Cebolla y pimentón son dos de los rubros cuya producción se verá afectada por falta de créditos y de productos agrícolas.
Cebolla y pimentón son dos de los rubros cuya producción se verá afectada por falta de créditos y de productos agrícolas.
Denuncian retrasos en la aprobación de créditos
Sin préstamos ni agroquímicos los agricultores calculan que la caída en la producción de alimentos será superior a 50%
Los productores larenses advierten que si Agropatria mantiene retrasos en créditos y venta de agroquímicos aumentará el desempleo en el sector y la producción de alimentos caerá entre 45% y 60%.
“Sin el apoyo de Agroisleña será difícil tener un sector agrícola fortalecido”, dijo Pedro Pérez, afectado por la falta de insumos agrícolas. “Podemos producir con lluvias pero requerimos de ayuda y apoyo técnico y eso fue lo que ofreció Agroisleña por 52 años, con financiamiento adaptado a las necesidades de cada productor”.
Para evitar pérdidas en los cultivos es necesario el uso de fungicidas, insecticidas y fertilizantes, sobre todo en época de lluvia. “El mercado ya no ofrece esos agroquímicos a causa de la intervención de Agroisleña, por eso faltarán cebolla, tomate, pimentón, lechugas, repollo, papas y cilantro, entre otros rubros”, precisó el productor.
En el valle de Quíbor se siembran 10.000 hectáreas al año y la mayoría de los agroquímicos escasea o ya no se ofrecen.
“Agropatria no vende ninguno de los fungicidas necesarios para la siembra de cebolla, pimentón o tomate.
Los productores larenses no han cuantificado la cantidad de alimentos que dejarán de producirse en los próximos meses. “Los más optimistas calculan la caída en 45%, los menos en 70%, al menos en algunos rubros”, dijo Eliseo Martínez, que informó que anualmente se producen en Quíbor 3.500 hectáreas de cebolla; 1.500 de cilantro, 3.000 de maíz-jojoto, 1.000 de pimentón, 500 de tomate y 500 de hortalizas. “De mantenerse las limitaciones asociadas a la intervención de Agrioisleña se afectarían otros rubros como pepino, parchita, remolachas, lechosa, melón y aguacate”.
Por: CÉSAR PARADAS BARQUISIMETO
Economia | Noticias
EL NACIONAL
Esa violencia no solo se manifiesta con el uso de las armas contra una manifestación pacifica, como sucedió el 11 de abril de 2002.
90% de las acciones contra organismos estatales son rechazadas. En 47,15% de los casos las sentencias se fundamentan en formalismos.
Provea denuncia parcialidad de los
magistrados a favor del Gobierno
La posibilidad de ganarle un juicio al Gobierno es escasa.
90% de las demandas interpuestas contra organismos estatales fueron rechazadas por el Tribunal Supremo de Justicia, según se indica en el Informe Anual del Programa Venezolano de Educación-Acción Derechos Humanos, correspondiente al período entre octubre de 2009 y septiembre de 2010.
La tendencia verificada por Provea a partir de datos oficiales del TSJ fundamenta las reiteradas denuncias de falta de independencia y autonomía del Poder Judicial venezolano, lo cual implica una fragilidad institucional que incide de manera negativa en la vigencia del Estado de Derecho y el ejercicio pleno de las libertades establecidos en la Constitución.
En términos prácticos explica el profesor universitario Antonio Canova el ciudadano queda indefenso ante eventuales arbitrariedades en el ejercicio del poder público: “El Estado de Derecho consiste en la actuación de todos los integrantes de la sociedad conforme a unas leyes abstractas, precisas y determinadas. Y si alguien incumple la ley, entre ellos el propio Estado, intervienen los tribunales.
Pero si los tribunales no controlan con imparcialidad las actuaciones del Gobierno, el Estado de Derecho no existe”.En el informe de Provea se precisa que fueron desestimadas todas las acciones judiciales contra el jefe del Estado (21) durante el año analizado.Incluso, las más recientes decisiones a favor de Chávez indican que el Presidente puede actuar penalmente contra cualquiera que solicite su enjuiciamiento.
La Fiscalía General de la República también ha resultado intocable. Sólo prosperaron demandas contra la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría General de la República.
Canova se ha dedicado a registrar en detalle las sentencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y sus últimos estudios estadísticos confirman el análisis de Provea. De las 3.127 resoluciones dictadas desde el 1º de enero de 2007 hasta el 30 de junio de 2008 sólo 325 (14,15%) dieron respuestas de fondo a las demandas. En ese período, sólo un particular tuvo éxito al enfrentarse con el Estado: la jueza Yolanda del Carmen Vivas, que había sido removida de su cargo arbitrariamente.
Entre octubre de 2009 y septiembre de 2010 aumentó 47,15% el número de sentencias del máximo tribunal que no resuelven los conflictos planteados, sino que se limitan a aspectos de forma.
La ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, explica que los formalismos innecesarios en la administración de justicia están prohibidos por la Constitución y, en la práctica, constituyen una modalidad de negación de acceso a la justicia: “El ciudadano no sólo necesita entrar a los tribunales, sino, principalmente, salir con una sentencia justa y oportuna”.
Los registros de Canova indican que antes del ascenso de Chávez al poder las demandas contra el Estado tenían mayor eco en la Sala Político Administrativa, con un promedio de 20% de sentencias a favor de los particulares.
La presidenta del TSJ Luisa Estella Morales, opina que la separación de poderes debilita al Estado.
Deber el cargo:
La falta de independencia y autonomía judicial tiene un origen preciso: el ingreso y ascenso de los jueces a dedo y no por concursos de oposición públicos y abiertos, como está establecido en la Constitución.
El rigor de la carta magna tiene dos propósitos fundamentales: idoneidad (en términos personales y profesionales) y estabilidad de los jueces. Si los jueces no ingresan y ascienden por méritos propios la designación a dedo los carga con una deuda que, por lo general, se paga con sentencias complacientes.
Para 2009, se precisa en el informe de Provea, de los 1.896 jueces del país 936 (49,36%) eran titulares de sus cargos y 960 (50,64%) provisorios, es decir designados unilateralmente por la Comisión judicial del TSJ.
Dicho de otra forma, la mitad de los jueces venezolanos no tiene estabilidad en sus cargos y es vulnerable a presiones políticas y económicas. A partir de los datos oficiales del máximo tribunal, Provea concluye que se ha revertido la tendencia a reducir la provisionalidad registrada desde 2006.
Mucho más rigor impone la Constitución a efectos de la designación de magistrados del TSJ. Antonio Canova y Cecilia Sosa coinciden en señalar que en el reciente relevo de 9 magistrados principales y 32 suplentes se burlaron todas las normas destinadas a garantizar la imparcialidad de las máximas autoridades judiciales.
Sosa señaló que la Sala Constitucional y la Sala Electoral han sido cooptadas por el chavismo en los últimos días de su hegemonía absoluta en la Asamblea Nacional. La primera sala interpreta la Constitución, la segunda tiene la última palabra en materia comicial.
“Con la designación de estos nuevos magistrados, Chávez dio un paso adelante en función de su empeño en perpetuarse en el poder, pues él no necesita un tribunal que lo proteja, sino que cumpla sus órdenes”.
