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Nature&Sciencie: Y roja será la ciencia

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Un científico de la UCV tiene una especie recién descubierta de escorpión, de la variedad: "muypoisoneous", se encuentra en la Sierra de Portuguesa, a 120 km al este de Caracas.
Un científico de la UCV con especie recién descubierta de escorpión, de la variedad: "muypoisoneous", se encuentra en la Sierra de Portuguesa, a 120 km al este de Caracas.

La reciente reforma de la Locti pasó
discreta en el ajetreo de diciembre

 

Pero sacudió a los investigadores y hasta tuvo eco en las revistas Nature y Sciencie: el Gobierno controla todo.

Si antes no había dinero, ahora hay exceso: ocho mil millones de dólares. Es decir, el equivalente a cerca de 3% del Producto Interno Bruto del país podría estar disponible este año para financiar la actividad científica, la investigación y la innovación tecnológica. Eso, que suena a mucho, en efecto es mucho: no hay -dicen miembros destacados de la comunidad científica- capacidad para absorber y procesar ese aluvión de recursos que seguramente terminarán en otras manos, cumpliendo objetivos distintos.

No se trata de mera especulación. Cifras similares se han venido manejando desde la entrada en vigencia -y la primera reforma- de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2005 que obliga al sector privado a invertir en la materia una tajada de sus ingresos.

Pero el esperado impacto de esos fondos no se refleja en los indicadores que orientan a ese sector académico: “Durante los cuatro años de aplicación de la Locti se ha debido ver un repunte científico y tecnológico”, explica Jaime Requena, investigador y -entre otras cosas- miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales: “Y no ha sido así. Las publicaciones científicas de los venezolanos han disminuido 14% interanual desde 2006. Y, al mismo tiempo, el país ha perdido a un ritmo similar su capacidad de producción de patentes”.

Requena, especialista en el estudio de los números relacionados al ámbito científico, llega a una conclusión: “Lo único que ha producido esa abundancia es que el Gobierno pueda decir que Venezuela es una de las naciones que más invierte en ciencia y tecnología”. Aunque eso -asegura- no es como lo pintan.

Pese al potencial para propaganda, el Gobierno detectó el “problema” y se ideó una “solución”: reformar la Locti; cosa que hizo diligentemente la Asamblea Nacional en su performance de diciembre pasado. Y si algo define a esa reforma es el absoluto control que otorga al Estado: sobre el dinero para el sector y sobre las propias materias que ahora “deben” ocupar tiempo y esfuerzo de los científicos venezolanos.

El Gobierno decidió las áreas de investigación a financiar: vivienda y hábitat, desarrollo urbano, energía y cambio climático. Lo demás, incluyendo salud, queda por fuera, al menos durante 2011. “Se pretende atender problemas inmediatos a través de la investigación científica”, apunta Benjamín Scharifker, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales: “La ciencia está para otra cosa, no para sustituir a la gestión pública”.

El “problema” era que durante estos años los fondos no se invirtieron precisamente en ciencia y tecnología. Hasta ahora, las empresas pudieron escoger entre utilizar su aporte Locti en inversión puertas adentro, entregarlo a universidades e institutos de investigación o a la administración del Ministerio de Ciencia. Los privados se apuntaron a la decisión que les resultó más conveniente y se estima que 95% del llamado dinero Locti se invirtió dentro de las empresas, 4% habría ido a financiar a terceros y apenas 1% entraría al ministerio.

El titular de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez presentó esas cuentas al celebrar la reforma de la ley y afirmó que pese a contar con mayor financiamiento las investigaciones habían disminuido entre 2007 y 2010.

“El Gobierno se encontró con que no estaba recibiendo el dinero, ni las universidades tampoco”, señala Requena: “Eso no le pareció lógico y se decide el cambio de ley: toda la plata se entregará al Estado”. Tal cosa, en la práctica, lo terminarán asumiendo las empresas como una nueva carga impositiva, un nuevo ítem a su estructura de costos.

Misión casi imposible:

En el artículo 26 de la Locti se establece el rango de aportes que deben hacer todas las empresas, privadas y públicas, sobre sus ingresos brutos anuales -si superan las 100 mil unidades tributarias- y que va desde 2% (bingos y apuestas, alcohol, tabaco), a 1% (compañías privadas en hidrocarburos, gas y minería), 0,5% (empresas públicas en hidrocarburos, gas y minería) y 0,5% para “cualquier otra actividad económica”.

El ministro Menéndez declaró que estiman contar con 15 mil millones de bolívares anuales por esta vía. El nuevo texto de la Locti ordena la creación de la “autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones”, que centralizará el manejo de fondos de acuerdo a un plan elaborado por el ministerio y eso incluye decidir quiénes y qué tipo de proyectos serán financiados, además de que se reserva derechos de patentes.

Ismardo Bonalde, físico e investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, encuentra cierta lógica en este esquema: “A diferencia de otros colegas no veo mal que exista un organismo que controle, administre y regule ese financiamiento. El problema está en que lo haga bien, porque la verdad es que hasta ahora el ministerio lo estaba haciendo mal. Ese organismo nuevo debe apoyarse en investigadores y tecnólogos capacitados para evaluar los proyectos. Es cierto que había que corregir lo que estaba sucediendo, pero no pareciera que lo están haciendo de la manera adecuada”.

El análisis de Requena plantea un escenario de sobreabundancia difícil de manejar: “Digamos que hay unas 5 mil empresas que aporten vía Locti. Y que todas presentan un proyecto. Supongamos que 5 mil investigadores activos presentan los suyos. ¿Imaginas la fuerza de trabajo necesaria para evaluar 10 mil proyectos científicos? Ese personal no puede ser cualquiera, las evaluaciones deben hacerlas equipos con capacidad, cada año durante los primeros meses. Y al final de año hay que evaluar la evolución de las investigaciones para otorgar los fondos para su continuación. El Gobierno no tiene capacidad para eso”.

Las estimaciones de Requena conducen a una conclusión: “La mitad de la comunidad científica venezolana tendría que estar trabajando un mes entero para evaluar los proyectos de las empresas. Y la otra mitad, otro mes para hacer lo mismo con los proyectos de los propios investigadores. Es decir, toda la comunidad científica nacional tendría que pararse en seco durante un mes para hacer ese trabajo a tiempo”.

“¿Quién va a deliberar o discutir sobre esos proyectos”, se pregunta Gioconda San Blas, investigadora del Ivic: “Antes había comisiones técnicas, tal como se hace en cualquier parte del mundo. Pero al menos en la ley no aparece esa instancia asesora”.

Otro método:

Junto a los asuntos de fondos, hay otros aspectos que preocupan a buena parte de la comunidad y que tienen que ver con el concepto de lo que es ciencia.

“La ciencia es una actividad profesional, no es algo que se pueda improvisar”, advierte San Blas: “Y esa estructura de formación de un científico queda destruida cuando en la Locti se habla del ‘cultor’ de la ciencia. Cualquiera es cultor, gente que no necesariamente está preparada para hacer ciencia. Se echan por la borda 50 años de formación de recursos humanos”.

En efecto, la reforma incorpora como sujetos de la ley a las comunas que realicen “actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones”; y además contempla apoyo financiero para actividades de formación de estos llamados cultores. “Cualquier consejo comunal que se le ocurra cualquier cosa, obtendrá fondos”, señala San Blas: “La ley considera que todo el mundo está calificado para ser cultor de la ciencia. Pero si usted no sabe de ciencia, va a cometer disparates como descubrir el agua tibia”.

