Las importaciones de medicinas, alimentos y pensiones solicitadas hasta el 31 de diciembre recibirán dólares preferenciales.
Las importaciones de medicinas, alimentos y pensiones solicitadas hasta el 31 de diciembre recibirán dólares preferenciales.
Pendientes del año pasado
Las solicitudes de importación de alimentos, medicinas, remesas de estudiantes y casos especiales como pensiones, realizadas hasta el 31 de diciembre de 2010, se reconocerán a la tasa de cambio preferencial de 2,60 bolívares por dólar, anunció el ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, a través de Radio Nacional de Venezuela.
“Se garantiza con esta medida la transición hacia la unificación cambiaria y el incremento de la producción nacional hacia nuevos esquemas de integración y sanidad en los sistemas económico y financiero del país”.
El ministro dijo que el Gobierno extremará las medidas contra los especuladores y exhortó a los empresarios a revisar sus estructuras de costos, reducir los márgenes de ganancia y no incrementar los precios de forma arbitraría e injustificada.
Sostuvo que si los alimentos y medicinas que están en inventario se importaron a la tasa de 2,60 bolívares por dólar y las compras en tránsito también se liquidarán a ese tipo de cambio, no hay ninguna razón para que suban los precios en el mediano plazo.
Menéndez denunció que la especulación forma parte de una agenda política cuya intención es desestabilizar el país. “Si una persona obtiene la liquidación de una divisa a un precio determinado no puede venderla 10 veces por encima del precio establecido”.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias afirmó que los organismos del Estado vigilarán para garantizar el abastecimiento de medicinas y alimentos a los precios fijados.
Por: Katiusca Hernadez
DIVISAS | Economia
EL NACIONAL
Venezuela importó el año pasado más de 480.000 cabezas de ganado en pie y 42.000 toneladas de cortes congelados de Brasil.
Venezuela importó el año pasado más de 480.000 cabezas de ganado en pie y 42.000 toneladas de cortes congelados de Brasil.
Producción nacional no es suficiente
La devaluación encarecerá las importaciones de carne de res y ganado vivo que abastecen más de 52% del consumo nacional. Reportes del sector ganadero indican que en 2010 comerciantes privados y Gobierno trajeron al país más de 480.000 cabezas de ganado vivo principalmente de Brasil y alrededor de 42.000 toneladas de carne de res congelada de distintos cortes.
Estas compras se realizaban con dólares a 2,60 bolívares, con lo cual el precio promedio de un ganado en pie cotizado en 1.800 dólares salía a razón de 4.680 bolívares colocado en puerto venezolano. Con la devaluación a 4,30 bolívares por dólar, los importadores tendrán que desembolsar 7.740 bolívares por ganado. En el caso de la carne congelada se pagaban 7.200 dólares por tonelada, lo que equivalía a 18.720 bolívares al cambio preferencial de 2,60 bolívares. Al dejar sólo el tipo de cambio de 4,30 bolívares se pagarán 30.960 bolívares por las importaciones de este alimento.
Comerciantes de Quinta Crespo y Guaicaipuro, igual que algunos representantes de supermercados, temen que el producto comience a escasear por reducción de las importaciones y la matanza de ganado nacional no se recupere por falta de producción.
“Nos despachan carne en canal a 16 bolívares el kilo cuando debería llegar a menos de 12 bolívares para poder vender los cortes regulados a 17,60 bolívares. Ya nos han dicho que se agota la carne importada, que era la que abastecía con más regularidad los mercados”, dijo un vendedor de Quinta Crespo.
El diputado Hiram Gaviria, quien fue ministro de Agricultura, indicó que la afectación de fincas ha generado una desinversión en el campo y además la devaluación encarece las importaciones. “Con el ajuste cambiario esas importaciones ya no son atractivas, pero tampoco hay suficiente ganado en el país para sustituir esas compras y en dos meses puede empezar a faltar el producto”, advirtió. Gaviria considera que tampoco es sostenible mantener el precio de la carne congelado por más tiempo. Desde agosto de 2008 el kilo de carne de res de primera está fijado en 17,6 bolívares.
Por: Katiusca Hernadez
Política | Economia
EL NACIONAL
La eliminación de los desalojos judiciales, anunciada por el Ejecutivo, permitirá al inquilino permanecer indefinidamente en la vivienda.
La eliminación de los desalojos judiciales, anunciada por el Ejecutivo, permitirá al inquilino permanecer indefinidamente en la vivienda.
Apiur critica medidas oficiales
El fin de semana el presidente Hugo Chávez anunció que, mediante una ley, eliminaría los desalojos judiciales para resolver los casos de incumplimiento de contratos de viviendas arrendadas. Esta medida, según Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles Urbanos, tendrá un fuerte impacto en el mercado: 1,5 millones de propietarios dejarían de alquilar sus inmuebles.
Aseguró que se estarían castigando a muchos ciudadanos que necesitan el alquiler para completar el ingreso familiar.
