Venezuela obtuvo 2,64 puntos de 10 posibles en protección de los derechos de propiedad
Venezuela obtuvo 2,64 puntos de 10 posibles en protección de los derechos de propiedad
El país supera a Myanmar y Zimbabue
entre 141 naciones estudiadas
Venezuela retrocedió un paso en la lista de libertades económicas en el mundo y ocupa el puesto 139 entre 141 países, indica el informe Libertad Económica en el Mundo 2011, realizado por el Instituto Fraser de Canadá en colaboración con Cedice Libertad en Venezuela.
En el ranking global Venezuela obtuvo 4,28 puntos sobre 10 posibles, superando solo a Myanmar y Zimbabue, países que tienen los lugares 140 y 141 con 4,16 y 4,08 puntos respectivamente.
Hong Kong, con 9,01 puntos, encabeza la lista, seguida por Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia. Chile es el país latinoamericano en mejor ubicación, el puesto 7 a escala global con 7,77 unidades.
En particular, Venezuela obtuvo bajos puntajes en áreas como el tamaño del Gobierno, donde calificó con 4,88 unidades; marco legal y derechos de propiedad, donde obtuvo un promedio de 2,64 puntos de 10 posibles.
Para el apartado de marco legal, Venezuela logró 1,15 puntos de 10 en independencia judicial, 1,22 puntos en imparcialidad y autonomía de los tribunales y 1,26 puntos en protección a los derechos de propiedad.
El país apenas logró 0,83 unidades en la categoría de interferencia de militares en cumplimiento de leyes y política; y 1,67 puntos en integridad del sistema legal y de justicia.
También destacan las bajas calificaciones en el mercado laboral, donde las regulaciones para contratar personal y la imposición del salario mínimo dejan a Venezuela con 2,23 puntos; mientras que las restricciones para despedir al personal contratado se traducen en 2,05 puntos sobre 10.
Libertad y riqueza:
El estudio de Libertad económica señala que las naciones con mayor índice de libertad económica tienen mejor desempeño que las de poca libertad.
Indican que los países en el primer cuartil de mayor grado de libertad tienen un PIB per capita casi 8 veces superior que el del grupo de los países en el último cuartil con menores libertades, con un crecimiento promedio de 3,07% en el Producto Interno Bruto por persona desde 1990, frente a una evolución de 1,18% en el PIB per capita en los últimos 21 años para los países menos libres en su economía.
Además, en los países en cuartil más alto de libertades, el ingreso promedio del 10% más pobre de la población fue de $8.735, comparado con una media de $1.061 en ingresos que tuvo el 10% más pobre en el cuartil de países con menores libertades.
Y de hecho, el ranking explica que el promedio de ingresos del 10% de la población más pobre en los países con mayor libertad económica, es casi el doble del promedio general de ingreso ($4.545) de la población en los países con menor grado de libertad.
Asimismo, la tasa del nivel de pobreza de subsistir con 1,25 dólares al día es 2,7% en los países de mayor libertad económica, mientras que en el extremo opuesto de países, la tasa de pobreza alcanza 41,5%.
Retrocede Estados Unidos:
La crisis económica pasa factura a las libertades del sector en Estados Unidos, concluye el informe del Instituto Fraser.
La mayor economía del mundo, la estadounidense, ha sufrido una de las mayores caídas de los últimos 10 años, y respecto al informe del año 2010 Estados Unidos retrocedió 4 puestos hasta el lugar 10.
Señala el Informe de Libertades Económicas que ese resultado se debe “en gran parte al mayor gasto público y el endeudamiento, así como por las puntuaciones más bajas en marco legal y los componentes de los derechos de propiedad”.
El Gobierno norteamericano ha mantenido los estímulos fiscales como medida para reactivar el aparato productivo tras la fuerte recesión y crisis vivida en 2009.
Por: Redacción
Política | Opinión
EL UNIVERSAL
jueves 22 de septiembre de 2011
En el patio central del Core 3 estaban las 33 unidades con sus respectivos tanques adaptados. En la gráfica se muestra uno de los recipientes, que alberga unos 120 litros de combustible, que sumado al tanque original del camión, suman 320 litros.
En el Core 3 estaban las 33 unidades con sus respectivos tanques adaptados. En la gráfica uno de los recipientes, alberga unos 120 litros de combustible, que sumado al tanque original del camión, suman 320 litros.
Más de 17 mil litros de gasolina iban
de contrabando rumbo a Colombia
■ También confiscaron una gandola con 13 toneladas de cebolla y 2 de ajo chino en el Puente sobre el Lago.
■ Los propios trabajadores suelen quejarse de que las bandas usan armas de fuego para exigir que les carguen los vehículos hasta el tope.
■ Ayer la Guardia Nacional propinó el golpe más duro del año, al interceptarlos en la zona norte de Maracaibo en una operación sorpresiva.
■ Anoche se anunció que hubo otros decomisos en Paraguaipoa, a escasos minutos de la línea limítrofe, donde fue redoblado el patrullaje militar.
■ Mientras las colas castigan a los usuarios de las estaciones de servicio, mafias de traficantes la sacan a la vista de todos por la zona fronteriza.
Con un importante operativo ejecutado por la Guardia Nacional Bolivariana, donde se produjo la incautación de más de 17 mil litros de gasolina de comercio ilegal, y casi 20 toneladas de comida, se estrenó el general José Dionisio Goncalves Mendoza, a tan sólo cuatro días de haber asumido el mando del Core 3.
