La falta de apartamentos para
alquilar perjudica a las dos partes

“No queremos robar a nadie” “Estoy desmoralizada”. Silvia Manso tiene 53 años de edad, es profesora jubilada y desde hace nueve años vive alquilada con su hijo Kevin David, de 15 años de edad, en un edificio ubicado en la avenida Andrés Bello.

Hace más de un año que el muchacho, que padece síndrome de Down, asiste a terapia, pues quedó psicológicamente afectado tras haber recibido agresiones físicas de un juez y varios policías en diciembre de 2009 cuando, por la vía de la violencia, intentaron desalojarlos a él y a su madre del inmueble que ocupan.

“Eran como los 9:00 de la mañana cuando reventaron la cerradura de la puerta. Entraron y gritaban que el procedimiento que realizarían era un desalojo. Yo, estaba en bata, mi hijo en ropa interior. Les pedí un momento para cambiarme la ropa y entré a mi cuarto a vestirme y a llamar a los vecinos. Cuando salí casi no quedaba nada en el apartamento, me estaban sacando la nevera y un policía sujetaba a mi hijo, me acerqué para pedirle que lo soltara y otro policía me golpeó. Fue horrible”.

Una vez que sus muebles y bienes personales fueron llevados a un depósito, Manso se dirigió al lugar, donde sólo pudo recuperar sus documentos personales, una computadora y algunos enseres en mal estado.

“Me robaron prendas, equipos y otras cosas; el apartamento quedó casi inhabitable. Una vez sucedido el hecho puse la denuncia y demandé al dueño del edificio”.

Manso confiesa que nunca fue una inquilina morosa, de hecho, todos sus recibos están al día. Los problemas comenzaron cuando el dueño del edificio quiso cambiar los apartamentos a propiedad horizontal hace unos años.

“Yo estaba dispuesta a comprar, pero los trámites no salieron. Luego Barreto decretó que nuestro edificio sería afectado por el decreto de regulación de precios de alquileres de vieja data, y el dueño se negó a acatar la orden. Fuimos a juicio y ganamos. Posteriormente, el propietario introdujo un amparo y ganó, así que aumentó considerablemente el monto de los alquileres; entonces fuimos otra vez a tribunales y fallaron a nuestro favor”.

Al parecer, en 2007 el dueño decidió no renovar los contratos de arrendamiento y, desde entonces, el grupo de vecinos que se negó a pagar el aumento de renta comenzó a cancelar en tribunales. En 2009 vino el inesperado intento de desalojo. Ella cree que tiene que ver con el hecho de que fue la vocera de los vecinos que exigían alquileres justos.

“No queremos robarle nada a nadie, entendemos que esto es una propiedad privada y los respetamos, pero nos parece injusto que el dueño de este inmueble quiera cobrar 900.000 bolívares por apartamentos que tienen una antigüedad de 50 años y que, además, están muy deteriorados”.

Asegura que no es una invasora, y que pese al oficio del TSJ no dejará de cancelar su renta en tribunales. “No queremos ninguna propiedad de gratis, queremos comprar, pero a un justiprecio. Somos el débil jurídico y necesitamos la protección del Estado. Queremos acuerdos en los que ambas partes seamos beneficiadas”.

Yessica Liendo es abogada, contrajo matrimonio hace cinco años y desde entonces ha vivido con su esposo en casa de su madre, pues después de comprar un apartamento que estaba ocupado por un inquilino, cuyo contrato de arrendamiento había expirado y por ende debía desalojar, este se negó a abandonar la propiedad.

“Llevo aproximadamente un año y medio tratando de ejecutar un proceso judicial por incumplimiento de contrato.

A la persona que está dentro de mi vivienda, una vez vencido su contrato, se le dio una prórroga legal de tres años para desocupar o comprar el bien, pero nada de esto sucedió y se niega a negociar”, explicó.

