un accidente es una lotería que ninguno se quiere ganar.
Caja negra:
A los trabajadores se les dice que no hay flujo de caja. Sin embargo Sidor aún no presenta los estados financieros de 2009 y 2010. El director laboral José Jiménez señaló que esto hace que no se conozca cuáles son los indicadores económicos de la empresa, que deben ser presentados anualmente.
Desde que Sidor fue nacionalizada las reuniones mensuales de junta directiva cada vez son más esporádicas. Desde hace 10 meses la cabeza gerencial de la fábrica no se reúne. “Se administra como una bodega y no hay siquiera un monitoreo de los clientes nacionales e internacionales (…) Sidor está a la deriva”, dijo Jiménez.
Desde el movimiento Unidad Matancera han solicitado la destitución de la actual junta directiva, la cual está constituida por funcionarios que desconocen el negocio del acero, como lo son Diosdado Cabello, Rodolfo Sanz, Érika Farías, Egleé Muñoz y Jesse Chacón, entre otros.
El clima de desorden considera ha abierto más espacios para la corrupción. “Como no hay reunión de junta directiva nadie rinde cuentas. Entonces no se presentan los presupuestos, luego no hay repuestos, insumos ni contraloría interna”, reclama Jiménez.
En el marco del Congreso Anual de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Roig explicó que la investigación de las autoridades a la “mafia de las cabillas” tienen paralizados los despachos de insumos. El Universal reseñó que sólo la mitad de los pedidos realizados por las compañías agrupadas son atendidos por las empresas básicas.
Debido a esta situación, Roig cuestionó la meta oficial para la construcción de viviendas. “Dificulto que esas expectativas que tenía el Gobierno nacional de tener 150 mil viviendas este año se logre completar ni siquiera en un tercio”.
Huelga de empleados:
Persiste huelga de empleados de Sidor de laminación en caliente. Exigen a la empresa mayores condiciones de seguridad e higiene. Luego de 11 días, los trabajadores del área de laminación en caliente de Sidor, siguen con la huelga de brazos caídos.
Lo que comenzó como una manifestación de un grupo que reclamaba el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene, así como la dotación de equipos de trabajo, se ha extendido hacia otros ámbitos.
El presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica, José Hernández, apoyó la huelga, a pesar de que el fin de semana la había condenado por considerarla una manifestación política.
“La falta de responsabilidad de atacar puntualmente la fallas denunciadas por los delegados de higiene y por los trabajadores de las áreas de seguridad de Sidor, es lo que ha generado esta situación. Los responsables son los que pertenecen a una política burocrática que se viene manejando en unas mafias que tienen acciones en empresas contratistas”.
Dijo que pidió al presidente de Sidor, Carlos D’ Oliveira, la destitución “de los encargados de las dependencias donde haya atraso en la ejecución de reparaciones y mantenimiento”.
En picada:
El deterioro de la empresa se evidencia en la producción. El último informe del representante de los accionistas clase B en la junta directiva de Sidor, Pedro Acuña, señala que mayo cerró con una producción de 234.000 toneladas de acero líquido. “Esto significa una acumulación en el período 1.237.000 toneladas y una reducción de 34% respecto al volumen producido en el mismo período de 2007”.
Las estadísticas indican que Sidor cerrará la producción de 2011 con 3,1 millones de toneladas de acero líquido, similar a la de hace 15 años (1996), cuando la empresa era completamente administrada por el Estado y mantenía una capacidad instalada de aceración de 3,6 millones de toneladas.
En su transformación a socialista, Sidor ha reportado inversiones operativas por 352 millones de dólares en el período 2008 a 2010, recursos que no han servido para superar los niveles de producción de 2007, cuando la empresa era administrada por la argentina Ternium.
Sidor afrontó su momento más difícil en 2010, año en que el Estado le obligó a trabajar a menos de 50% de su capacidad por las medidas de ahorro energético. Desde entonces, le ha sido cuesta arriba recuperar los años dorados de la acería.