Su accionar, al parecer, promete acabar con el contrabando de ex-tracción de gasolina y alimentos en el Zulia.En el patio central del Comando Regional número 3, el general Goncalves Mendoza ofreció detalles sobre estas incautaciones, su-madas a otra realizada la tarde del lunes en Paraguaipoa, donde se presentó una situación irregular.
Más de 30 camiones:
“En la mañana de hoy (ayer) nuestros efectivos desplegaron el operativo en diversas estaciones de servicio, logrando la captura de 33 camiones doble tanque, donde almacenaban 320 litros de com-bustible cada uno. Estos vehículos fueron retenidos en las estaciones de servicios “Canchancha” y “Bomba Caribe” y todos serán puestos a la orden de las autoridades competentes”, informó Goncalves.“También en La Concepción, se logró la incautación de 85 pipas de combustible, con un total de 3.500 litros de gasolina retenidos en un patio desolado de este municipio”, agregó el General.
Con las manos en la masa:
Asimismo, Goncalves Mendoza informó que en el peaje “Punta de Piedra”, cabecera del Puente sobre el Lago, se logró la detención de una gandola de lácteos precintada, con un total de 13 toneladas de cebolla importada, más dos toneladas de ajo chino, proveniente del Ecuador y que tendrían como destino final el estado Lara.
“Se logró la confiscación de tres toneladas y media de mercancía seca, de la cesta básica, en estas mismas bombas, que tenían como destino la hermana República de Colombia, y que estaban transportadas en un camión 350, más la detención de una gandola con 13 toneladas de cebolla importada, y dos toneladas de ajo chino, proveniente de Ecuador y cuyo presunto destino era el estado Lara. Esta mercancía era trasladada en una gandola de lácteos que tenía un precinto, cuando normalmente este tipo de mercancía se transporta sin precinto, lo que alertó a nuestros funcionarios y se procedió a la revisión logrando el hallazgo”.
Aquí está la gandola de lácteos donde transportaban las 13 toneladas de cebolla y las 2 de ajo chino. También la mercancía seca decomisada en el norte de la ciudad.
Decomiso en Paraguaipoa:
El general Goncalves Mendoza, aprovechó para informar que en la tarde del lunes, se produjo la detención de un camión de combustible ilegal en esa jurisdicción.
“Se presentó una situación irregular ante la incautación de un camión de gasolina, realizada por la Tercera Brigada de Infantería, y se decomisaron 3.000 litros de combustible y al momento del traslado nuestros efectivos fueron obstaculizados, sin embargo, los efectivos lograron controlar la situación y los responsables fueron puestos a la orden de las autoridades competentes”.
Por: Ernesto Ríos Blanco
Sucesos | Ciudad www.versionfinal.com.ve
La Cancillería Venezolana ha tenido mucho movimiento últimamente apoyando la causa Palestina para obtener un puesto en la ONU; igualmente, ha defendido a Gadafi en Libia y el presidente no se bajaba de un avión visitando China, Rusia, Irán, Argentina y Cuba entre otros países, buscando romper la polaridad del poder mundial… Eso me parece muy solidario y digno de apoyar. Pero, ¿Qué está sucediendo con nuestra zona en reclamación con la Guyana Inglesa -me pregunto-?
Da la impresión que tenemos oscuridad para la casa y claridad para la calle. Es como si no estuviésemos pendiente de los objetivos de la Nació, de su agenda histórica en correspondencia con los planes que debemos tener ante la historia del país. No puede ser que en este tema se siga improvisando y sin rendir cuentas al país.
Es necesario que éste importante tema se discuta en la Asamblea, en los medios de comunicación, en las aulas de clases, en todas partes, para ver si el gobierno reacciona y emite un pronunciamiento sobre la grave situación que presenta el estado de nuestra reclamación sobre un territorio tan importante para nuestras generaciones de venezolanos que se van formando y requiriendo de espacio, riquezas y posibilidades para el futuro inmediato.
La República de Guyana viene ejecutando acciones que la han llevado a extender de 200 a 350 millas su plataforma continental, incluyendo la porción costera del territorio en reclamación por parte de Venezuela.
Además de ello, también Guyana ha otorgado unilateralmente concesiones y contratos a compañías multinacionales en el Esequibo.
Nuestro gobierno se encuentra hundido en un mutismo insoportable y la realidad es que no estamos haciendo soberanía de ningún tipo dejando que los Guyaneses hagan y deshagan en el territorio.
Ninguna política civil ni militar se ejecuta en la zona y la diplomacia se observa de brazos caídos en manos del chofer del metro de Caracas.
Una verdadera traición a la patria que nunca se olvidaría si ese territorio se pierde por omisión, ignorancia o falta de experticia política y estratégica.
Debo señalar, que me parece que el gobierno de Chávez se encuentra perdido con este tema tan importante. Ha mezclado su compota de socialismo del tercer mundo y solidaridad con el desarrollo de Guyana Inglesa y ha puesto a un lado nuestros intereses sobre ese territorio. Por
ello, considero que los venezolanos debemos sacar las maracas y hacer mucha bulla para que este gobierno epiléptico reaccione y asuma su responsabilidad en defender nuestra soberanía históricamente mancillada, con la perdida de territorios. Se cansa uno, como dice el periodista Omar Lares.
Por: Luis Alfredo Rapozo
luisrapozo@yahoo.es
@luisrapozo
¿Qué de nuevo ofrece Chávez
para el período 2013-2019?
■ Nada. Más de lo mismo.
No es la primera vez que micomandantepresidente ordena que la cuenta de votos del chavismo se monte en los 10 millones de votos. Pero, y eso que estaba en mejor posición que ahora, nunca lo ha logrado. Todavía andan por ahí las franelitas ya roticas donde apenas se lee el viejo grito de guerra. Por eso, esta vez, la cosa parece imposible.
