“Una cámara no es un revólver. Una foto no es una bala”, decía una protesta que se había convocado para febrero de 2007 en la estación “Héroes” del Transmilenio de Bogotá.…”.
Así de sencillo: “lleve su cámara
y tome fotos”, era la invitación
Caracas.- A ese tipo de acciones civiles, pacíficas, traviesas y con la intención de activar y medir movilizaciones ciudadanas, le llaman FlashMob y son cada día más populares porque pueden ser activadas desde espacios digitales no convencionales.
Se trata de convertir la información en acción. En uso y recuperación de espacios públicos. Es la parte mágica y poco explorada de las ciberdemocracias donde la virtualidad deja de ser superficial y se convierte en presencia y rostros, en colectivos capaces de hacerse sentir. Esta clase de fenómenos tiene métodos comunes cuando hay imitaciones globales, como los congelamientos en centros comerciales, los desmayos masivos en calles o los bailes para honrar a Michael Jackson. Por lo general son grupos coordinados que se confunden en la multitud, realizan una acción y luego se dispersan.
Sin embargo, hay además particularidades regionales, como cuando en mayo miles de estudiantes argentinos decidieron faltar a clases. Se jubilaron. Hicieron una ratada, en lengua porteña. Porque sí. Hay de todo.
En Venezuela, con nuestras urgencias, algunas plataformas digitales son útiles para alertarnos sobre cómo está la vida allá afuera.
Casi todas las ciudades grandes del país tienen ya un canal de reporte de tráfico en twitter, que se alimenta de reportes ciudadanos. Y también se creó hace meses el @CaracasMetro, que cuenta con 25 mil seguidores de los reportes sobre el servicio de transporte masivo caído en desgracia. En principio la idea parecía extraña por la poca cobertura que hay bajo tierra y la inseguridad con los teléfonos celulares, pero puede más el valor y la indignación de quienes necesitan denunciar lo que ocurre más seguido: la solución para Caracas tiene fallos. No es un delito decirlo.
Del poder infociudadano a una errática política comunicacional del sistema Metro ha habido poco, y esa debilidad quiso suplirse con represión esta semana cuando tres policías nacionales se acercaron a Cristian Fuentes (@bombiro) y lo abordaron por tomarle fotos al colapso en Plaza Venezuela. Los PNB, a pesar de sus cursos de buenas prácticas policiales, intentaron quitarle el teléfono a Fuentes, lo obligaron a borrar fotografías (cosa que no es su atribución) y de paso lo amenazaron con sembrarle drogas. Triple combo contra la contraloría ciudadana.
El asunto es que no es uno sino miles de ojos. No es la foto sino la realidad. En la era de la comunicación ciudadana la información es indetenible, moviliza gente y exige acciones concretas a los políticos. Los twitteros son la multitud.
La juez Rosa Isabel Reyes Rebolledo recibió cinco objeciones. Maikel Moreno
y Belkis Cedeño también fueron cuestionados.
A Rodríguez le pesa el caso Anderson
Las aspiraciones del ex fiscal general y actual embajador en España, Isaías Rodríguez, de pasar de la nómina de la Cancillería a la del Poder Judicial podrían verse truncadas si el Comité de Postulaciones Judiciales valida las impugnaciones presentadas en su contra.
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que para ser magistrado se debe gozar de reconocida competencia, buena reputación y prestigio. Para Nelson Ramírez, Elenis Rodríguez, Pedro Aranguren, Daniel Carrillo y Arturo Arena, el ex fiscal cuyo nombre suena con fuerza para ocupar la presidencia del Poder Judicial no posee tales condiciones y por eso objetaron su nombre ante el CPJ.
En su escrito, Ramírez alega que Isaías Rodríguez manipuló las investigaciones sobre la forma como la República entregó a una empresa de telefonía móvil los permisos para operar. Por su parte, Elenis Rodríguez y Pedro Aranguren sostienen que el ex fiscal demostró carecer de valores éticos y morales en sus actuaciones durante el caso Anderson, cuando acusó a personas inocentes sobre la base de testigos como Giovanni Vásquez y de pruebas manipuladas.
El CPJ, presidido por el diputado Saúl Ortega (PSUV-Carabobo), tiene hasta el jueves 11 de noviembre para notificar a los impugnados sobre las refutaciones en su contra y debe concederles tres días para que se defiendan. En paralelo, el proceso de entrevistas comenzó el pasado martes 2 de noviembre en los salones del antiguo Museo Boliviano, en la esquina de Pajaritos, en el centro de Caracas.
La diputada Laura Valls (PPTCarabobo) señaló: “Estamos adelantando las entrevistas de todos los que cumplieron con los requisitos académicos y laborales exigidos, independientemente de si fueron o no impugnados. Tengo entendido que él (Isaías Rodríguez) fue citado”.
De los 404 abogados que se postularon para ocupar una de las 9 sillas principales o 32 suplentes del TSJ, 29 fueron impugnados. Además de Isaías Rodríguez, Rosa Isabel Reyes Rebolledo, jueza provisoria del Tribunal Superior de Protección del Niño y titular de la Corte Segunda de Protección del Niño de la región capital, también recibió 5 objeciones.
Los descargos en su contra fueron planteados por Betty Martínez, Ana Pérez, Mariana Marcano, Reinaldo Quijada y Marichina García. Esta última es la ex esposa del ex presidente del canal de televisión de la Asamblea Nacional, Rubén Hernández, con quien mantiene una disputa legal por la custodia de sus dos hijas. Reyes Rebolledo se inhibió de conocer el caso a mediados de este año. A Ana Pérez el tribunal de Reyes Rebolledo le negó la restitución de la custodia de sus hijas y a Mariana Marcano le negó un recurso de revisión de pruebas en un caso de manutención. Además, los aspirantes a magistrados Omar Alcalá, Oscar León y Mirna Mas y Rubí recibieron 2 impugnaciones cada uno y el resto de los 24 objetados entre ellos los jueces destituidos Maikel Moreno y Belkis Cedeño una por cabeza, para un total de 41 objeciones.
Candidatura de Isaías Rodríguez sufre 5 objeciones:
De las 41 impugnaciones que recibió el Comité de Postulaciones Judiciales contra candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cinco tienen un mismo nombre: Julián Isaías Rodríguez.
