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Leomary Andara: víctima de un odontólogo de Barrio Adentro

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La joven asegura que la recuperación será una etapa muy dificil en su vida.
La joven asegura que la recuperación será una etapa muy dificil en su vida.

“No entiendo cómo permiten que
los cubanos ejerzan sin reválida”

 

■ Leomary Andara, víctima de un odontólogo de Barrio Adentro, se prepara para ser operada.

■ La familia demandó al “Medico” Pedro Pablo López por mala praxis y violencia física contra la mujer.

La vida de Leomary Andara ya no es la misma. “No puedo correr, saltar, hacer esfuerzos ni ejercicios físicos. Es un régimen que tendré que mantener por mucho tiempo”, afirma la joven, de 16 años de edad, víctima de la mala praxis de un odontólogo cubano, en Valera, estado Trujillo.

Andara reside con sus padres y 4 hermanas en Las Palmeras, zona rural localizada a 15 minutos de Valera, en plena carretera Transandina, en una casa de bloques de 2 habitaciones. Para llegar a la vivienda, la familia debe atravesar un puente colgante.

“Leomary tenía varios días con un dolor de muela persistente. La llevamos a Barrio Adentro porque es gratis y no podemos pagar un odontólogo privado. Fue peor el remedio que la enfermedad”, señaló la madre, Odila Romero.

“Cuando llegamos, el médico me dijo que tenía caries y que no podía salvar la muela, que la tenía que extraer. Me puso un solo punto de anestesia en el paladar, y comenzó el trabajo odontológico”, relató Andara.

De acuerdo con Romero, el odontólogo cubano no detuvo el procedimiento, a pesar de que su hija se quejaba constantemente de fuertes dolores por la manipulación: “Utilizó unas herramientas similares a un cincel y un pequeño martillo. Yo la estaba esperando afuera y se escuchaba como si estuvieran colocando un clavo en una pared. Una señora que estaba junto a mí me dijo: `¿Qué le estarán haciendo a esa criatura?’. Yo me asomaba por la puerta, pero él me decía que estaba todo bien. Pensé que lo que hacía era normal”.

Andara asegura que después de ese momento, ambas supieron que algo andaba mal.

“Él me extrajo en una sola pieza tres molares y un trozo de paladar. Al terminar me lo mostró y me dijo, asombrado: `Mira lo que te saqué’, como si fuera un tumor maligno. Hasta se lo dio a mi mamá y le dijo: `Tenga señora, para que lo guarde de recuerdo’, como si hubieran sido las muelas del juicio”, contó.

Como el dolor era insoportable, acudieron a una odontóloga de Trujillo, que atendió a la muchacha en vista de que su condición era muy delicada, y les indicó que, evidentemente, se trataba de un caso de mala praxis.

Comenzó el viacrucis para trasladar la joven a Caracas, con el fin de que pudiera ser evaluada por un equipo de especialistas en cirugía maxilofacial del Hospital José Gregorio Hernández, en Los Magallanes de Catia.

“El odontólogo cubano me hizo una sutura usando como ancla el lado interno de la mejilla. Si no me la hubieran corregido a tiempo, se habría unido a la encía y ni siquiera podría sonreír. No entiendo cómo le permiten ejercer aquí”, dijo Andara.

En Caracas, los especialistas ordenaron una tomografía que sirvió de base para el diagnóstico final: fractura del maxilar superior por uso excesivo de fuerza. Leomary deberá ser sometida a un tratamiento cuya duración se calcula entre 8 y 10 meses, antes de ser operada para reconstruirle el paladar, bien sea con un injerto de su propia masa ósea o con una prótesis.

“Acabo de pasar al último año de bachillerato. Para mí, va a ser una época difícil. Debo cuidarme mucho si quiero mejorar porque también tengo daños en el seno maxilar derecho por el maltrato. Además, tendré que pedir permiso para venir a Caracas una vez cada cuatro o seis semanas”, expresó.

Sin recursos:

El costo de los viajes a la capital no es el único problema con que deberá lidiar la familia de Andara de ahora en adelante. Los medicamentos y una dieta especial también les preocupan. “Es muy difícil que podamos cubrir todos esos gastos. Somos una familia humilde y nuestros recursos son muy limitados”, aseguró Romero, que trabaja como madre procesadora de alimentos en el comedor de la escuela Pascual Ignacio Villasmil, en Valera. Por esa labor, el Gobierno le paga poco más de 1.400 bolívares cada 2 meses.

La familia se alimenta mayormente de la comida que le regalan a Romero al final de cada jornada. “Pero ahora Leomary necesita una dieta especial, que no agrave más su cuadro clínico”, indicó María Margarita Capote, tía de la joven.

El padre de Andara se desempeña como agricultor en un sector aledaño a Las Palmeras.

“Siembra lo que puede: tomates, papas, apio. Realmente, la compra de semillas depende del dinero que tengamos disponible en el momento. Él sube todos los días a ver si puede sacar algo de la cosecha, que no todo el tiempo se da. A veces se pierde porque cae una plaga y se lo lleva todo, y no podemos comprar insecticidas”, explicó Romero.