La suma de fracasos de Chávez, las mentiras, los incumplimientos, la corrupción del régimen, el castrocomunismo, las casitas invisibles, las carreteras desvencijadas, el hambre, el desempleo, la quiebra de cuanta empresa confiscan, la inseguridad, la inflación, la división. Demasiado el peso del fracaso y la mentira. Y, por si fuera poco, cuando hundió al país en este machorreo cubanoide, el hombre estaba sano. Muy sano. Y ahora está enfermo, muy enfermo. Dos momentos diferentes, con escenarios más complicados para el líder intergaláctico.
Por otra parte. Una cosa es que Chávez ame el poder, le guste la plata y maneje los recursos del país como suyos, le encante su avión y le fascine su palacio y otra, realmente distinta es establecer las razones que lo mueven a mantenerse en la silla, más allá de lo que su cuerpo aguantan.
Hasta ahora su estancia en la silla y manejando como ha querido más de mil millones de millones de dólares su obra se limita a arrase parejo, además de entregar a amigos y países vividores unos 300 mil millones de dólares o permitir que Guyana se apropie de territorio en disputa. Si eso es lo que tiene para mostrar en más de una década, nadie puede esperar que a futuro la cosa sea diferente.
Bien. Gana Chávez. Sigue corrido del 2012 al 2013. Otro desfile de jalamecates para la toma de posesión y cadenas de cadenas. Lo que viene es más o peor de lo mismo. No hay sorpresas ni cambios. El mismo fracaso proyectado hasta el 2020 y reafirmado en Cuba. Al término de este asalto castrochavista no quedará ni Pdvsa.
La promesa básica del castrochavismo es más de lo que ya ha probado el país, los inversionistas, los trabajadores, los estudiantes, los maestros. Más de lo que todas las regiones de Venezuela sufren a diario: sin luz, tomados por los delincuentes, reclamando derechos despojados por confiscaciones, abogados e ingenieros vendiendo libros, jóvenes huyendo del esquema de la ruina nacido en Cuba. Cadenas para inaugurar una arepera y entregarle la administración a los cubanos. Cadenas para inaugurar una pulpería que vende productos revendidos por los cubanos. Cadenas para amenazar e insultar. Más Nolia. Más Mario Silva. Más robadera. Más mentiras. Más abusos. Ese es el plan para los 10 millones de votos. La misión 7 de octubre.
Y eso que estaba sano.
Por: ELIDES J. ROJAS L. OPINIÓN | EL UNIVERSAL erojas@eluniversal.com / Twitter:@ejrl miércoles 21 de septiembre de 2011
■ Lucena espera al TSJ, mientras que Vicente Díaz afirma que la orden es de aplicación inmediata.
■ La máxima autoridad comicial ratificó el 7 de octubre de 2012 como la fecha en que se efectuarán las elecciones presidenciales.
Pese a que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de habilitar políticamente a Leopoldo López fue claramente dirigida al Consejo Nacional Electoral (CNE), éste juega con el tiempo y la distracción. Hasta el momento ni siquiera ha incluido dentro de su agenda la discusión del tema, porque tal como lo dijo ayer la primera autoridad de la institución, Tibisay Lucena, “el Poder Electoral no ha impuesto ningún tipo de sanción y por ello estamos acatando lo que nos dicen los órganos del Estado venezolano.
Sin embargo, minutos después de estas aseveraciones, el rector Vicente Díaz dijo todo lo contrario, asegurando que el órgano electoral “tiene que acatar la orden de la Corte Interamericana porque sino tiene consecuencias, inclusive de naturaleza personal para quienes no acaten ese mandato”.
La rectora principal del CNE, Socorro Hernández, también ha sido firme sobre la falta de competencias del ente electoral para tomar una decisión respecto a la recuperación de los derechos para postularse a cargos públicos del fundador de Voluntad Popular.
“Es un tema administrativo que nosotros en el Consejo recibimos de los organismos competentes, llámese Contraloría General de la República, Tribunal Supremo de Justicia, donde nos dicen que esta persona no puede ser electa en un cargo de elección popular. Si el TSJ nos comunica a nosotros que se levanta esa sanción de los ciudadanos elegibles, bueno, sencillamente se levantará esa sanción”, agregó.
Cuestionado sobre el contrapunteo de las declaraciones, Díaz manifestó que se trata de un “contrasentido” pues ya el TSJ opinó sobre el caso.
“Cuando uno va a un juicio es porque uno reconoce, primero que nada, al tribunal”, dijo en referencia a la participación del Estado venezolano en el juicio de López.
NO ES INJERENCIA:
La soberanía del país ha sido otro de los temas fuertemente tocados por individualidades del Estado venezolano en esta acalorada discusión, ya que consideran que la Corte IDH no tiene derecho a pronunciarse sobre algo que ya decidió el país. “No se trata del sujeto, porque este (López), políticamente, no tiene identidad, ningún peso en el país, se trata de un problema de soberanía y de dignidad del Estado venezolano”, expresó el procurador general de la República, Carlos Escarrá.
No obstante, el rector Díaz defendió que si de soberanía se trata, hay que hablar sobre el derecho que tiene el pueblo de escoger al candidato que quiera sin dominación de ideologías y caprichos.
Por ello, ha resuelto reunirse el próximo jueves con el equipo legal de López, integrado por los abogados José Antonio Maes y Carlos Vecchio, a fin de discutir los detalles del fallo de la Corte IDH.