Bonalde aporta un ejemplo:

“Lo que entiende el Gobierno por innovación es loco: se refieren a cualquier idea para mejorar algo. Hay un gran problema conceptual sobre ciencia, tecnología e innovación”.

“El conocimiento científico tiene características particulares y criterios que lo delimitan”, ilustra Scharifker: “El problema fundamental aquí es que se hace una mezcolanza y todo tipo de conocimiento se quiere meter en el mismo saco que el conocimiento científico. El equivalente a 2 o 3% del PIB es una masa de dinero que no puede ser absorbida y utilizada en Venezuela para invertir en ciencia y tecnología. Ojalá pudiéramos, pero no tenemos esa capacidad. Tal vez 10% de eso pudiera usarse en proyectos de desarrollo, pero ¿y el resto? Se puede anticipar que se repartirá entre las comunas, los cultores y todas esas figuras que apuntan al populismo. De modo que podemos hablar de fraude, porque en nombre de la ciencia se llevan a cabo actividades que nada tienen que ver con ella. Ese dinero se destinará a otros asuntos”.

En los primeros dos años de aplicación de la Locti se elaboraron informes que daban cuenta de la utilización de los fondos recibidos. Pero de eso no se supo más a partir de 2007. De modo que “transparencia” es algo que también piden los expertos consultados.

Pero no sólo eso les mantiene en alerta: señalan que la reforma no fue discutida con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y que el rasgo de arbitrariedad es aún mayor.

Además de “entubar” la investigación en áreas críticas dejando por fuera todo lo demás, en la práctica se plantea una especie de “desprofesionalización” de la ciencia a partir de esa pretendida apertura a lo popular y a la tradición y mediante el desmontaje del Programa de Promoción del Investigador (PPI), que definía la jerarquización de los profesionales de la ciencia y que ahora, con el recién estrenado Programa de Estímulo al Investigador, establece una suerte de sistema paralelo más allá de la formación académica y la trayectoria de trabajo cuyos parámetros no son del todo claros.

La redacción de los cambios a la Locti evidencia que se persigue la creación de una ciencia “distinta” -si tal cosa es posible- basada en “la aplicación de conocimientos populares y académicos” y con objetivos específicos: “la solución de problemas concretos de la sociedad”, “la construcción de una sociedad justa e igualitaria” y “el fortalecimiento del Poder Popular”. Esa es la orden.

Investigación bajo control:

Aunque aún no tienen una posición en bloque, en la Asociación de Investigadores del Ivic analizan la reforma de la Locti y hay consenso en la preocupación por aspectos concretos. La “desprofesionalización de la ciencia” es el primero: consideran que la figura del “cultor” sustituye a los científicos y que establecer que la ciencia se genera “mediante la aplicación de conocimientos académicos y populares”, junto a inclusión de las comunas y la exclusión expresa de las instituciones académicas y de investigación, conlleva riesgo de “tergiversar el fondo y la forma de la actividad científica”.

El financiamiento es otro punto: llaman la atención sobre el hecho de que los fondos recaudados sean distribuidos por el Gobierno según criterios poco claros y en áreas específicas. Pero además en el hecho de que todo lo concerniente al apoyo económico a la actividad científica pase por la llamada “autoridad nacional” y requiera su aprobación, deja por fuera otras fórmulas y “hace temer la ausencia de una política transparente para la asignación de recursos que derive en prácticas discrecionales e inauditables”.

Los aspectos del texto legal sobre propiedad intelectual y promoción y divulgación de la ciencia tienen lo suyo: todo producto derivado de estas actividades será de interés público y el Gobierno decidirá cómo regular la propiedad intelectual. La difusión de los logros también debe pasar el filtro de la “autoridad nacional”, con lo cual se completa un cuadro que imposibilita difundir en las publicaciones científicas internacionales ni registrar patentes.

Y, por supuesto, rechazan la carga centralizadora que representa la creación de la Autoridad Nacional de Ciencia y Tecnología que asume el control de la actividad.

Carenne Ludeña, directiva de la Asoinivic, explica que en una asamblea de la asociación el lunes 17 de enero, acordaron presentar un documento mediante solicitud de derecho de palabra en la Asamblea Nacional. Se decidió participar en el nuevo esquema pero aclarando su desacuerdo con la restricción a cuatro áreas de trabajo únicas y solicitando información sobre qué pasará con el resto de las investigaciones -como salud y agroalimentación-, presentando proyectos a ver qué responde la “autoridad”. Y se acordó que todos los proyectos presentados se harán públicos a través del sitio web de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia.


Por: Oscar Medina
Salud | Ciudad
EL UNIVERSAL

Barrio Tricolor por dentro

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La fachada de la casa de Carmen Naranjo fue pintada y frisada, pero las reparaciones no fueron completadas en el interior de la vivienda.
La fachada de la casa de Carmen Naranjo fue pintada y frisada, pero las reparaciones no fueron completadas en el interior de la vivienda.

El programa bandera del Gobierno
para mejorar viviendas populares

 

Aunque hay beneficiarios satisfechos, vecinos y líderes comunitarios están decepcionados, y los expertos dudan del alcance del plan mientras no forme parte de un programa integral 

Desde afuera las casas de Delia Liendo y de Carmen Naranjo se ven perfectas: sus fachadas están frisadas y pintadas de un color azul que alegra la vista. Ambas mujeres son vecinas del sector Libertador de Caucagüita ­municipio Sucre, Caracas­ y beneficiarias del programa Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, impulsado por el Ejecutivo Nacional. Liendo, de 40 años de edad, está feliz. Residió durante 3 años en un rancho de zinc que fue derrumbado y cambiado por una casa nueva. “Me cumplieron el sueño de tener una vivienda digna”, dice desde una sala luminosa en cuyas paredes cuelgan fotos de familiares. 

Delia Liendo manifiesta agradecimiento al plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor porque recibió una vivienda digna.

Naranjo, de 53 años de edad, quisiera tener el mismo estado de ánimo de su vecina, pero no puede. 

Dice que su vivienda apenas recibió atención de las puertas hacia afuera: “Arreglaron la fachada hace un año y tres meses, y no terminaron adentro”. Ningún visitante dirá que ella miente si ve, por ejemplo, la segunda planta. Es un espacio a medio hacer, donde esa mañana está el padre de Naranjo en silla de ruedas. Las escaleras metálicas pasan por un orificio irregular que hace surgir la pregunta de si el anciano reposa sobre piso firme. 

“Con mis recursos, he hecho lo que he podido para terminar”. Carmen Naranjo está decepcionada y no es la única. 

Liendo es locuaz y amable. 

Su caso ha sido tomado como ejemplo; dice que ya fue entrevistada en el programa Aló, Presidente en mayo del año pasado y que tuvo oportunidad de agradecer a Hugo Chávez en público. “Mi casa es real y puedes verla tú mismo”, insiste. Sus declaraciones han sido reproducidas en los portales de los medios estatales y ella está allí para ratificarlas sin aprehensión. Naranjo, en cambio, no ha podido dar su testimonio ante una audiencia semejante. A otros vecinos, en su misma situación, les cuesta hablar en público sobre el programa: temen que les apliquen represalias, como la suspensión definitiva de las obras en sus viviendas si refieren la palabra retardo en voz alta. 

Las obras tienen un alcance de percepción de alcance cosmético.