Afirman que se reunieron con la ministra de Salud, Eugenia Sader, quien les aseguró que todos los gastos médicos y de traslado de la joven serán cubiertos por ese despacho.

No obstante, a juicio de la familia, las personas a las que les asignaron el caso les falta voluntad.

“Nos estamos quedando en casa de unas primas en el estado Vargas, mientras terminamos con los exámenes médicos. Hemos tenido que cancelar varias citas porque no siempre tenemos dinero para subir a Caracas. Creemos que en el ministerio deberían estar más pendientes de la evolución de Leomary porque a ella se le ocasionó un daño y el Gobierno debe responsabilizarse”, indicó Capote.

Funcionarios de la Misión Barrio Adentro se comunicaron con la familia y le ofrecieron a la joven un viaje a Cuba para ser tratada por personal médico en la isla. “Inmediatamente dijimos que no.

A mí me da terror pensar que la pueden seguir maltratando allá. A veces me siento culpable de no haber hecho un esfuerzo económico para llevarla a un médico de verdad”, dijo Romero.

Procedimientos legales:

Un día después del incidente, Leomary Andara y sus hermanas formalizaron en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas una denuncia contra Pedro Pablo López, odontólogo cubano que la trató en el módulo de Barrio Adentro de Valera, por mala praxis y violencia física contra la mujer.

El abogado Oscar Romero, tío de Andara, asumió el caso y representa legalmente a la joven. “Agradecemos la pronta respuesta del Estado, pero tienen que saber que no vamos a dar nuestro brazo a torcer. Vamos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, para que a ningún otro venezolano le ocurra esto.

Los médicos cubanos están aquí ejerciendo sin reválidas de ningún tipo y causan perjuicios a los pacientes. Los venezolanos no pedimos que trajeran a esas personas para acá y el Gobierno debe responder por los inconvenientes que se desprendan de esa acción. Debemos unirnos para ponerle un alto al ejercicio ilegal de la medicina en el país”.


Por: ANDREA SMALL CARMONA
asmall@el-nacional.com
TESTIMONIO | MALA PRAXIS
Salud | Política
EL NACIONAL

DROGA: GN muerto en caso de narcoavioneta era confidente del Cicpc

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Cabo San Román, sitio donde aterrizó la avioneta King Air 300 en el que incautaron los 1.400 kilos de cocaína.
Cabo San Román, sitio donde aterrizó la avioneta King Air 300 en el que incautaron los 1.400 kilos de cocaína.

Alberto Fuentes habría sido expulsado de la
FAN por vinculaciones con el narcotráfico

 

■ El misterio del Narco-vuelo.

■ En el procedimiento también fue asesinado un vendedor de plátanos.

El cabo segundo (r) de la Guardia Nacional, Luís Alberto Fuentes Pernía, de 36 años de edad, que murió en un supuesto enfrentamiento con la policía judicial durante la incautación de 1.400 kilos de cocaína en cabo San Román, era confidente del Cicpc y de la GN.

Un funcionario vinculado a las investigaciones, que pidió el anonimato, dijo que después del retiro de Fuentes Pernía, siempre mantuvo nexos con estos dos organismos. Agregó que más que un confidente, era el intermediario en grandes operaciones vinculadas al tráfico de drogas en las que los dos cuerpos han participado.

Fuentes Pernía, expulsado del cuerpo castrense en 2004 por haber estado presuntamente involucrado en un caso de narcotráfico, era el copiloto de la avioneta King Air 300 que aterrizó en Falcón el 12 de agosto proveniente de la Base Aérea de La Carlota. Murió al recibir un tiro en la frente durante el procedimiento realizado por funcionarios de la policía judicial y de la ONA, en el que incautaron los 1.400 kilos de cocaína y detuvieron a 8 personas, entre ellas, 5 agentes de Polifalcón.

El oficial retirado de la Guardia Nacional dejó 3 hijos de 16, 11 y 8 años de edad, respectivamente. Desde que fue expulsado no tenía empleo fijo; sin embargo, esporádicamente vendía arena y realizaba carreras con su vehículo particular.

Aunque la familia de Fuentes Pernía defendió sus virtudes, prefirieron no opinar acerca del caso. Hasta la fecha se desconoce quién era el piloto de la aeronave. Un día después del operativo, la avioneta fue sacada del aeropuerto Josefa Camejo por un hombre que se identificó como el capitán Morales, presuntamente funcionario del Cicpc.

Un vendedor de plátanos:

Otra de las piezas de este caso es Edilberto Rosales Escalante, de 38 años de edad, segunda víctima mortal del procedimiento. Recibió un tiro en el pecho.

Era natural de El Vigía, estado Mérida, y se ganaba la vida como vendedor de plátanos.

Los abogados de los procesados presumen, según la reconstrucción de los hechos y las versiones de los detenidos, que el comerciante transportó el alijo de cocaína en su vehículo. Vecinos de las zonas adyacentes a cabo San Román aseguran que vieron a Rosales durante el día en una tasca del sector Las Camaraguas; no obstante, el origen de la droga incautada tampoco está claro, pues el propio ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, dijo que había salido de La Carlota.