“Es incorrecto asegurar que quienes alquilan son ricos: 95% de los propietarios posee una sola vivienda para arrendar. Además, sólo 1% de las viviendas alquiladas está bajo medidas de desalojo judicial”, dijo.
Orta aseguró que esa decisión del Ejecutivo, unido a la congelación de los alquileres desde 2003, cercena el ejercicio a la propiedad porque la vivienda permanecería indefinidamente en manos del inquilino.
“Estamos ante la más grande afectación que se haya decretado en Venezuela contra la propiedad urbana, cuyos atributos de disposición, goce y disfrute están garantizados por la Constitución en el artículo 115”, advirtió.
Apiur entregó ayer una extensa documentación con las observaciones y críticas a las expropiaciones, que adelanta el Gobierno, y a la Ley Habilitante, aprobada a finales de diciembre pasado por la anterior Asamblea Nacional.
Orta indicó que para acabar con la propiedad privada, el Gobierno se vale de la ley de inquilinato, la expropiación de los edificios nuevos en construcción, la ocupación forzosa de terrenos catalogados ociosos -como el caso de los 25 estacionamientos del centro de Caracas a mediados de diciembre- y la congelación de precios de venta de las viviendas usadas.
Raimundo Orta Poleo, también directivo de Apiur, afirmó que el presidente Chávez no tiene competencia para legislar en materia de inquilinato, porque en la Habilitante -cuya base legal es endeble- el primer mandatario sólo tiene facultades en viviendas nuevas, construcción y en terrenos urbanos para la construcción.
Sobre la expropiación de 600 metros cuadrados de terreno pertenecientes al Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano, señaló que la decisión es incoherente porque el Gobierno utiliza el argumento del interés social cuando Cania mantiene allí una obra social desde 1991.
Orta Poleo refirió que la Apiur se opone a la promulgación, vía Habilitante, de una nueva ley de tierras urbanas, pues a 14 meses de vigencia de la anterior, los terrenos afectados están vacíos y no se han construido los desarrollos habitacionales prometidos.
Recordó que el Gobierno es propietarios de terrenos que están disponibles en Caracas, en los que puede ejecutar planes de vivienda como es el caso de la Avenida Bolívar donde están los cultivos hidropónicos. Instó al presidente Chávez a reconsiderar las medidas contraproducentes para el sector inmobiliario como lo hizo con las expropiaciones en el Sur del Lago.
Todo dictador extrema las perversiones para evitar ser derrocado. Los grupos de damnificados estratégicamente ubicados en sedes del poder e instalaciones militares, como el palacio de Miraflores, el Palacio Blanco, Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota, tienen como objetivo servir de escudos humanos civiles, constituidos por mujeres y niños, en caso de un posible ataque contra objetivos militares. Chávez está más obsesionado que nunca con la posibilidad de ser desalojado por la fuerza del poder.
Sabe que no cuenta sino con una camarilla de militares en la Fuerza Armada y que en la institución hay cada vez más descontento. Eso sí, cuenta con una milicia, que no es sino una fuerza irregular para defenderlo durante una supuesta invasión extranjera. Ahora que “el intrigante de oficio”, José Miguel Insulsa, bautizado así por nuestra Cancillería, “se pasó al enemigo” y parece haber consenso en la OEA para aplicar la Carta Democrática Interamericana, Chávez se siente cercado y amenazado por el imperio, no se cansa de apelar al fantasma de una agresión imperialista que lo tumbará y articula su estrategia con base en esos campamentos poblados de frágiles carpas, para blindarse con la crédula e indefensa población que lo ha perdido todo con las lluvias y está a merced del “todopoderoso” que engañosamente le ofrece “viviendas dignas”, mientras él se apertrecha en los sólidos bunkers que mandó a construir en esas mismas instalaciones militares. Debería avergonzarse al tratar a los damnificados como carne de cañón.
Una batalla sin tregua. Los días de Chávez están contados aunque hay una dirigencia de oposición que intenta conjurar una confrontación que lo desaloje antes de 2012 y se empeña en correr la arruga hasta la elección presidencial, que es improbable que sea limpia, el grado de destrucción que muestra la nación y las reacciones de un pueblo agobiado por múltiples problemas sociales y económicos no se harán esperar. Chávez puede desplomarse antes de concluir su mandato y acabar juzgado por los mismos delitos del dictador panameño Manuel Noriega, o como Fujimori que, al sentirse repudiado y descubierta en el mundo entero su verdadera naturaleza dictatorial o criminal, envió su renuncia desde Japón. A diferencia de Chávez, que en tal caso la mandaría desde Cuba, Fujimori fue un dictador relativamente eficiente en algunos asuntos de Perú, como la seguridad pública y la economía, aspectos en los que ha fracasado estrepitosamente el caudillo venezolano, ambos, con sus abusos de poder y empeño en torcer la voluntad de las mayorías, perpetraron en dos tiempos separados por una década un daño inmenso a la cultura de la libertad y los principios democráticos. El crimen no paga, Chávez es un dictador y tendrá que enfrentarse a la justicia junto con los rufianes y secuaces a su servicio.