Secretismo con aval jurídico:
En vista de que la Sala Constitucional del TSJ dicta pautas de cumplimiento obligatorio por todos los jueces del país, Provea destaca en su informe la gravedad de la sentencia dictada el 15 de julio de 2010, mediante la cual se condiciona el derecho de acceso a la información pública al uso que le daría el ciudadano que, por ejemplo, requiere conocer detalles sobre el desempeño de un ministerio.
En la práctica, esta forma de avalar el secretismo también coloca al ciudadano en desventaja frente al Estado, pues se le cierran las puertas de la administración pública y no puede incidir en su gestión.
Todo ello a contravía del principio constitucional de participación ciudadana.
Por: EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
Judicial | Política
EL NACIONAL
Manuel Caballero evitaba realizar sentencias lapidarias sobre la actual situación de Venezuela, “lo que hacía era dudar y sugerir para pensar en conjunto, en colectivo sobre el presente venezolano”.
Manuel Caballero evitaba realizar sentencias lapidarias sobre la actual situación de Venezuela, “lo que hacía era dudar y sugerir para pensar en conjunto, en colectivo sobre el presente venezolano”.
Manuel Caballero, falleció hoy
1935- 2010
Caracas.- Para el profesor universitario y director de la Academia Nacional de la Historia, Elías Pino Iturrieta, la muerte de Manuel Antonio Caballero Agüero (1931-2010) no “es la de cualquier historiador o escribidor sino la de un autor, un personaje intachable, la de un compañero imprescindible”.
“Manuel (Caballero) llenó extraordinarios espacios en la vida de quienes tuvimos la fortuna de contar con su compañía. En términos personales, políticos, profesionales y periodísticos estamos ante una pérdida fundamental para la historia de nuestro país”, dijo en entrevista exclusiva a El Universal.
Aseguró que la vida del historiador estuvo dedicada por completo, con “majestuosidad” y “entrega”, al trabajo historiográfico. “Más de 30 libros de historia, es parte de las publicaciones que en la actualidad son referencia imprescindible en la academia”.
Como docente y director de la escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, -según Pino Iturrieta- estuvo pendiente de sus alumnos y dedicado al estudio de las tesis y los trabajos de ascenso, “hasta el punto que llego hacer uno de los jurados más meticulosos que tuvimos en la casa que vence las sombras”.
“Manuel no se contento con enseñar sino que fue un vigilante de la sociedad, preocupado por el entorno que le rodeaba y el bien común. De eso da testimonio su ensayística y sus columnas tan leídas y buscadas en el diario El Universal y en otros medios impresos”.
Con respecto a la situación política y económica de Venezuela, Iturrieta expresó que Manuel Caballero en sus tertulias con colegas y compañeros de vida, “evitaba realizar sentencias lapidarias, lo que hacía era dudar y sugerir para pensar en conjunto sobre el presente venezolano”.
“Era constante en él (Manuel Caballero), el presente venezolano pero jamás cuantificó, siempre manifestaba sus vacilaciones o dudas. Él no decía a los amigos que hacer sino que nos preguntaba y entre todos pensábamos todos los días un rato lo que estaba sucediendo en Venezuela. Manuel Caballero fue un hombre solidario con la gente, con el bien común, solidario ante la posibilidad de elaborar un pensamiento compartido sobre Venezuela”.
Manuel Caballero, falleció hoy a la edad de 79 años, “conciente, lucido, físicamente ya no podía caminar pero su compromiso fue grande hasta el último respiro y como prueba de ello está su articulo “La independencia de la mitología”, publicado hoy en las páginas de opinión de El Universal”.
“Manuel tenia pasión de vivir, tenia ganas de seguir la tertulia, estar con los amigos para dudar y sugerir en colectivo sobre el presente y futuro de Venezuela”, destacó.
Advierten que el Gobierno busca reprimir la disidencia que se expresa por la red y la telefonía celular.
Advierten que el Gobierno busca reprimir la disidencia que se expresa por la red y la telefonía celular.
Plan para modificar la Ley Resorte es parte de
la búsqueda de la hegemonía comunicacional
Comunicólogos, blogueros y periodistas coinciden: el control de Internet afectará la libertad ciudadana de producir y consumir contenidos. La regulación luce inoperante. Internet dejará de ser la única ventana informativa y de entretenimiento fuera del control oficial: el martes la Asamblea Nacional iniciará la revisión de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para meterla, junto con los medios electrónicos, en el saco de las regulaciones.
Si la presión de la opinión pública y el rechazo generado hasta en la comunidad virtual chavista no son suficientes para frenar la iniciativa presentada por el vicepresidente Elías Jaua, antes de fin de año se aprobará el texto.
El comunicólogo y profesor universitario Antonio Pasquali atribuyó la medida a la incapacidad del Gobierno para calar su mensaje en la población, pese a controlar un número importante de medios de comunicación: “La sintonía y lectoría de los medios del régimen no pasa de 4%; tal incapacidad de comunicar es suplida con más represión a la comunicación de la disidencia, la cual transita hoy de manera creciente por la red y la telefonía celular”.
La presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Silvia Alegrett, agregó que el Gobierno trata de ampliar su hegemonía comunicacional: “Internet no podía quedar por fuera. El problema es que ahora no afectarán los intereses del dueño de un diario ni a los periodistas, sino que van contra la ciudadanía que recurre a Internet para decir lo que piensa, para informar lo que sabe y enterarse de lo que pasa. Esta medida va a acallar la voz del ciudadano”.
El bloguero Luis Carlos Díaz considera que el poder popular no está en la ley recién aprobada por el Parlamento sino en la red: “En la radio y la televisión el espacio está copado por un mensaje único lo que viola el derecho ciudadano de acceder a otro tipo de información. En cambio, en Internet, más que un derecho es una facultad inherente a su espíritu: la gente tiene libertad de elección para producir y consumir contenidos”.
¿Por los niños?
El punto de cuenta que presentó el director de Conatel Pedro Maldonado a la Vicepresidencia Ejecutiva, para reclamar la necesidad de la reforma, sostiene que la gran cantidad de mensajes que se transmiten vía Internet sin regulación requiere la intervención del Estado para que garantice que estos sean aptos para los niños, “pues en la actualidad se difunden contenidos con apología del delito que atentan contra la paz, la seguridad y la formación del ciudadano”.
Díaz fustigó el argumento: “Lo que quieren es proteger a los niños de la sociedad del conocimiento y el mundo libre que significa Internet, para dejársela igual de estupidizada que la radio y la televisión nacional con la primera Ley Resorte”.
Carlos Correa, coordinador de la ONG Espacio Público, afirmó que el Gobierno pretende establecer la responsabilidad del emisor “porque ve que circula mucha información sin control pero ¿cuál es el problema? Los mensajes tienen que circular sin control y la ley se tiene que aplicar a quien cometa un delito. La razón de todo esto es que les aterra la libre circulación de la información”.
Twitter sin alas:
La propuesta tiene varias contradicciones.
Por ejemplo, incluye a Internet y a los medios electrónicos (mensajes de texto o correos electrónicos) dentro de su ámbito de aplicación, pero en el artículo referido al contenido permitido según los bloques horarios sólo se refiere a la radio y la televisión.
Para Correa la propuesta deja más preguntas que respuestas: “¿Esta ley va a prohibir contenidos de Youtube en determinados horarios en Venezuela? ¿Cómo vas a controlar las noticias que circulan en Twitter?”.