Pero ella relata su historia con resignación: 

“Como los trabajos los estoy haciendo por mi cuenta, no habrá diferencias si doy mi opinión”. Son cara y cruz. Detrás de las coloridas fachadas del sector Libertador de Caucagüita, igualmente conocido como Barrio Nuevo, no hay sólo elogios e historias de éxito. También existen críticas de vecinos y dirigentes ante lo que consideran una ejecución con retardo y poca transparencia del plan: creen que los resultados no están a la altura de las expectativas. 

El caso de Caucagüita no es una excepción: los síntomas del malestar ya se han evidenciado en otras partes del país. 

“Las propias comunidades están expresando sus quejas y hay que tener los oídos abiertos frente a ellas”, dice Teolinda Bolívar, directora del Centro Ciudades de la Gente de la Universidad Central de Venezuela. Un ejemplo lo presenció en las jornadas académicas celebradas en la casa de estudios con motivo del Día Mundial del Hábitat: vecinos de los municipios Sucre y Baruta interpelaron a los responsables del programa que fueron invitados. 

“Hubo un diálogo que fue muy interesante”. Si bien hay beneficiados ­como Liendo­ que defienden el proyecto, también existen otros ­como Naranjo­ que han cuestionado la misión por ejecutar reparaciones cosméticas; por reparar viviendas localizadas en zonas de alto riesgo; por los retardos en las obras; por la carencia de materiales; por la falta de acompañamiento técnico y por las diferencias surgidas con oficiales de la Fuerza Armada Nacional encargados de las operaciones. 

Parte del expediente que ha sido elaborado por voceros de los consejos comunales y vecinos cuya identificación con el proyecto presidencial nadie duda: muchos apuestan por llamar la atención oficial y reclamar mejoras en las políticas de vivienda. 

Soraida Bello de Ocopio vive en Turmerito, Coche, dentro de un kiosko. Allí espera ayuda a su demanda de vivienda.

Arranque: 

Hay expertos a quienes no les extraña la preocupación expresada por miembros de las comunidades. Josefina Baldó, urbanista y quien fuera presidenta del extinto Consejo Nacional de la Vivienda entre 1999 y 2001, considera que el programa Barrio Nuevo, Barrio Tricolor está fundamentalmente diseñado para hacer reconstrucciones puntuales: “Sería muy útil como un complemento de una estrategia más amplia y articulada de habilitación de barrios, aunque nadie puede negar que es positivo dotar a una casa con baños, instalaciones eléctricas o frisos”. 

La percepción del alcance “cosmético” y limitado de las reparaciones surge, desde su óptica, por la escala del plan: “Es necesaria una respuesta con más profundidad y lagente lo percibe. En lugar de pensar en trabajos específicos con 200 ó 300 casas de una comunidad, habría que ejecutar grandes proyectos de mayor impacto para que los barrios se incorporen a las ciudades”. 

El programa Barrio Nuevo, Barrio Tricolor fue lanzado por el jefe del Estado en un Aló, Presidente en agosto de 2009, como parte de la Misión Hábitat. El objetivo es mejorar las condiciones de las viviendas localizadas en zonas populares donde reside más de 51% de la población y cuya vulnerabilidad queda de manifiesto con cada aguacero. 

La estrategia ha consistido en la instalación de campamentos ­hay más de 80 en todo el país­ desde los cuales se articula el trabajo con mano de obra de las comunidades organizadas y supervisión militar. En la presentación de su memoria y cuenta a la Asamblea Nacional, el sábado 15 de enero, el primer mandatario no dedicó ni un segundo de sus 7 horas de discurso para rescatar los logros de la iniciativa que toca un punto crucial en la agenda pública, luego de las lluvias del último trimestre del año que dejaron más de 100.000 damnificados. 

La omisión no pasó inadvertida para sus seguidores. 

Hasta mayo de 2010, según la información del entonces llamado Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, se habían reconstruido más de 33.000 casas con una inversión de 425 millardos de bolívares, lo que Chávez aplaudió en otro de sus programas dominicales dedicado al plan. De ese total de viviendas, 67 habían sido rehabilitadas en el sector Libertador de Caucagüita, según los reportes oficiales divulgados entonces. 

Conflicto: 

La cifra genera un inmediato recelo entre algunos vecinos de la zona. Además de la vivienda de Naranjo, hay otras como las de Richard Arias, de 47 años de edad, que tiene pisos y paredes con grietas desde hace más de un año, porque no fueron empotradas las tuberías de electricidad y de agua. “Sólo hay 26 viviendas que se comenzaron y no se terminaron. Yo fui uno de los obreros que trabajó en ellas”. Agradece el cambio de techo que ahora protege su sala de inundaciones cuando llueve, pero aún espera que le echen una mano con aquello que quedó inconcluso. 

Soraida Vivas, una de los voceras del consejo comunal, ha exigido una rendición de cuentas del programa y pide al Gobierno que le transfiera directamente a la comunidad, sin mediación de la FAN, la ejecución física. “Prometieron un trabajo a fondo con 200 viviendas y todo ha sido por encimita con la mayoría. Hay una familia que fue desalojada y está viviendo en la casa comunal desde hace un año. 

Otras han pagado de su bolsillo los materiales, que se suponía iban a ser gratuitos, pero igual las cuentan como beneficiarias. Eso es un fraude”, dice Vivas, que no es seguidora de Chávez, pero afirma que expresa el sentir de muchos de sus partidarios que temen hablar en público. 

Sin embargo, los trabajadores del programa, que también son vecinos de la comunidad, insisten en que los beneficios del plan se observan en el sector Libertador. Piden que se visite a Gladys López, de 50 años de edad, que vivía en un rancho de latón y ahora tiene una vivienda de bloques frisados. “Estoy muy contenta con la ayuda”, dice al abrir la puerta. Suritza González, cuya casa se quemó en junio, también está dispuesta para la entrevista: “He recibido ayuda de la oposición y del Gobierno, y aquí en Barrio Tricolor me han dado la mano y trabajo”. Janet Monroy, otra de las empleadas, calcula que no menos de 100 viviendas han sido reparadas y que 18 de ellas, de alta precariedad, fueron reemplazadas. 

Reconoce que, de momento, no hay materiales, pero está segura de que antes de que termine el mes tendrá nuevo suministro. “Hay mucha demanda por las obras que se requieren para darle respuesta a los damnificados”. 

Alto riesgo: 

En otras zonas, como Blandín, en la carretera vieja Caracas-La Guaira, las angustias han ido mucho más allá de la puntualidad en la entrega de las obras. En el lugar surgieron quejas contra el programa porque sus ejecutores intervinieron casas en zonas de alto riesgo. Las lluvias, de un modo trágico, dieron razón a los críticos. Quedarán para el recuerdo las imágenes de las construcciones que fueron reparadas y pintadas antes de ser arrastradas por deslizamientos o desalojadas en prevención de tragedias. La pregunta de muchos vecinos es una: ¿Para qué sirvieron esos esfuerzos? Voceros de los consejos comunales plantaron cara. Uno de ellos fue Duber Mavares, de La Vuelta del Cedro, que en octubre de 2010 había denunciado que 80% de las casas, que fueron intervenidas y pintadas por el plan gubernamental, colapsó con los aguaceros. A pesar de ello, afirmó entonces, había vecinos que continuaban recibiendo materiales de construcción sin considerar una orden de desalojo emitida por el Instituto de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres de la Alcaldía de Libertador. 