Ahora, cuando este régimen impresentable agoniza, es el momento de darle una batalla sin tregua a la dictadura y pelear con coraje a favor de la democracia. La nutrida bancada de oposición en la Asamblea Nacional tiene que estar a la altura del compromiso que significa representar al menos a 52% de la población. Reforma urbana. Chávez se dispone aprobar una ley para regular el precio de la vivienda asesorado por los cubanos, que son quienes menos tienen algo que aportar porque han sido incapaces de resolver su alarmante déficit habitacional. En Cuba la población malvive hacinada en solares, cuarterías, que surgen de la división en muchos cuartos de viejas mansiones con lavanderos y letrinas compartidos. Esa condición tan penosa es la que espera a muchos venezolanos que hoy ocupan pisos en la Cancillería y en organismos públicos.
Por: MARIANELLA SALAZAR
msalazar@cantv.net
Política | Opinión
EL NACIONAL
El PCV y la MUD coinciden en discutir una nueva Ley del Trabajo, algo que ve con reserva el PSUV
El PCV y la MUD coinciden en discutir una nueva Ley del Trabajo, algo que ve con reserva el PSUV
PSUV aprueba rechazo
al secretario de OEA
Primer día de sesión y de estrategia en la AN. El oficialismo incluyó en la agenda la escogencia de las comisiones de trabajo, mas no el veto de la Ley de Educación Universitaria ni el voto contra el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que entraron como puntos de cuenta para evitar, vía Reglamento Interior, un debate. Fernando Soto Rojas, presidente del Legislativo, cedió debido a la presión de la oposición: “¡Queremos debate!”, al obtener la venia de Cilia Flores, jefa del bloque del PSUV, convencidos de que así desenmascarían a los adversarios. “Se pidió debate y la cosa se pondrá sabrosa”, expresó Soto Rojas.
El oficialismo incluyó insultos e ideas en los discursos; aprobó censurar a Insulza por hablar de la Ley Habilitante y calificó de apátridas a los diputados de la MUD que viajaron a EE UU a denunciar la violación de derechos humanos, y autorizó a la directiva legislativa a redactar un “comunicado condena” contra la OEA. “Decir que la Habilitante es inconstitucional es un acto de cobardía y de traición a la patria”, alegó Carlos Escarrá, que acusó a Oswaldo Álvarez Paz de promover la injerencia internacional.
“Demagogos, sin moral. Son capaces de vender la patria por una visa o por una foto con George Bush. No quieren democracia, sino guerra civil”, afirmó Blanca Eckhout, segunda presidenta de AN. Flores la secundó: “Del lado de ustedes están los choros, los delincuentes; defienden una sociedad de cómplices”.
La oposición felicitó a Soto Rojas por permitir el debate y apoyó la propuesta de Oscar Figuera, del PCV, de aprobar una nueva Ley del Trabajo, cuestión que no fue aplaudida por el oficialismo.
Tomás Guanipa (PJ) lamentó la “hipersensibilidad” del oficialismo cuando tocan derechos humanos; cuestionó que “un Parlamento moribundo” hubiera aprobado la Habilitante y planteó discutir la inseguridad y unas leyes de descentralización y de infraestructura. William Dávila (MUD) dijo: “Estamos contra la injerencia no sólo del imperialismo norteamericano, sino del neocolonianismo de Cuba y China. Al Presidente le digo: si la Ley de Educación no fue consultada, menos la Habilitante. ¡Devuélvala! ¿Cuál es el miedo? Debatamos impacto social y económico de esa ley”.
Andrés Velásquez (LCR) coincidió: “Reto al Presidente a que remplantee la Habilitante; si no lo hace, denunciaremos su ilegalidad”, y anunció que pedirán la reforma de la Ley de Alimentación para que pensionados y jubilados tengan ticket de alimentación, así como cualquier trabajador sin importar el tamaño de la empresa.
A William Ojeda (UNT) le llamó la atención que Escarrá no mencionara los poderes asignados a Hitler en 1933, que le dio facultades legislativas por cuatro años y facilitó el absolutismo en Alemania: “Da dolor la injerencia gringa o antillana y ver a militares pararse firmes ante cubanos”.
PSUV controlará comisiones clave:
Luego de cinco horas de discusión en la Presidencia del Parlamento el PSUV impuso su correlación de fuerzas y se adjudicó la mayoría de las comisiones de trabajo, que redactan, investigan y sancionan y que tienen mayor peso, como Finanzas, Contraloría, Política Interior y Exterior, entre otras. De 15, 11 estarán en manos del oficialismo y 4 en oposición. A AD, le corresponderán 2 comisiones; a Primero Justicia, 1; y a UNT, 1; concretamente, Familia y Juventud, Ambiente, Recreación y Cultura y Régimen Penitenciario. Ni a PPT ni al PCV se les dieron cuotas. “Más que el número o qué comisiones nos dejen lo importante es hacer el trabajo legislativo”, afirmó Julio César Reyes, de Gente Emergente.