Pasquali señaló que los controles no son cuestionables cuando se intenta minimizar la comisión de delitos: “En muchos países se estudian formas regulatorias de Internet para sanearlo del terrorismo, la pedofilia, la droga, la fabricación de armas y cosas por el estilo, tratando siempre de controlar contenidos puntuales, pero no de la genérica e indefinida violencia que prohíbe la Ley Resorte”.
Además de prohibir la propaganda de guerra, la apología del odio nacional, racial o religioso y la discriminación basada en el sexo, la propuesta presentada por Jaua prohíbe los mensajes que “pudieran” incitar o hacer apología del delito; los que “pudieran” constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía, los que “pudieran” inducir al magnicidio y los que atenten contra las buenas costumbres, entre otros.
Correa destacó que “la propuesta es una camisa talla única, cualquiera entra ahí: las redes sociales como Facebook, blogs, Twitter, ¿el Estado va a bloquear todos esos sitios o va a bloquear a un usuario?”, se pregunta y recuerda que sólo Facebook cuenta con más de 6 millones de usuarios venezolanos registrados, lo que demuestra el impacto de una restricción como la planteada.
No será fácil:
Luis Carlos Díaz, editor de www.periodismodepaz.org, cifra en más de 9 millones los cibernautas venezolanos afectados por una restricción de contenidos en Internet y medios electrónicos. Recordó que mecanismos de control como el que se quiere imponer con la reforma de la Ley Resorte se han intentado implantar en Rusia, China, Irán, Corea, Cuba, Libia y Bielorrusia, pero en paralelo “miles de personas trabajan para derribar esas barreras, burlarse de esas leyes y pasar información”. Advirtió que “en un país como Venezuela, con tantos celulares, tanta adicción tecnológica y tanta gente que le busca la vuelta a todo, el Gobierno no la tendrá fácil”
Por: MARU MORALES
mmoralesp@el-nacional.com
Noticias | Política
EL NACIONAL
En el casco histórico de la capital de Falcón, la Casa de las Ventanas de Hierro y la Casa del Sol, declaradas como patrimonio de la humanidad por la Unesco, sufrieron daños durante las fuertes lluvias que azotaron la región.
En el casco histórico de la capital de Falcón, la Casa de las Ventanas de Hierro y la Casa del Sol, declaradas como patrimonio de la humanidad por la Unesco, sufrieron daños durante las fuertes lluvias.
Casco histórico se deteriora
las calles no tienen desagües
■ 60 viviendas se desplomaron y 16 familias fueron desalojadas, mientras otras se resistieron a salir de sus hogares.
Las precipitaciones que azotaron recientemente el estado Falcón también afectaron una zona declarada como patrimonio cultural de la humanidad: 150 casas del casco histórico de Coro, así como de las poligonales aledañas de protección, quedaron deterioradas.
“De las 60 casas desplomadas, algunas con pérdida total y otras parcialmente, 16 familias fueron desalojadas; otras, por decisión propia, no quisieron abandonar sus hogares. En muchas casas hay problemas de hacinamiento y en algunas viven ancianos solos”, precisó Merlín Rodríguez, directora del Instituto de Patrimonio Cultural del estado.
Las viviendas que sufrieron daños fueron cubiertas con plásticos para evitar que le laven los muros y contener las filtraciones de los techos. También se les colocaron palos para apuntalarlas y evitar que cedan.
Rodríguez indicó que de las viviendas derrumbadas, sólo una se ubica propiamente en la zona Unesco. Señaló que el resto pertenece a particulares, que las han dejado abandonadas o las han alquilado a terceros que no se ocupan de darles el mantenimiento adecuado; sin embargo, en las cuadras de la zona protegida por la declaratoria de la Unesco, hay casas emblemáticas afectadas como la Casa de las Ventanas de Hierro y la Casa del Sol. Otras se encuentran muy deterioradas.
Casas del Patrimonio de Coro, con más de 400 años, están severamente afectadas por lluvias. Los daños son visibles en una litografíca de la calle Colón.
Familias desalojadas:
Tal es el caso de la empresa Impresiones Gráficas Falcón, que está ubicada en la calle Colón y que pertenece a Carmen Guadalupe de Ramírez, de 81 años de edad. La estructura del negocio está bastante deteriorada. Grietas en las paredes y goteras pueden observarse a simple vista.
A pesar de la recomendación que le hizo Protección Civil de abandonar el lugar porque no es seguro, los nietos de Ramírez continúan trabajando en la litografía, en una estructura que fue reforzada con palos.
“Estoy viviendo en casa de unos familiares porque sé que corro riesgo, pero voy y vengo para darle vueltas a la casa”, dijo Ramírez. “Cuando yo me casé, hace 45 años, me vine para esta casa que ya existía. Debe tener como 100 años”.
Manifestó que sólo Protección Civil efectuó una inspección en el lugar y que no ha recibido la visita del personal del IPC.
Barro vs cemento:
Eric Migliore, propietario de la posada El Gallo situada en la calle Federación, también en la zona patrimonial, señaló que tiene 15 años en Coro. Antes de vivir en Falcón, perteneció a un grupo francés dedicado a examinar las zonas coloniales del mundo, por lo que conoce la materia. Alega que las casas que están en el casco histórico se han deteriorado porque las calles no tienen desagües y el agua humedece las viviendas.
“He viajado por otras partes del mundo y las calles de las zonas coloniales son como bateas, que van desde las aceras al centro para que el agua no afecte las casas”, indicó.
Contó que su posada se vio afectada porque los techos de las casas vecinas se desplomaron y cayeron escombros en su patio. El negocio de Migliore se ve en buen estado porque, indicó, le hace mantenimiento.
Agregó que el Gobierno no hace su parte para mantener la zona colonial, por lo que cree que sería mejor reconstruir las viviendas con cemento y bloques. “Cuando existía la corporación Mariano de Talavera, la Unesco le dio al IPC 82 millones de dólares que no supieron administrar”.
Merlín Rodríguez rechaza que se quieran satanizar las construcciones de adobe y barro al decir que no son resistentes.
“Estas viviendas tienen más de 300 años y como miembro y directora del Instituto de Patrimonio Cultural no puedo permitir que continúen pensando de esa manera, sin conocer las bondades del barro y del adobe. En muchos países se han empezado a incorporar las técnicas tradicionales con la idea de que se le brinde salud al ambiente”, enfatizó.
Por: NATALY RAMÍREZ
FALCON | CORO
LLUVIAS | NOTICIAS
EL NACIONAL
El material es vendido a compradores internacionales por intermediarios venezolanos y colombianos. Tiene valor estratégico porque es un insumo esencial para las industrias electrónica, militar, aeroespacial y médica.
El material es vendido a compradores internacionales por intermediarios venezolanos y colombianos. Tiene valor estratégico porque es un insumo esencial para las industrias electrónica, militar, aeroespacial y médica.
Explotan y contrabandean Coltán
en los estados Amazonas y Bolívar
Minas ilegales proliferaron en fundos localizados en tierras de la nación desde 2007, y continúan activas a pesar del patrullaje militar, para extraer coltán. “Me enteré hace unos meses de que así le dicen a lo que se meten a buscar ilegalmente en el fundo”, dice José Barrios, dueño de Las Margaritas. Hay agentes dedicados a la compra y venta en el eje entre Puerto Ayacucho y Caicara. Muchos se promocionan a través de Internet y garantizan suministros de 5 toneladas mensuales. El Gobierno anunció que creará una empresa estatal de minería estratégica y China es uno de los potenciales socios.