Credencial que se le incauto, firmada por Eladio Aponte. magistrado del TSJ
Documentos de Walid Makled comprometen al gobierno venezolano al mas alto
nivel y demostrarían los controles de los “narcos” sobre el sistema judicial.
Hugo Chávez está a la espera de que
extraditen a Venezuela a Walid Makled
Las tres declaraciones dadas a los medios por Walid Makled giran la brújula de su destino hacia el norte, aunque algunos lo prefieran más al sur, en Venezuela donde lo esperan para juzgarlo por cuatro delitos. Tras permanecer 645 días huyendo de las autoridades, el 19 de agosto el líder de la
TSJ concedió credencial de Comisario al narcotraficante Walid Makled
familia Makled quedó detenido en Cúcuta, después de ser entregado, según fuentes de inteligencia, por personas que habrían recibido 5 millones de dólares por la delación.
Hoy, El Turco Walid, el hombre que se lucía por las calles de Valencia (Car) escoltado por un séquito de policías, cuya familia, a través de la Fundación Makled, regalaba sillas de rueda, línea blanca, comida e intervenciones quirúrgicas, que en 2007 ofreció una fiesta a periodistas en la que se rifaron carros último modelo, el mismo empresario que obsequió BsF 6 millones al Gobierno de Carabobo cuando el general Felipe Acosta Carlez era gobernador; que se jactaba de ser un factor determinante en la derrota del paro petrolero y lucía credenciales de organismos de seguridad que abrían todas las puertas; se encuentra tras las rejas en Bogotá a la espera de que Colombia tome una decisión.
Muy solicitado:
En Venezuela lo espera un juicio por tráfico de drogas, legitimación de capitales y asociación para delinquir; y otro por el homicidio de dos personas (el veterinario Francisco Larrazábal y el abogado y periodista Orel Sambrano). El presidente Hugo Chávez dijo el domingo que su par, Juan Manuel Santos, le había anunciado que lo mandarían a Venezuela. Esta semana ambos se reunieron pero nada se conoció sobre el caso.
En EEUU, el jueves, el fiscal de Mannhathan, Preet Bharara, calificó a Walid como un “rey entre los capos”, quien “supuestamente coordinó una gran organización internacional de tráfico de drogas”.
Aunque ambas naciones se disputan la posibilidad de juzgarlo, el mismo prisionero, desde su detención, ha tratado de vender la conveniencia de ser procesado en el norte.
Chávez se quejó de que los medios de comunicación, han convertido "en un héroe" a Makled, por declaraciones sobre los supuestos sobornos que entregó a jefes militares venezolanos y personas cercanas al Gobierno "revolucionario".
“El FBI y la DEA están muy interesados en el caso, pero yo no voy a hablar de nada hasta estar al frente de un fiscal y un juez”, manifestó en una entrevista concedida al canal colombiano RCR.
“A Makled le conviene ser juzgado en EEUU”, afirma un abogado venezolano que comentó que un bufete de Miami, vinculado con un senador gringo, asesora a Walid. “En Norteamérica puede negociar una reducción de la pena con la información que posee. Sólo mira el ejemplo de Franklin Durán, el del caso del maletín, quien pronto saldrá de la cárcel”. La fuente que prefirió reservar su nombre destacó que la Fiscalía no ha logrado que EEUU deporte a nadie hacia nuestro país, lo que sí ha ocurrido en caso contrario en al menos dos ocasiones este año.
Desde Tinaquillo:
Cuando Walid escapó a Colombia tenía 39 años. Dejaba atrás una esposa y un hijo, más dos de una unión anterior. De acuerdo con los documentos oficiales, Walid es de Tinaquillo (Coj).
Su madre y la de Álex es Carmen Porfiría García. Abdala, Bassel, Andrés, Lina y Samer son hijos de otra señora. De ellos, Álex, Abdala y Bassel se encuentran detenidos.
Al papá de los Makled, Najem, lo recuerdan como un vendedor de verduras que se ubicó en El Chorrito, en Valencia, junto a su familia. Luego se fueron a Margarita donde abrieron tiendas. El mismo Walid asegura que su familia ha trabajado durante 30 años para levantar su riqueza.
Sin embargo, según la información que dieron a Últimas Noticias dos ex funcionarios policiales, las autoridades contaban con expedientes donde se veía reflejado el aprovechamiento que Walid hacía de la piratería de carretera, sobre todo de línea blanca y marrón durante la década de los 90 y principio de la pasada. “Recibían la protección de funcionarios policiales y efectivos militares, incluso de aquellos que conformaban una brigada para enfrentar los atracos a los camiones”, afirma la fuente que laboró en la Policía de Carabobo.
La riqueza:
A principio de la década pasada, la familia estableció un almacén en lo que luego se convertiría en Tiendas Makled en la esquina de la calle Comercio. “Ellos comenzaron alquilando el local que era de una refresquería”, cuenta un comerciante vecino.
Durante el paro petrolero, los Makled aseguran que ayudaron con sus camiones en la distribución de alimentos. El comandante del Core 2 de entonces, general Luis Felipe Acosta Carlez, recuerda a Walid en otras actividades menos importantes, como llevando arepas a la tropa (ver recuadro).
Sin embargo, en la denuncia de los trabajadores de Pequiven ante la Fiscalía, uno de ellos señala que en 2004, miembros del comando de campaña de Acosta Carlez, acompañaron a los representantes de Inversiones Makled a tramitar el cupo para la distribución de urea. Durante el primer año de gobierno, el nuevo gobernador le entregó la concesión de Puerto Cabello a Walid.
Muy pronto comenzarían las sospechas acerca de las actividades ilegales de los Makled. De acuerdo con la DEA, desde el año 2006 se le realizaba un seguimiento a Walid por supuestamente participar en el envío de drogas a EEUU en aviones. También ese año, la Disip, hoy Sebin, recibió la asignación de investigar la legitimación de capitales provenientes de la corrupción.
Además, en 2005, cuando Inversiones Makled se encargaba de distribuir la urea, se encontraron sacos de este producto en zonas distintas a las programadas (Upata, Bol) e incluso en campamentos de narcos en la frontera colombo-venezolana. Este producto se utiliza en el procesamiento de la pasta de coca.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, entre los años 2004 y 2008, las cuentas personales y empresariales de todo el Grupo Makled manejaron Bs 417 millardos, es decir; BsF 417 millones. El mismo Walid ha afirmado que su fortuna alcanza los mil millones de dólares.
