La Fiscalía está en mora con
el caso sobrinos Flores

■ El escandaloso silencio en el caso de los sobrinos Flores.

■ Conozca la lista de los coacusados y mencionados en el caso de los narcosobrinos.

■ El Ministerio Público está en mora con el caso de los sobrinos de Cilia Flores y el presidente Nicolás Maduro, declarados culpables en una corte federal de Nueva York por su participación en una operación para traficar cocaína a Estados Unidos.

■ Las repercusiones que podría tener un caso como este, con revelaciones como el posible uso de la rampa aérea presidencial para el traslado de la droga, se han estrellado contra la omisión de las autoridades.

■ Del juicio seguido en Nueva York contra los familiares de la pareja presidencial se desprenden presuntas violaciones de leyes de Venezuela que deben ser investigadas. “Lo que corresponde es que se establezca un contacto entre las autoridades estadounidenses y venezolanas. Pero los hechos permanecen impunes y el Ministerio Público está en mora”, señala el criminólogo Luis Izquiel.

Caracas.- La primera y única vez que la diputada y primera dama de la República, Cilia Flores, se refirió al caso de sus sobrinos Franqui Francisco Flores y Efraín Campos Flores, detenidos el 10 de noviembre de 2015 por una presunta conspiración para traficar drogas, ya habían transcurrido dos meses de absoluto silencio sobre este caso por parte de la pareja presidencial.

El 12 de enero de 2016 luego de asumir su cargo como diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, respondió de manera escueta las preguntas de los periodistas sobre la situación de sus sobrinos que fueron detenidos en Haití mediante una operación encubierta de la DEA. La primera dama se limitó a decir: “Nosotros ­sin señalar a quiénes se refería con ese plural­ hemos esperado tener más elementos. Lo que sí está determinado y comprobado es que la DEA estuvo metida aquí en territorio venezolano violentando nuestra soberanía e incurriendo en delito dentro de nuestro territorio. La DEA cometió delitos de secuestro que, en todo caso, la defensa se encargará de probar. Tenemos elementos, tenemos las fotos de quiénes fueron los funcionarios de la DEA que incurrieron en delito aquí en Venezuela en este caso que es de secuestro y de venganza”.

Para ese entonces, Flores aseguró que no podía seguir hablando del caso porque tenía que respetar el proceso judicial que recién iniciaba, aunque sí adelantó su veredicto. “La defensa se encargará de dar mayores elementos porque no queremos perturbar un proceso donde tenemos pruebas del secuestro, de la invasión de la DEA en territorio venezolano y el motivo que originó este caso. Nosotros preferimos esperar que la defensa y en el juicio se determine porque no queremos extralimitarnos ni sacar las pruebas hasta tanto no se definan otras cosas allí”.

Durante el año que duró el proceso judicial de los sobrinos Flores en Estados Unidos, la pareja presidencial venezolana apareció casi a diario en los medios de comunicación en cadenas y alocuciones, al frente de movilizaciones de calle, reuniones del gabinete ministerial y tanto el presidente Nicolás Maduro como la llamada “primera combatiente” estrenaron sus respectivos programas de radio recientemente. Solo hasta el viernes, a una semana del final del juicio, Maduro hizo la primera mención al caso en más de un año y lo calificó como “un ataque del imperio”. “¿Ustedes creen que es casualidad que el imperialismo haya creado una causa que tiene como único objetivo atacar a la primera dama, a la primera combatiente, a la esposa del presidente?”, dijo durante un acto en conmemoración del Día Contra la Violencia a la Mujer.

El Ministerio Público y la Contraloría General también han guardado silencio. La información presentada en el juicio indica que el tráfico de drogas fue facilitado precisamente por el vínculo de los acusados con la diputada y primera dama: abuso de poder, tráfico de influencias y corrupción aparecen como eje transversal de los hechos. “Si en este país existiera una separación de poderes, si se respetara el estado de derecho, si tuviéramos jueces independientes, un tema como este no sería tabú.

En cualquier país del mundo llamaría mucho la atención pero los más interesados en aclararlo deberían ser ellos mismos (la pareja presidencial) porque el grado de consanguinidad por sí solo no determina nada. Precisamente para proteger la majestuosidad del cargo y su nombre, deberían ser los primeros en ponerse a la orden para que se investigue”, señala el sociólogo Luis Cedeño, director del Observatorio Venezolano de Delincuencia Organizada.