Inaplicable:
El presidente Hugo Chávez vetó la Ley de Educación Universitaria por considerarla “inaplicable e inviable” en lo político y social, según carta enviada al Parlamento. La próxima semana iniciarán la discusión; Fernando Soto Rojas propone que la oposición escoja dos oradores y el PSUV, a Héctor Navarro y Luis Acuña.
El Parlamento designó ayer a Margarita Mendola Sánchez, funcionaria del TSJ, como nueva procurador general, en sustitución de Gutiérrez. Y convocó a una sesión especial el sábado 15 para que Chávez consigne su memoria y cuenta 2010.
Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
PARLAMENTO | Política
EL NACIONAL
Los vecinos reclamaron la inseguridad que hay en la zona.
Los vecinos reclamaron la inseguridad que hay en la zona.
Dijeron que a diario hay 20 robos
cometidos por motorizados
Pidieron justicia por la muerte de un estudiante de Medicina y de un abogado. Diego Blanco pide justicia por la muerte de su hermano, Carlos Alejandro Blanco, que ayer cumpliría 23 años de edad y fue asesinado de 3 tiros en la espalda el viernes 7 de enero a las 11:00 pm, en la puerta de su casa, en la avenida Maracaibo de Las Palmas.
El menor de los Blanco estuvo en la protesta que vecinos de esa urbanización hicieron ayer desde las 7:45 am hasta las 9:35 am, al cerrar la avenida Andrés Bello. La muerte del estudiante de Medicina de la UCV y la del abogado Edgar Alfonso Carrasquel, de 52 años de edad, asesinado de 2 tiros, el sábado 8 de enero a las 3:40 am, en la avenida Andrés Bello, cuando regresaba de llevar a la hija de una amiga al Instituto Clínico La Florida, donde murió Blanco, constituyeron el detonante para que los vecinos salieran a la calle en lo que fue la primera manifestación vecinal del año, en Caracas, en contra de la violencia.
En la protesta estuvieron amigos y compañeros de estudios de Blanco. Cuando la manifestación tenía más de una hora, agentes de la PM abrieron un canal en sentido al centro de Caracas y anunciaron una reunión con la comunidad para hoy en la noche.
Marina Rodríguez expresaba a través de un megáfono el sentir de los vecinos. Pedía que expropiaran las armas de fuego y a los delincuentes “que están matando a nuestros hijos”.
Otros exigían que sacaran a los militares que custodian los refugios a fin de que combatan el hampa. Unos grupos exhibían pancartas exigiendo justicia para el estudiante y para el abogado, además de solicitar seguridad.
La comunidad declaró que no menos de 20 robos diarios se registran en Las Palmas, en su mayoría cometidos por motorizados y a cualquier hora. Pasajeros de un metrobús fueron asaltados por dos hombres y una mujer el viernes por la noche. Los niños del colegio Cervantes, entre la avenida principal de la urbanización y la Andrés Bello, tienen que correr al salir del plantel para no ser asaltados.
Sandra Cuquejo y Vicente Guarín, miembros del consejo comunal, se refirieron a la situación de inseguridad que confrontan y que ésta es de vieja data aunque siempre han expuesto la problemática ante los organismos policiales.
Lisaris Marrero declaró: “No hay nadie que no haya sido tocado por el hampa”. Señaló que la única vez que el índice delictivo bajó fue cuando estuvo la GN instalada en la redoma, en la parte alta de Las Palmas, pero estos funcionarios fueron sacados para cubrir emergencias.
En octubre pasado, Severio Losete, de 55 años de edad, fue muerto frente a La Mansión del Pan para robarle una moto mientras su esposa hacía una compra en el negocio.
Por: SANDRA GUERRERO
sguerrero@el-nacional.com
DELITOS | Judicial
EL NACIONAL
Los militares se mantienen en la mayoría de las haciendas intervenidas por el Gobierno.
Los militares se mantienen en la mayoría de las haciendas intervenidas por el Gobierno.
Las milicias y la GN se mantienen
en las fincas en el Sur del Lago
Los animales, la maquinaria y otros bienes están prácticamente confiscados. Los productores agropecuarios del sur del lago que tienen sus fincas intervenidas por el Gobierno siguen sin poder arrimar y vender el ganado a los mataderos debido a que la Guardia Nacional y representantes del Instituto Nacional de Tierras no autorizan el traslado de los animales. En el caso de la leche muy poca ha podido ser enviada a las procesadoras lácteas, pues no se ha garantizado el pago directo a los productores. En el caso de lácteos los Andes, la compañía ha señalado que reserva el pago y lo deposita en una cuenta especial a la que no tienen acceso los ganaderos que suministran la leche.
El presidente de Fedenaga, Manuel Cipriano Heredia, denunció que esta medida atenta contra la inversión y la continuidad de la producción de los ganaderos. “Los productores no reciben dinero de la leche que venden y tampoco pueden continuar con las labores de arrime del ganado a los mataderos, lo que pone en riesgo el suministro de carne”.