Elías Jaua comenzó campaña a
la Gobernación de Miranda
En el país existe una situación institucional que no puede calificarse sino de anómala. El Presidente de la República padece una enfermedad grave que lo ha obligado a limitar su actividad de un modo que, dado su tradicional ritmo de trabajo, puede calificarse casi como de delegación de un porcentaje elevadísimo de sus responsabilidades. De paso, todo indica que si el Presidente se atuviera obedientemente a las recomendaciones médicas, esa actividad debería ser aún menor de lo que ya es.
Ahora bien, el Presidente gobierna a cuarto de máquina, pero, ¿en quién ha delegado las funciones que hoy no ejerce? Formalmente en nadie. Existe un vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, que en contadas ocasiones da la impresión de que asumiera algunas de las funciones presidenciales, pero, en otros momentos, pareciera que ese rol lo cumple en más oportunidades el canciller Nicolas Maduro. Ambos actúan sin que haya habido designación formal alguna por parte de la Asamblea Nacional, que sería la encargada de tomar cartas en el asunto, según la Constitución.
El tema no es de poca monta.
Según como se han venido desarrollando los acontecimientos relativos a la enfermedad del Presidente, es cada vez más evidente que se dan todas las condiciones para declarar su “falta temporal”. Es más, el sentido común y las exigencias de un tratamiento para el cáncer deberían hacer que el Presidente, por decisión propia, coloque en lugar prioritario todo lo relativo a ese tratamiento y durante un tiempo, hasta que sea superada la situación, abandone el ejercicio de la Presidencia y no haga otra cosa que someterse disciplinadamente a su curación. Esa “falta temporal” no significa que deja de ser Presidente sino que se ausenta del cargo por un tiempo determinado. La Constitución lo dice con toda precisión (Artículo 234): “Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más”.
Elías Jaua comenzó a ejercer la condición de candidato a la Gobernación de Miranda, para lo cual fue designado dedocráticamente por el Presidente y, tal vez inadvertidamente, argumentó que debía hacerlo porque el gobernador Capriles no ejerce su cargo sino que está dedicado a su campaña electoral. Ese razonamiento, que es falso, por lo demás, sin embargo, calza con toda propiedad a Chávez. Si Capriles puede ser acusado de ausencia, cuando es visible que está aquí y que permanece al frente de su gobernación, ¿qué decir de un Presidente que literalmente no puede ocuparse de sus obligaciones sino muy a medias y varias veces lo hace desde el extranjero? La Asamblea Nacional debería declarar la falta temporal del Presidente de la República y designar formalmente al Vicepresidente Ejecutivo Elías Jaua como su reemplazo durante los noventa días que prevé la Constitución. De lo contrario seguiremos en esta extraña situación en la cual, para todo efecto práctico, el país continuará preguntándose: ¿quién gobierna aquí?
Desempleo pega más en los sectores populares casi dos millones de personas de los grupos D y E está actualmente sin empleo.
Desempleo pega más en los sectores populares casi dos millones de personas de los grupos D y E está actualmente sin empleo.
6 millones constituyen mas de 50% de
la población económicamente activa
■ Tasa de desocupación llegó a 8,3% en agosto
■ En Venezuela hay 1.092.886 personas desempleadas, de las cuales 580.167 son hombres y 512.719 son mujeres
■ El Instituto Nacional de Estadística indica que hay 1.092.886 personas desempleadas (8,3%) y otras 5.275.848 que trabajan por cuenta propia (43,8%)
■ En el sector privado, entre empleados y obreros, hay 4.627.981 personas, pero el número de empleadores se redujo entre julio y agosto en 2.681. En ese lapso, el trabajo informal se incrementó 1,8% (94.295 personas).
El Instituto Nacional de Estadística indica que en Venezuela están desempleadas 1.092.886 personas, es decir, 8,3% del total de la población económicamente activa. Para el Gobierno esa tasa representa una reducción de 1,3 puntos en comparación con agosto de 2010, cuando se ubicó el índice de desocupación en 9,6%, 1.264.310 personas sin trabajo.
En comparación con julio de 2011, el informe evidencia que en un mes 19.621 personas quedaron sin empleo.
Del total de población desempleada, el instituto calcula que 580.167 son hombres y 512.719 son mujeres, las que representan 10,1% del total de la población acta para laborar.
Los trabajadores del sector informal, los de empresas con menos de cinco empleados, los del servicio doméstico, los que están por cuenta propia, los no profesionales (vendedores, artesanos, conductores, pintores, carpinteros y buhoneros), ayudantes o auxiliares que no son remunerados y que trabajan 15 horas o más a la semana, suman un total de 5.275.848 personas y significan 43,8% de la población económicamente activa.
En un año, 94.295 personas pasaron a formar parte de la tasa de informalidad al variar 1,8%, de 5.181.553 en agosto de 2010 a 5.275.848 en agosto de 2011. Las estadísticas del INE reflejan que se incrementó la informalidad en el género masculino en 78.894 personas en agosto, 3.356.584 hombres no tienen empleo formal ni cobertura de seguridad social y otros beneficios de ley. En el caso de las mujeres hay 1.919.264 en la economía informal.
Quince y último:
El informe del Instituto Nacional de Estadística precisa que en Venezuela están en capacidad de trabajar 13.133.249 personas, de esta cantidad 12.040.363 tienen trabajo. Sin embargo, el organismo reporta que sólo 6.764.515 de los empleados están en el sector formal de la economía, es decir, 56,2% de la población económicamente activa.