“Lo mínimo que debió hacer la Fiscalía es iniciar una investigación de motu propio porque se trata de ciudadanos venezolanos que cometieron delitos que también son penados por la legislación venezolana”, agrega Cedeño.

El criminólogo Luis Izquiel también defiende que como varios de los hechos ocurrieron en Venezuela, como la utilización del aeropuerto de Maiquetía, la participación de pilotos de la Fuerza Armada Nacional y el presunto enriquecimiento ilícito, son situaciones susceptibles de ser investigadas en el país, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. “Desde el punto de vista jurídico, lo que corresponde es que se establezca un contacto entre las autoridades estadounidense y venezolana para trabajar mancomunadamente en el caso. Pero los hechos permanecen impunes en el país y el Ministerio Público está en mora”, sostiene.

La Fiscalía venezolana puede solicitar a la Fiscalía estadounidense que lleva el caso la revisión de las causas dado que son sus connacionales y puede abrir una averiguación aunque sea en ausencia de los acusados porque también se violaron leyes nacionales, explica Cedeño. Pero la institución no se pronunció durante todo el año que duró el proceso ni después de conocer el 18 de noviembre el veredicto de culpabilidad de Franqui Francisco Flores y Efraín Campo Flores en el juicio que los mantiene en una prisión de Nueva York en espera de la sentencia que se dará a conocer en marzo del próximo año.

Sin embargo, el diputado Américo De Grazia le solicitó al organismo que abra un procedimiento de antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, debido a que hay posibles vinculaciones por “el uso de la rampa presidencial, de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de pasaportes diplomáticos para favorecer al narcotráfico en la figura de los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, que además es diputada”.

El Poder Legislativo aprobó un acuerdo en rechazo al tráfico de influencias en materia de narcotráfico por parte de altos funcionarios del gobierno en la sesión del 22 de noviembre. En el acuerdo se exhorta al presidente Maduro y a los demás representantes del Poder Ejecutivo a informar verazmente y facilitar las investigaciones e insta al Ministerio Público, a través de su Unidad de Narcotráfico y al Ejecutivo nacional a establecer responsabilidades con miras a erradicar la impunidad. Al cierre de esta edición, ninguna institución anunció investigaciones.

Desde la tribuna de la AN, en la cual la diputada Flores no ha ejercido su derecho de palabra durante los últimos tres meses, sus compañeros de la bancada oficialista Pedro Carreño y Héctor Rodríguez hablaron sobre la sentencia y la calificaron como “un vil montaje”, porque presuntamente fueron juzgados sin pruebas. “Es una guerra psicológica para que los muchachos acusen al Presidente y a la primera dama”, dijo Carreño.

Imagen quebrantada:

Ante el largo compás de silencio, para la internacionalista y doctora en Ciencias Políticas, Elsa Cardozo, la imagen presidencial y de gobierno está afectada: “No corresponde este vacío, ni la descalificación de la causa, sino una actitud más clara, de un jefe de Estado capaz de lamentar lo ocurrido, decir que van a investigar lo ocurrido para así cuidar su imagen”.

Para Cardozo este caso no solamente afecta la posición de Maduro, sino que salpica además el perfil de los sistemas control aeroportuarios y de seguridad del país. Y agrega: “En otros países cuando se han descubiertos casos de corrupción o delictivos, el gobierno exige la renuncia de sus ministros y se inician las averiguaciones. En Venezuela no ocurre eso”.

Y ante la lógica de que el que calla otorga, el analista político Ricardo Sucre advierte de la necesidad de que Maduro y la diputada Flores reconozcan el proceso judicial contra sus sobrinos y aclaren las dudas al respecto.

Siendo la posición de la pareja presidencial lo que está en juego: “Creo que este caso afecta la credibilidad en cuanto a la percepción que se tiene de que el gobierno no tiene capacidad de controlar algunas cosas, que no hay una separación entre lo que es público y privado y que se han sobrepasado los límites”.