El cuerpo del vendedor de plátanos fue reconocido por uno de sus hermanos en la morgue del hospital Rafael Calle Sierra, de Punto Fijo. Un familiar de Rosales indicó que él acostumbraba a pasar hasta 15 días fuera de su casa, en el sector Los Guayabales, de Mérida, pues aprovechaba el tiempo para entregar las cosechas y hacer viajes de trabajo: “Llegué a las 4:00 am directo a la morgue del hospital y vi mis esperanzas derrumbadas al ver a mi hermano”.

Cuando Rosales Escalante viajaba a Punto Fijo distribuía plátanos en el mercado municipal de la entidad. Su camión Ford F-350, placa A76AEOB, es uno de los vehículos que fue incautado en el operativo y hasta la fecha permanece en la sede del Cicpc-Falcón.

Piden investigar muertes:

Euro Colina, abogado defensor de los cinco Polifalcón detenidos por su presunta vinculación con el caso de la narcoavioneta, insiste en que es necesario que se investigue la manera en la que los dos hombres murieron: “En comparación con el funcionario del Cicpc que resultó herido con tiros en el glúteo y en la espalda, José Hernández Piñango, estos dos hombres recibieron disparos certeros: en la cabeza y en el pecho”. También criticó que el agente hubiera sido trasladado a un centro asistencial en helicóptero, mientras que los dos hombres que fallecieron fueron llevados por carretera.


Por: ANGÉLICA LUGO
alugo@el-nacional.com
Divisas|Drogas
EL NACIONAL

Sebin: Didalco Bolívar fue detenido en Maiquetía

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Didalco: "Hace exactamente dos años yo viví una situación de persecución, de allanamientos de mi residencia y persecución a mi familia".
Didalco: "Hace exactamente dos años yo viví una situación de persecución, de allanamientos de mi residencia y persecución a mi familia".

Didalco Bolívar se entregó a
las autoridades en Maiquetía

 

■ Bolívar llegó a Venezuela a las 12:00 del mediodía en un vuelo comercial de la aerolínea COPA, proveniente de Panamá.

El ex gobernador salió del país en 2009, luego de que el Ministerio Público emitiera una orden de captura en su contra por otorgar contratos onerosos a particulares durante su anterior gestión en el estado Aragua

Este miércoles el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo al ex gobernador del estado Aragua, Didalco Bolívar, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado Vargas.

Reafirmó las declaraciones en las que manifestó que Podemos es un partido que se ha convertido en una franquicia pero que presentará las pruebas, con pelos y señales, luego de ponerse a derecho.

“Hace 2 años viví la situación de persecución a mi persona y mi familia y de allanamiento, frente a esa persecución García me llamó por teléfono y pidió que me fuera del país porque la jueza Afiuni me había negado el derecho de tener abogado y que uno de mis hijos estuviera presente en el juicio”, recalcó el ex gobernador.

Bolívar llegó a Venezuela a las 12:00 del mediodía en un vuelo comercial de la aerolínea COPA, proveniente de Panamá, país en el que estuvo luego de que en Perú le negaran el asilo político por más de mil casos de ajusticiamiento presuntamente cometidos por la Policía de Aragua.

Didalco Bolívar salió del país en 2009 luego de que el Ministerio Público emitiera una orden de captura por otorgar contratos particulares durante su gestión como gobernador de la entidad aragüeña.

En las últimas semanas, Bolívar señaló que iba a regresar a Venezuela para presentar pruebas que vinculan con actos de corrupción a su ex compañero del partido Podemos y diputado ante la Asamblea Nacional, Ismael García.


Por: AVN
Judicial | Política
EL NACIONAL

Feria escolar: Aviones rusos ilustran cuadernos socialistas

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Cuadernos ilustrados con el satélite Simón Bolívar en la feria escolar socialista.



Cuadernos ilustrados con el satélite Simón Bolívar en la feria escolar socialista.

Feria escolar “socialista“


La moda este año en la feria escolar socialista serán los cuadernos grandes de una sola línea ilustrados con los aviones rusos Sukhoi adquiridos por el Gobierno en 2006 para la Fuerza Aérea Venezolana.

En la contraportada elaborada por Invepal, se le indica a los estudiantes que debido a la decisión de EEUU de no vender repuestos ni municiones o misiles para los F-16, el Gobierno decidió comprar 24 aeronaves a Moscú.

En la contraportada elaborada por Industria Venezolana Endógena de papel Invepal, se le indicará a los estudiantes que debido a la decisión de Estados Unidos de no vender repuestos ni municiones o misiles para los aviones de combate F-16 que eran las aeronaves principales de la Fuerza Aérea, el gobierno de Hugo Chávez decidió comprar 24 aviones Sukhoi Su-30 a Rusia.

Otra de las ilustraciones de los cuadernos este año es la celebración del Bicentenario, el Satélite Simón Bolívar, paisajes de los principales estados del país y la imagen del buque escuela Simón Bolívar con la marca del corazón rojo Hecho en Socialismo.

