Temen la abolición de
la propiedad privada
■ Aseguran que el decreto contra los desalojos es la antesala de la ley de arrendamiento.
■ La Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler asegura que la mayoría pertenece a las clases populares.
“70% de la gente que tiene una casa o un apartamento pertenece a la clase popular”, asegura María Elena Navarro, coordinadora general de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler. La organización rechaza el proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas, que está en segunda discusión en la Asamblea Nacional, porque considera que la legislación despojará a los dueños de sus propiedades.
Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, asegura que la mayoría de los propietarios proviene de los sectores populares porque en esas zonas vive el grueso de la población. “Son estimaciones, porque el porcentaje sólo puede determinarlo el censo de población”, advirtió. Organizaciones de propietarios e inquilinos consideran que hay alrededor de 750.000 viviendas en alquiler.
Navarro denunció que muchos pequeños propietarios se han visto afectados por el Decreto contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, que a su juicio es la antesala de la ley de arrendamiento. 
En el decreto, publicado en Gaceta Oficial el 6 de mayo de este año, se establece la suspensión de los procesos judiciales y administrativos en casos de desalojos hasta que las partes hayan cumplido el procedimiento que allí se indica.
“El nuevo trámite es muy engorroso. Los encargados de los actos conciliatorios no se dan abasto. En el interior del país la gente no tiene donde acudir”, denunció Navarro. La consecuencia es que se han paralizado aproximadamente 40.000 juicios de desalojos.
Rigel Sergent, miembro de la Red Metropolitana de Inquilinos, aseguró que sí se han logrado algunos acuerdos en las instancias de conciliación. Afirmó que el mecanismo descrito en el decreto podrá aplicarse a gran escala, si se aprueba el proyecto de ley.
Artículos polémicos:
Sergent cree que la legislación no afectará a los pequeños propietarios: “Pero sí a los latifundistas urbanos, que ven la vivienda como un negocio en vez de cómo un derecho”.
Navarro tienen otra opinión.
En el artículo 46 se establece que los contratos de arrendamiento tendrán una duración mínima de tres años. “En esas condiciones, nadie va a querer arrendar”, advirtió la vocera de la red.
A su juicio, se incrementará el déficit de viviendas que de acuerdo con el informe anual de Provea de 2010 basado en las últimas cifras oficiales publicadas en 2007 es de 2,8 millones de unidades habitacionales.
Navarro denunció que se pretende eliminar la prórroga legal, que en la ley vigente está establecida como un lapso de 6 meses a 3 años durante el cual el inquilino puede permanecer en el inmueble después de terminado el contrato.
La red de propietarios se creó a mediados de agosto con 6 miembros y ahora tiene más de 400. Los propietarios que quieran unirse pueden escribir a propietariosred@ gmail.com o, en Twitter, a @ propietariosred.
Rosa Herrera:
“¿Trabajar toda una vida y que se apoderen de lo mío?”
“Tengo 67 años de edad e hice mi casa cuando mi hijo estaba creciendo, yo sola, con mi esfuerzo, trabajando como una burrita. Tenía un puesto en el mercado de El Cementerio, y con lo que me ganaba hice mi casa de dos plantas, mientras vivía al lado en un ranchito, en San Juan, en el barrio El Samán, en Caracas.
Tardé más o menos 4 años en construir la casa, y compré los bloques y los materiales poco a poco, con la idea de tener una ayuda económica para cuando estuviera vieja. Alquilé las habitaciones a personas solas, que apenas me pagan entre 60 y 80 bolívares al mes.
Llevo un año pidiendo desocupación porque la casa tiene muchas filtraciones y tengo que mandarla a reparar. Yo no puedo estar ahí porque la humedad afecta mi salud y por eso ahora estoy viviendo en la casa de mi hijo.
Los inquilinos me han dicho que no se van, que están amparados por la ley. Eso me afecta; soy hipertensa y operada de cáncer, y cada vez que tengo problemas con esa gente caigo en cama.
Yo sé que lo que ellos quieren es quedarse con la casa, pero no eso no va a pasar. Lo mío lo defiendo yo. Mi casa no me la dio el señor Diosdado Cabello ni nadie del Gobierno. ¿Sabes lo que es trabajar toda una vida para que venga otro a apoderarse de lo de uno y a vivir tranquilamente? Por eso protesto frente a la Asamblea Nacional”.
Celia Hernández:
“Parece que se resolverá con la ley del más fuerte”
“Vivo en Charallave y tengo 50 años de edad. Mi esposo y yo tenemos dos propiedades, pero ahora nos estamos separando y acordamos que él se quedaría con la casa y yo con el apartamento, a donde me iré con mis dos hijos de 13 y 15 años, que tienen retardo mental, y mi mamá que tiene 93 años.
Hasta ahora hemos vivido en la casa y alquilamos el apartamento, que pagué durante los años que trabajaba como secretaria en la Cantv y transcribía trabajos y tesis en mi casa. Ahora estoy jubilada.
El problema es que la inquilina no quiere salir.
Me dice que el apartamento se lo regaló el Presidente y, además, tiene casi dos años que no me paga.
La demandé el año pasado, salió favorable mi solicitud y a principios de este año iban a practicar el desalojo forzoso en mi apartamento. Justo en ese momento salió el decreto que los prohíbe.
Estoy deprimida, me da impotencia y rabia. Hace dos meses me metí en mi apartamento cuando la inquilina se fue a trabajar. Le monté todas sus cosas en un camión, la llamé y le pedí, una vez más, que se fuera. Al rato llegaron muchos policías y me sacaron de mi casa como una delincuente. Le pedí a la inquilina que al menos me dejara estar en una habitación, pero me dijo que no.
Parece que esto se resolverá con la ley del más fuerte, pero yo no estoy de acuerdo”.
Por: GEORGELY MORÍN
gmorin@el-nacional.com
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