Mavares quería evitar una tragedia semejante a la del sector Marigüitar, donde una familia de siete personas quedó tapiada un mes antes. 

El dirigente aceptó marcharse a Monagas donde hoy tiene una nueva vida, pero otros líderes comunitarios no bajan la guardia. “Hay que ratificar el llamado a las autoridades del programa Barrio Tricolor para que se abstengan de arreglar casas en zonas de riesgo y eso es una irresponsabilidad”, dice José Gregorio Navarro, quien mantiene una lucha para sacar a toda su comunidad de un área de peligro conocida como El Mamón, en Plan de Manzano. 

Jean Carlos Sosa, un antiguo vecino del 23 de Enero, tampoco dejó de presentar sus observaciones sobre los efectos de los temporales en la parroquia. Publicó un artículo en la página web Aporrea ­un portal que apoya el proyecto político de Chávez­ con un título sugerente: “Barrio Nuevo, Barrio Tricolor: Desastre Humano”. Allí se refiere al colapso de casas rehabilitadas y obras ejecutadas en zonas como El Mirador, donde cualquiera puede aun acercarse a tomar fotos y recopilar testimonios de los vecinos. “¿Cómo es posible que ante tanta inversión de carácter social, aún veamos como se desmorona la vida de personas por la ineficiencia y desinterés de pseudorevolucionarios?”, se preguntaba. Fue precisamente desde el 23 de Enero, donde se transmitió el Aló, Presidente de febrero de 2010 en el cual se celebraron los avances de los primeros meses del plan. 

Sobraron testimonios de residentes que se mostraron agradecidos y felices por la aplicación de la iniciativa. 

Emblema: 

El día del lanzamiento del programa, el jefe del Estado se trasladó con el entonces ministro Diosdado Cabello a una invasión en Turmerito, Coche, Caracas. 

Allí subieron uno de los tractores que fue utilizado para destrozar 136 viviendas informales que habían aparecido en un barrio incipiente bautizado con un nombre obvio: Hugo Chávez. El Presidente quiso ejecutar ese gesto simbólico que marcaba el nacimiento de una nueva era para la zona: “Aquí va a nacer una comuna socialista”, anunció. 

A la vuelta de 17 meses, todavía no se ha concluido y entregado la primera unidad de un complejo de apartamentos que está en construcción. 

Los habitantes de esa comunidad fueron trasladados a “viviendas de transición” habilitadas en el Fuerte Tiuna para aquellos beneficiarios del plan que debían abandonar temporalmente sus casas en espera de otras mejores. 

En la zona puede observarse el estado del proyecto: las estructuras están a la vista. Unas sólo muestran vigas metálicas y otras dan la apariencia de mayor adelanto. El martes pasado no había un solo obrero trabajando en el sitio. 

En los alrededores hay grandes estacionamientos y familias enteras que viven en diminutos kioscos que están a la vera del camino a pocos metros de donde prometen que será inaugurado un complejo de viviendas. En uno de ellos reside Soraida Bello, una mujer de 54 años de edad, con sus 2 hijas. Tiene una diminuta sala y un comedor donde vende alimentos. “Aquí entramos todos, nos acomodamos lo mejor que podemos”, dice mientras muestra un espacio que sería asfixiante para cualquiera. Es una de las pobres del mundo que sobrevive en la Venezuela que aún no supera la crisis de vivienda. 

* DIOSDADO CABELLO FUE EL MINISTRO QUE DIO INICIO AL PROYECTO: “La gente se empeñaba en la rehabilitación”


Por: DAVID GONZÁLEZ / Siete Días
DGONZALEZ@EL-NACIONAL.COM
Salud | Ciudad
EL NACIONAL

BALANCE: La Policía Nacional debe multiplicar el personal por 10 para atender a todo el país

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Actualmente cuenta con 4.000 funcionarios que operan en una parroquia de Caracas, el Metro y las autopistas

Hermetismo genera desconfianza sobre
logros del cuerpo de seguridad

 

Con base en la cantidad de habitantes que tiene el país, Venezuela debería contar con 120.000 funcionarios policiales preventivos y 25.000 sólo para la investigación criminal, de acuerdo con los estándares internacionales de la Organización de Naciones Unidas.

Sin embargo, actualmente hay sólo 72.000 agentes incluyendo al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por lo que para ser honor a su nombre a la Policía Nacional aún le faltan 48.000 para completar esa cuota y abarcar todo el territorio nacional.

Ya pasaron 399 días desde el 20 de diciembre de 2009, cuando el presidente Hugo Chávez dio la orden a los primeros 952 oficiales de la Policía Nacional Bolivariana de iniciar sus labores en la parroquia Sucre del municipio Libertador, en Caracas. El nuevo cuerpo policial, que nació como bastión de honor para el actual Gobierno ­así lo hizo saber el mandatario en su presentación de la memoria y cuenta 2010­ continúa con el propósito de disminuir los índices de violencia e inseguridad del país, pero tiene un problema: cuenta con 4.000 hombres desplegados sólo en una parroquia, las vías expresas y el Metro de la capital.

¿Cuándo será una policía nacional verdadera? A juzgar por la forma desordenada y lenta en que se han cumplido los lapsos establecidos por la Ley Orgánica del Servicio de Policía Nacional y del Cuerpo de Policía Nacional ­que creó la institución­, el deseo parece imposible de concretar en el mediano plazo.

Sólo la incorporación, formación y activación de funcionarios ya es una dificultad, pues en su primer año la PN apenas ha logrado graduar 3 cohortes que suman 4.000 policías.

A ese ritmo se requerirán más de 10 años para que los logros de este cuerpo, en materia de seguridad, puedan extenderse a todo el territorio nacional.

Los proyectos y planes inmediatos de expansión de ese cuerpo policial son difíciles de conocer. Su director, el comisario Luis Fernández, no concede entrevistas a medios privados, pero se sabe que la mayoría de los funcionarios actuales continúa siendo personal “reentrenado” que salió de las filas de la Policía Metropolitana.

Desde finales del año pasado las vías expresas de la capital son custodiadas por la PN

Cifras reales:

Pese a los logros de la Policía Nacional anunciados el sábado 15 de enero por el presidente Hugo Chávez, no resulta fácil comprender y valorar el supuesto éxito de las actuaciones del cuerpo.

Los informes son presentados únicamente en porcentajes y no hay una comparación con estadísticas anteriores de inseguridad en la parroquia Sucre. El mandatario indicó que hubo una reducción de 57% en los delitos que ocurren en Catia; sin embargo, no informó el número de crímenes que se registraba anteriormente y el que se reporta ahora. La situación es similar con una presunta disminución de 44% en los homicidios, 66% en los robos, 62% en lesiones y 66% en violencia intrafamiliar.

“Esa barrera informativa hace que sea muy difícil evaluar las actuaciones o los resultados de la Policía Nacional, porque no disponemos de información. Yo quisiera, como la mayoría de los venezolanos, que ese Cuerpo pudiera funcionar bien, tuviera buenos resultados y contribuyera con la disminución del delito en el país.

Todos estaríamos dispuestos a apostar por el éxito, porque es para el beneficio de todos”, aseguró el sociólogo Roberto Briceño León.

El experto considera que esta política de no informar no permitirá que se forme el vínculo de confianza que debe existir entre la población y la policía.

“En la medida que se refuerza el silencio, muestran una gran desconfianza de la policía hacia la población, hacia los medios y la gente en general; entonces, ¿cómo pretenden que la gente confíe en la labor que están realizando, si no muestran verdaderamente lo que hacen?”, comentó Briceño León.