La destrucción de la capa vegetal, como ocurrió en esta parte del fundo Las Margaritas, es característica de la explotación ilegal del Coltán.
Los mineros ilegales crearon este pequeño desierto en medio de la sabana. Cavaron durante día y noche las zanjas y los orificios que están sobre el terreno. Donde abundaba el pasto, hoy sólo hay tierra removida. Apenas si quedó un moriche o un chaparro en pie.
Es como si una plaga se hubiera ensañado contra esta parte del fundo Las Margaritas, en el municipio Cedeño del estado Bolívar. Nadie ha buscado oro o diamantes aquí. Vienen para llevarse esas piedras oscuras que ahora están al alcance de las manos.
Antes eran ignoradas, pero hoy hay una fiebre por ellas y su extracción y contrabando son un millonario negocio que está cambiando la vida de la zona: una tonelada, que puede ser extraída de modo artesanal, se cotiza en la zona en 50.000 dólares aproximadamente y hay vendedores que ofrecen hasta 5.000 kilos al mes. Los lugareños saben que el material es codiciado internacionalmente y han modificado su vocabulario para llamarlo con el término con que se conoce en el mundo: coltán.
“Me enteré hace unos meses de que así le dicen a lo que se meten a buscar ilegalmente en el fundo”, dice José Barrios, dueño de Las Margaritas.
En las sabanas del sur del Orinoco hay gente que habla, como geólogos autodidactas, sobre esas piedras que se explotan clandestinamente en la frontera entre el norte de Amazonas y el oeste de Bolívar, muy cerca de Colombia. Los baqueanos, cuando entran en confianza, demuestran que saben que esa materia prima es imprescindible para computadoras portátiles y teléfonos celulares. Pero, a decir verdad, también es vital para dispositivos de video, aparatos digitales de sonido, consolas de juegos y sistemas de localización satelital, por citar sólo equipos comunes y de producción masiva.
Su nombre, una abreviatura más comercial que científica, es una pista para recordar que está constituido fundamentalmente por una pareja de minerales escasos denominados columbita y tantalita. “Con su procesamiento se pueden obtener dos metales de importancia estratégica para la economía mundial”, dice Guillermo Tinoco, profesor de la Universidad de Oriente.
La mayoría de los venezolanos desconoce los nombres y las propiedades de esos metales. Uno es el columbio (o niobio) y el otro es el tantalio.
El primero se usa comúnmente en aleaciones especiales de alta resistencia como las que sirven para fabricar tuberías petroleras y piezas de la industria aeroespacial. El segundo, sin embargo, despierta mayores apetencias globales. Es un material ideal para transmitir electricidad se le considera un superconductor y además es capaz de almacenar carga y liberarla progresivamente. Por ello se ha convertido en un insumo esencial para producir los componentes miniatura que energizan equipos electrónicos y de telecomunicaciones.
La demanda mundial de tantalio ha crecido de forma sostenida desde 1995 y su cotización actual está alrededor de 400 dólares por kilogramo. La producción global ha promediado 1.000 toneladas anuales entre 2008 y 2009. Corporaciones estadounidenses, chinas, japonesas y alemanas están entre los líderes en procesamiento.
Las autoridades han redoblado esfuerzos para evitar la presencia no autorizada de mineros.
Desde Venezuela operan redes que ya han enviado toneladas de coltán al exterior. Lo hacen principalmente a través de Colombia favorecidos por la cercanía de Puerto Carreño, ciudad del departamento del Vichada, que está al otro lado del Orinoco. Alcanzarla sólo requiere un paseo de 10 minutos en lancha desde el Burro, un pueblo bolivarense habitado por 80 personas aproximadamente. Pero, según informantes de la zona, hay rutas que atraviesan el oeste de Bolívar rumbo a Puerto Ordaz; y otras que incluso llegan a Brasil. Este país es uno de los mayores productores mundiales junto con Australia, Canadá y el Congo, un proveedor tardíamente vetado porque el control de las minas ha estado asociado a más de 4 millones de muertes en guerras civiles.
La cotidianidad en las tierras del coltán venezolano comienza a girar en torno a las ambiciones: los compradores y vendedores abundan; existen miembros de comunidades indígenas que se dedican a extraer las piedras por precios miserables; mafias colombo-venezolanas están involucradas en el negocio y dueños de fundos han sido blanco de amenazas, pero también de ofertas millonarias de empresarios extranjeros o de farsantes que exhiben papeles “oficiales” para ejecutar proyectos con el uso de maquinaria o sin ella. Muchos ya han sacado provecho de la riqueza, sin reparar en costos ambientales. Aunque se ha intensificado el patrullaje militar y el trabajo de inteligencia, también hay habitantes de la zona que refieren la supuesta complacencia de las alcabalas con los traficantes y la presunta participación de oficiales en las redes.
Dos temas para los órganos de justicia.
Las minas:
El ciclo del coltán comienza en áreas como ésta, del fundo Las Margaritas.
Los mineros ilegales ocupan y abandonan a conveniencia las tierras donde van a buscar los tesoros del subsuelo que, por ley, pertenecen al Estado y sólo pueden ser extraídos por concesionarios. Disponen de vigilantes que les advierten sobre la cercanía de extraños, según los baqueanos. Parece que alguien estuvo hace poco aquí.
Una suruca está tirada: es el tamiz usado para separar piedras. Hay zapatos, prendas de vestir y otros objetos abandonados. La extracción típica es con palas y picos: los mineros ya saben que basta cavar para hallar el “oro azul”. No necesitan dinamita o cinceles. Según los informantes, se paga menos de 100 bolívares por kilogramo “a pie de mina”. Esa cantidad puede ser llevada hasta en un envase de compota dada la alta densidad del material. Se usan carros pequeños para transporte y hay casas donde se compra y se vende en la carretera.
“He denunciado en repetidas oportunidades ante la Guardia Nacional las actividades que otros hacen en mi fundo”, dice Barrios. No sólo lo ha hecho porque los mineros matan sus cochinos para comer: “Si me callo sería cómplice”. Hace mes y medio, refieren fuentes militares, fueron detenidas allí 3 personas que supuestamente llevaban consigo más de 300 kilogramos de coltán. Hay información de nuevas penetraciones. “Siempre se mete gente allí”. No menos de 3 grandes áreas una superficie mínima de 2.000 metros cuadrados han sido afectadas en Las Margaritas. Los daños los disimula la inmensidad de la sabana.
En un punto remoto del fundo Doña Celia, en Los Gallitos, al oeste de Bolívar, fue instalada una separadora industrial.
Proliferación:
Las explotaciones ilegales han proliferado en los últimos tres años en terrenos propiedad de la nación. Típicamente, la zona es asiento de comunidades de indígenas piaroas, curripacos y goajibos, así como de fundos como Las Margaritas. Estos son lotes de terreno que han sido otorgados a ciudadanos interesados en su aprovechamiento. Suelen tener instalaciones para vivienda y cría de animales. Sobre esos lugares la Fuerza Armada Nacional y el Servicio Bolivariano de Inteligencia se ha desplegado desde noviembre de 2009, cuando el Gobierno lanzó la Operación Oro Azul que involucró según la información oficial a 14.000 militares. Para entonces ya era más evidente lo que sucedía. Una fuente lo describe así: “Se veía gente que iba y venía, eran como olas de personas en esas tierras”.