Los cuadernos pequeños se venderán entre 3,5 y 4 bolívares y los grandes en 7 bolívares, que según el ministro de Ciencia y Tecnología, Ricardo Menéndez, representan un ahorro de 42,86%% con respecto a los comercios privados. El funcionario indicó que en las ferias están participando este año 125 empresas financiadas por el Fondo Bicentenario.

En Caracas, la feria está desde este martes en la parte baja del edificio Torre Ministerial en la esquina El Chorro y desde el sábado en el Sambil de La Candelaria, expropiado por el Gobierno. Además de útiles escolares se ofrecerán uniformes, morrales y creyones. Resaltaban las cartucheras con las pinturas históricas de Miranda en la Carraca, la Muerte del Libertador y Manuelita Saez a 15 bolívares cada una.


Por: Katiuska Hernández
@Lachurry
Educación| Política
EL NACIONAL

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Miami: Rafael Ramírez vinculado a fortuna privada

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Una disputa judicial en Miami puso al descubierto las actividades sospechosas de una cuenta en el Ocean Bank que está vinculada a uno de los funcionarios más influyentes del gobierno de Venezuela.

Transacciones bancarias sospechosas
del Ministro Rafael Ramírez en Miami

 

■ Posible fraude bancario.

■ Actividades sospechosas de una cuenta bancaria en Miami vinculada a un influyente funcionario del gobierno de Hugo Chávez.

MIAMI.- Una disputa judicial en Miami puso al descubierto las actividades sospechosas de una cuenta en el Ocean Bank que está vinculada a uno de los funcionarios más influyentes del gobierno de Venezuela.

Una amplio seguimiento de Univision, pudo determinar que la cuenta está relacionada con Rafael Ramírez, el presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y actual ministro de Energía y Petróleo en el gabinete del presidente Hugo Chávez.

Los problemas con la cuenta surgieron luego de que una ejecutiva del banco empezó a notar transferencias desde Venezuela que no correspondían a los documentos que había aportado el titular para justificar su origen.

La oficial de fortunas privadas, Niurka Sánchez, quien manejaba la cuenta, alegó en una demanda en Miami que la despidieron injustamente en enero de 2009 luego de reportar como “sospechosas” varias transacciones de la cuenta ante autoridades financieras de Estados Unidos.

“Ella reportó actividades sospechosas en una cuenta en particular y a consecuencia de esa denuncia tomaron represalias en su contra”, dijo Pelayo Durán, abogado que representa a Sánchez en el litigio.

Una disputa judicial en Miami puso al descubierto las actividades sospechosas de una cuenta en el Ocean Bank que está vinculada a uno de los funcionarios más influyentes del gobierno de Venezuela.

La corte de Miami-Dade:

De acuerdo con documentos de la corte, la operación funcionaba de la siguiente manera: Rafael Ramírez entregaba el dinero a un abogado de Venezuela, identificado en los papeles de la corte por las iniciales “RB”.

Según fuentes familiarizadas con las investigaciones federales, RB consignó al banco un contrato legal para demostrar que el origen del dinero era legítimo, y provenía de pagos realizados por Ramírez por honorarios profesionales.

El abogado es descrito en algunos documentos de la corte como un especialista en el área criminal en Venezuela. Los papeles, sin embargo, no detallan qué tipo de trabajo realizó el jurista a favor de Ramírez.

RB también es mencionado en la declaración jurada del presidente del banco, Alfonso Macedo, como una persona muy cercana a su familia, que presta regularmente servicios de asesoría legal al Banco Plaza, en Venezuela, también propiedad de los accionistas mayoritarios del Ocean Bank.

El abogado enviaba regularmente a la cuenta en el Ocean Bank transferencias de entre $300,000 a $600,000, que superaron los $3 millones en un período de unos 14 meses, entre 2007 y 2008.

Una vez que el dinero ingresaba en su cuenta, RB impartía instrucciones para que los depósitos se transfirieran de inmedaito a cuentas cifradas en Suiza y Luxemburgo.

Preocupada porque algunos de los giros eran ajenos al contrato de asesoría entre el abogado y el presidente de Pdvsa, Sánchez decidió informar al Fincen, el organismo del gobierno de Estados Unidos que investiga el lavado de dinero en el sistema financiero norteamericano e internacional.

De acuerdo al documento de la corte, Macedo, el presidente del banco, recriminó a Sánchez por haber reportado la cuenta a Fincen, y le advirtió que “no debería haber reportado la transacción porque una de las partes envueltas era un íntimo amigo de la familia”, haciendo referencia a RB.

“La señora Sánchez reportó la actividad sospechosa y la reportó al presidente del banco, entre otros, y a raíz de haberlo reportado, ella se volvió un problema”, dijo Rod Hannah, miembro del equipo de defensa de Sánchez.

La ex ejecutiva bancaria, que llevaba 25 años trabajando para Ocean Bank, alegó en la demanda que el banco removió ilegalmente las evidencias de los documentos de la cuenta “para encubrir la actividad sospechosa y potencialmente ilegales’’, afirma la demanda.