Aeropostal y el Grupo Transgar, Walid las obtuvo luego de firmar una carta de intención. Ernesto García García, dueño de la segunda, lo denunció porque habían acordado un pago de 30 millones de dólares y sólo recibió 3 millones. El empresario llevó el caso al juicio. El Estado se quedó con el emporio.
El ex abogado defensor de los Makled, Antonio Denis, quien fue fiscal nacional Antidrogas, justifica la riqueza de los Makled en las ganancias de BsF 7 millones a BsF 10 millones en la administración del puerto. Además de sostener que la droga encontrada en la hacienda El Rosario fue sembrada, para lo que esgrimió el testimonio de un trabajador del establecimiento hoy detenido en Tocuyito, quien informó que un día antes del procedimiento de la DIM, llegó un señor a quien conocía por apodo y dejó el cargamento a su cuido por un pago inicial de BsF 25 mil.
Denis dice que Walid apareció inicialmente en la lista de la Oficina del Tesoro de EEUU en 2009, debido a la detención de los hermanos y no porque, en un principio, haya sido considerado narcotraficante.
Foto cortesía de Laila Elchaer, hermana de barquisimetana fallecida en el accidente
Cándida Elchaer, único pasajero de nacionalidad venezolana, que pereció
junto a otras 67 personas en el accidente aéreo ocurrido el pasado
jueves en Cuba
Cándida Elchaer, de 32 años, casada
y con un hijo, viajaba sola en el ATR-72
Visitó templo de la Virgen antes de morir en Cuba. En el accidente aéreo de Guasimal falleció una mujer larense devota, madre de un niño de dos años. Ayer rescataron su cuerpo y los de los otros 67 fallecidos en el siniestro. Hallaron la caja negra
El dolor que embarga a los familiares de los pasajeros del vuelo perteneciente a línea Aerocaribbeam que cubría la ruta Santiago de Cuba – La Habana, se extendió hasta la ciudad de Barquisimeto, donde vivía Cándida Rosa Elchaer Benítez, única venezolana a bordo.
Así lo confirmó su hermana Laila Elchaer, quien informó que la fallecida, de 32 años de edad, era profesional del Derecho, luego de haber recibido su título de abogada en el 2003.
Foto cortesía de Laila Elchaer, hermana de barquisimetana fallecida en el accidente
“Ella estaba con su esposo, Humberto Pérez, pero él se quedó el jueves en La Habana mientras ella iba en un viaje de ida y vuelta a Santiago para visitar la Virgen de la Caridad del Cobre”, contó la joven de 24 años, visiblemente afectada.
Era un viaje de turismo. Elchaer y su esposo partieron a Cuba el domingo en la noche y debían regresar a Venezuela este viernes. Esperaban que el vuelo de regreso a casa aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía ayer a las tres de la tarde.
“Por el mal tiempo que se avecina en Cuba no han podido localizar los cadáveres”, dijo Laila Elchaer, mientras se mantiene en constante comunicación con su cuñado, a quien le informaron que el Consulado Venezolano en Cuba se encargará del traslado.
Cándida Elchaer dejó a su esposo con un pequeño hijo de dos años, quien se quedó en casa de la familia mientras los padres viajaban.
Ayer, en la residencia de la fallecida, familiares y vecinos se acercaron a expresar sus condolencias. Su hermana agradeció el gesto y describió a Cándida como “una mujer admirable, ejemplar y trabajadora (…) estoy orgullosa de haber tenido el privilegio de vivir 24 años con ella”.
Mientras en Cuba esperan que el mal tiempo no retarde la búsqueda de los cuerpos, la familia de la única venezolana a bordo en el vuelo de Aerocaribbeam, permanece unida y a la espera de nuevas noticias.
¿Displicencia del Gobierno nacional?
El vicepresidente del Gobierno venezolano, Elías Jaua, fue el único funcionario del Ejecutivo que habló de la tragedia en Cuba, durante un acto con trabajadores en el occidente del país. Allí abordó el caso del avión, siguiendo, según reafirmó, instrucciones del presidente Hugo Chávez. “Un abrazo solidario al pueblo de Cuba en esta lamentable tragedia. Presumiblemente hay una pasajera venezolana y estamos chequeando los datos”, dijo Jaua. La declaración pareció displicente, toda vez que las autoridades antillanas habían identificado antenoche a Cándida Rosa El Chaer, de 32 años.
“El gobierno y el pueblo de Venezuela se unen al sentimiento del pueblo cubano por esta tragedia”, añadió el vicepresidente del Gobierno. Nada más se habló de la jurista con siete años de graduada y con un hijo de 2 años.
Con megáfono en mano Luz Quintero, compradora de El Encantado,
aseguró que ya pasó por un proceso de expropiación en Los Teques
Ayer fueron nombradas tres juntas
de vecinos para agilizar la obra
“En el año 2000 yo compré un apartamento en Los Teques que fue expropiado. Cuando voy a adquirir mi casa el Gobierno se la adjudicó a otra familia y jamás en la vida me han resuelto el problema. Me quitaron mi propiedad por causa de utilidad pública. A mi no me van a volver a chantajear”, resaltó Luz Quintero, propietaria de una vivienda en el complejo urbanístico El Encantado de Macaracuay (El Hatillo).
Frente a más de 200 vecinos de la etapa III de El Encantado, Quintero aseguró que al expropiar un bien el Estado es el propietario de ese inmueble.
“Si el Estado considera que una familia tiene más necesidad que el propio propietario se lo adjudica y uno se queda en la calle. Ahora compre el penthouse KB-5 de la torre K y me quieren dejar sin casa otra vez. Quieren hacer adjudicaciones y el único ente que puede disponer de las viviendas en el Estado, no podemos enajenar, traspasar ni ceder”, expresó.
En la urbanización El Encantado se realizó una consulta vecinal donde participaron 536 propietarios (46%) de las etapas I, II y III. En la etapa IV los vecinos firmaron un acta en rechazo a la expropiación.
Los resultados parciales de la consulta vecinal arrojaron que en las etapas I y II un 86% de los consultados rechazan la expropiación. 180 compradores participaron en la consulta de la etapa I (38%).