Informó que este martes milicias bolivarianas se unieron a la Guardia Nacional y funcionarios del Instituto Nacional de Tierras, que desde el 17 de diciembre ocupan la gran mayoría de las fincas intervenidas en el sur del lago.
“La posición de los ganaderos es que no entregarán las fincas hasta tanto no les paguen y reconozcan lo que valen las bienhechurías”, reiteró Cipriano Heredia, quien anunció que el jueves realizarán una asamblea de ganaderos en El Vigía.
De vuelta a la finca:
Los dueños de la hacienda El Potente, intervenida por el Gobierno, regresaron ayer al fundo y tomaron de nuevo posesión de la casa principal. Una comisión del Instituto Nacional de Tierras llegó a la 1:40 pm y luego de 3 horas de conversaciones permitió a los propietarios permanecer en el inmueble.
Carolina Suárez, hija de Wilson Suárez, propietario de la finca, explicó que la decisión la tomaron porque no se ha hecho negociación alguna con el INTI. “Nos parece peor abuso el hecho de que nos confisquen la producción de leche”.
Relató que llegaron a las 10:00 am a la hacienda y entraron sin violencia. El fundo está custodiado por 4 efectivos de la Guardia Nacional. “Quisieron detenernos en la entrada a mi hermana y a mí, pero como abrimos el portón y seguimos adelante no supieron qué hacer. Se miraban sorprendidos.
Una vez dentro les dijimos que debían abandonar la casa”.
En la acción las acompañaron otras personas:
Productores agropecuarios de la zona se acercaron paulatinamente para apoyarlas. “El que nos quitaran la producción fue la gota que rebosó el vaso. No vamos a abandonar la propiedad. Ésta es la única finca a la que se le impide beneficiarse de su producción. Exigimos que el Gobierno se apegue a la legalidad”.
Bs 200 millones por hato Piñero:
Con un cheque del Banco Industrial de Venezuela, el Gobierno pagó a los propietarios del hato Piñero menos de 200 millones de bolívares. Esta finca de 75.586 hectáreas fue tomada a principios de 2010 por el Ejecutivo y formará parte de un convenio mixto de producción agrícola con Libia.
Freddy Escalona, presidente del Centro Técnico Productivo Socialista (CTPS) Florentino, informó que se inician obras de apoyo a la producción, entre las que figuran la siembra de un mínimo de 5.000 hectáreas de arroz; proyectos de mejoramiento genético y plantación de maíz, sorgo, girasol, arroz y caraotas, entre otros. Escalona dijo que el pago se efectúo a finales de diciembre, luego de un convenio amistoso con los propietarios. “Se cumple el compromiso de pagar a los ocupantes todas las mejoras y bienhechurías que realizaron”.
Por: KATIUSKA HERNÁNDEZ J
OSÉ GREGORIO MEZA MARACAIBO
khernandez@el-nacional.com
EXPROPIACIONES| Economia
EL NACIONAL
Daniel Ortega, quien ratificó la posición de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) que el año pasado eliminaron la figura de los observadores
“Si quieren acompañarnos que lo hagan,
pero no queremos controladores”
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cerró las puertas a los observadores nacionales e internacionales en las elecciones de noviembre y dejó entrever que buscará la reelección, durante un discurso televisado por todas las cadenas la noche del lunes.
Ortega aseguró que “los mejores observadores” y “defensores del voto” son las fuerzas políticas que participarán en los comicios que se celebrarán el 6 de noviembre para elegir al presidente, al vicepresidente y a diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano.
Ortega, quien fue invitado especial de las Farc, se reunió con el Mono Jojoy, Marulanda y Raúl Reyes el 7 de enero de 1999
“Si quieren acompañarnos que lo hagan, pero no queremos controladores”, manifestó Ortega, quien ratificó la posición de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) que el año pasado eliminaron la figura de los observadores y la cambiaron por la de acompañamiento electoral. En su alocución de más de dos horas –durante la cual e se bloqueó la señal de la televisión por cable–, Ortega hizo la presentación de su informe anual de gestión y en varios momentos habló como el candidato a los próximos comicios.
El presidente incluso dio por iniciada la campaña electoral, que según la ley se realiza seis meses antes de la votación. “La campaña (electoral) arrancó aunque no es tiempo electoral, ya anda la campaña por todos lados. Nuestra campaña debe estar libre de insultos y ataques” para que el pueblo asuma el proyecto socialista, cristiano y solidario, subrayó.
Ortega desestimó críticas de grupos cívicos y de la oposición, que reclaman la presencia de observadores para garantizar la transparencia del proceso electoral. “Ya estamos grandecitos. No nos hace falta que venga a repetirse la historia de aquellas elecciones cuando Nicaragua estaba invadida (1912) y cuando las tropas yanquis (estadounidenses) vinieron a organizar el consejo electoral”, mencionó.