Por: CLAVEL RANGEL
EDO.BOLIVAR | CIUDAD GUAYANA
INFORME | ECONOMÍA
EL NACIONAL
Quizás, esa sea una de las ventajas del castellano para estar catalogada como la lengua de mayor ritmo de crecimiento en los últimos cincuenta años. Hace poco leíamos unos cuentos de un autor azteca quien hilvanando hermosas metáforas, dejaba sembrado en medio de un pequeño párrafo, un enunciado que nos sirve de socorro para poder entender lo que se mueve detrás de la ausencia presidencial.
El escritor deja caen como pesada losa una expresión popular que recorre el apasionante pacifico mexicano: ´´En las coloridas casas de Zihuatanejo, muchos tienen cara de velorio´´. La expresión la traemos a colación al observar la rueda de prensa semanal que dio la Dirección Nacional del PSUV en donde se habló acerca de la salud del presidente Hugo Chávez.
La gráfica de la comparecencia ante los medios tiene un alto grado de peligrosas evidencias. Una triste Cilia Flores, exponía como buscando convencimiento en sus abúlicas palabras. A su izquierda el vicepresidente de la republica Elías Jaua con la mirada en el piso. Detrás Aristóbulo isturiz, Antonia Muñoz, Jesús Montilla, Erika Farías; parecían salir del reconocimiento de un familiar en la morgue. Mientras, el presidente de la Asamblea Nacional Fernando Soto Rojas y el gobernador de Barinas Adán Chávez, reflejaban que algo muy doloroso los perturba y hace que sus rostros sean como un triste velorio de pueblo en donde la imagen de figuras refulgentes del proceso, evita que las lágrimas sean parte de la realidad que ocultan las formalidades.
Ellas, son la compañía ideal para las oraciones profundas en donde se ensalza a un Dios del cual blasfeman permanentemente, es la realidad del totalitario cuando siente que existe un poder espiritual que está por encima de sus trampas malévolas. Cuando surge la dificultad de la enfermedad se acaban sus ecuaciones estúpidas de querer imponer sus teorías cavernícolas. El comunismo jamás podrá derrotar a Jehová; tal vez asesine a millones, derrumbe sus iglesias o incendie todos los pulpitos; su razón sempiterna tiene la bendición de la sangre preciosa de Jesucristo, con él la victoria de vida eterna la construye la fe y el amor. No la manipulación y el vil linchamiento de la libertad.
Por otra parte, no sabemos que ocurre en realidad en el planeta rojo del PSUV. Se cuentan tantas cosas, dicen que las luchas por la heredad son batallas iracundas por desgarrar al otro. El país se vino abajo con múltiples problemas que tratan de maquillar con engañifas baladíes en sus programas de excrementicias permanentes. Un régimen destrozado por una corrupción galopante que alcanza niveles espeluznantes. El drama de las cárceles es otro capitulo que refleja el profundo deterioro que padecemos en doce años de pesadilla.
En la mirada triste de la cofradía roja debe haber más de un quejido por el paciente en La Habana. Después de tanto falsificar los hechos Hugo Chávez recurrió a médicos venezolanos de importantes clínicas privadas de Caracas. Una llamada en la madrugada para atender sus dificultades para orinar, un tormento para un insomne que siente como una gran presión impide una micción efectiva, esa falta de sueño, la irascibilidad y frustración que produce el pujar sin éxito, hace que las ideas se confundan y surjan millones de sandeces que pagamos los venezolanos. Igual ocurrió en el año 2007, cuando se destrozó la mano y tuvieron que recurrir a una estupenda galeno larense.
La buscaron en helicóptero para que reconstruyera aquella extremidad por donde se vertió toda la furia, contra cuadros históricos, producto del revés electoral. En sus casos dramáticos no hay CDI o médicos cubanos para el alivio, ellos quedan para la anécdota que se vende fácil en Aló Presidente.