“En la etapa II hubo una participaron del 51% de los propietarios. Y en la etapa III el 95% están en desacuerdo con expropiar. Allí participaron 157 personas (40%)”, precisó Gustavo Pérez, coordinador de la Asamblea de Propietarios del conjunto El Encantado. De los resultados parciales se deduce que en promedio un 89% de vecinos de las tres etapas de El Encantado rechazan la expropiación.
Pérez agregó que las consultas seguirán porque ayer hubo mal clima y grandes colas. “Tenemos 1.520 propietarios en total. Los vecinos nombraron tres juntas administradoras para agilizar las labores en la Constructora Urbania 2007”, dijo.
Mientras que en la urbanización El Encantado Humboldt, hubo una asistencia masiva de propietarios que nombró una vocería oficial e inició la organización de un consejo comunal para defender la obra y la constructora.
Raniero Casoni, vocero vecinal dijo en asamblea vecinal que se expropiará el conjunto. “Hay un comunicado del Indepabis que afirma que se le aplicará la providencia 400 (expropiación). No obstante, el miembro de la Junta Administradora del Indepabis, Gabriel Aguirre, señaló que “no podemos acelerar o desmentir eso”, en relación a la inquietud vecinal.
La medida:
– El domingo pasado el presidente de la República, Hugo Chávez anunció la expropiación de seis desarrollos urbanísticos en construcción y la multa de 5 mil unidades tributarias por cada persona afectada en la adjudicación de sus viviendas en estos complejos.
– Chávez precisó que los complejos que se expropiarán son: Conjunto Residencial San Antonio, El Encantado (Macaracuay), El Fortín, Mata Linda, Loma La Hacienda y El Encantado Humboldt (El Hatillo).
– Gabriel Aguirre, miembro de la Junta Administradora del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), precisó que sobre los complejos El Encantado y El Encantado Humboldt hay, hasta ahora, una medida de ocupación temporal.
– Aguirre precisó que en El EnCantado Humboldt se han vendido 1.296 apartamentos. Otros 149 no se han vendido. “Garantizamos que las viviendas serán de ustedes. Con las constructoras no sabemos que ocurrirá”.
JORGE HERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
Domingo 7 de noviembre de 2010
Mediante regulaciones y expropiaciones la actividad está en jaque. La
producción de viviendas privadas cayó 36% en el primer semestre
Mediante leyes se estrecha
el cerco al sector inmobiliario
En el año 2008 el Gobierno dio los primeros pasos para incrementar su control en la actividad. Entre otros instrumentos, las autoridades cuentan con la Ley de Tierras Urbanas, la Ley de Vivienda y la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios, y además avanzan en la aprobación de la Ley de Propiedad Social y la Ley de Preventa.
Al menos 89% de los participantes en una consulta vecinal, realizada entre los compradores del inmueble temporalmente ocupado, rechazaron que esta medida pueda cambiar a una expropiación del conjunto, ubicado en los límites de Sucre y El Hatillo. Corrió el rumor de que los edificios habían sido expropiados, lo que causó consternación entre los que se encontraban decidiendo estrategias comunes. Aunque el Gobierno, asegura que la producción de viviendas es prioritaria, los marcos legales que se han aprobado en los últimos dos años han creado más obstáculos que facilidades a la construcción de casas.
El mercado inmobiliario se enfrenta a un cerco que se estrecha cada vez más. Mediante regulaciones y expropiaciones la actividad está en jaque.
El inicio:
Con la reforma a la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda en julio de 2008, el Gobierno dio los primeros pasos para incrementar su control en la actividad. En ese texto se declaran de utilidad pública e interés social todos los bienes y servicios susceptibles de ser empleados en la planificación, producción y consumo en materia de vivienda y hábitat.
Ante esa disposición, el Ejecutivo Nacional tiene luz verde para ejercer medidas en cualquiera de las etapas de la construcción de unidades habitacionales. Aunado a ello, la Ley condiciona los planes habitacionales.
En el articulado se indica que el Ministerio de la Vivienda tiene a su cargo la planificación de los programas a escala nacional atendiendo a las directrices de la planificación centralizada.
Las acciones no solo quedaron en la Ley de Vivienda, mediante resoluciones se contemplaron más controles.
En noviembre de 2008, el despacho realizó la primera regulación al cobro del índice de precios al consumidor en los contratos de preventa y además estableció una norma con los precios máximos para la adquisición de las tierras urbanas destinadas a las viviendas.
En ese momento se fijó la primera regulación a los precios en el sector. Cuando los entes oficiales requieren de terrenos urbanos para realizar proyectos habitacionales, la cancelación de las tierras se realiza de acuerdo a los parámetros fijados por el Ejecutivo.
Prohibición:
En 2009 el sector inmobiliario se enfrentó a más restricciones. En junio de ese año, el para entonces Ministerio de Obras Públicas y Vivienda prohibió la aplicación del índice de precios al consumidor en la preventa de inmuebles, lo cual obligó a las constructoras a realizar una revisión de los contratos.
Esa limitación incidió en el ritmo de producción de las viviendas, dado que las disponibilidades financieras de las inmobiliarias se redujeron.
Junto con la prohibición se reformó la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios, que permite medidas preventivas sobre los bienes inmuebles cuando se detecten abusos de las constructoras y promotoras.
Las regulaciones a lo largo del ejercicio continuaron en ascenso.
En el último trimestre del pasado año se aprobó la Ley de Tierras Urbanas, la cual señala que la propiedad de tierras urbanas tiene función social y declara de utilidad pública e interés social todas las tierras sin uso.
En ese texto, además se indica que los terrenos objeto de la regulación son aquellos “abandonados por sus propietarios, los que están sin edificar, y cualquier otro que determine el Ejecutivo Nacional”.
Ante lo previsto en el texto se limita la disposición (venta) de los terrenos, el Estado tiene un derecho de preferencia y se deja en manos de los entes oficiales la selección de las tierras.
En proceso:
Esas regulaciones junto con las amenazas de expropiación y los problemas en el suministro de insumos se reflejaron el volumen de unidades.
La terminación de viviendas por parte del sector privado en el primer semestre del año cayó 36%.
En la primera mitad de 2009 las empresas realizaron 33.000 unidades y en los primeros seis meses de 2010 culminaron 21.000.