Además de la demanda civil, Sánchez cooperó con una investigación criminal por lavado de dinero que organismos federales adelantaban en el Ocean Bank.

“Específicamente nosotros sabíamos que había una investigación y nosotros hemos asistido al gobierno federal en todo lo que han necesitado bajo nuestras restricciones”, dijo el abogado defensor Pelayo Durán.

Los abogados de la firma Holland & Knight, que representan al banco, dijeron a Univisión que “la política de Ocean Bank no es hacer comentaqrios sobre casos en litigio”. Ambas partes llegaron a un acuerdo para evitar un juicio público, pero el acuerdo debe ser aprobado por el Fondo de Garantías Bancarias (FDIC) antes del próximo 7 de septiembre.

Un cuestionario enviado por Univisión al presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, a través de la embajada de Venezuela en Washington, no fue respondido.

No es la primera vez que Ramírez aparece mencionado en una disputa legal en Miami. En 2008 fue vinculado al escándalo del maletín de los $800,000 que presuntamente fueron enviados por el gobierno venezolano a la entonces candidata presidencial Cristina Kirchner.

Si el FDIC no aprueba el acuerdo entre las partes, “vamos a ir a un juicio abierto y público”, advirtieron los abogados de Sánchez.

Ocean Bank fue sometido a una pesquisa federal que culminó hace dos semanas con una multa al banco por más de $10 millones, debido a que no tomó las medidas adecuadas para evitar el lavado de dinero durante casi diez años.

Los investigadores federales encontraron que las fallas del banco no sólo se presentaron en el manejo de cuentas de venezolanos, sino también en depósitos de narcotraficantes mexicanos.

Por: Gerardo Reyes
Casto Ocando




MARIANELLA SALAZAR: El método del bilongo

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Artillería de Oficio

 

El cáncer no tiene por qué ser una sentencia de muerte. Testimonios de miles de pacientes narran cómo vencieron la enfermedad, todos siguieron rigurosamente los tratamientos y se aferraron a la vida con mucha fe en sus propias fuerzas espirituales. Lo afrontaron con serenidad y dignidad, que es la mejor manera de asumir cualquier desgracia. Claro está, que hay quienes se niegan con obstinación a aceptar la realidad, se perciben omnipotentes y no aceptan que pueden morir antes de tiempo; es decir, antes de cumplir su misión de vida.

En la Venezuela regida por Chávez la mayoría de los enfermos de cáncer y otras dolencias terminales ­especialmente los de menos recursos­ se mueren antes de tiempo por falta de dotación y el deterioro en los hospitales. Cientos de miles de ciudadanos pierden la vida antes de tiempo a manos de la violencia. En agosto fueron ingresados más de 520 muertos a la morgue de Bello Monte, el último fin de semana es considerado como el más sangriento en lo que va de año, pues hubo 70 cadáveres en la medicatura forense a causa de la violencia en sus diferentes manifestaciones: robos, atracos a mano armada, venganza, ajuste de cuentas y sicariatos. Murieron antes de tiempo por falta de una política eficaz de seguridad implementada por el Estado.

La tragedia que enluta a miles de familias venezolanas por causa del crimen es un hecho cotidiano. El shock que significa para padres, hijos o esposos recibir la noticia de la muerte de sus seres queridos por culpa de la violencia inusitada no es un asunto trivial, los noticieros de televisión y la prensa nos relatan la tragedia que sufren esas familias, las consecuencias durísimas que tienen que soportar, la humillación en la morgue, el dolor y las cargas sin estar preparados para asumir las secuelas de terribles pérdidas. En los medios de comunicación oficiales no se analizan los graves efectos psicosociales de las muertes violentas; al contrario, hay un gran vacío que pretende silenciar ­infructuosamente­ el gran fracaso del Gobierno con el problema de la inseguridad ciudadana y la impunidad del hampa, que durante los 12 años que ha permanecido Chávez en el poder ha sido auspiciada y promovida por el discurso de odio y resentimiento social, además de ese culto loco, tardíamente prescrito, de ¡Patria o Muerte! Si hay algo de lo que somos conscientes es que en los gobiernos de Chávez “vivimos viviendo”, pero de prestado.

Nos hemos familiarizado tanto con el tema de la muerte que resulta demoledor. Nunca antes la conceptualización de la muerte había sido tan degradada como en este final de Gobierno, donde la enfermedad del Presidente ha sido tan dramatizada y banalizada por él mismo, que lo rebaja a una conducta tremendamente inmadura y grotesca. La forma irracional cómo afronta el cáncer, conjurándolo con métodos nada científicos: primero con el ritual de los cabezas rapadas que se corresponde con prácticas de santería y magia africana en Latinoamérica, después la farsa, practicada en Miraflores, del llamado Bilongo de la Salud, una actividad espiritual afrodescendiente con bailes de tambor que sirvió de preámbulo a la tercera fase de quimioterapia recibida en el hospital militar Carlos Arvelo, envuelto en una atmósfera mágico-religiosa con vigilias incluidas, en la que se invocan los espíritus de la Sabana y de Maisanta para exorcizar la enfermedad y, sobre todo, alejar el alma de Franklin Brito ­que murió en ese hospital, recluido contra su voluntad­ para que no venga desde el más allá a reclamar justicia.