En las últimas dos décadas los procesos electorales nacionales, regionales del Caribe y municipales han sido observados por organismos nacionales e internacionales como el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) o el Parlamento Europeo, entre otros. Ética y Transparencia y el Instituto para la Promoción y Desarrollo de la Democracia (Ipade) son dos de las principales entidades observadoras nicaragüenses.
Las elecciones de 1990, en las que Ortega buscaba su reelección para un segundo mandato y perdió ante la ex presidenta Violeta de Chamorro, fueron vigiladas por unos 3.000 observadores internacionales. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC-derecha), del ex presidente Arnoldo Alemán, consideró que el anuncio de Ortega “evidencia su temor” a un proceso electoral limpio, justo y transparente para todos los partidos que participen en la contienda política.
El empresario radial y candidato presidencial Fabio Gadea calificó de “cuento chino” de Ortega que la observación internacional sea intervención. “Es un desaguisado para que no haya observación”. Gadea, quien pugna por ser el candidato único de la derecha y aún no decide con que partido competirá, consideró que el “acompañamiento” que propone Ortega es un “invento” y demandó que observadores extranjeros “vengan a vigilar las elecciones si van a ser limpias o no”.
La observación electoral “fue un gran logro de la democracia” y en todas las elecciones pasadas, salvo las municipales de 2008, contaron con esa participación ciudadana, declaró la dirigente del Movimiento por Nicaragua, Violeta Granera. Granera anunció una campaña para reunir 5.000 firmas para presentar al Parlamento una iniciativa que reconozca por ley la observación nacional y extranjera en los procesos electorales.
Las organizaciones Provea y Fundación Aguaclara han pasado años pidiendo información sobre el potencial tóxico de los componentes de estas viviendas de PVC.
Las organizaciones Provea y Fundación Aguaclara han pasado años pidiendo información sobre el potencial tóxico de los componentes de estas viviendas de PVC.
La vía legal es el
último recurso
En 2008 las llamadas petrocasas resplandecían: constituían el advenimiento de una práctica solución al déficit de vivienda del país. Se anotaban un éxito con su estreno formal en Guacara (Carabobo), hasta donde fue el mismísimo presidente Hugo Chávez a recorrer el vecindario Nuestra Señora de La Coromoto en el que el blanco material de la industria petroquímica criolla sustituyó la miseria de los ranchos de tablas.
Nunca faltan, sin embargo, los aguafiestas: en la Fundación Aguaclara, organización que forma parte del Comité Nacional para la Implementación del Convenio de Estocolmo, y en la ONG defensora de derechos humanos, Provea, encontraron argumentos para señalar que eso que parecía tan bueno en realidad podía derivar en problemas aún mayores, que esas cuatro paredes podían ser tóxicas.
La Fundación Aguaclara se dedicó a enviar comunicaciones al Ministerio de Ambiente, a la Asamblea Nacional, a Pequiven y a Petróleos de Venezuela. Nadie respondió. Algo similar hizo Provea dirigiéndose especialmente al ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, y también a la Defensoría del Pueblo. Pero nada: ningún funcionario reaccionó a las advertencias que hicieron sobre los riesgos que implica el muy cuestionado -y también muy alabado- polímero que forma la estructura de esas viviendas.
Esa falta de respuesta se mantuvo a lo largo del tiempo. Y por eso Provea terminó tocando a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar una medida cautelar que detenga e impida “cualquier actividad tendiente a la construcción de viviendas compuestas de cloruro de polivinilo”. Eso fue el pasado 8 de diciembre. El TSJ, por ahora, tampoco responde.
El derecho a la vivienda también tiene que ver con "materiales de construcción y la salud"
¿Con o sin plomo?
Al policloruro de vinilo se le conoce mejor como PVC. En la industria del plástico -y de la construcción- le tienen como un aliado formidable por ese alto grado de versatilidad que ha hecho que esté presente hasta donde menos pensamos. Pero entre los ambientalistas y en algunos círculos científicos el PVC es considerado un verdadero veneno con un potencial tóxico que arranca desde su fabricación.
En ese proceso -explicó María Eugenia Gil, presidenta de Aguaclara y docente universitaria- se desprenden emisiones de dioxinas y furanos, compuestos químicos muy tóxicos -cancerígenos- incluidos en la lista de los llamados Contaminantes Orgánico Persistentes.
Hay al menos 156 naciones comprometidas con la eliminación de los COP en el marco del Convenio de Estocolmo. Venezuela es una de ellas desde el 23 de mayo de 2001 y ratificó su compromiso el 3 de enero de 2005. El Convenio concentra sus esfuerzos en tres grupos de COP: plaguicidas, bifenilos policlorados (PCB) y las dioxinas y furanos.
Dioxinas y furanos se forman en los procesos industriales relacionados con el plástico y donde interviene el elemento cloro, como en el caso del PVC. También en la combustión de plásticos, desechos hospitalarios y basura, entre otras cosas. Pero además de la posibilidad de esas emisiones, Gil señala que para hacer flexible el PVC se le añaden sustancias del grupo de los pftalatos -otros COP-, para estabilizarlo le añaden un metal pesado, como el plomo -y todos los metales pesados son nocivos para la salud-; y para hacerlo antiinflamable utilizan sal de bromo, señalada por afectar los sistemas endocrino, reproductor y neurológico.