Pero las acciones no han cesado. En la agenda del Gobierno y el Parlamento los controles crecen. La Asamblea Nacional redacta la propuesta de Ley de Preventa de Inmuebles, la cual detalla los aspectos que deben incluirse en los contratos de compra de viviendas en el mercado primario como los precios y los plazos de terminación de los desarrollos.
Las acciones no solo se realizarán al mercado primario sino también al de alquileres. Los diputados tienen lista la propuesta que permite a los arrendatarios adquirir los inmuebles en los cuales han estado viviendo al menos por 10 años. En el texto se fijan mecanismos especiales para facilitar a las familias la adquisición de las viviendas.
El primer mandatario nacional ha indicado que las familias que tienen tiempo pagando alquileres deben ser propietarios de las unidades. Para complementar esta norma se prepara la reforma de la Ley de Arrendamientos con el fin de ajustar las causales de desalojo.
El control se amplía cuando en la agenda se encuentran las propuestas de Ley de Regularización de las Tierras en los Asentamientos Urbanos Populares, que contempla parámetros para la adquisición de los terrenos en las zonas populares, y la Ley de Propiedad Social, que señala que los medios de producción destinados o proyectados a la satisfacción de las necesidades humanas o la producción de obras, bienes o servicios deben ser sociales
No obstante, para el Ejecutivo Nacional las regulaciones fijadas y las que están proceso no han sido suficientes.
Esta semana decidió realizar la expropiación y ocupación de desarrollos habitacionales en varios estados, bajo el argumento de que las constructoras incumplieron con las normativas y se retrasaron en la entrega de los proyectos.
Esas medidas, según los representantes del sector inmobiliario nacional, crean más incertidumbre en una etapa en la cual la actividad está desacelerada.
MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSAL
marmas@eluniversal.com
Domingo 7 de noviembre de 2010
Goizeder Udrizola, esposa de Arturo Cubillas, junto con manifestantes a las puertas de la Fiscalía
Venezuela, paraíso de los
terroristas que se casan
El diario madrileño El País abría ayer su nota sobre la situación del Gobierno venezolano y la ETA advirtiendo que “la polémica abierta entre España y Venezuela a cuenta de la extradición del etarra Arturo Cubillas ha subido de nivel”. Según la información publicada, las diferencias entre La Moncloa y Miraflores se han profundizado a raíz de la nota oficial enviada por la Cancillería venezolana al Gobierno español en la cual “acusa a Madrid de cobardía política”.
En menudo embrollo internacional se ha metido el régimen bolivariano por su empeño en no darle la cara a la realidad y enfrentar el hecho cierto de que la ETA es una organización terrorista, que ha asesinado a más de 850 personas a lo largo de años y años de violencia extrema. Se trata una banda criminal entrenada para matar, secuestrar, extorsionar y robar, en España y en Francia.
Pero lo más grave de todo es que la ETA está haciendo crecer sus tentáculos hacia América Latina y, en especial, hacia Venezuela, donde en un principio se les dio cobijo para que se regeneraran y aceptaran vivir en paz. Pues nada de eso: según las investigaciones policiales dirigidas desde España los etarras han convertido el territorio venezolano en una base de ultramar donde entrenan a sus militantes, los preparan en el bastardo arte de armar explosivos para matar a funcionarios policiales y a gente inocente, como ocurrió (por nombrar solo uno de sus cobardes ataques) en el año 2006 en el aeropuerto de Barajas, donde perdieron la vida dos jóvenes ecuatorianos víctimas de la barbarie de estos dinosaurios de la violencia europea.
¿Por qué Venezuela tiene que darle asilo a unos terroristas que mataron vilmente a dos latinoamericanos que esperaban en el estacionamiento del aeropuerto de Barajas a que llegaran sus familiares de Ecuador? ¿Por qué el gobierno bolivariano, que es uña y carne con el presidente ecuatoriano Rafael Correa, no entrega de una vez por todas a los integrantes de estas bandas que, como todo el mundo policial sabe, operan en el mercado del contrabando de armas, en el tráfico de drogas a través de las costas de Guiria hacia Trinidad y en el lavado de dinero procedente de los secuestros y extorsiones en España? El colmo es que aquí no sólo se les emplea para entrenamiento de las bandas chavistas que funcionan en el 23 de Enero sino que además se les dota de un carnet de porte armas, algo que se le niega a la mayoría de los venezolanos decentes. Pero como si fuera poco, con este porte de armas estos extranjeros aterrorizan y amenazan a los productores del agro.
La fiscal dice que Cubillas no es extraditable por estar casado con una venezolana. Según esto, si Osama bin Ladem llega clandestino a Venezuela y se casa aquí pues se vuelve inocente e intocable. Si Posada Carriles le hubiera colocado una bomba a un avión español y se casa luego en Caracas pues estaría libre.
Venezuela, paraíso de los terroristas que se casan.
Fue el segundo cabecilla de esta organización armada ilegal, en el departamento de Antioquia.
A la policía de Zulia se le ha prohibido intervenir
en el resguardo del área limítrofe (II)
La comisaria Odalis Caldera explica que bastaría utilizar el satélite Simón Bolívar
para responder a las denuncias de las autoridades colombianos.
Un funcionario de la Guardia Nacional de bajo rango, de apellido Castillo, cumplió vehemente las instrucciones que le habrían dado: impedir el acceso de particulares interesados en averiguar qué es lo que verdaderamente ocurre en la sierra de Perijá, luego de que el Gobierno de Colombia denunció ante la OEA la existencia de campamentos de las FARC y el ELN en el lado venezolano de la frontera.
A las 9:00 am del 27 de julio, Castillo permanecía apostado en una alcabala ubicada en el sector La Culebra, a la salida de Villa del Rosario. Son pocos los vehículos que transitan hacia la sierra, y los de transporte público, conocidos como chirrincheras, son inspeccionados minuciosamente.
Al ver la cámara de un fotógrafo, Castillo se pone rudo.
–¿Quiénes son ustedes?
■ Periodistas del diario El Nacional.
–¿Qué vienen a hacer para acá?
■ Queremos reseñar cómo está la situación en la zona.
–No, no, no. Para eso requieren autorización. Además, les puede pasar cualquier cosa por allá arriba.
■ ¿Autorización por qué?