Del total de ocupados, 2.352.362 forman parte de las nóminas de la administración pública, y 4.627.981 personas en el sector privado como empleados y obreros.
El número de patronos o empleadores se redujo en 2.681 entre julio y agosto de este año, para un total de 396.030.
El INE indica que 3.359.124 personas se dedican a quehaceres del hogar, de las cuales 62.507 son hombres y 3.296.617 mujeres.
Por: Katiuska Hernandez
Laboral|Noticias
EL NACIONAL
los constantes abusos, sazonan
el paladar del Estado…
El célebre poeta español Antonio Machado decía que todo lo que se ignora se desprecia. Acerca de la ignorancia se ha debatido mucho desde el enfoque filosófico y epistemológico. Pero para los efectos de este artículo, la ignorancia a la que quiero referirme la enmarco en el grado de carencia o desinformación que es usual en un sinnúmero de personas que, al ser esclavas de su propio oscurantismo, muchas veces se desvinculan de la realidad y engruesan la fila de todas aquellas cuyos derechos son vulnerados, desconocidos, golpeados, vapuleados.
No hay mejor caldo de cultivo; nada favorece más y mejor los innobles intereses de quienes pescan en río revuelto, se enriquecen y cantan victoria como si se tratara de la conquista de un trofeo ganado en limpia lid, que la ausencia de algunos conocimientos específicos de la gente.
En la historia de las grandes fortunas económicas, tanto las de ayer como las de hoy, la ignorancia de los de abajo es un factor común del que han echado mano los que inmisericordemente pisotean la dignidad, la libertad, los derechos humanos.
Los empresarios o empleadores, si no todos, otros sí; el Estado, de quien se espera sea el guardián de los derechos de sus coasociados; las empresas de servicios públicos de todos los géneros, esto es, las que están constituidas para satisfacer mediante un pago las necesidades de sus clientes (luz, agua, aseo urbano, teléfono, televisión por cable, telefonía celular e Internet), así como las que tienen a su cargo las pensiones o la salud de sus afiliados, hacen festines, se frotan literalmente las manos y manipulan a sus cándidas víctimas prevalidas de que nadie se atreve a reclamar.
Nada hay más inhumano, y por qué no decirlo, cruel, que pagar el salario de los empleados o trabajadores de manera tardía. ¡Esto es indigno e injusto! Pone en serio peligro el bienestar de los subordinados, el de ellos y el de su familia; esto es grave y preocupante en un supuesto Estado social de derecho en el que se debería privilegiar al hombre y su entorno familiar; en el que los derechos constitucionales de los niños están
por encima de los demás derechos y se hace tanto ruido sobre los derechos de las personas de la tercera edad, las mujeres embazadas y los discapacitados.
Nada lastima más, y por qué no decirlo, ofende los derechos fundamentales, que los constantes abusos que, contra los usuarios del servicio, cometen las enriquecidas empresas prestadoras de salud que han inundado al país a ciencia y paciencia de la Ley de Protección a los consumidores.
Nada resulta más oprobioso, y por qué no decirlo, avasallante y violatorio de los principios que orientan nuestro ordenamiento jurídico, que los procedimientos unilaterales utilizados por la empresa de electricidad (CORPOELEC) cuando quiera que real o supuestamente un suscriptor está moroso con la empresa que quita la luz todos los días a los venezolanos y les corta la luz sin aviso y sin protesta…
La lista de violaciones resulta larga: es que la ignorancia, cual manjar, sazona el paladar del Estado y demás personas jurídicas, de derecho público y privado. Y como desde los tiempos de Justiniano se ha dicho que quien alega su propia ignorancia o torpeza no puede ser oído, concepto desde luego revaluado, los vividores, los inescrupulosos, las sanguijuelas, los sin consciencia, los que no conocen la ética, los amorales, los que desde lo alto manejan los hilos del poder y tienen una pandilla de obsecuentes a sus servicios, simplemente se aprovechan, no importa que con sus actitudes se les consideren explotadores. ¿Qué más pueden ser?
Y lo peor de todo es que, cuando alguien reclama sus derechos, los fieles empleados al servicio de los enriquecidos sin causa dicen: “Oiga señor, es que debe estar pendiente de los pagos y prevenido”. A mí me pasó. ¿A cuántos más en nuestra Venezuela?
La república creada en 1819 por Simón Bolívar, unificó en una sola nación a Ecuador, Nueva Granada y Venezuela.
La república creada en 1819 por Simón Bolívar, unificó en una sola nación a Ecuador, Nueva Granada y Venezuela.
Guayana Esequiba más de 150 años
de reclamación territorial
■ Venezuela reclama desde hace más de 150 años una parte del territorio de la República Cooperativa de Guyana conocido como la Guayana Esequiba.
Las cédulas reales venezolanas acreditan los derechos históricos de este país desde tiempos coloniales. En el momento de constituirse la llamada [Foto]República de la Gran Colombia por Simón Bolívar, en 1819, que comprendía los territorios de Venezuela, Nueva Granada y Quito, la frontera oriental venezolana estaba definida por el curso del río Esequibo. Hacia 1840, el descubrimiento de notables yacimientos de hierro y oro en la Guayana Esequiba despertó de nuevo el interés británico por la zona. En 1899, un tribunal dictó sentencia sobre este espacio en litigio en favor de Gran Bretaña. A partir de entonces, Venezuela no ha cesado en su empeño para recuperarlo y conseguir el reconocimiento internacional. El siguiente texto se corresponde con un artículo aparecido en agosto de 1997 en el Anuario de Encarta.