El solo Sistema Metro de Caracas, cuenta con más de 600 funcionarios de la PN

Atención necesaria:

Lo que sí ha resultado un acierto es la presencia de la PN en las estaciones del Metro y en las vías expresas, que hasta la llegada de estos funcionarios se encontraban huérfanas de vigilancia policial. El comisario Fernández ha declarado que fueron detenidas, hasta el pasado martes, 592 personas por cometer delitos en las estaciones del subterráneo.

El criminólogo Fermín Mármol García considera que este logro forma parte de la atención que requería la población y que por sí mismo, es un punto a favor del cuerpo policial. “Hay que reconocerle que atendieron un clamor popular, porque la población estaba preocupada por la situación de indefensión en las autopistas y en el subterráneo, y la PNB asumió esos retos institucionales y aparentemente la situación trajo mejorías”, dijo.

No obstante, Mármol considera que el peso político que le están endilgando a la Policía Nacional, como única herramienta para disminuir los índices delictivos en el país, puede ser perjudicial pues considera que la labor es demasiado ardua y no depende sólo de la actuación de ese cuerpo de seguridad.

“No se debe cifrar una matriz de opinión en que es la salvación para combatir el delito, porque eso no es cierto y es allí dónde puede salir mal evaluada la Policía Nacional.

Tiene al frente a un hombre que se preparó para ser policía, formado además para la gestión de gerente y eso es un acierto. Arrancó en una parroquia compleja y es un reto que evidentemente puede mostrar que hay una disminución de los índices delictivos, sin que esto signifique que el delito ha bajado, pero aún falta mucho camino por recorrer en materia de seguridad”, explicó Mármol García.

Funciones en espera:

Una de las funciones asignadas por Ley a la Policía Nacional, que todavía está pendiente y requerirá de un largo período de ejecución, es la investigación criminal.

“No queremos que el nacimiento de la PNB traiga el debilitamiento de otras instituciones fundamentales como lo es ahora el Cicpc. La Ley dice que tienen competencias compartidas, pero la investigación criminal requiere primero de la formación de divisiones con personal especializado.

¿Cuánto tiempo puede llevar eso?, ¿por qué no se está invirtiendo del mismo modo en mantener a la policía científica mientras se prepara a la nueva policía? Esas premisas son tan importantes como su creación y expansión a nivel nacional”, puntualizó el criminólogo Fermín Mármol.

Un final que no llega:

Una de las primeras violaciones a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana es precisamente la décima de las disposiciones transitorias que establece la supresión de la Policía Metropolitana.

El texto legal fue aprobado en abril de 2008 y fue hasta la semana pasada cuando se anunció que el fin del ciclo de este cuerpo de seguridad será a finales del primer trimestre de 2011.

La mayoría de los oficiales que hoy se encuentran activos dentro de la Policía Nacional provienen de las filas de la PM, cuerpo policial que aún cuenta con 3.000 hombres cuyas labores fueron limitadas a funciones de orden público en aquellas áreas de Caracas donde no tenga alcance la Policía Nacional.

En octubre de 2010 el comisario Luis Fernández, director de la PN, anunció que los funcionarios que cumplieran con el perfil migrarían a ese cuerpo policial, otro grupo pasaría a ser jubilado y otros quedarían a las órdenes del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia para ser reasignados a varias dependencias.

El sociólogo Roberto Briceño León sugiere que la falta de respuesta ante la situación actual de la Policía Metropolitana puede obedecer a que las cosas que se están haciendo no son del todo planificadas ni transparentes.

No obstante, el criminólogo Fermín Mármol García expresó que hay preocupación en la población por un grupo de funcionarios deshonestos de la PM, que con la supresión quedarán sin trabajo y tiempo libre para delinquir.

“Hay policías que se quedan con un sabor amargo en la boca porque dedicaron sus vidas a la PM y no fueron convocados; otros serán jubilados, pero ¿qué pasará con aquellos deshonestos que quedarán sin empleo? Pues hay que estar atentos con esa situación”, advirtió.


Por: THABATA MOLINA
tmolina@el-nacional.com
Noticias | Política
EL NACIONAL

Lenin Valero: El día de la democracia

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Con Chávez, absuelto, libre de pecado, hemos vivido diez años de tirantez, de medición de fuerzas.

Celebramos 53 años
de vida democrática

 

Desde el 23 de enero de 1958, cuando cayó la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, hemos vivido muchos altibajos. Los más difíciles han sido estos últimos años, pero los intentos de desaparecerla no han tenido éxito, ni la suficiente fuerza para doblegar el espíritu democrático. La intimidación no ha podido con el coraje.

Enemigos de la democracia han intentado dividir, fomentar disidencias internas para debilitar las organizaciones políticas, privilegiar a militares sobre los civiles, promover la antipolítica, violentar preceptos constitucionales y plantear una lucha de clases.

El propósito de ellos siempre ha sido instaurar una dictadura, llámese militar, de la burguesía o del proletariado. En cualquiera de las tres se pierde el equilibrio de poder que ofrece la democracia.

Después de la caída de Pérez Jiménez, Venezuela ha vivido un régimen de partidos políticos, que al principio tuvieron la necesidad del Pacto de Punto Fijo, para afianzar y fortalecer a los gobiernos democráticos, en los que el pueblo tuviera mayor participación en la toma de decisiones. Militares volvieron a sus cuarteles y la vieja oligarquía se acomodó de nuevo.

Tomaron fuerza organizaciones sindicales y campesinas, cámaras de comercio y producción, el parlamento fue plural, bicameral y con representación proporcional de las minorías. Surgió una poderosa clase media profesional, la gratuidad de la educación superior y el fomento de escuelas técnicas industriales y agropecuarias.

Instaurar la democracia no fue fácil. El PCV había quedado fuera del pacto de Punto Fijo. AD ganó las primeras elecciones con Rómulo Betancourt, pero a los pocos meses se divide y surge el MIR y se va a la lucha armada junto al PCV.

Militares perezjimenistas pretendieron recuperar el poder. Nada fue posible, la democracia siguió adelante, pero AD se volvió a dividir y Copei se fortaleció. Al final, estos partidos se destrozaron internamente y vino su decadencia.

Los militares volvieron a sus andanzas, dirigidos por Hugo Chávez. Vieron en Carlos Andrés Pérez una presa fácil, pero no tuvieron éxito en el golpe militar. El país los rechazó. AD y Copei sentenciaron que el culpable de los males de la democracia era Carlos Andrés Pérez y lo sacaron del poder. Rafael Caldera consideró que estos partidos se estaban muriendo y asumió el poder con algo que se llamó “el chiripero”.

Luego, vino Hugo Chávez, absuelto, libre de pecado y vestido de civil, se lanzó y ganó. Juró sobre una Constitución “moribunda”. Llamó a una Constituyente y se aprobó una nueva Constitución democrática, que contempla las libertades políticas, económicas y sociales. De ese entonces hasta ahora hemos vivido diez años de tirantez, de medición de fuerzas.

Unos dicen que no hay dictadura, pero tampoco hay democracia ¿Y entonces? Esta interrogante es oportuna en un día como hoy. Asumamos que si hay democracia y que debemos fortalecer las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, universitarias, religiosas y parroquiales. El turno es para los demócratas y la responsabilidad es nuestra.