En el fundo Matiyure, los mineros crearon no menos de cuatro grandes áreas de explotación y en el San Diego los encargados reportan los intentos de mineros que han procurado pasar. “Los militares siempre dan vueltas y estamos contentos, pero a veces esto parece incontrolable”, dice Luis González, dueño de otro fundo, llamado Sagitario, quien se queja de la complacencia de otros propietarios y encargados.
En el fundo Doña Celia, de la comunidad Los Gallitos, los militares descubrieron una máquina industrial usada para separar piedras (comúnmente se le llama “lavadora”). Hay que caminar una hora desde la casa principal para verla a la orilla de una quebrada en un punto remoto con vegetación tupida como una selva. En el lugar hay rastros de alguien que acaba de huir al advertir la presencia de los forasteros: huellas frescas, ramas partidas. El baqueano pide salir del lugar pronto.
Los testimonios indican que de ahí se han sacado rocas de coltán de 8 kilogramos. Luis Pérez y Román Estévez, los dueños, afirman que los mineros entraron sin que ellos supieran: “Criamos pollos, no estamos de acuerdo con nada ilegal”. Funcionarios del Sebin irrumpieron en septiembre de 2009 con carros y helicópteros. “Golpearon a mi sobrino y a su esposa embarazada la acostaron sin ropa en el piso. Nos maltrataron. Dijeron que yo escondía tres frentes de la guerrilla. Mentira. Aquí no había nada”, recuerda Pérez.
Luego de la operación, los ocupantes de dos rancherías cercanas se marcharon.
Nada nuevo:
Las actividades irregulares en torno al coltán son bien conocidas en la zona desde hace tres años, cuando menos. Nadie olvida el caso del fundo La Fortuna en 2007. En el lugar se instaló maquinaria pesada, en noviembre de ese año, a pesar de que está ubicado a 2 kilómetros de la alcabala de la Guardia Nacional de Pozón Babillas.
Allí funcionaron una retroexcavadora, un camión volteo, separadoras mecánicas y una flotilla de vehículos rústicos. Un grupo de 25 indios pemones, que no son naturales del área, se asentó en una ranchería. Trabajaron de noche y de día. “Vino una persona a pedir autorización para hacer una exploración. Tenía papeles del ministerio de minas que parecían reales. No nos opusimos, porque ¿quién se opone al Gobierno?”, señalan Ismael y Ereida Rodríguez, los dueños.
Ambos afirman que no prestaron mayor atención a las actividades: confiaban en el encargado del fundo. Pero un día constataron no sólo los daños, sino una cantidad de sacos de “columbita” también se le dice así al coltán que no eran simples muestras. Fue cuando decidieron denunciar ante la Guardia Nacional, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Tierras. Habían transcurrido cuatro meses. De sus propias pesquisas obtuvieron más detalles: en ese período supuestamente sacaron de La Fortuna más de 6 toneladas rumbo a Puerto Ordaz. Eran, según los testigos, para proveer a un cliente asiático que trabajaba desde Panamá. Parte de la maquinaria decomisada aún se encuentra en los patios de la alcabala de Pozón Babillas. En el fundo hay restos de turbinas, aspas y bombas. Los pemones fueron sacados a la fuerza: “Les quemamos los ranchos que montaron”, dice la pareja, que añade que el responsable de la explotación disponía de documentación para aparecer como titular del fundo. “Cuando se vio descubierto, ofreció 500.000 bolívares por La Fortuna”. Luego, indican, desapareció.
En el medio:
José Barrios, que es abogado, dice que incluso aceptaría ser expropiado fórmula usada por el Gobierno en otros casos para recuperar su tranquilidad: “Estoy dispuesto a negociar”. Quiere vender, pero escoger a un comprador para las bienhechurías es un asunto crítico. Un día recibió la visita inesperada de un emisario que se limitó a informarle que su fundo había sido negociado en Colombia. De la venta, recibiría una parte. No aceptó. Poco tiempo después -nadie lo ignora en la zona y así lo refieren- intentaron plagiarlo, pero fue rescatado el mismo día por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Otras propuestas también han surgido desde el exterior.
Un representante de una firma australianatailandesa le planteó crear una sociedad: “Se llamaba Robert Taylor. Recibieron una muestra en Colombia y rastrearon de dónde procedía y llegaron aquí”. La empresa gestionaría los permisos, pero en el proceso desistieron, señala Barrios.
En otros lugares están habituados a la presencia de los extraños. Una visita a la comunidad piaroa de Agua Mena comienza con el saludo de unos niños que suponen que los forasteros vienen por otras razones. “Sí hay minas, sí hay minas”, gritan y ríen. Vehículos entran y salen. Tres hombres que hablan con un muchacho suben a un automóvil y se escabullen cuando observan que se les están acercando.
Al joven, que ha quedado solo, se le pregunta directo: “¿Dónde están las minas?”. Después de vacilar contesta: “Dos kilómetros más allá”. Los vecinos también mencionan el lugar como un hito relacionado con la extracción. Rafael Infante, capitán de la comunidad, lo niega: “Vivimos de nuestros animales y cultivos. La minería es ajena a nuestra cultura.
No vendrá ningún extranjero a explotarnos”. Admite, sin embargo, que han recibido propuestas: una de ellas fue de un hombre que dijo ser mayor retirado del Ejército y que presentó un proyecto para los consejos comunales. Al tiempo, supieron por las autoridades que todo era falso.
No es la única comunidad que ha sido mencionada. Las autoridades conocen la declaración que dio José Jiménez el 16 de agosto de 2009, cuando fue aprehendido por llevar un saco de 107 kilogramos de supuesto coltán. Dijo que pensaba usar las piedras en un jardín y que las había comprado a indios de El Chaparral. El hombre, de todas formas, fue acusado de tráfico de piedras preciosas y materiales estratégicos, delito establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Es uno de los cargos que se le pueden imputar a quienes se dejen seducir por la promesa de coltán. Pero en un ambiente de pobreza, el recurso ha surgido como un nuevo bien para el contrabando. Hay que hacer más que operaciones militares para evitar que el problema se salga de las manos.
Con la colaboración de: Fabiola Zerpa
POR: DAVID GONZÁLEZ
DGONZALEZ@EL-NACIONAL.COM
Política | Economia
EL NACIONAL
¡Oh sorpresa!, una cámara mostró las limpísimas
botas presidenciales sin una molécula de barro…
Desde aquel “por ahora” en el que posponía su frustrado golpe de Estado para otra oportunidad más favorable (tan propicia como ganar la elección presidencial para luego destruir la democracia desde el poder) Chávez siempre ha sido un showman que vio en la TV el instrumento ideal para simular como hechos verdaderos, lo que han sido burdos simulacros. En su hábil teatralización de la política, el pueblo nunca ha sido el centro de sus preocupaciones, sino una coartada para perpetuarse en el poder. El “soberano”, como denominaba a los sectores masivos cuando le convino aprobar la Constitución, siempre ha sido un decorado “legitimador” de su inexistente condición democrática y de su falsa preocupación por erradicar la pobreza e incorporar al pueblo a las decisiones políticas y sociales. Por eso vemos que los Consejos Comunales primero y las comunas ahora, no tienen autonomía pues están controladas por el Presidente y han sido creadas para sustituir a una AN con diputados incómodos.