Poco se sabe de Hugo Chávez y su batalla por derrotar a su enfermedad, lo que si observamos es que dentro del PSUV es mucho el que anda sacando cuentas, reuniones secretas para analizar situaciones y hasta guiños a la oposición como buscando salvarse del tsunami en ciernes. Todo un espectáculo en donde las peores miserias entierran a los mejores amigos, la peregrinación de las ansias de poder, ser el heredero que maneja todos los negocios. Realidad macabra que hace que hasta la familia ande en la jugada. Cuestión de mafiosos en la preservación del botín.
Por: Alexander Cambero
alexandercambero@hotmail.com
@alecambero
29 Junio, 2011
“Caras patibularias revelan que
sin Chávez no saben qué hacer”
Más que la enfermedad, la oscuridad que rodea la permanencia de Chávez en Cuba, está desatando los demonios en el multiforme, abigarrado y contradictorio mundo del chavismo. Cuando una persona usualmente de tan bajo perfil como Adán Chávez, sale con una declaración tonitronante como la de estos días, amenazando con la lucha armada como opción adicional a la revolución “pacífica pero armada”, es como para preguntarse qué está pasando en la comarca de los próceres del proceso. No es el único que ha declarado en tono desafiante y camorrero, pero el suyo es particularmente preocupante por la razón señalada.
Adán Chávez nos hace saber que los problemas políticos (y eventualmente los electorales) pueden enfrentarse (¿quién?, ¿el gobierno?, ¿una facción del gobierno?), también, a plomo.
Si recordamos la tristemente célebre declaración del general Henry Rangel Silva sobre la disposición de la FAN, cuya representación, para el caso, obviamente usurpaba, de no aceptar el triunfo electoral de la oposición, y si tomamos en cuenta las palabras de Adán Chávez podría concluirse que o bien se trata de guerra psicológica, dirigida a ablandar el espíritu de lucha de los adversarios del gobierno (cosa nada improbable, conociendo como ya conocemos a estos señores que adelantan el Plan de Destrucción Nacional), o bien, corresponde a una intención real de alzarse contra la voluntad popular, si ésta los desfavorece, y contra la mismísima Constitución nacional, cosa tampoco nada improbable, exactamente por lo mismo: porque los conocemos y los sabemos capaces de cualquier vagabundería.
Pero, en la presente coyuntura, la declaración de Adán Chávez merece ser examinada también a la luz de otros factores en juego. Porque si bien encierra, en el largo plazo, una amenaza a los adversarios del gobierno, en el corto plazo es imposible desconectarla de lo que está ocurriendo en la clínica habanera donde convalece Hugo Chávez.
¿Qué sabe Adán Chávez que el resto de los venezolanos no sabemos? ¿Intuye o conoce de cierto la existencia de pescadores en río revuelto (tal vez contadores de pollos que no han nacido) en el seno de la “revolución bonita”, preparados para resolver la eventual cuestión de una sucesión al margen de lo que pauta la Constitución? Porque Adán Chávez no se estaba refiriendo a la oposición democrática. Su mensaje tenía destino y no era propiamente la MUD.
Las caras patibularias del alto mando pesuvista, innegablemente preocupadas, esforzándose en transmitir una imagen de unidad, con la presencia, que se empeñó en hacer notoria, del propio Adán Chávez, revelaban más bien la incertidumbre y el desasosiego que embarga a un cuerpo dirigente que sin Chávez no sabe qué hacer pero que, sobre todo, se pregunta cómo habría de enfrentar ese saco de gatos que es la combinación PSUV-FAN una situación que hasta ahora le resultaba impensable.
Si no saben cómo elegir al contralor que debe sustituir al fallecido Russián; podemos imaginarlos ante el acertijo que plantearía la Presidencia de la República. ¿Es por eso que Adán recomendaba tener aceitadas las armas? Y a todas estas, ¿qué es de la vida de la Constitución?