Por: MARIANELLA SALAZAR
msalazar@cantv.net
Política | Opinión
EL NACIONAL

Acusan a Mario Silva de instigación al odio ante Fiscalía General

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Ismael García dijo que, al igual que María Teresa Castillo, ha sido víctima de los ataques violentos en La Hojilla.
Ismael García dijo que, al igual que María Teresa Castillo, ha sido víctima de los ataques violentos en La Hojilla.

El diputado pidió investigar acusaciones
de corrupción en su contra

 

■ Demandaron a Mario Silva en Fiscalía.

■ Piden investigación por “campaña de odio” emprendida por programa La Hojilla.

El diputado y secretario general de Podemos expuso en su denuncia que, como María Teresa Castillo, ha sido objeto de ataques en el programa de Silva, La Hojilla. “Lo ha hecho conmigo, lo hizo contra la señora Castillo, fundadora y presidenta del Ateneo de Caracas por muchos años, y también contra médicos, estudiantes y sacerdotes”.

El diputado de la Asamblea Nacional Ismael García demandó ante la Fiscalía General al conductor de La Hojilla, Mario Silva, por el discurso de instigación al odio que emplea en el espacio televisivo.

Consideró que Silva emprende desde hace años una campaña de rechazo contra todas las personas que piensan de forma distinta al Gobierno.

“Lo ha hecho conmigo, lo hizo contra María Teresa Castillo, contra médicos, estudiantes, y hasta sacerdotes, a los que ha llamado ignorantes y depravados”, expresó.

En la demanda el diputado dice que los países con democracia se caracterizan por penalizar los delitos de odio, ya que “propenden a la intolerancia y la violencia entre sus habitantes”. Puso como ejemplo los ataques llevados a cabo por grupos del nazismo y el fascismo.

“De forma indiscriminada y reiterada en el programa La Hojilla muchos venezolanos hemos sido víctimas de una política comunicacional violenta que atenta contra los valores de la vida y del ser humano”, señala la demanda.

El parlamentario lamentó que Silva utilice con frecuencia frases como “escuálidos, oligarcas, cachorros del imperio, burguesía, criminales, delincuentes”, entre otras, para desprestigiar.

García aseguró que, a través de sus expresiones, Silva generó un clima de odio en su contra que creó espacios de impunidad para las conductas agresivas, que implican una legitimación de la violencia. Aseguró que debido a ello lo han agredido de forma verbal y han intentado atacarlo físicamente.

El diputado cita en el documento el artículo 285 del Código Penal que establece: “Quien instigue a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de tres a seis años”.

Acusaciones de corrupción:

El parlamentario denunció también que en La Hojilla Didalco Bolívar lo ha acusado de estar involucrado en actos de corrupción, en los que presuntamente recibió 9 millones de dólares por alquilar la sede del partido Podemos.

Pidió a la Fiscalía que investigue quién le dio el dinero, dónde está el contrato de arrendamiento y cuáles son los actos de corrupción en los que está involucrado.

También solicitó que si se demuestra que las acusaciones son falsas Bolívar pague los costos de la investigación y se responsabilice penalmente.

En la demanda el diputado pide que se nombre un fiscal especial para investigar los hechos y se determinen las responsabilidades de Silva y de Bolívar.

García dijo que no confía en que la justicia venezolana sancione a los demandados, por lo que se dirigirá a instancias internacionales. Aseguró que acudirá a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.


Por: ALEX VÁSQUEZ S.
alvasquez@el-nacional.com
JUSTICIA | JUDICIAL
EL NACIONAL


VLADIMIR VILLEGAS: El sexto poder de la hojilla

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Tiempos de cambio

 

El caso de Sexto Poder nos lleva nuevamente a reflexionar sobre temas que han sido particularmente polémicos en estos años, como son la libertad de expresión y el ejercicio responsable del periodismo.

Ambos valores no tendrían que estar en contradicción sino que deberían ser complementarios, para que la sociedad nunca se vea en la dicotomía de escoger uno en detrimento del otro. No estoy de acuerdo con el cierre de medios y cualquier medida restrictiva de la libertad de un periodista siempre es una mala noticia, independientemente de las causas que la originen, pero tampoco creo en la solidaridad automática con quien ejerza de manera irresponsable o inescrupulosa el periodismo. Esta profesión no puede ser utilizada como canal para la guerra sucia, para el irrespeto del otro, para la descalificación de quien piense distinto, o de quien defienda proyectos políticos que en esencia sean opuestos al que nosotros compartimos.