Más de 150 años de reclamación territorial:
Guayana Esequiba, llamada también Territorio del Esequibo, es una región señalada en el mapa de Venezuela con el nombre de Zona en Reclamación. Mientras se dirime el litigio fronterizo, ya sesquicentenario, forma parte del territorio de la República de Guyana, independizada de la Guayana Británica en 1966.La Guayana Esequiba, reclamada por Venezuela desde 1840, toma su nombre del río Esequibo que separa Guyana de la Zona en Reclamación. Ocupa un área de 159.500 km2, y tiene una población cercana a los 100.000 habitantes, de los cuales el 70% se concentra en la faja de la costa atlántica. Bañada por numerosos ríos, buena parte del territorio sirve para la actividad agrícola, especialmente en la costa donde fluyen los ríos Kukenán, Boruca y Pomerún, propiciando el establecimiento de grandes plantaciones de arroz y caña de azúcar. También se da, en ciertas sabanas, la cría de ganado vacuno. La existencia de oro y diamantes, más el inmenso potencial hidroeléctrico derivado de numerosas cataratas, en particular las del río Mazaruni, aumentaron las apetencias de los ingleses desde que ejercían la autoridad en la Guayana Británica (hoy Guyana), hasta llegar a despojar progresivamente a Venezuela de este territorio. Venezuela alega, en favor de sus títulos de propiedad de la Guayana Esequiba, las bulas de Alejandro VI (1493) que concedían a España “las islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir”, así como el hecho indubitable del reconocimiento y toma de posesión de las costas venezolanas, incluidas las del territorio del Esequibo, realizado por Alonso de Ojeda en 1499. Desde entonces, numerosas son las expediciones ordenadas por la Corona española para la exploración y conquista de la Guayana.
Entre los españoles y los pobladores históricos de las costas del territorio esequibo, los araucos, se estableció una intensa relación desde los tiempos mismos del recorrido de Diego de Ordaz a través del Orinoco (1531), y se continuó a lo largo de la conquista y la colonización del territorio venezolano, habiéndose otorgado expresamente a diversos conquistadores, por parte de la Corona española, jurisdicción gubernamental sobre la llamada Provincia de Araucas, convirtiéndola, en la práctica, en una zona de influencia de la existente Provincia de Margarita. En 1627 los holandeses se apoderaron del territorio que después sería la Guayana Británica, hasta que en 1648 la propia España les otorgó legalidad mediante el Tratado de Westfalia. Pero este Tratado no les daba derechos sobre ninguna parte del oeste del Esequibo, así que España los fue desalojando de los sitios que habían usurpado. Finalmente, por el Tratado de Londres, en 1814, las posesiones de Holanda pasaron a ser colonias inglesas, de donde surge la Guayana Británica.
Al asumir entonces Gran Bretaña esta porción, reconoció que su límite por el oeste es el río Esequibo. Así, apareció en su primer mapa oficial de la zona (1838). Y en 1845, cuando España reconoció la independencia de Venezuela (Gran Bretaña lo había hecho en 1825), se refirió al “territorio americano conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela…”.
Pero, a partir de 1834, la frontera oriental venezolana empezó a sufrir modificaciones cuando el naturalista británico Robert Hermann Schomburgk realizó una arbitraria demarcación, llamada línea Schomburgk, que iba desde el río Moruca hasta el río Esequibo, esto es, 4.290 km2. En 1839 el mismo Schomburgk trazó una segunda línea llamada Norte-Sur, avanzando 141.930 km2 hacia territorio venezolano, al fijar un nuevo límite desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Esequibo. El propio naturalista atribuyó a las bocas del Orinoco una enorme “importancia política”, la geopolítica de nuestros días, instando al gobierno británico a no abandonar Punta Barima, “que indudablemente es la llave de Colombia”. Lo que hoy equivaldría a decir la “puerta de América del Sur”. Venezuela inició en 1841 sus gestiones diplomáticas ante Gran Bretaña a través de su ministro en Londres, Alejo Fortique.
Al siguiente año, éste logró que se eliminaran los postes colocados por Schomburgk, y posteriormente se llegó al Acuerdo de 1850, mediante el cual ambos gobiernos se comprometieron a no ocupar el territorio en disputa. En esa mismas fechas, se evidenció, una vez más, el interés británico por el oro guayanés, cuando el cónsul británico en Ciudad Bolívar, Kenneth Mathison, expresó que “si la línea de la frontera británica va del Amacuro a la horqueta del Cuyuní, donde le entra Yuruari, el territorio aurífero caerá dentro del territorio inglés”. En efecto, en 1849, se había descubierto el potencial aurífero de Yuruari. Pese al Acuerdo de 1850, el gobierno británico siguió penetrando hacia el oeste, cada vez con más pretensiones.
En 1886 fueron modificados los mapas originales de Schomburgk por un funcionario del Colonial Office, estableciendo una nueva línea limítrofe que aumentaba a 167.830 km2 la posesión británica. Se produjo entonces la reclamación máxima, mediante la cual Gran Bretaña aspiraba a 203.310 km2 del territorio venezolano, abarcando, por supuesto, el rico distrito del Yuruari. Para esta época (1886) las minas venezolanas eran explotadas por concesionarios ingleses con capital propio y hasta con unos siete mil mineros importados. El presidente Antonio Guzmán Blanco, ampliamente informado por su comisionado Jesús Muñoz Tébar, exigió al gobierno británico (26 de enero de 1887) el inmediato retiro de su gente desde las bocas del Orinoco hasta el río Pomerún, manteniendo así el statu quo de 1850. Al no aceptar Gran Bretaña esta intimación, Guzmán Blanco rompió relaciones diplomáticas (21 de febrero de 1887).