Al parecer, cuando la joven profesional adquirió el apartamento tenía conocimiento de que debía llevar a cabo el proceso de desalojo estipulado en la ley para aquellos inquilinos que, una vez transcurrida la prórroga legal, se niegan a abandonar la propiedad, pero desconocía que el arrendatario que allí se encontraba no era el del contrato original, pues aquel, sin haber notificado a nadie, había subarrendado el inmueble.

“Una vez enterada de la situación, y aún a sabiendas de que la persona que ocupa mi apartamento está allí de manera ilegítima, decidí respetar todos los procedimientos legales correspondientes. Le ofrecí, incluso, una indemnización pero ella de plano la rechazó”.

Según relata, ha intentado negociar de muchas formas con la inquilina que ocupa su apartamento en la avenida Victoria, pero asegura que no ha sido posible llegar a un acuerdo, pues al parecer la arrendataria alega que el inmueble le pertenece.

“La ocupante asegura que mi propiedad le pertenece porque tiene más de 30 años viviendo allí. Apoya sus argumentos en los discursos presidenciales en los cuales se ha afirmado que si un inquilino permanece por determinado tiempo en un inmueble entonces éste le pertenece, pero la verdad es que no hay registros legales que demuestren o respalden los argumentos que esa persona esgrime”, afirmó la propietaria.

Confiesa que tenía la esperanza de que a finales del año pasado, y una vez emitida la sentencia, podría recuperar su casa, pero con el oficio publicado el lunes por el TSJ cree que eso no sucederá.

“Dicen que es temporal, pero lo mismo dijeron del decreto emitido para regular el precio de alquileres y van siete años y medio desde que se promulgó”.

La integrante del bufete Orta Poleo asevera que no pretende, ni ha pretendido, perjudicar a la persona que está ocupando su inmueble, y que de hecho cree correcto que el Estado busque beneficiar a los inquilinos, pero no atacando a los propietarios.

“Estoy desmoralizada, preocupada. Desde el lunes no duermo. Entiendo que el Presidente quiere favorecer a los inquilinos, en verdad lo entiendo, pero me pregunto dónde están los derechos de nosotros, los propietarios.

Sinceramente sólo espero que se nivele la balanza, de tal forma que se beneficie al que alquila sin perjudicar al dueño”, concluyó.

RMI: “Es inhumano echar gente a la calle”

La abogada e integrante de la Red Metropolitana de Inquilinos, Ana Marina Rodríguez, aseguró que la medida judicial tomada por el Tribunal Supremo de Justicia representa la materialización de un Estado que, finalmente, asume la vivienda como un derecho humano y no como una simple mercancía.

“Creemos que debe resguardarse la propiedad privada, pero ese derecho no puede estar por encima de una vivienda. Echar a la calle a alguien por causa del decreto de congelación de alquileres es inhumano”.

La experta en materia de leyes dijo que el oficio no se emitió para perjudicar a los propietarios sino para resguardar a los inquilinos. Asimismo, señaló que es necesaria la regulación del mercado de inmuebles de vieja data para acabar con la especulación y dar al arrendatario la posibilidad de adquirir una vivienda propia a un precio justo.

“La Red está planteando al Estado que se regule el mercado secundario a través de un método científico”, afirmó.

Apiur: “Protegen a quienes incumplen”

El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta Poleo, considera que el texto del Tribunal Supremo de Justicia es la más grave limitación que se le ha hecho a la propiedad privada en Venezuela.

“Este oficio protege al inquilino incluso aunque haya incurrido en incumplimiento de contrato, no penaliza la mora de pagos y deja en estado de total indefensión a los propietarios”, dijo.

Alegó que el decreto aprobado es poco específico en materia de lo que regula, lo que podría ocasionar un caos en vez de solventar la crisis existente.

Además, aseguró, que las medidas fueron decretadas por un ente no autorizado para esa tarea.

“El oficio fue decretado por la Comisión Judicial d el TSJ que, de facto, sólo tiene funciones administrativas y no está facultada para limitar las acciones de los jueces”.

El 18 de enero APIUR introdujo ante el tribunal un recurso de reconsideración.

Por: ALEJANDRA RODRÍGUEZ
aljrodriguez@el-nacional.com
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