En una nota publicada en esta sección el 3 de agosto de 2008, el gerente de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Pequiven, Julio Medina, aclaró que con el PVC de Petrocasa no hay riesgo alguno para la salud, aunque reconoció la presencia de un “compuesto de plomo” en baja cantidad: “124 gramos por casa” y que queda “completamente reticulado dentro de la resina, lo cual inhibe su liberación al medio”. En ese momento aseguró también que en menos de un mes ese plomo sería sustituido por calcio/zinc. Pero de esto último nada más se supo.
Pregúntale a otro:
Información es justamente lo que tanto Provea como Aguaclara exigen. El 13 de junio los representantes de Provea enviaron una carta al ministro Ramírez solicitando cuatro cosas:
■ 1.-) “Que de forma pronta y perentoria, se proporcione a nuestra organización y colectividad en general, el estudio oficial sobre las especificaciones técnicas: Química (composición química que incluya aditivos y sus porcentajes y proporciones) y Mecánica (propiedades mecánicas y físicas)”.
■ 2.-) “Se proporcione a nuestra organización y colectividad en general, los planes y proyectos de construcción de nuevos urbanismos o expansión urbanística con este tipo de viviendas, incluyendo el número de viviendas proyectadas y la ubicación geográfica de las mismas”.
■ 3.-) “Información oficial si este tipo de viviendas será incluida como el sistema oficial de construcción en la nueva Misión Villanueva u otro plan de Estado para solventar el déficit habitacional”.
■ 4.-) “Nos informe oficialmente sobre la posibilidad de realizar visitas institucionales a urbanismo que posean petrocasas, para hacer evaluaciones de las viviendas desde una perspectiva de los derechos humanos, y coadyuvar en el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de vivienda”.
Antonio Puppio, abogado y coordinador del programa de Exigibilidad en Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Provea, explicó las razones de estas inquietudes: “El derecho a la vivienda también tiene que ver con materiales de construcción y la salud; de modo que cuando anunciaron las petrocasas nos preocupó el riesgo por uso de PVC, especialmente por el componente de plomo. Por eso decidimos solicitar información al ministro, de acuerdo a lo que establece el Artículo 51 de la Constitución”.
En esa comunicación argumentaban: “Desde la perspectiva del derecho a la salud, es necesario que las condiciones de las viviendas permitan que sus habitantes no sufran consecuencias o patologías generadas por factores invisibles sobre los cuales no tienen la posibilidad de injerir, convirtiéndose en consumidores pasivos de tóxicos generados por la propia vivienda”.
Provea reenvió la carta al ministro Ramírez el 16 de julio de 2008. Y nada. El 10 de febrero de 2009 se dirigieron a la Sala Político Administrativa del TSJ a presentar un recurso contencioso-administrativo de abstención o carencia contra Ramírez argumentando violaciones al “derecho a dirigir peticiones y recibir respuestas oportunas y adecuadas” que obliga a los funcionarios a atender requerimientos informativos.
Esta acción legal aspiraba -o aspira- a que el TSJ ordene a Ramírez responderle a Provea. Todavía esperan que el TSJ diga algo.
El 8 de diciembre de 2010 hicieron otro intento con una medida cautelar innominada al TSJ en la que solicitan que los magistrados decidan que Pdvsa y sus filiales, y todas las empresas que venden y distribuyen PVC “se abstengan de realizar cualquier actividad que atente contra el ambiente, la salud o la vida de quienes se encuentren en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela” y que, además, ordene a todas las instancias involucradas detener la construcción de viviendas compuestas por PVC hasta que estudios concluyentes determinen “la completa y absoluta inocuidad de estos componentes y sus derivados sobre la salud” de las personas expuestas a ellos de manera directa o indirecta, momentánea o permanente “al tiempo que debe determinarse también el resultado de impacto ambiental de estos materiales a corto, mediano y largo plazo”.
En diciembre de 2009 la Fundación Aguaclara se adhirió a la solicitud de información activada por Provea. Para su presidenta existen “dudas razonables” sobre el potencial contaminante del material de las petrocasas.
Junto a la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad Simón Bolívar, hicieron un análisis de muestras de polvo y agua obtenidas en algunas viviendas que reveló presencia de plomo dentro de parámetros considerados “normales”.
Gil reconoce que las pruebas no son suficientes y que se necesitan evaluaciones más completas, pero la fundación no tiene recursos para eso. Pese a todo, con el apoyo del toxicólogo Manuel Arellano preparan una encuesta de prevalencia toxicológica que esperan poder hacer entre habitantes de las petrocasas.