No puede haber una doble conducta frente al uso de los medios para la guerra sucia, para el insulto o para estimular el odio. Y lamentablemente, en la Venezuela de hoy se nota a leguas que existe ese doble rasero. Para quienes comandan las instituciones del Estado venezolano, los insultos, las vulgaridades, las difamaciones y las incitaciones a la cayapa y al pase de factura contra la disidencia política, sea de origen opositor o incluso de procedencia chavista, no son tales sin son proferidas desde los medios que el Gobierno controla. Allí reina prácticamente la impunidad, y veremos si se confirma esta afirmación una vez que sepamos si pro cede la acusación contra el conductor de La Hojilla por las ofensas a María Teresa Castillo, apenas uno de los quizás cientos de casos de ciudadanos que han sido salpicados por la venenosa saliva de ese individuo.

La rapidez con la cual los órganos de justicia actuaron en el caso del reportaje de Sexto Poder, en el que se ofende a las mujeres que encabezan varios de los poderes públicos, contrasta con las respuestas evasivas que en no pocas oportunidades dan los voceros del psuvismo, cuando se les inquiere sobre el uso de los medios del Estado para el agavillamento moral. En definitiva, hay un doble rasero frente a este tema. Nos incomoda el periodismo que adversamos, pero somos complacientes y solidarios cuando la grosería, el chantaje mediático, la descalificación y el insulto sin medidas proviene de algún “camarada”, palabra por cierto con la cual se llenan la boca unos cuantos pseudo revolucionarios, que no más hace pocos años se postraban ante editores expertos en producir basura. Dígame si no es así, señor Silva…

En relación al caso de Sexto Poder, para nada comparto el tenor de ese escrito, en el cual se ofende a varias funcionarias. A algunas de ellas las he criticado por su actitud frente las instituciones que dirigen, pero jamás avalaré que se haga uso de un lenguaje escatológico para cuestionar a nadie. Debemos dar ese debate sin prurito alguno y sin visiones polarizadas que nos lleven a la misma conclusión de que el periodismo de cañería vale cuando el excremento va dirigido a nuestros adversarios, y es cuestionable cuando embadurna a uno de los nuestros. Y fíjense ustedes que los extremos terminan pareciéndose. No hay diferencia entre lo que se hace desde la pantalla del canal del Estado en algunos de sus espacios y lo que se publicó en el semanario Sexto Poder. Apelan a lo mismo, a los sentimientos más bajos, a la descalificación de la persona, al lenguaje escatológico cuando no se encuentran o no se quieren encontrar argumentos de peso, sustentados e incluso decentes para criticar al otro…

Frente a ese tipo de periodismo marco distancia, y creo que la mayoría de los venezolanos también.


Por: VLADIMIR VILLEGAS
vvillegas@gmail.com
Política | Opinión
EL NACIONAL

COSTA RICA: Ex juez Velásquez Alvaray recibe refugio político

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Ex juez afirma que sufrió infamias por hacer denuncias que tocaron al Gobierno.



Ex juez afirma que sufrió infamias por hacer denuncias que tocaron al Gobierno.

Migración le otorgó refugio al estimar
que su vida corría peligro en Venezuela

 

■  Velázquez Alvaray adquirió Costa Rica, con otros coterráneos, la Universidad de Ciencias Empresariales (UCEM), con sede en Alajuela, así como propiedades en Abangares y Osa que suman 438.500 metros cuadrados (44 hectáreas).

San José.- El ex magistrado venezolano Luis Velásquez Alvaray quien fue cercano a Hugo Chávez, imputado en su país por presuntas irregularidades en la compra de un edificio judicial, vive aquí en condición de refugiado desde hace cuatro años e invierte en sectores como educación y bienes raíces.

Velázquez fue denunciado por Jesse Chacón, entonces ministro de Justicia. Chacón lo acusó de haber comprado un edificio a la empresa AZ 2000 C. A. por $6,6 millones y, a la vez, contratarle la readecuación de este por $16,7 millones sin que mediara un concurso público.

Luis Velázquez Alvaray, quien además fue diputado durante el primer gobierno de Chávez, se radicó en nuestro país en el año 2006.

La Dirección de Migración y Extranjería le otorgó la condición de refugiado a Velázquez luego de que este argumentara que era amenazado de muerte por el Gobierno de su país y perseguido por sus opiniones sobre la falta de independencia de los poderes judicial, legislativo y ciudadano en la República Bolivariana de Venezuela.

Consultado por La Nación, el ex magistrado sostuvo que fue víctima de amenazas e infamias por haber desempeñado correctamente su papel de juez, además de que el tiempo le dio razón en sus denuncias. “Combatí narcotraficantes y ellos son muy poderosos”, adujo.

Velázquez salió de su país en medio de un escándalo por un contrato para ejecutar el proyecto Ciudad Lebrún, edificación que serviría de sede para los tribunales de justicia en Caracas, capital venezolana.

En ese momento, además de ser magistrado, el ex diputado estaba a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), la cual administraba el proyecto.  La denuncia llegó al Consejo Moral Repúblicano de Venezuela, integrado por el fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general. Este órgano determinó que Velázquez incurrió en faltas graves y recomendó a la Asamblea Legislativa su destitución. 

Ausencia:

El exmagistrado no se presentó a una audiencia prevista en la Asamblea y abandonó el país.