–Porque sí.
Castillo reporta la novedad y a La Culebra se acerca el mayor Orlando Rosales, comandante del Destacamento 36 de Frontera. Rosales comienza a hacer llamadas telefónicas y, amablemente, pide a los reporteros que lo acompañen a su oficina. Después de dos horas el mayor dijo que, “lamentablemente”, tenía que tramitar la autorización en la sede de la Guarnición Militar de Maracaibo, a 84 kilómetros de distancia.
Aunque la custodia de las fronteras está asignada a la Guardia Nacional, en la sierra de Perijá el control corresponde al Ejército. En la práctica, la Guardia Nacional está subordinada al Ejército.
Después de otra prolongada antesala un coronel de apellido Medina habló a nombre del general Andrés Galíndez:
”Lo siento. Por la situación de tensión con la hermana República de Colombia no pueden pasar. Pero la situación es de absoluta normalidad y sólo tenemos un acuartelamiento preventivo”.
A la salida de la Guarnición Militar de Maracaibo los roles se invirtieron. Como si estuviera en labores de inteligencia, un uniformado se acercó a los reporteros para pedirles datos y hacerles preguntas.
Por el sector Jalisco de Villa del Rosario (donde no hay presencia de la Guardia Nacional) El Nacional llegó 2 días después a los sectores Caña Brava y Caño El Palmar de la sierra, a 20 kilómetros de los supuestos campamentos guerrilleros, donde los pobladores confirmaron la presencia de irregulares colombianos.
En el sector Jalisco de Villa del Rosario, uno de los accesos
a la sierra, no hay presencia militar.
Sin poder ni autoridad:
El bloqueo de entrada a la sierra de Perijá que impone el Ejército también afecta al resto de los cuerpos de seguridad. La secretaria de Seguridad y Orden Público del estado Zulia, Odalis Caldera, explica que en 2007 la policía regional fue impedida de intervenir en el resguardo de la frontera, específicamente a través de la Brigada Rural, el Grupo de Respuesta Inmediata y la Brigada Elite Antiextorsión y Secuestro. “Nos quitaron las competencias y también las armas largas que se requieren para incursionar en la frontera”, enfatizó Caldera.
¿Tienen información sobre la presencia de las FARC o el ELN en la sierra? En las oportunidades en que hemos investigado extorsión o secuestros algunas personas nos aseguran que han visto irregulares armados y nosotros hemos podido recabar indicios. Pero no tenemos acceso ni los recursos para avanzar en las investigaciones. Antes de la prohibición, identificamos a irregulares colombianos que incursionaron en el lado venezolano de la frontera. Por ejemplo, en abril de 2009 detuvimos a Yainer Esneider Acosta Peña, de 34 años de edad, en una invasión en el barrio Las Delicias, en Villa del Rosario. El mismo se identificó como integrante del ELN. Luego de ser deportado, las autoridades colombianas confirmaron que estaba solicitado por los delitos de terrorismo y rebelión.
Fue infructuosa la consulta a funcionarios militares. Sólo se obtuvo la afirmación del jefe de la subdelegación Rosario de Perijá del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Rigo Valles: “No hemos recibido denuncia alguna sobre presencia o actuación de guerrilleros en la zona”.
El gobierno del presidente Hugo Chávez ha invocado el principio de soberanía nacional para rechazar que una comisión internacional verifique la presencia de campamentos guerrilleros en la sierra de Perijá, como lo propuso el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Hoyos.
Odalis Caldera considera que las FAN disponen de los recursos humanos, materiales y técnicos para dar las explicaciones que todos requieren.
“Se pudiera utilizar el satélite Simón Bolívar”, sugirió.
¿Quién secuestra en la sierra?
La familia del alcalde oficialista de Rosario de Perijá, Olegario Martínez, ha sido víctima del secuestro.
Un ganadero primo suyo fue plagiado en 2009 y tuvieron que pagar rescate después de tres semanas de angustia.
“Antes de que yo llegara aquí secuestraban ganaderos mensualmente. En los 19 meses de mi gestión sólo han secuestrado a uno, a mi primo Diovis Martínez. Yo hablé con él varias y no queda dudas de que fue una acción del hampa común”.
Los registros de la Policía Regional de Zulia indican que en el primer trimestre de 2010 ocurrieron dos secuestros en la jurisdicción del alcalde Martínez: Jairo de La Cruz Urdaneta, el 29 de enero, en la hacienda Paso Viejo; y Edgar Martín Morales Castillo, el 9 de febrero, en la hacienda San Miguel.
Los otros ganaderos plagiados en el mismo período corresponden al municipio Jesús Enrique Losada: José Luis Fernández, el 6 de enero, en la hacienda Campo Alegre; Marco Sergio Atencio Osorio, el 19 de febrero, en la hacienda Barranca; y Rafael Antonio Montiel, el 26 de febrero, en la finca El Laberinto. La comisaria Odalis Caldera tiene dudas: “Cabría preguntarse con quién se negocia y quién se encarga de la custodia de la sierra, a veces por largo tiempo”.
EDGAR LÓPEZ SIERRA DE PERIJÁ
elopez@el-nacional.com
Aug 2 2010
Noticias | Sucesos
EL NACIONAL
Zulia, Noviembre 07, 2010
Los productores no van a sus haciendas porque se les retiró la
custodia militar y temen ser secuestrados.
Ganaderos y parceleros relatan su forzada
convivencia con irregulares colombianos (I)
■ Después de la hora que demora el recorrido desde el sector Jalisco de Villa del Rosario hasta el piedemonte de la sierra de Perijá, 2 de los 80 parceleros asentados en el sector Caña Brava siguen contando lo que ocurre a 40 kilómetros de la frontera y a 20, aproximadamente, del lugar indicado por el Gobierno colombiano como enclave de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.
Uno de ellos lleva lentes oscuros y una gorra roja con la imagen del presidente Hugo Chávez. En vez de precisar su edad aparentemente más de 60 años, prefiere decir que conserva fuerzas para trabajar las 25 hectáreas de su propiedad. “Hace 3 años me dieron un crédito de 60.000 bolívares y pude comprar una planta eléctrica y unos animalitos.