Que la concentración de plomo sea poca, no es algo que calme las preocupaciones: “Si la dosis es alta, el cuerpo reacciona de inmediato, pero si el organismo es sometido a pequeñas dosis de manera constante el plomo se acumula y con el paso del tiempo genera dolencias que frecuentemente se atribuyen a otras cosas”, advierte Gil: “Por ejemplo, fallas de desarrollo intelectual en los niños o conductas violentas”.
En agosto de 2009, Pequiven informó que un laboratorio alemán determinó que los perfiles de Petrocasa no emiten “sustancias cancerígenas” y comprobó la ausencia del “monómero tóxico Monocloruro de Vinilo (MVC) en el Policloruro de Vinilo (PVC), molécula que según estudios causa cáncer”. Pero Gil insiste con el asunto del plomo y la necesidad de despejar dudas con más argumentos que una nota de prensa.
Un documento elaborado por el abogado de Pequiven y enviado al ministerio de Energía y Petróleo fue incorporado al expediente del recurso contra el ministro Ramírez. Allí intercambian argumentos para sustentar que la cosa no es con ellos: dicen que el ministerio no tiene nada que ver con planes de vivienda y que Provea debió dirigirse a Petrocasa, aunque -afirman- por ser una empresa “privada” no está regida por la Ley de Procedimientos Administrativos. Y, faltaba más, señalan que la información solicitada se considera secreto industrial. Ahora le toca hablar al TSJ. El lapso ya venció.
Por: Oscar Medina
Nacional | Política
EL UNIVERSAL
En el velorio del ex presidente venezolano. Foto | AFP
En el velorio del ex presidente venezolano. Foto | AFP
Un novelón de la vida real
■ El cuerpo del difunto ex presidente espera en una nevera de Miami.
■ No fue el único mandatario que una vez casado se alzó con una amante.
■ Ahora, las dos mujeres y sus familias se disputan su cadáver.
Carlos Andrés Pérez fue un mito en Latinoamérica. Intentó democratizar a Fidel Castro, ayudó a derribar a Anastasio Somoza, nacionalizó el petróleo venezolano y fue implacable con las guerrillas de izquierda. Hoy yace congelado en la nevera de una funeraria de Miami y sus dos familias disputan el cadáver.
Todo comenzó con un viejo hábito de la política venezolana. Carlos Andrés Pérez, más conocido como CAP, no fue el único mandatario que una vez casado se alzó con una amante. Pero ha sido uno de los más famosos, entre muchas razones, porque nunca hizo ningún esfuerzo por ocultarla y Cecilia Matos se mantuvo inamovible a su lado en los momentos más difíciles de su carrera política.
Lo que ahora sucede con su cadáver no es nada extraordinario para un hombre que tenga dos mujeres, se disputan el cuerpo. Pero en el caso de CAP cobra un significado particular porque le han dado un sentido político a su entierro. Su familia en Miami, donde se exilió hace más de una década afirma que dispuso ser enterrado en el sur de Florida mientras el presidente Hugo Chávez esté en el poder. Pero en Caracas, su esposa Blanca Rodríguez reclama que sus restos vuelvan a la patria.
De inicio la familia miamense terminó aceptándolo después que los abogados de Rodríguez introdujeron en una corte federal un pedido para impedir el funeral en Miami. Pero hace pocos días se retractaron y anunciaron que las dos familias no llegaron a un acuerdo y han pedido a un juez estadounidense que decida qué hacer con lo que queda de CAP.
Si la política no se interpone, lo más natural es que el juez atienda el pedido de Rodríguez, de quien CAP nunca se divorció. Pero como en el sur de Florida la política ha contaminado todos los estamentos de la sociedad y los venezolanos que aquí viven tienen la tendencia de equipararse a los cubanos, se declaran perseguidos y reclaman vivir en un exilio, la decisión del juez es, a todas luces, una incógnita.
Que lo corten a la mitad:
Muy pocos se atreven a hacer predicciones, aunque el humor negro sugiere que lo corten a la mitad. Hoy día en Miami cuando se le pregunta a un venezolano que piensa de CAP, se olvida de la corrupción y lo pinta como el mejor político del mundo y no cree que deba ser enviado a Caracas porque sería como entregar un trofeo a Chávez, quien también ha metido la cuchara en el asunto.
En su opinión CAP debe volver muerto a Venezuela, pero su forma de gobernar “ni muerta”, ha dicho en una de sus locuciones de obligatoria transmisión hace unos días, donde reclamó que le dieran cristiana sepultura.
El muerto, ese no ha dicho nada. Al menos que se sepa. Pero el año 2008, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, dijo a la emisora caraqueña Unión Radio que el ex presidente quería, en esa época, regresar a Venezuela a pasar los últimos años de su vida.
Mientras no se decide, o mientras las familias no llegan a un acuerdo – lo cual es una triste ironía para un hombre que siempre se distinguió en el arte de la negociación – en Miami hay varias propuestas, todas salomónicas, entre ellas, dividir las cenizas al medio.
Las familias no se hablan. Hace años que lo hacen por intermediarios. Ahora no será diferente. Aunque sea un juez el que decida. Todo un novelón venezolano.