Además de esta acción diplomática, Venezuela hizo un gran esfuerzo desde el punto de vista militar, por un lado para frenar el avance de Gran Bretaña, y por otro, para evitar una posible invasión del territorio, como se vislumbraba. En 1895, Richard Olney, secretario de Estado del presidente Cleveland, considerando los “avances” británicos en tierra venezolana como verdaderas usurpaciones, justificaba la aplicación de la Doctrina Monroe, por tratarse de la agresión de una potencia europea contra un país americano. La nota de Olney se conoce con el nombre de Cañón de 20 pulgadas. El propio Cleveland, en sesión extraordinaria del Congreso estadounidense, declaró el 17 de diciembre de 1895 que, al no aceptar el gobierno británico el arbitramento solicitado por Venezuela, los Estados Unidos investigarían exhaustivamente sobre los límites de los países en disputa y luego se opondrían “por todos los medios a su alcance, como a un ataque directo a sus derechos e intereses, a la apropiación por la Gran Bretaña de cualesquiera tierras, o al ejercicio de su autoridad en cualquier territorio que de la investigación resulte pertenecer por derecho a Venezuela”.
Sin embargo, esto no pasó de una acción diplomática sin otras consecuencias. Estados Unidos y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo (noviembre de 1896) para hacer firmar a Venezuela, sin más alternativa, el Tratado de Arbitraje (2 de febrero de 1897). Así se llegó al laudo del 3 de octubre de 1899, mediante el cual Venezuela perdió 149.500 km2. En el Tratado de Arbitraje hubo representantes de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero no se permitió la intervención de ningún venezolano. Con la posterior aparición de documentos que demostraban las irregularidades legales de este laudo, Venezuela denunció ante las Naciones Unidas (febrero de 1962) la nulidad del laudo de 1899, acción que se confirmó el 12 de noviembre de 1962 ante el Comité Político Especial de la misma ONU.
Tras numerosas diligencias diplomáticas, el 17 de febrero de 1966 (gobierno de Raúl Leoni) se firmó entre los gobiernos de Venezuela y el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el llamado Acuerdo de Ginebra, por el cual se creó un comisión mixta para buscar soluciones prácticas a la controversia entre ambos países, luego de declarar Venezuela que el laudo de 1899 es “nulo e irrito”. Por el artículo IV de dicho acuerdo se estableció un plazo de cuatro años para que la comisión mixta llegara a una solución satisfactoria. En mayo de 1966 la Guayana británica se independizó, de modo que Venezuela pasó a negociar con el nuevo Estado de Guyana. Transcurrido el plazo acordado, el 18 de junio de 1970 (gobierno de Rafael Caldera) se firmó en Trinidad el Protocolo de Puerto España, que tendría una vigencia de doce años. Este periodo se venció en 1982 (gobierno de Jaime Lusinchi) sin que se tenga hasta ahora ninguna solución. Actualmente el asunto de la Guayana Esequiba está en manos del Secretario General de las Naciones Unidas.
* Vinicio Romero Martínez, doctor en Historia, ha escrito numerosas obras de carácter histórico y ha trabajado como coordinador en la Enciclopedia temática de Venezuela y como asesor de Gabriel García Márquez en su novela El general en su laberinto. En 2007 es conducido a su última morada en el Cementerio del Este de Caracas al profesor Vinicio Romero Martinez, historiador celebrado y leído, nativo de los Puertos de Altagracia, estado Zulia y quien fue Presidente y Presidente Honorario de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Consul General en Puerto Rico y Embajador en Trinidad y Tobago. De vida creadora y útil Vinicio será siempre un valor esencial del ser nacional.
El proyecto de ley para la regularización y control de arrendamientos elimina el pago de depósitos por alquiler.
El proyecto de ley para la regularización y control de arrendamientos elimina el pago de depósitos por alquiler.
Advierten que las leyes y normas
desequilibradas son inviables
■ Países como Argentina, Chile y España garantizan los derechos de inquilinos y propietarios.
El proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas, aprobado la semana pasada por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, aleja a Venezuela del camino trazado por las normas de alquiler vigentes en Iberoamérica.
Las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España y Perú garantizan los derechos de los propietarios de inmuebles arrendados, sin dejar de proteger a los inquilinos, porque están orientadas a promover la inversión privada en el sector y lograr que la oferta cubra la demanda.
“¿Qué es lo que han hecho esos países en momentos de crisis? Buscaron proteger a los inquilinos, pero también dieron muchos beneficios a los propietarios y crearon condiciones para que el alquiler se desarrollara”, dice Teresa Borges, abogada especializada en derecho inmobiliario.
Los términos de la intervención estatal dependen de la ideología política de quienes gobiernan.
“Cuando no hay respeto por la propiedad privada se castiga, cuando se cree en ella se le otorga valor. De allí los diferentes enfoques en las leyes”, expresa.
La abogada agrega que lo más importante es que las normas sean viables, lo cual solamente es posible cuando se toman en cuenta a todos los actores involucrados en la materia regulada: no puede perjudicarse a unos para beneficiar a otros.
“Cuando una parte de la población no se siente representada por una legislación buscará todas las vías posibles dentro del marco legal e incluso fuera de él, lo cual es sumamente grave y puede tener consecuencias nefastas para burlarla”.
Arrendamiento premiado:
En Argentina se otorgan beneficios impositivos a quienes invierten en la construcción, rehabilitación o compra de unidades residenciales para destinarlas al arrendamiento como vivienda familiar permanente. Incluyen la deducción de las sumas invertidas y la exención de la utilidad originada por el alquiler, del impuesto a las ganancias.