Por: Lenín Valero
Periodista leninvalero1@hotmail.com
@valeromarquez

ARAGUA: Oposición juró bajo el Samán de Güere por la restitución de la democracia

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Caminata por la Vida y la Libertad se une hoy a la marcha en Caracas contra la dictadura.
Caminata por la Vida y la Libertad se une hoy a la marcha en Caracas contra la dictadura.

Exigen respeto a la Constitución

 

Frente al Samán de Guere, en Turmero estado Aragua, los participantes de la Caminata por la Vida y la Libertad; sociedad civil y dirigentes de partidos políticos de la oposición, juraron ayer que lucharán por el restablecimiento del proyecto democrático establecido en la Constitución.

Aragua fue el final de la primera etapa de la caminata que partió el domingo 16 de enero desde Barquisimeto y ha recorrido poblaciones de los estados Yaracuy, Carabobo y varias ciudades de Aragua. Hoy se incorporará a la marcha de Caracas, para celebrar un año más de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

En el mismo lugar donde el presidente Hugo Chávez realizó en el pasado “un juramento que jamás cumplió”, las personas que se unieron a la caminata con los dirigentes políticos Pastora y Pablo Medina juraron por la lucha de aquel 23 de enero de 1958 y para hacer respetar la Constitución; por la libertad de los presos políticos y los derechos de todos los trabajadores, especialmente los del sector petrolero.

Pastora Medina dijo que el acto en el Samán de Guere sirvió para presentar un informe de la semana de caminata, que resultó muy positivo. Lograron sobrepasar las expectativas ante el apoyo y receptividad demostrados por las personas que se han unido, a medida que visitaban los estados.

En el grupo había miembros de las juntas parroquiales del sector oficialista, que les expresaron su descontento por la reforma de la ley del poder municipal, que elimina esta figura y fue aprobada por la AN sin consulta. “Reclamamos que pisotean los derechos del pueblo con leyes terribles, como la Habilitante, que golpea al pueblo venezolano”, dijo Medina.

La caminata sirvió para la recolección de firmas que respaldarán una propuesta a la Asamblea Nacional para que se deroguen la Ley Habilitante y la Ley de Reforma del Poder Municipal. Además de un anteproyecto de ley de garantía social, para obligar al Ejecutivo a pagar el situado constitucional a gobernaciones y alcaldías.

Pastora Medina, dijo que cobran vigencia las cien mil firmas y la movilización porque el Presidente ya dijo que no iba a devolver la Ley Habilitante a la AN.


Por: LAUDELYN SEQUERA
ARAGUA | MARACAY
Politica | Noticias
EL NACIONAL

Chacao: últimos tomistas abandonaron el terreno en Campo Alegre

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Tras el acuerdo, el alcalde Graterón llevó a los tomistas a sus casas.
Tras el acuerdo, el alcalde Graterón llevó a los tomistas a sus casas.

En la madrugada del sábado ocuparon 20 terrenos
vecinos y alcaldía frenan invasiones en Chacao

 

“El alcalde Graterón dijo tener pruebas, que remitirá a la Fiscalía, que responsabilizan a la concejal de Chacao por el PSUV, Mireya Bollet de dirigir las invasiones”.

En la tarde de ayer, los últimos tomistas abandonaron el terreno en Campo Alegre, después de firmar un acta en la que el alcalde y los afectados se comprometen a buscar soluciones.

En los espacios vacíos, identificados como la quinta Robelisa, en Campo Alegre, había ayer una lucha entre tomistas ilegales y vecinos. Unos, dentro del terreno, pedían la concreción de un proyecto habitacional.

Otros, afuera, querían la salida de esas personas, a las que llamaban invasoras. La puerta estaba cerrada y asegurada por dentro con colchones, una maleta, bolsas y otros enseres.

Había tensión e intercambio de insultos, pero horas más tarde la situación quedó solventada en todos los espacios invadidos, que fueron desalojados.

Ayer en la madrugada hubo una oleada de intentos de invasión. Emilio Graterón, alcalde de Chacao, dijo que 20 terrenos privados fueron tomados por la fuerza. De estos actos, 13 se lograron frustrar mientras que en los 7 restantes, que sí se concretaron, se hicieron negociaciones para facilitar la salida.

A las 4:00 pm, fueron desalojados los 2 últimos terrenos que quedaban invadidos, en Campo Alegre y La Castellana, previa firma de un acta entre los invasores y las autoridades de Chacao. “En aquellos casos en los que no fue posible el cese de la invasión concertadamente, se hizo uso proporcional de la fuerza y las personas fueron desalojadas de acuerdo con la ley”, dijo.

Agregó que se detuvieron a 11 personas y 2 funcionarios de la Policía de Chacao fueron heridos. Indicó que 700 policías se movilizaron en la zona. En la tarde, a los aprehendidos les practicaron un examen forense y luego fueron puestos a la orden de la Fiscalía.

Graterón señaló, en rueda de prensa, que comprendía el problema de la vivienda, pero no justificaba las invasiones. “Invadir es un delito contemplado en la ley venezolana”.

“Esto obedece a una orden política. Fue organizado por el partido de Gobierno. Algunos tenían identificaciones de unidades de la concejal del PSUV en Chacao, Mireya Bollet”, dijo el alcalde.

El viernes, el presidente Hugo Chávez firmó la ley de emergencia de viviendas y terrenos urbanos.

 

Eduardo Fernández lideró la invasión de un terreno en la 4° Avenida de Campo Alegre. Es vecino de la calle Bolívar de Chacao y vive alquilado. Lo acompañaban varias conserjes.

 

Los ocupantes:

Eduardo Urbáez llegó a la quinta Robelisa ayer a las 3:30 am, con un grupo de más de 40 personas. Contó que se trata de comunidades organizadas tienen un proyecto concreto de construcción de viviendas en ese lugar que lleva 24 años vacío. No solamente pretenden atender a damnificados, sino a personas que viven alquiladas o tienen otros problemas para adquirir una casa. “No somos invasores, somos habitantes del casco de Chacao. Somos gente sana”, aclaró. Admitió que pertenecía al PSUV, pero negó haber recibido órdenes para entrar al lugar.

Aseguró que los dueños del terreno no aparecen. Que llegaron a limpiar el área y la puerta estaba abierta. Por eso pasaron. Dijo que, en otros grupos, se contabilizaron 7 personas heridas. Graterón lo descartó. El propio alcalde estrechó la mano de Urbáez a través de la verja. Dijo que la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía debían prestar asistencia y crear mesas de trabajo.

En el terreno de la antigua funeraria Memorial, frente a los Aeroexpresos Ejecutivos, otro grupo de personas esperaba en las puertas con pancartas y la bandera de Venezuela. No lograron entrar al terreno.

Yesy Núñez, vecina de Chacao, que formó parte de las 45 familias que invadieron uno de los terrenos, en la cuarta avenida de Campo Alegre, dijo que en el acuerdo suscrito con Graterón se garantizó la integridad física de los ocupantes del área así como también la instalación de una mesa de trabajo, en la que quienes hicieron la toma del área presentarán una propuesta habitacional al Gobierno Nacional, que el municipio podría construir pero con el financiamiento del Ejecutivo.

Estas familias tendrían la primera opción para adquirir las viviendas. Ese acuerdo solo se suscribió con estas personas.

Una vez firmada el acta, los invasores abandonaron el sitio y subieron a un autobús que condujo el alcalde Graterón hasta la plaza El Indio.

 

 

El alcalde acusó a la concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela Mireya Bolet de impulsar las invasiones.