Él arribó al aeropuerto Juan Santamaría el 26 de junio del 2006. Dos días después, al solicitar la condición de refugiado a la Dirección de Migración y Extranjería, afirmó que era amenazado por grupos parapoliciales y que permanentemente vigilaban su casa.

En ese momento él todavía no era objeto de ninguna acusación penal en Venezuela.

Velázquez alegó , además, que, como magistrado, tomó decisiones que afectaban a integrantes del Poder Ejecutivo, por lo que era perseguido por grupos del Estado.

Migración y Extranjería avaló el testimonio del venezolano y las pruebas aportadas, como artículos de periódicos. Mario Zamora, exdirector de Migración, dijo que no podía referirse a temas de refugiados.

Posteriormente, algunos trámites ante Migración se los gestionó el bufete del abogado Rubén Hernández Valle. Este dijo que el caso se lo remitió el exministro de Seguridad, Fernando Berrocal, quien aceptó conocer a Velázquez por tener amigos venezolanos, pero aclaró que su bufete no le dio servicios.

Orden de captura:

En enero del 2008, dos años después de su llegada a Costa Rica, la Fiscalía venezolana anunció que un tribunal de Caracas emitió una orden de captura contra Velázquez para juzgarlo por presuntos delitos de evasión de procesos licitatorios, concierto con contratista y peculado.

La Nación consultó a la oficina de comunicación del Ministerio Público de Venezuela el estado actual de ese caso, pero no respondió.

Sobre ese proceso, Velázquez dijo que presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional venezolana en que demuestra una violación a sus derechos. “Nada más puedo hacer, y seguramente la justicia llegará”, afirmó.



* Participó en esta información la periodista venezolana Emilia Díaz-Struck.

*Esteban Oviedo. Editor de Política. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005 y en el 2007 recibió el premio Jorge Vargas Gené.


Por: Esteban Oviedo
@oviedoperiodism
eoviedo@lanacion.com

La Nación




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Costa Rica: No se pudo extraditar a ex juez chavista Velásquez Alvaray

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Luis Velásquez Alvaray, ex magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es acusado de actos de corrupción en el proyecto de la “Ciudad Lebrún”, un complejo de o? cinas judiciales que serviría en Caracas.



Luis Velásquez Alvaray, ex magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,

En Costa Rica es un próspero empresario dueño
de la Universidad de Ciencias Empresariales

 

Lea también: COSTA RICA: Ex juez Velásquez Alvaray recibe refugio político

■   La justicia venezolana lo busca por el escándalo de “Ciudad Lebrún”.

■   El otrora funcionario fue capturado y liberado ayer mismo en Colombia por convenios internacionales.

■   Es acusado de actos de corrupción en el proyecto de la “Ciudad Lebrún”, un complejo de oficinas judiciales que serviría en Caracas.

■   Luis Velásquez Alvaray, ex jefe de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y ex magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fue capturado y liberado ayer mismo en Barranquilla, Colombia, y su extradición, a la que sin duda apelaría el Gobierno venezolano, no podrá concretarse.

Caracas.- La Agencia Venezolana de Noticias publicó en su portal la captura del ex militante del chavismo y destacaban la petición de la justicia venezolana sobre su figura, pero los convenios de asilados firmados entre Colombia y Costa Rica, que contemplan libre tránsito entre las dos naciones, permitieron que Velásquez Alvaray fuese puesto en libertad.

El otrora funcionario chavista y fundador del MVR en Mérida, es solicitado por la justicia venezolana desde 2006, año en que se develó un gran escándalo de corrupción que obligó al Gobierno del anonimato en una entrevista con el Diario La Nación, de Costa Rica, como uno de los empresarios más prósperos.

De acuerdo con el testimonio de Velásquez Alvaray, éste compró la Universidad de Ciencias Empresariales.

Se trata de una casa de estudios privada cuyo eslogan es “Preferimos ser buenos, antes que grandes”. Está situada en Alajuela, la segunda ciudad más importante de Costa Rica, distante a 20 minutos del aeropuerto internacional “Juan Santamaría” y a 40 minutos de San José, la capital de este país centroamericano.

Alajuela tiene cerca de 50 mil habitantes y opera como un gran centro de comercialización del café y el azúcar. En la entrevista no se menciona cuánto pagó Velásquez Alvaray por esa Universidad.

Tampoco detalló qué tipo de bienes compró para sus negocios inmobiliarios, aunque sólo comentó que tiene propiedades en Abangares, una ciudad playera del océano Pacífico en límites con Nicaragua. También dijo tener bienes en Osa, un paraíso turístico donde se encuentran las famosas playas “Ventanas”, “Arco” y “Punta Ballena” con vista a las montañas de “El Muñeco”, un paraje similar al merideño. En su entrevista con La Nación, Velásquez Alvaray dijo que cuando solicitó asilo como refugiado en Costa Rica “estaba amenazado por narcotraficantes”.





Por: Equipo de Sucesos
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Maracaibo, martes, 30 de agosto de 2011
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