Las Misiones -aunque algunas de ellas funcionaron al principio- no se originaron en la “filantropía” de Chávez a favor de los más pobres, sino en claros propósitos electorales. La incapacidad y corrupción han hecho desaparecer virtualmente las misiones (la ubre seca de Pdvsa ya no las financia) y disparado la inseguridad, inflación, desempleo y crisis de los servicios de agua y electricidad. El crimen mayor, cuyas destructivas consecuencias estamos sufriendo, ha sido el inocultable fracaso oficial en la construcción de viviendas tantas veces prometidas y nunca edificadas, mientras Chávez ha dilapidado más de cien mil millones de dólares en apoyos para sus protegidos externos y en la compra innecesaria de armas de guerra. Las inundaciones muestran descarnadamente la diferencia entre el Chávez que, a casi doce años de gobierno, jura a los miles de damnificados en cadena nacional que su primera prioridad es la construcción de viviendas, y el Chávez culpable de haber engavetado desde 1999 los magníficos proyectos de Rehabilitación de Barrios y el Plan Nacional de Vivienda dirigido al 90% de la población, emprendidos por la arquitecta Josefina Baldó, nombrada por Chávez presidenta de Conavi. Los expertos testifican que de haber emprendido esas obras, incluida la construcción de albergues, y de haber mantenido carreteras, autopistas, represas y puentes, cosa que nunca hicieron, buena parte de esta tragedia no habría ocurrido. Afirman también que con el promedio anual de 12.500 viviendas construidas por el Gobierno hasta ahora, tardaría 160 años en resolver el déficit habitacional.
Chávez teatraliza de nuevo el horror del cual es el principal culpable, acusando al capitalismo y al Imperio de los daños causados por las lluvias y por 12 años de negligencia oficial. Se presenta inmoralmente como el salvador de los damnificados y el restaurador de la Venezuela por él destruida. Los gobernadores llevaban días clamando por la acción urgente del Ejecutivo mientras Chávez vociferaba desde el Salón Elíptico su deseo de tener una FAN de extrema izquierda y de inhabilitar a los diputados opositores. Apareció en escena el décimo segundo día de lluvias y lo hizo seguido por las cámaras de VTV, sin las cuales no hay performance, en un barrio de Caracas y poco después, en traje de campaña, sobrevolando Higuerote en helicóptero y gesticulando como si hubiera estado en el fragor del barro y los derrumbes. Pero ¡oh sorpresa!, una cámara, ¿realenga?, de VTV mostró las limpísimas botas presidenciales sin una molécula de barro y anudadas primorosamente con cordones rojitos. El contraste mediático fue inevitable: en los más de doce días que Capriles Radonski llevaba luchando contra las aguas en Miranda y ayudando a los miles de damnificados, le había crecido la barba, estaba cubierto de lodo y había perdido varios kilos en tan dura tarea. Mientras las botas delatoras del histrión lucían impolutas, las del gobernador estaban irreconocibles del barro. Otra vergüenza más: los militares no permiten el acceso de los funcionarios de Miranda a los refugios de Guarenas y Guatire para llevar comida, medicinas y otros insumos a los damnificados, quienes tampoco son atendidos por Miraflores.
Como el viejo divo que arremete contra el joven porque se ha llevado los aplausos, así Chávez insulta enardecido a Capriles Radonski porque ha conquistado el respeto de quienes vemos barrios, caseríos y galpones convertidos en campos de refugiados arruinados y hambrientos, mientras que ni el Gobierno central, Pdval o Mercal distribuyen los alimentos necesarios, a la par que confiscan los donativos de particulares. Baja el telón y las pitas y abucheos recaen sobre quien se creyó el único y primerísimo actor .
MARTA COLOMINA | EL UNIVERSAL
mcolomna@gmail.com
Domingo 12 de diciembre de 2010
Las inundaciones favorecen el contagio masivo de enfermedades virales y la reproducción de vectores transmisores de dengue.
Exigen crear fondo para atajar efectos del cambio climático. Ambientalistas falconianos piden sancionar a todo aquel que contamine.
Deforestación contribuyó a que los efectos
de las inundaciones fueran mucho peores
Punto Fijo.- Tras las fuertes precipitaciones y los destrozos que estas generaron en Falcón, siete organizaciones no gubernamentales se reunieron para elevar ante las autoridades regionales y nacionales la “Declaración Ambiental de Punto Fijo”, con la cual buscan proponer correctivos y sugerir medidas para atender a las más de 53 mil personas afectadas y los 600 sectores perjudicados.
El texto nació tras la celebración de un seminario internacional sobre gestión empresarial y desarrollo sostenible, en el cual también se discutió sobre los cambios climáticos y las perspectivas para la adaptación tanto en el estado como en el resto del territorio nacional.
Con la certeza de que “tienen que ocurrir catástrofes para que los individuos reaccionen y empiecen a tomar correctivos”, Henderson Colina, coordinador de la Asociación Ecologista para la Preservación Ambiental de Falcón (AEPA), detalló que la declaratoria va dirigida al ciudadano común, al Estado venezolano, pero principalmente a las empresas que contaminan.
Explicó que mediante este pronunciamiento buscan exigir la creación de un fondo de adaptación de cambios climáticos y de atención a las víctimas de los fenómenos que ellos producen.
Cambios y anegaciones:
Para los expertos las inundaciones que aún afectan a distintos poblados de Falcón son el producto de la deforestación descontrolada de la Sierra de la entidad noroccidental.
Miriam Díaz, especialista en cambio climático, afirmó que Falcón ha perdido en las últimas décadas por lo menos el 58% de su vegetación, y el 40% de esa vegetación se encontraba en zonas áridas que son el pulmón vegetal de la región.
Los expertos que participaron en el evento aseveraron que la excesiva perdida de la capa vegetal está contribuyendo a la alta sedimentación que reporta el río Tocuyo, el mismo que anegó la Costa Oriental de la entidad y que dejó serias afectaciones en la ganadería y la agricultura, estimándose una pérdida de más de 40% de las superficies cultivadas y de las empleadas para la cría.
Además las organizaciones ambientalistas de la zona hicieron hincapié en la necesidad de restringir los permisos que han permitido la proliferación de construcciones en zonas de riesgo. Resaltaron cómo en Punto Fijo centenares de familias “de la clase media y también de escasos recursos” habitan en los alrededores de La Quebrada de Guaranaó, que es el único humedal urbano que atraviesa un área metropolitana en todo el país.
Por último, los especialistas advirtieron que llegará el momento que todos estos suelos cederán y afectará sectores como Josefa Camejo, Santa Irene, Los Rosales, El Industrial, El Bolívar. El jefe de bomberos municipales de Punto Fijo, Robert Infante, señaló que las afectaciones se deben en su mayoría a invasiones y las construcciones ilegales.
SAILÚ URRIBARRÍ | ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
domingo 12 de diciembre de 2010
Internet a través de una Ley, no parece un objetivo sencillo en lo que se refiere al aspecto técnico, por lo que algunos analistas consideran que su real fin es la autocensura.
Internet a través de una Ley, no parece un objetivo sencillo en lo que se refiere al aspecto técnico, por lo que algunos analistas consideran que su real fin es la autocensura.