Los vecinos:

Una vecina de Campo Alegre, que prefirió no identificarse, dijo que los ocupantes de quinta Robelisa habían invadido el antiguo mercado de Chacao. “Eso se convirtió en un lugar lleno de drogas, alcohol y prostitución”.

Los vecinos escucharon ruidos en la madrugada y llegaron a la calle en la mañana.

Algunos afirmaron que esas personas no necesitaban realmente las casas que reclamaban, puesto que todos vivían por la zona.

Mario Aquino, otro de los habitantes del sector, afirmó que la comunidad ha presentado proyectos para realizar un estacionamiento allí y nunca han sido atendidos por la alcaldía.

Graterón afirmó que su despacho no tiene competencias para declarar terrenos de utilidad pública.

Los vecinos, en reunión con el alcalde, acordaron establecer medidas de seguridad.

Igualmente la junta directiva de la Asociación de Residentes de las Urbanizaciones Campo Alegre y San Marino repudió las invasiones ocurridas en esta semana. En el comunicado, los vecinos llaman a estar vigilantes y a permanecer unidos ante los intentos de tomas de terrenos, así como a defender con calma y cautela la propiedad privada.

El Aissami rechaza invasiones:

El ministro de Interior y Justicia, Tareck el Aissami, rechazó la ocupación de terrenos en el municipio Chacao y explicó que la orientación que el Presidente dio es “identificar terrenos abandonados y después, en coordinación con el Gobierno, comenzar los procedimientos correspondientes para la ocupación temporal de esos terrenos”.

“Hacemos un llamado a todas las comunidades a trabajar en esta línea y contarán con el apoyo del Presidente”, dijo El Aissami.

Condenó la actuación de la Policía de Chacao y la calificó de represiva. “Hemos instruido a todas las policías para que procedan en estos casos con estricto apego a los derechos humanos”, agregó.

Leyes necesarias:

Henrique Capriles Radonski al referirse a la toma de terrenos, en Chacao, dijo que la mayoría de los venezolanos cree en la propiedad privada y rechaza las invasiones. “Mi llamado es a la calma, a la tranquilidad y a no pisar esa concha de mango que lo que busca es sacar a flote un conflicto que no existe entre los venezolanos”. El gobernador de Miranda indicó que el Gobierno ha manejado el tema de la vivienda de forma errática. “El Ejecutivo ha fracasado en su intención de construir. Cuando alguien quiere llevar a cabo proyectos en esa área no necesita una ley, sino ejecutar los recursos. Ojalá el Gobierno hiciera un esfuerzo por tener un discurso serio”.


Por: ARIANA GUEVARA GÓMEZ
arguevara@el-nacional.com
Invasiones | Noticias
EL NACIONAL

Milagros Socorro: Virgen de Caracas

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Currículo Vitae: Nelson Garrido 1952, Caracas, Venezuela. Cursó estudios de primaria y secundaria en Italia, Francia y Chile y estudios de Fotografía en el taller del artista Carlos Cruz Diez, en París, en los años 1966-67.
Nelson Garrido 1952, Caracas, Venezuela. Cursó estudios en Italia, Francia y Chile y Fotografía en el taller del artista Carlos Cruz Diez, en París, en los años 1966-67.

“Si ese niño Jesús fuera venezolano”

 

Este jueves fui a la sede de la Organización Nelson Garrido, donde funcionan, entre otras muchas cosas, una escuela de fotografía y varias salas de exposición. Quería ver la muestra Luchando con rimas, del fotógrafo cubano Oscar B. Castillo, quien exhibe allí un seriado documental sobre protagonistas del hip hop underground en Cuba, toda una revelación puesto que los artistas de este género deben someterse a la censura de los CDR (comités de defensa de la revolución), integrados, como puede verse en las fotografías, por seres patéticos que no tienen idea de nada salvo de la dura lid por precaria supervivencia y, en consecuencia, de lo que pueda percibirse vagamente como crítica a Fidel Castro.

Me encontré con que la noche anterior Nelson Garrido, Premio Nacional de Artes Plásticas 1991, había terminado la obra que ilustra esta nota. La virgen de Caracas, es el título.

Su obra se basa en una constante experimentación de medios expresivos y un profundo cuestionamiento del sistema de normas y creencias socialmente aceptado.

Es una superproducción que comprende una puesta en escena con actores, fotografiada con cámaras analógica y digital para hacer un montaje digital. El resultado es una obra de 160 por 3 metros, impresa en giclé, técnica que consiste en inyectar tinta a una tela. Es una visión estremecedora de la violencia en Venezuela y del montón de víctimas que reclama cada hora.

Lo que vemos es una ruma de cuerpos exánimes yacentes en un mar de sangre. Y sobre la escalofriante pila de miembros revueltos en la orgía de la muerte, una joven recién parida, aun con los muslos regados de sangre, que llora mientras retiene contra su pecho un niño. “Si ese niño Jesús fuera venezolano”, dice Nelson Garrido con expresión grave, “no sería necesario organizarle una crucifixión: moriría en la infancia por una bala perdida o caería en la calle cuando tuviera entre 16 y 25 años, edad en la que mueren los venezolanos pobres”.

A lo largo de su explicación, su voz va a quebrarse varias veces. En la medida en que se contempla, la obra va creciendo en belleza y espanto. Esta pieza es una actualización, digamos, de Nuestra Señora de Caracas, anónimo de 1766, una de las dos primeras pinturas que muestran panorámicas de la capital venezolana.

Nelson Garrido ha incluido una corte celestial compuesta por ángeles y arcángeles representados por jóvenes desnudas cuya piel evidencia marcas impresas por el traje de baño. Estas criaturas seráficas dispuestas sobre la cabeza de la virgen lanzan bombas lacrimógenas sobre Caracas, blanden cuchillos, empuñan pistolas y alguno hay que manipula vísceras humanas aún palpitantes. “Esa Virgen es un homenaje a todas las mujeres de Venezuela. Son madres, esposas, hijas, que viven el calvario todos los días de su vida, ya porque deben enterrar un ser querido o porque viven aterrorizadas de que llegue ese día nefasto”.

En la tonga de muertos podemos ver: dos cuerpos en la morgue con bolsas plásticas en el frío regazo donde están guardadas las pertenencias de los occisos “con excepción del dinero”, dice Garrido, “porque siempre se lo roban”. Una muerta tirada junto a un celular. Un hombre que ha perdido la boina roja al ser alcanzado por el plomo. Un niño desmadejado sobre el caballito de madera con la cabeza destrozada por un disparo. Una bandera tricolor tinta en sangre.

Una mujer morena con el pañito terciado en el hombro y una foto de un muchacho, “es la imagen emblemática que vemos en los periódicos de las madres preguntando por los hijos en la morgue”. Y están las dos portadas de El Nacional censuradas por mostrar esa “promiscuidad que es la muerte violenta en Venezuela: los cuerpos se amontonan. La sangre de uno salta sobre la del paisano que todavía no se ha secado en el pavimento”.

Que nadie se desentienda de esto ­clama Garrido-. “Si las siluetas de tiza de los muertos se trazan sobre una anterior, los vivos estamos sobre un polvorín”.


Por: Milagros Socorro
msocorro@el-nacional.com
Política | Opinión
EL NACIONAL

COMERCIO: Superintendencia de precios limitará ganancias a 5 sectores

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La superintendencia controlará los sectores alimentos, bebidas no alcohólicas, salud, vivienda, restaurantes y hoteles.
La superintendencia controlará los sectores alimentos, bebidas no alcohólicas, salud, vivienda, restaurantes y hoteles.