Pero nos cuesta mucho sacar la cosecha para La Villa porque, como usted ha visto, la vía es un desastre. Desde donde nos deja la chirrinchera (unas destartaladas pick up que sirven como transporte público) hasta nuestra parcela hay hora y media de camino por unas trochas, monte adentro”.
Sólo a requerimiento del extraño que le hace preguntas, habla de la proximidad de supuestos irregulares colombianos: “Desde hace como un año y medio ya casi no ven guerrilleros por Caña Brava.
Un coronel del Ejército nos dijo que nos mantuviéramos alejados de ellos porque puede ser peligroso. Y, en verdad, ¿si ellos están en la parcela y llega el Ejército? Puede haber un enfrentamiento y mi familia queda en el medio. Nosotros estamos tranquilos porque esa gente no se mete con nosotros”.
El otro hombre que va en la chirrinchera nació en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, y desde hace tres años es un parcelero más de la sierra. Se atreve a contar más sobre la presencia guerrillera en la zona: “Los hemos visto varias veces. Llegan a pedir comida. Van con uniformes verdes y armas largas. Usan botas negras de caucho y por eso por aquí les decimos `los botas de gomas”.
Adentrándose, la vegetación es más agreste y tupida. El camino se angosta y es sinuoso.
En Caño El Palmar otro parcelero habla de la guerrilla colombiana con aparente despreocupación: “Tengo más de diez años viviendo aquí con toda mi familia y uno aprende a convivir con ellos. Vienen casi todas las semanas, pero apenas nos saludamos y ya”.
En verdad, en el lugar no hay el más mínimo indicio de peligro. Por el contrario, se escucha alternadamente el golpeteo de un pájaro carpintero y el relinche de un caballo; se huele el aroma de plátanos asados que una mujer wayúu prepara para el almuerzo, y se ve a un muchachito manejando bicicleta y a otros, más pequeños y descalzos, persiguiendo mariposas anaranjadas al lado de un riachuelo.
Ni remotamente los vecinos de los supuestos campamentos guerrilleros de la sierra de Perijá habrían visto a los 1.000 militares que el presidente Chávez envió a la frontera
inmediatamente después de desmentir la presencia de irregulares en Venezuela y romper relaciones con Colombia.
Replegados por el miedo:
Un temor generalizado fundaEl debate público sobre la supuesta presencia de la guerrilla colombiana en la sierra de Perijá sólo es promovido por otros directamente afectados: los ganaderos. Son recurrentes víctimas de la extorsión y el secuestro.
Hasta hace aproximadamente dos años afirman varios agremiados en la Unión de Ganaderos de la Villa el Ejército ofrecía custodia a los más prominentes productores de la zona para que se trasladaran a sus haciendas. “Dos soldados nos acompañaban para ir y vementa diversos relatos algunos con tono de leyenda de los habitantes de Villa del Rosario, en el municipio Rosario de Perijá; La Concepción, en el municipio Jesús Enrique Losada, y Cuatro Bocas, en el municipio Mara.
“Vos tenéis que entender que de eso no se habla”, advierte un hombre que dispensa gasolina en una estación de servicio. Sin embargo, él mismo afirma que ha sido testigo de la visita que hace tres semanas hizo un grupo de cinco hombres y dos mujeres uniformados y armados a las oficinas de una cantera de la que extraen piedra. “Decían que necesitaban hablar urgentemente con el gerente”, precisa.
“Pero no todos son amables corrige otro de los empresarios porque en algunos casos amenazan con utilizar sus armas ante cualquier resistencia.
Les interesa mucho apoderarse de los equipos de radiocomunicaciones que tenemos en las haciendas. A veces la visita nir. La protección fue efectiva y disminuyeron los secuestros.
Pero por disposición del ex vicepresidente Ramón Carrizalez ya no contamos con eso.
El riesgo de ser atacados o secuestrados es tan grande que ninguno de los propietarios volvió a su fincas y optó por dejarlas a cargo de empleados”, explicó un empresario.
Otro ganadero de la zona muestra el mensaje de texto que hace poco habría recibido a través de su teléfono celular: “Queremos hablar contigo.
ELN”. Cuenta que los supuestos subversivos intentan ser cordiales: “Se presentan en las fincas, se identifican, bien sea como integrantes de las FARC o del ELN, y explican que requieren nuestra colaboración para `la causa’. Esa colaboración consiste en un suministro periódico y continuo de alimentos y enseres. De los que tengamos en las haciendas o los que haya que comprarles en los comercios de aquí”, indica.
de los guerrilleros incluye pernocta: los cabecillas del grupo se quedan en el patio y el resto de los 20 o 30 acordona la finca”.
Los ganaderos organizados de Villa del Rosario convienen en que la presencia guerrillera en la sierra de Perijá es previa al gobierno de Chávez.
Pero todos también coinciden en afirmar que durante los últimos años se hecho más evidente: “Aquí no hay cuerpos de seguridad que los acosen.
Por necesidad y no por convicción, algunos de nosotros hemos quedado para hacerles los mandados. Por ejemplo, para subirles ocho bultos de papelón en panela y una buena cantidad de tarjetas telefónicas”.
EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
SIERRA DE PERIJÁ
Aug 22 2010
Sucesos | Frontera
EL NACIONAL
El maestro de la ceremonia al tomar el micrófono pregunto:
“¿No sienten un olor a Presidente?”
Recién salido de la Sevin (Disip)
donde permaneció 51 días detenido
Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del Zulia, recordó a los periodistas que luego de abandonar la celda, llevaba consigo dos deseos: visitar a la Chinita en la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá e ir a La Guajira venezolana. Y así lo cumplió. A las 11.15 de la mañana de ayer, el ex preso político llegó a territorio wayuu, exactamente al Complejo Cultural Alitasía, cerca de la Laguna del Pájaro.
La comunidad indígena estaba de fiesta:
Un bohío gigante donde los wayuu acostumbran a hacer los eventos más significativos, estaba adornado con un largo mesón cubierto con un colorido chinchorro y objetos representativos de la etnia. Las mujeres con sus mantas de gala y los hombres con sus sombreros “pelo e’ guama” recibieron con aplausos, abrazos y besos a su tawala (hermano mayor), como llamaron a Álvarez Paz.
Minutos más tarde, el ex candidato presidencial pidió privacidad. Una casa de barro y techo de palma lo esperaba. La piachi (máxima autoridad de esa comunidad) lo recibió para hacerle un ritual de la cultura wayuu, mientras un indígena tocaba el tambor cerca de la entrada de la casa.