Herbert Koeneke considera que “lo que
se trata es de intimidar a la gente”
La modificación solicitada por el vicepresidente Elías Jaua ala ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión , incorpora a los servicios de Internet como objeto de regulación y amplía las sanciones a los medios que no cumplan con la el instrumento jurídico.
Herbert Koeneke, profesor de Comunicación Política de la Universidad Simón Bolívar, considera que la intención gubernamental de controlar Internet, refleja la desesperación del Gobierno, porque siente que la popularidad que tuvo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se erosiona, “lo que se ha evidenciado en los últimos resultados electorales”.
Ante esta realidad – según el académico-, “el Gobierno está tratando de restringir los medios de comunicación”.
Aunque la naturaleza de la red de información dificulta mucho el control de la información, de aprobarse en Venezuela la reforma de la ley Resorte, Venezuela pasaría a engrosar la lista de 60 países que según la organización internacional Reporteros sin Fronteras, censura contenidos en Internet.
“Es muy difícil que desde el punto de vista técnico puedan llegar a un control, pero existe la amenaza, la intimidación”, comenta Koeneke.
Pronostica que ” Algo le va resultar favorable al Gobierno”, como “ha pasado en muchos medios tradicionales, como el caso de la televisión”, donde -asegura- la autocensura ha ocasionado que exista un solo canal crítico de televisión. “Lo que se trata es de intimidar a la gente”, concluye.
Control complejo:
Las dificultades técnicas para monitorear centímetro a centímetro ese gran océano que significa Internet, lleva a pensar también al director de la ONG, Espacio Público, que el Gobierno va a ir es contra los sitios de la red más grandes (con más visitas) o “aquellos a que les interese molestar”.
Correa sostiene que el control sobre las redes sociales es algo que le costará a las autoridades y explica, a manera de ejemplo, que el Gobierno no puede instruir al bloqueo de una cuenta de Twitter, tendría para ello que bloquear el servicio de Twitter completo.
El director de la ONG considera que la reforma de la Ley planteada es “claramente restrictiva” y legaliza para Internet un mecanismo ya establecido para la radio y la televisión que va en contra de los derechos humanos y es responsabilizar al medio de lo que dice la fuente.
Explica que las únicas restricciones que se pueden hacer en materia de derechos humanos en los medios, tiene que ver con prohibiciones a la difusión de propaganda de guerra, de apología del odio racial o religioso, y de discriminación basada en el sexo.
Destaca que el proyecto de reforma de Ley, es muy genérica e incluye la prohibición de difusión de mensajes, no solo que inciten el odio, la intolerancia o apología del delito, sino aquellos que los pudieran incitar.
Garantía de buen uso:
La diputada oficialista y ex dirigente del gremio de los periodistas, Desireé Santos Amaral, emitió su opinión sobre la reforma la ley Resorte “Yo en lo personal, creo eso es bueno, pues he visto las barbaridades que se escriben. Por ello, nosotros tenemos que garantizar el buen uso del Internet, lo que indica que se va a limitar su acceso”, dijo la parlamentaria.
Señaló que en casi todos los países se está discutiendo la importancia de establecer normas sobre la materia. “Si es por las páginas que hay en Internet, donde las personas que participen en foros pueden opinar, tienen sus propias normas”, declaró Santos Amaral.
Por su parte, el editor del portal Lapatilla.com, Alberto Federico Ravell, dijo sobre la el proyecto. “En nuestro caso no vamos a variar el contenido de la página, nos vamos mantener, así nos convirtamos en el primer preso en Venezuela por tener un contenido en Internet que el Gobierno considere inadecuado”.
Según Ravell, “el Gobierno está aterrado con el contenido de las redes sociales” y cree que “la ley Resorte, que sacan de manera apresurada, intenta amedrentar a los usuarios de Internet, Facebook y Twitter”.
Según RSF, “la Internet es una especie de crisol en el que sociedades civiles asfixiadas renacen y se desarrollan”. Ello explicaría la razón por la que algunos gobiernos pretenden limitarla a cualquier costo.
La Mesa de Unidad Democrática manifestó su "tajante rechazo": La sociedad debe oponerse
Intentos restrictivos a través de una Ley:
La insistencia legislativa. Primero fue una propuesta de ley de Delitos Mediáticos, elaborado por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, en julio del año 2009, que la Asamblea Nacional nunca admitió haber recibido. Desde entonces, por el Parlamento han desfilado proyectos legislativos, como la Ley Resorte, la Ley de Telecomunicaciones, y ahora sus reformas respectivas, sin considerar otros textos incluidos en Habilitantes pasadas. Los reiterados intentos por legislar sobre medios es considerado por el comunicólogo Oscar Lucién como “un plan sistemático de cerco a la libertad de expresión en Venezuela.
LA CRÓNICA
Lista de países:
RSF evalúa a los “enemigos de Internet”
La lista de los enemigos de la Internet establecida por Reporteros sin Fronteras (RSF) reunió de nuevo a Arabia Saudí, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Irán, Uzbekistán, Siria, Túnez, Turkmenistán y Vietnam.
Según RSF, algunos de estos países buscan impedir a toda costa que sus ciudadanos tengan acceso a Internet : Birmania, Corea del Norte, Cuba y Turkmenistán. En otros, los obstáculos técnicos y financieros se conjugan con el control de Estado y la existencia de un Intranet muy limitado. Cortes de la Red o disminución de la velocidad son moneda corriente en épocas de disturbios.
Arabia Saudí y Uzbekistán optan por un filtrado masivo e incitan a sus internautas a la autocensura. China, Egipto, Túnez y Vietnam apuestan por una estrategia de desarrollo de infraestructura con un objetivo económico, pero controlando siempre de cerca el contenido político y social (los sistemas de filtrado chinos y tunecinos son cada vez más sofisticados).
LA CIFRA:
108 Bloggers y ciberdisidentes han sido apresados en varios países desde el inicio de Internet
LA FRASE:
“Internet no puede ser una cosa libre donde se haga y dice lo que quiera. Hay que tener normas”
Hugo Chávez Frías Presidente de la República
Por: REYES THEIS
rtheis@eluniversal.com
Ciudad | Opinión
EL UNIVERSAL
Román Duque Corredor, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales: "Usan métodos democráticos para destruir la democracia"
Román Duque Corredor, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales: "Usan métodos democráticos para destruir la democracia"
“La diferencia entre el antiguo y el nuevo Tribunal
es que éste está compuesto por políticos”
Román Duque Corredor ratifica la vía electoral como la única forma posible de lucha política y antes que inquietarse por el actual “desbocamiento” del presidente Hugo Chávez; afirma que la causa de ese tipo de comportamiento son los resultados del 26 de septiembre. Duque Corredor sostiene que un grupo de diputados electos puede plantear en la próxima Asamblea revisar designaciones.
El Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, considera que esa es la mejor señal de que no hay otra opción, aunque advierte que no basta una activa defensa de las libertades porque en la búsqueda de la salida democrática “hay que organizar la esperanza”.
-¿Cómo interpreta la ofensiva legislativa de última hora emprendida por el oficialismo con la reforma a Ley resorte, a la de Ciencia y Tecnología, así como la aprobación de la de Comunas?