Alegatos encontrados:

A lo largo del proceso judicial contra los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, se plantearon dos posiciones encontradas: la fiscalía probó –más allá de la duda razonable– que los acusados eran culpables de la conspiración para traficar cocaína desde Caracas a Honduras y que para cometer el delito utilizaban sus conexiones políticas, incluyendo el uso del hangar presidencial para sacar la droga de Venezuela.

Los abogados de ambos convictos basaron su estrategia en la tesis de que sus clientes fueron víctimas de una trampa tendida por informantes inescrupulosos y mentirosos de la DEA y que sus defendidos fueron tan “estúpidos” y “novatos” que cayeron en ella. A lo largo de sus presentaciones repetían la misma estrategia, a la vez que se empeñaron en acabar con la credibilidad de todos los informantes. Lograron eliminar al hombre clave José Santos Peña (CS1).

La Fiscalía aseguró que Campo Flores y Flores de Freitas se sentían “tan poderosos e intocables” por ser familiares de la pareja presidencial que creían que “podían trasladar casi una tonelada de cocaína de un aeropuerto a otro sin ser detenidos”. El gobierno estadounidense probó la culpabilidad de los acusados con grabaciones de videos y audio, fotos y transcripciones de conversaciones telefónicas mostradas al jurado, donde los dos convictos estaban negociando el envío de 800 kilos de cocaína de Venezuela a Honduras a cambio de 20 millones de dólares, y a los informantes de la DEA diciendo que el destino final de cargamento sería Estados Unidos.

Aunque hubo un intento de la defensa de eliminar la imagen, la fiscalía mostró el video donde Campo Flores aparece sosteniendo una panela de un polvo blanco que asegura es cocaína proveniente de la guerrilla colombiana de las FARC.

El fiscal Emil Bove III dijo al jurado que los acusados “fueron atrapados con las manos en la masa. Hay evidencia real en sus teléfonos que fueron incautados, en sus confesiones, en las grabaciones”. El fiscal advirtió que los acusados sabían que la cocaína sería enviada a los Estados Unidos y al menos durante 13 veces escucharon el destino de la droga.

Otros miembros de la conspiración:

Vassyly Kotosky Villarroel-Ramírez: capitán retirado de la GNB, fue capturado en Venezuela en julio del 2015. Campo Flores dijo a “El Sentado”, en la reunión en San Pedro Sula, que Villarroel-Ramírez estaba encargado de controlar los radares en Venezuela para su grupo, pero que el sujeto había sido detenido en la fecha señalada.

Mohamad Abdul Razzak Yanez, alias “Hamudi”:

fue asesinado en octubre de 2015 en el estado Miranda y se le menciona en el caso como el intermediario que los contactó con el proveedor de la cocaína que intentaron pasar a Estados Unidos. Fue dirigente del PSUV y coordinador de una UBCH en San Antonio de los Altos. Nació el 29 de mayo de 1979.

César Orlando Daza Cardona: de nacionalidad colom- biana, viajó a San Pedro Sula a la reunión del 6 de noviembre de 2015, donde asistieron “El Sentado”, Flores de Freitas, Roberto de Jesús Soto García y Jesfrán Josnel Moreno Sojo, alias “Tortuga”.

Jesfrán Josnel Moreno Sojo, alias “Tortuga”: amigo cercano de Flores de Freitas, fue con este a la reunión con “El Sentado”, Soto García y Daza Cardona en San Pedro Sula el 6 de noviembre de 2015. También formó parte de la tripulación del avión que llevó a Haití a los sobrinos. Desde el año 2010 trabajó en Corpolec.

Pablo Rafael Urbano Pérez: piloto certificado por la FAA, organismo federal responsable de la aviación civil en Estados Unidos. Fue el copiloto del avión Cessna Citation siglas YV-2030 que llevó a los sobrinos a Haití.

Marco Tulio Uzcátegui Contreras: suegro de Flores de Freitas. En el año 2002 fue director suplente en el directorio del Fides. Es propietario del avión Cessna Citation, siglas YV-2030. Posee propiedades en Estados Unidos, entre las que destaca un apartamento en Miami Dade. Tiene una empresa en Florida llamada Coinspectra Aviación, constituida en 2009.