Más de 20 minutos tomó el rito, pero finalmente el también presidente de Alianza Popular salió “repotenciado” y acompañado de la piachi, a quien nunca soltó de su mano mientras declaró a los medios. A pesar de que no se trató de un acto político sino “de amistad”, como lo refirió Nemesio Montiel, organizador del evento, las declaraciones de un activista político como lo es Álvarez Paz no pueden escapar de las incesantes preguntas de los medios sobre la situación del país.
Una de ellas se enfocó en las recientes declaraciones del presidente Chávez, quien suspendió los racionamientos los fines de semana. “Esas son actuaciones electorales del Presidente que sabe que tiene el agua al cuello. Bienvenidos a sus pataleos de ahogado. Chávez está ponchao”. También se refirió a los decomisos de alimentos de Empresas Polar. “A eso yo lo llamo robo porque están siendo despojados de alimentos que iban dirigidos al pueblo, producido por gente trabajadora de Venezuela”.
Aseguró: “No solamente Polar es la que está en peligro, aquí se está liquidando el principio de la propiedad privada de los que mucho tienen, pocos tienen, y nada tienen pero quieren tener. Llegó la hora de enfrentar junto a los principios básicos de la persona humana, todas las tendencias negativas de este Gobierno”.
“Me siento repontenciado, como una centella americana, como un cañón. Estoy muy contento de haberme rencontrado con este pueblo de donde tengo arraigada mis raíces maternas. Para mí La Guajira significa mucho. Me siento como en mi casa porque estamos rodeados de amigos y somos la misma familia”.
La Guajira está con Oswaldo:
Manifestaciones de afecto comenzaron a llover sobre el “zuliano mayor”. Las palabras de apertura por parte de Nemesio Montiel Fernández, Antropólogo y presidente de la Fundación Intercultural Alitasía, hicieron que los presentes recordaran con entusiasmo que durante la gestión de gobierno de Álvarez Paz a La Guajira no le faltó nada. “Oswaldo tuvo tres guajiros en el tren ejecutivo durante su gobierno, hizo 34 casas de cultura en todo el estado, el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia y muchísimas cosas en esta frontera. Por eso hoy le decimos Oswaldo pa&39; lante”.
La gestión del “Padre de la Descentralización”, como también es conocido el ex mandatario regional, quedó en la memoria wayuu. En eso se basó el discurso de Nikarely Mapari, diputada indígena del CLEZ, quien recordó un autobús denominado El sitio de Venezuela que -según ella- representaba la esperanza para muchos niños indígenas. Tampoco olvidó que el ex gobernador de la rescató la Laguna de Sinamaica, cuya obra es agradecida por el pueblo añú.
Marisela Reverol, presidenta del Colegio de Médicos y candidata independiente al Parlamento por el circuito 3 (Mara, Páez y Padilla), hizo su participación y dijo estar agradecida con Dios por haber liberado a un hombre que siempre tuvo presente a La Guajira durante su gestión como Gobernador. Luego de cumplirse la programación del acto de reencuentro y de solidaridad para Álvarez Paz, la comunidad guajira premió a su “indígena mayor” con un gran cuadro en el que plasmaron su foto y unas palabras que lo consagraron como el “hijo adoptivo del pueblo wayuu”. Recibió de parte de la diputada Maparí el reconocimiento, un collar de protección y un karatshi (sombrero con plumas de pavo real que usa el cacique en los eventos importantes).
“No hay nada que temer”
El personaje político estuvo acompañado de su esposa María Eugenia de Álvarez; Santiago Álvarez, su hijo; Fernando Álvarez, su hermano, Estela Álvarez de Montiel, su hermana; Eraclio Montiel, su cuñado, además de sus sobrinos y nietos, quienes agradecieron este acto preparado por la región Guajira.
La actividad ya llegaba a su fin. El maestro de la ceremonia volvió a tomar el micrófono y tras la pregunta: “¿No sienten un olor a Presidente?” presentó al homenajeado del evento, Oswaldo Álvarez Paz, quien volvió a hablar en público y cerró el acto con las siguientes palabras: “Me causó mucha risa cuando Nemesio Montiel comentó que había recibido varias llamadas que le daban a entender que estoy a cinco kilómetros de Colombia y que era muy probable mi huida. No señores, yo estaría muy contento de visitar Colombia, iremos a Colombia cuando sea necesario, pero mientras tanto yo siempre he dicho que venezolanos y colombianos somos una misma nación, aun cuando estemos integrados en dos repúblicas, que albergan a un solo pueblo y una sola nación, la nación guajira”.
Álvarez Paz continuó. “Aquí no hay nada que temer, más bien tenemos que ser como en el pasado y que reine el equilibrio, la democracia y las instituciones entre ambos países, pero antes tenemos que recuperarla aquí en nuestra querida Venezuela, que la estamos perdiendo progresivamente. Así que esta lucha no termina nunca, más bien se profundiza y se proyecta en el tiempo”.
Reconoció que este acto marca un antes y un después que todavía está por hacerse en tierras guajiras y en el país entero. No le quedó duda que La Guajira es “tierra de mística telúrica donde las andanzas del ser son las andanzas del tiempo” y confesó que ese acto de solidaridad organizado por el pueblo indígena antes de su liberación lo emocionó inmensamente y sintió la necesidad de pisar tierras guajiras y recordar el paisaje y las grandes sabanas que recorrió y disfrutó cuando era un niño.
La Verdad – May 24 2010
María de los Santos Galbán – Maracaibo
* “Este es un acto de solidaridad para Oswaldo, un acto que habla del agradecimiento del wayuu hacia esa persona que en su oportunidad fue capaz de preocuparse por estas tierras. Nos reconforta que hoy Oswaldo esté libre y trabajando para enrumbar a Venezuela hacia un gran camino, que estoy segura que así será”.
que en 2007 la policía regional fue impedida de intervenir en el resguardo de la frontera, específicamente a través de la Brigada Rural, el Grupo de Respuesta Inmediata y la Brigada Elite Antiextorsión y Secuestro. “Nos quitaron las competencias y también las armas largas que se requieren para incursionar en la frontera”, enfatizó Caldera.