-Jurídicamente, en derecho, existe la tesis del fraude constitucional, cuando los servidores públicos, utilizando sus atribuciones, abusan para romper cánones fundamentales como la debida deliberación y discusión, imprescindible para la entrada en vigencia de toda ley, y la obligación de consultar a los sectores afectados. Pienso que ha habido una desviación del poder y un abuso de las competencias legislativas, de carácter formal, que despojan de legitimidad a una decisión aparentemente revestida de algún tipo de legalidad.
-Esa es la lectura jurídica, ¿cuál sería la política?
-Políticamente se ratifica, en el contexto de la sociedad venezolana, la existencia de un régimen cada vez más hegemónico, cada vez más dominante, que se acerca ya a los límites de un sistema democrático, de derecho, cubriéndose con el velo de una supuesta constitucionalidad. En definitiva, se pretende utilizar los mismos mecanismos de la democracia formal para destruir la democracia constitucional
-¿No existe la intención, en el gobierno, de desconocer la voluntad popular e inhabilitar al mayor número posible de diputados de la oposición?
-Se trata de una decisión ya tomada para debilitar la fuerza que pueda tener la oposición en la Asamblea y tratar de recuperar lo que el electorado le negó al gobierno, es decir, la mayoría calificada. Se acude a la tesis retrógrada de que la inmunidad sólo se obtiene mientras se está en el ejercicio de las funciones parlamentarias y no mediante la investidura que le otorga la población electoral. Pero lo que está en juego es si se respeta o no la decisión popular de convertir a estos ciudadanos en sus representantes. Y negarles la inmunidad es acudir a tesis anteriores de regímenes de fuerza, que esgrimieron el sutil argumento de que si no se está en el parlamento se carece de inmunidad y así acabar con la independencia y la autonomía del Parlamento.
-¿Esa carencia de autonomía de los poderes no quedó de manifiesto con la designación de los magistrados del TSJ que, por la vía legislativa, se convierten en funcionarios del poder Ejecutivo?
-Decisiones de envergadura por parte de titulares de órganos cabeza del Estado requieren, para su mayor autenticidad, del mayor consenso para que se tenga la garantía de la transparencia y de la imparcialidad. Desde el punto de vista institucional puede observarse que la Asamblea, al abusar de sus facultades, ha incumplido con los procedimientos de designación establecidos por la Constitución respecto a la participación ciudadana y a la publicidad que debe dársele estos actos. Y eso llegó hasta el punto de que se desconoce cuál fue el baremo aplicado para elegir a unos en perjuicio de otros y si, ciertamente, quienes resultaron electos tienen las condiciones exigidas. Aquí se trata de especialistas (no de cualquier abogado) en las materias que corresponden a las salas para las cuáles han sido elegidos.
-En todo caso eso ya es agua derramada
-Pienso que un grupo de diputados de la próxima Asamblea Nacional podría plantear que se revise la condición, exigida por la Constitución, de especialistas que deben tener los magistrados. Es decir, verificar si poseen títulos de cuarto nivel, cuáles son sus obras, maestría y doctorado que acrediten sus condiciones de especialistas en determinadas ramas del derecho. Igualmente debe determinarse si han sido docentes durante el período que exige la Constitución o si han sido abogados reconocidos por su ejercicio profesional mediante alegatos y éxitos forenses que pueden servir de orientación para los estudios del derecho. En este caso, aparte de la cuestión política y del principio republicano y democrático de la autenticidad y transparencia de la elección de los altos dignatarios del Estado, se debe garantizar, fuera de toda duda, la imparcialidad, la independencia y la ausencia de compromisos de cualquier tipo por parte de los aspirantes. Finalmente debe quedar claro que se cumplieron a cabalidad los requisitos para su designación.
-¿Entendemos que lo aspirantes designados no cumplen los requisitos?
-Se trata de juristas que requieren algo más que el simple título de abogado. Y las dudas nos asaltan cuando se observa como hay magistrados que pasaron de una curul parlamentaria a un sillón de magistrados del TSJ sin poder acreditar una carrera, judicial, de docencia o de ejercicio de la profesión.
-¿Hay diferencias entre el actual TSJ y el que vamos a tener a partir de ahora?
-Puede haber diferencias desde el punto de vista de las individualidades y de los méritos de unos y otros. Independientemente de la opinión que se pueda tener sobre el actual TSJ, que también ha incurrido en incoherencias de carácter constitucional al interpretar las normas y garantías sobre todas las libertades y los derechos, hay algunos que cumplen las condiciones. Otra cosa es que a pesar de llenar los requisitos no hayan actuado con libertad e independencia. En todo caso, si el criterio dominante fue el político en las designaciones, derivado del apresuramiento con que se hicieron y la clandestinidad que caracterizó todo el proceso, se abrigan grandes dudas, incluso sobre quienes pudieran tener credenciales.
-¿Es el caso de Isaías Rodríguez?
-Nadie sabe, en definitiva, qué privó para no seleccionar al doctor Isaías Rodríguez. Si fueron los compromisos políticos que se denunciaron para evitar su postulación o si algunos de los elegidos tenía mayores méritos que él. ¿Por qué no se eligió, por ejemplo, a los doctores Ricardo Enrique La Roche, Ramón Escovar León o Tamara Adrián? ¿Cuáles fueron los criterios para decidir que no eran dignos para un puesto en el TSJ? ¿Por qué se eligió a otros sin que la ciudadanía sepa por qué ellos y no otros?
-Más allá de las calificaciones de aquellos o de éstos, ¿en el fondo el resultado no es el mismo? ¿Un TSJ subordinado al Ejecutivo?
-La diferencia está en que éste recién designado será más subordinado y sumiso porque ya son muy pocos quienes pueden actuar con libertad y expresarlo con el voto salvado. La diferencia entre el actual TSJ, que tiene una serie de cuestionamientos en su labor de guardián y custodio en la interpretación constitucional, y el nuevo, es que este último está compuesto fundamentalmente por políticos o personas más comprometidas, de manera más ostensible, más notoria, con el actual gobierno, el partido gobierno y el Presidente.
El asesinato de la República:
“Mientras haya espacios de libertad, como decía Cristóbal Mendoza, nuestro primer Presidente, el ciudadano tiene la obligación de denunciar el asesinato de la República, así sea en espacios pequeños. Si la vía electoral queda abierta hay que insistir para abrirla aún más. Sí se cierra totalmente la situación habrá que examinarla desde otra perspectiva de orden constitucional, jurídico e internacional. Pero mientras exista un camino, así sea angosto, pequeño, cubierto de peñascos, hay que transitarlo y superarlo. De esta manera siempre se logra algo porque este desbordamiento de la exuberancia del poder absoluto lo determinaron los resultados del 26 de septiembre. El Gobierno reaccionó, frente a la pérdida de la mayoría nacional, mediante el abuso del poder y por eso el Presidente anda desbocado”.
-¿En esas circunstancias, no están sobrando los abogados en el país?
-Todo depende de quien sea consecuente con el juramento que se hizo al recibir el título. Puede haber abogados que no tengan interés en lo que está pasando, pero hay otros que han hecho el papel, lamentable y doloroso, de encubridores y cómplices de las grandes violaciones a la Constitución. Pero eso no implica que no haya otros conscientes y cumplan su responsabilidad, no sólo en sus cátedras, sino en sus ensayos y a través de sus asociaciones, que no sólo son los colegios de abogados, para denunciar la pérdida de los espacios democráticos y el cercenamiento de las libertades.
Por: ROBERTO GIUISTI
Ciudad | Opinión
EL UNIVERSAL