Pedro Miguel Rodríguez González: Militar retirado del Grupo Aéreo N° 5. Según el Registro Electoral sufraga en la embajada venezolana en La Paz, Bolivia. Registros de propiedad del estado de Florida reflejan que posee una propiedad en Wellington. Fue piloto del Ministerio de la Defensa.

Mencionados, pero que no son parte de la investigación:

Cilia Flores: primera dama de Venezuela, diputada a la Asamblea Nacional y madre de crianza de Campo Flores. Tía de Flores de Freitas. En las evidencias aparece como supuesta beneficiaria del dinero de la conspiración, puesto que Campo Flores dijo a los narcotraficantes mexicanos y hondureños que con el dinero ganado de la operación iba a pagar la campaña para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.

Bladimir Flores: su nombre salió a relucir durante la audiencia de supresión de evidencias celebrada en la corte el 8 y 9 de septiembre de 2016. El agente de la DEA, Sandalio González, afirmó que “El Sentado” le dijo que supuestamente un funcionario venezolano de nombre Bladimir Flores lo había contactado asegurando que les enviaría a unos sobrinos a finiquitar el negocio con la droga. Es hermano de Cilia Flores, tiene 41 años en la policía científica y actualmente es el Inspector General del Cicpc.

Diosdado Cabello: ex pre- sidente del Poder Legislativo y diputado de la Asamblea Nacional. Su nombre salió a relucir tres veces en el juicio. Fue mencionado por José Santos Peña, uno de los informantes de la DEA, y por Flores de Freitas.

Erick Malpica Flores: sobrino de Cilia Flores que ejerció simultáneamente el cargo de tesorero de la nación en la Oficina Nacional de Presupuesto y tesorero de Pdvsa hasta enero de 2016. Campo Flores lo mencionó en su confesión con el agente del DEA, Sandalio González. Dijo que supuestamente le había pedido unos favores para que le pagaran unas deudas a unos empresarios, con lo cual iba a obtener unas comisiones, pero que finalmente no le hizo el favor.

Los conspiradores:

Efraín Antonio Campo Flores: abogado de 30 años de edad, hijo de crianza de Cilia Flores. Está casado con Jessair Rodríguez Camacho y tiene dos hijos, el menor nació cuando estaba preso en el Centro Correccional de Manhattan. Según sus declaraciones juradas tiene una empresa taxis en Panamá, ganó más de 10 millones de dólares en negocios con petróleo, tiene un Ferrari amarillo, motos de alto cilindraje, una camioneta Land Rover, un apartamento en La Castellana y otros inmuebles en Caracas (El Paraíso y el Cafetal), una finca en Higuerote y 6 guardaespaldas, entre quienes había guardias nacionales. Participó en 4 reuniones de la conspiración en Caracas y 2 en el exterior. Una en Honduras el 4 de octubre de 2015 y la otra el 10 de noviembre de 2015 en Haití donde fue apresado.

Franqui Francisco Flores de Freitas: 31 años de edad, divorciado, tiene un hijo de 8 años de edad. Estudió hasta el cuarto año de bachillerato. Posee una camioneta Toyota 4Runner, una moto y compartía con su primo viajes en aviones privados y su fascinación por los vehículos rústicos y deportivos. Fue a todas reuniones de la conspiración, (4 en Caracas y 3 en el exterior). Las dos primeras en Honduras fueron realizadas el 4 de octubre de 2015 y el 6 de noviembre de 2015. La tercera en Haití el 10 de noviembre de 2015, cuando la policía antinarcóticos haitiana lo arrestó en el hotel Servotel de Puerto Príncipe.

Carlos González: Controlador de tránsito aéreo del aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez, de la isla de Roatán, ubicado a 35 millas de la costa hondureña. Trabajaba conjuntamente con un equipo de cómplices en el terminal aéreo, entre quienes se encontraban planificadores de vuelo, empleados de la oficina de aduanas, personal de seguridad y militares. Estuvo involucrado en narcotráfico por más de una década.