En Ecuador se exonera del pago de todo tributo relacionado con predios urbanos a los edificios construidos dentro del perímetro de las ciudades durante un plazo de cinco años, contados a partir de la conclusión de la obra.
En España sólo se toma en cuenta la mitad del rendimiento neto que produce el alquiler de vivienda para el cálculo del impuesto a las ganancias. La deducción puede ser total en el caso de que los inquilinos tengan de 18 a 35 años de edad y ganen menos de un monto estipulado por el Gobierno.
En Perú se creó un sistema de “mutuales de alquiler” que permite a las instituciones del sistema financiero emitir títulos negociables certificados de ahorro inmobiliario equivalentes al valor de los metros cuadrados de construcción adquiridos.
Garantías vigentes:
A diferencia del proyecto que discute la Asamblea Nacional, en el que el oficialismo suprimió el pago de depósitos, las leyes de otros países establecen la obligación del inquilino de otorgar garantías al propietario del inmueble.
La ley de Argentina indica que el monto del depósito no superará un mes de alquiler por cada año de contrato. Agrega que la cantidad entregada será devuelta, ajustada por inflación, al terminar el contrato.
“El arrendador podrá exigir al arrendatario que caucione sus obligaciones mediante una garantía que deberá ser en dinero y, en tal caso, no podrá exceder de un mes de renta”, dice la norma vigente en Chile.
El marco legal español considera obligatoria, al momento de celebrar el contrato, la exigencia y la prestación de una fianza en metálico equivalente a una mensualidad en el caso de vivienda y a dos en otros inmuebles.
En Colombia están prohibidos los depósitos y cauciones en los contratos de alquiler para vivienda urbana. Pero se acepta exigir fianzas al inquilino para garantizar a cada empresa prestadora de servicios públicos agua, electricidad, teléfono el pago de las facturas correspondientes.
Lapsos flexibles:
La propuesta que se discute en Venezuela fija una duración mínima de tres años para los contratos. El inquilino puede rescindirlo en cualquier momento sin pagar indemnización alguna. En Chile, Colombia y Perú no hay limitaciones de este tipo, pero en otros países sí. Argentina establece un lapso mínimo de dos años para el arrendamiento de vivienda, pero prevé que si el arrendatario desea la resolución anticipada debe pagar una indemnización de mes y medio de alquiler en el primer año o un mes en el segundo.
Ecuador también determina la duración en dos años, aunque exceptúa del requisito las habitaciones en casas de pensión y el arrendamiento de inmuebles “a individuos o familias que, teniendo su residencia habitual en un lugar, van a otro transitoriamente”.
España tiene un régimen más extenso. Precisa que la duración será libremente pactada por las partes, pero agrega que si ésta fuese inferior a cinco años, el contrato se prorrogará de manera obligatoria por plazos anuales hasta que alcance el período fijado.
Agrega que la prórroga obligatoria no procederá cuando en el contrato se exprese la necesidad del propietario de ocupar el inmueble antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción.
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Canon actualizado:
La fijación de la renta mensual también está presente en las legislaciones de otros países, pero con dos diferencias importantes con respecto a la fórmula planteada en el proyecto que se debate en Venezuela: se toma en cuenta el valor de catastro y se ajusta por inflación.
La ley de Argentina avala que el canon inicial sea concertado por las partes, pero aclara que para el aumento anual “deberán utilizarse exclusivamente los índices oficiales que publiquen los institutos de estadísticas y censos de la nación y de las provincias”.
La norma de Chile establece unos márgenes entre los cuales el propietario puede cobrar en función del valor del inmueble, que no es calculado por una fórmula especial sino que depende del avalúo vigente para el pago del impuesto territorial.
La legislación colombiana señala que la renta mensual se acordará libremente siempre que no supere 1% del valor comercial del inmueble, que a su vez no podrá exceder 2 veces al avalúo catastral. Los ajustes se realizan cada 12 meses según la variación del índice de precios al consumidor.
En Ecuador está instituido que los cánones sean fijados cada dos años por las oficinas de registro de arrendamientos o las jefaturas de catastro en función de criterios como condición y ubicación del inmueble. La renta mensual no podrá superar la doceava parte del 10% del avalúo comercial.
La norma de España indica que la renta convenida entre las partes será actualizada anualmente de acuerdo con la inflación en los primeros cinco años de contrato y libremente a partir del sexto. También permite ajustes adicionales por mejoras, siempre que no sean superiores a 20%.
La legislación peruana también ordena unos parámetros en cuanto al máximo que se puede cobrar y vincula los incrementos de los cánones de arrendamiento al índice de precios al consumidor de la provincia en que esté ubicado el inmueble.
Juicios
Procedimientos expeditos para resolver conflictos:
Una de las principales objeciones al proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas es que alarga el proceso para que los propietarios de inmuebles alquilados puedan recuperarlos.
Las legislaciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España y Perú, en cambio, señalan procedimientos expeditos para solucionar los conflictos entre arrendadores e inquilinos.
Argentina establece un juicio breve y permite, cuando es por falta de pago, la ejecución previa del desalojo. Chile hace lo mismo y se puede apelar a un solo efecto. Hay un sistema de garantías por si la sentencia es revocada.
En España hay un procedimiento oral breve sin segunda instancia. En los casos de falta de pago, se brinda la oportunidad al inquilino de que abone lo que debe, pero si reincide la situación cambia.
Por: ALEJANDRO HINDS
ahinds@el-nacional.com
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