Sostuvo dos reuniones con “El Sentado”, un narcotraficante hondureño que a la vez era testigo cooperante de la DEA. En su testimonio dijo que conoció a “El Sentado” en 2014 y que realizó varios negocios con él. Aseguró que trabajó con varios carteles. Su rol en la conspiración era recibir en el aeropuerto los vuelos que traían droga y dejarlos salir. González estaba encargado de recibir el avión que saldría desde el hangar presidencial de Maiquetía el 15 de noviembre de 2015, y que se preveía iba a llegar entre las 4:30 pm y las 5:15 pm. Cobraba 200.000 dólares por cada “bajada”. Fue a 2 encuentros con “El Sentado”, uno el 15 de octubre y el otro el 5 de noviembre de 2015. González se entregó a las autoridades norteamericanas en agosto de 2016, se declaró culpable de un delito: conspirar para traficar cinco o más kilos de cocaína a los Estados Unidos. Entró en un acuerdo de cooperación con el gobierno. Está preso en una cárcel federal de Nueva York. En las comunicaciones mostradas por la fiscalía en el juicio se refieren a este hombre como CW2.

Roberto de Jesús Soto García: Es otro coacusado en el caso de los sobrinos presidenciales. Este hombre trabajaba en el aeropuerto de la isla de Roatán y fue el puente entre Carlos González y “El Sentado”. Igualmente estuvo presente en 3 reuniones de la conspiración celebradas en San Pedro de Sula. La primera fue el 15 de octubre de 2015, la segunda el 5 de noviembre y la tercera el 6 de noviembre de 2015, cuando conoció personalmente a Franqui Francisco Flores de Freitas. Soto García era la pieza clave que usarían Campo Flores y Flores de Freitas para facilitar la llegada del cargamento de 800 kilos de cocaína a la isla de Roatán, para luego ingresarla a los Estados Unidos. Las autoridades de Honduras lo capturaron el 29 de octubre de 2015 en Flower Bay, en la isla de Roatán, y fue trasladado a Tegucigalpa donde se le sigue un proceso judicial. Estados Unidos solicitó a Honduras la extradición de Soto García. El hombre de 45 años de edad está también está acusado de conspiración para el tráfico de drogas.

Los informantes confi denciales y los testigos de la DEA:

José Santos Peña (CS1): De 55 años de edad, apodado “El Mexicano” y “El Mayor”, este narcotraficante actuaba como informante de la DEA bajo un acuerdo de cooperación que perdió cuando los abogados de la defensa dieron a conocer unas grabaciones donde giraba instrucciones para llevar a cabo actividades de tráfico de drogas mientras estaba en una cárcel de California. Dentro de la conspiración de los sobrinos Flores fue uno de los testigos clave. La defensa logró desacreditarlo al comprobarse que mintió reiteradas veces a la DEA y que continuaba incurso en actividades de narcotráfico. Al retirarle el acuerdo de cooperación se expone a una condena de cadena perpetua. La corte mantuvo la validez de las evidencias aportadas por él.

José Santos Hernández (CS2), alias “El Junior”: narcotraficante mexicano de 35 años de edad, hijo del CS1. Junto con este último fungió como uno de los testigos clave en la acusación por conspiración que la Fiscalía de Nueva York levantó contra los sobrinos de la pareja presidencial. Estuvo en las 4 reuniones en Caracas con su padre y un tercero no autorizado por la DEA, llamado Paul. Junto con CS1 perdió el acuerdo de cooperación con el gobierno y puede ser condenado a cadena perpetua.

Juan Gómez (CS3): informante de la DEA desde 2009, conocido como “El Colombiano”. Participó en una reunión sostenida el 6 de noviembre de 2015, en Roatán, Honduras, junto con Flores de Freitas, “El Sentado”, Roberto de Jesús Soto García y José Santos Peña para revisar la logística de la operación. Dijo haber ganado unos 400.000 dólares por sus labores.

Carlos Amílcar Leva Contreras (CW1): narcotraficante hondureño de 53 años de edad, conocido por el apodo de “El Sentado” debido a que quedó postrado en una silla de ruedas luego de sufrir un accidente. Fue asesinado el 4 de diciembre de 2015. Actuaba como testigo cooperante de la DEA en la investigación que condujo al arresto de los Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, acusados y declarados culpables del delito de conspiración para introducir droga a los Estados Unidos. En la operación era el encargado de prestar el servicio de la “bajada” de droga en Honduras y disponer su envío a Estados Unidos.

Más temprano:

Nueva York.- Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron arrestados el 10 de noviembre de 2015 y un año y 11 días después un fallo unánime del jurado los declaró culpables de conspiración para traficar 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Asimismo, fueron declarados responsables de conspiración para manufacturar y distribuir cocaína en el país norteamericano.

Los dos acusados, sobrinos de la primera dama Cilia Flores y del presidente Nicolás Maduro, han protagonizado una de las historias más escandalosas que le ha tocado encarar al gobierno venezolano. Campo Flores y Flores de Freitas fueron aprehendidos en Haití y transportados a la ciudad de Nueva York, donde fueron presentados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El juicio en su contra se inició el pasado 7 de noviembre y concluyó el 18 de noviembre de 2016 con el veredicto de culpabilidad.

Campo Flores y Flores de Freitas viajaron a Puerto Príncipe en un jet privado para recibir allí 11 millones de dólares por organizar el traslado de un primer cargamento de droga que tenían previsto enviar el 15 de noviembre de 2015. Luego del arresto, en pleno viaje, mientras eran deportados a Estados Unidos, los primos confesaron a los agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, que habían cometido el delito por el cual iban a ser juzgados.

Cambiaron de abogados en tres oportunidades. Al final los primos fueron representados por abogados de dos escritorios jurídicos de alto perfil en la ciudad de Nueva York: Randall W. Jackson junto con John T. Zach y Joanna Wright de la firma Boies, Schiller & Flexner LLP y los de Flores de Freitas son David Rody, Michael D. Mann y Elizabeth Espinosa de Sidley Austin LLP.

El juez Paul Crotty, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fijó como fecha tentativa de la sentencia el 7 de marzo del 2017. La pena mínima es de 10 años de cárcel; la máxima, cadena perpetua. A la espera del fallo judicial, que será apelado por la defensa, quedan sobre la mesa las revelaciones y grabaciones que la Fiscalía sacó a la luz a lo largo del proceso judicial. Los audios comprometen a la pareja presidencial ya que sus sobrinos aseguraron que usaban la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para sacar la droga del país.

Campo Flores dejó claro ante los agentes de la DEA que la droga era proveída por la guerrilla colombiana FARC. Asimismo, aseguró en un chat telefónico mostrado por los fiscales federales al jurado, que traficaba drogas para pagar la campaña para las elecciones legislativas de diciembre de 2015 en Venezuela, en las cuales Cilia Flores fue reelegida diputada a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes.

La conspiración se desarrolló desde el mes de agosto hasta noviembre de 2015. La operación encubierta de la DEA se ejecutó con la colaboración de 3 informantes confidenciales (CS1,CS2 y CS3) y un testigo cooperante (CW1) y cubrió reuniones en tres países: Venezuela, Honduras y Haití. Se realizaron 2 reuniones en Honduras (4 de octubre y 6 de noviembre de 2015), 4 en Caracas (entre el 23 y 27 de octubre de 2015) y una en Haití. Durante el juicio la defensa denunció que el agente Sandalio González hizo una apuesta con el informante José Santos Peña para ver si él lograba llevar a los acusados a Puerto Príncipe.

Campo Flores y Flores de Freitas fueron a Haití a recoger el dinero que supuestamente le iban a pagar por adelantado por el envío que se haría el 15 de noviembre de 2015. En un principio CS1 prometió llevarles 5 millones de dólares, luego se subió a 11 millones de dólares, y en algunos testimonios se escuchó 20 millones de dólares.

Los acusados llegaron al aeropuerto y Santos Peña los buscó en un vehículo encubierto de la policía antinarcóticos de Haití, se fueron al hotel Servotel donde el informante estaba hospedado, se sentaron a desayunar mientras Santos Peña conversaba sobre el envío de la droga y los grababa. Cuando recibió la llamada del agente de la DEA, les dijo que lo esperaran que iba a subir a su habitación a buscar el dinero. A los pocos minutos llegaron los oficiales de la policía y los arrestaron. (Maibort Petit).

Por: Gabriela Rojas
grojas@el-nacional.com
Carmen Victoria Inojosa
cinojosa@el-nacional.com
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Caracas, domingo 27 de noviembre 2016





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