Las empresas deberán asumir la estructura
de costos que imponga el Ejecutivo

 

El Gobierno rescató un papel de trabajo del ex ministro Eduardo Samán que propuso regular los márgenes. La tarea de la superintendencia de costos y precios que creará el Gobierno será limitar los márgenes de ganancia de los cinco sectores que más afectan el índice de precios al consumidor: alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, alquileres y precios de vivienda, restaurantes y hoteles.

El papel de trabajo del Gobierno establece que se fijarán márgenes de ganancia fijos para que las empresas puedan operar y se excluirán de las estructuras de costos los gastos que el Ejecutivo considere excesivos en productos nacionales e importados.

La superintendencia tiene como referencia la propuesta de regular los márgenes de comercialización y ganancias de las empresas y sectores claves realizada por el ex ministro de Comercio, Eduardo Samán, al jefe del gabinete económico Jorge Giordani.

El ex titular de Comercio, quien desde su posición como profesor de la Universidad Central de Venezuela observa las medidas gubernamentales, afirmó que uno de los planes estratégicos del despacho de comercio es incrementar el papel del Estado en la conformación de las estructuras de costos y de los precios del sector privado, como una política para frenar la inflación y combatir la especulación.

“Esta propuesta pretendía que las empresas presentaran sus estructuras de costos detalladas al Gobierno, el cual se encargaría de fijar un tope en la ganancia, no de precio”, apuntó. El exministro explicó que la regulación de las ganancias aplicaría sólo a alimentos, servicios de salud, vivienda, restaurantes y hoteles, los sectores que más han impactado el índice nacional de precios al consumidor.

“Era sencillo, se limitaría la ganancia y no el precio del producto, porque este tendría que estar justificado y apegado a una estructura de costo sometida a constante fiscalización”, agregó el ex ministro.

Sostiene que muchos de los costos presentados por los empresarios no son reales porque tienden a inflar las cifras a su favor. “Hay empresas que incluyen en los costos hasta la publicidad y las promociones que le hacen a los productos, así como gastos administrativos excesivos, en la mayoría de los casos inflados”. Indicó que el Gobierno sabe cuánto cuesta la materia prima y la mano de obra, por lo que es fácil detectar casos en los que se adulteran las estructuras de costos.

Indicó que en la tarea de regular el Gobierno no puede tener como pretensión controlar los costos y márgenes de todos los productos que se comercializan en el país. Reveló que durante su gestión se opuso a la medida de liberar o flexibilizar el control de precios que permitió excluir a más de 20 alimentos de la regulación.

“La liberación de algunos precios fue una manera de evitar la escasez que se registró en muchos de estos rubros. No estuve de acuerdo, había que estudiar algunos rubros y aplicar nuevas regulaciones, pero no quitar el control de precios”, sostuvo Samán, quien cree que el Gobierno debe revisar toda la política de control de precios para corregir los errores.

“Se tenía planeado eliminar las excepciones de las regulaciones de precios. Por ejemplo, en lugar de dejar sin control el pan sobado y los especiales, se debían incluir en la regulación junto al plan canilla; igual se aplicaría con el arroz y las pastas entre otros”.

 

 

Camino equivocado:

Rafael González, consultor en regulación económica, declaró que los controles de rentabilidad y de precios responden a esquemas en desuso en el mundo y parten de una visión anacrónica basada en costos, que genera distorsiones a los sectores productivos.

“Una regulación de precios y de rentabilidades resultará lesiva en el mediano y largo plazos. Distorsionará los esquemas de incentivos, a favor de una mayor oferta, y afectará a la sociedad en conjunto”, advirtió González.

El especialista considera que Venezuela requiere políticas de oferta e industriales que fomenten la actividad económica, la producción de bienes y la competencia.

Jorge Botti, director de Cedice y miembro de Fedecámaras, dijo por su parte que en Venezuela la exhibición del precio de venta de bienes y servicios al público ha sido obligatoria desde hace 30 años. La ley actual establece que debe estar impreso junto a la fecha de colocación en un sitio visible del producto.

“Una vez que el producto es presentado al público está prohibido el remarcaje. Si el fabricante coloca el PVP sin dejar margen de ganancia al comerciante es perjudicial, como sucedía en el pasado”, indicó.

A juicio de Botti, el problema real es que el Gobierno pretende imponer más controles para frenar la inflación.

“Pretende regular los márgenes de ganancia de toda la cadena y resucitar la antigua Comisión Nacional de Precios, que fue un fracaso. Esto pondrá un candado a la escasa oferta de bienes y habrá mayor desabastecimiento”.

Advirtió que esta política limita no solo los márgenes y precios de los productos de primera necesidad sino de todos los bienes, para terminar de abarcar los sectores de la economía que le faltaban al Gobierno. “Eso no será efectivo porque la única manera de controlar la inflación es fomentar la producción y la sana competencia entre distintos actores. Y estas medidas restrictivas no fomentan la inversión”.


Por: KATIUSKA HERNÁNDEZ
khernandez@el-nacional.com
Política | Economia
EL NACIONAL

MARCEL GRANIER: Chávez no podrá censurar la opinión pública internacional

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A un año del cierre de RCTV Internacional, su presidente advierte que el Gobierno no es capaz de garantizar ni siquiera el derecho a la vida.
A un año del cierre de RCTV Internacional, su presidente advierte que el Gobierno no es capaz de garantizar ni siquiera el derecho a la vida.

Recuerda que el cierre de RCTV
aceleró el declive del Gobierno

 

Marcel Granier sigue al frente de RCTV, irreducible y convencido de que el Gobierno no ha terminado de pagar el costo político de haber clausurado el canal de televisión con mayor audiencia en el país.

En forma inmediata, sostiene, le costó la emergencia de un movimiento estudiantil que reivindicó el derecho de protestar; la derrota de la reforma constitucional en 2007, el triunfo de gobernadores y alcaldes de la oposición, en 2008 y el regreso del debate y la contraloría sobre la gestión gubernamental a la Asamblea Nacional, en 2010.

“El régimen castro-chavista cada vez es mas impresentable internacionalmente, por su vocación autoritaria”

En la lógica de Granier, la cuenta más trascendente la cobrará el electorado en los comicios presidenciales de diciembre de 2012. Al tradicional ventajismo oficial, el presidente de RCTV opone la urgencia de recuperar calidad de vida y libertad de la mayoría de los venezolanos: “Por lo pronto, 52% del electorado, como quedó demostrado en los comicios parlamentarios del 26 de septiembre”.

–Si le ha costado tanto, ¿cómo se explica la insistencia gubernamental de mantener fuera del aire a RCTV?

-Las razones son claras: 1) silenciar el periodismo independiente y, con ello, la crítica al Gobierno; y 2) apoyar a socios comerciales.

–¿Qué más tendría que pagar si insiste en acorralar los medios privados?

-Todo el poder que ha acumulado mediante numerosas trampas: una designación ilegal del Consejo Nacional Electoral, una modificación ilegal de las circunscripciones electorales, la promulgación de leyes inconstitucionales como la Habilitante. Todo eso va desnudando al régimen. La última pirueta de Chávez es su oferta de diálogo. Si él de verdad quiere un diálogo, que le devuelva a la Asamblea Nacional los poderes que le corresponden de acuerdo con la Constitución.

–La merma de la popularidad comienza con el cierre de RCTV. ¿Cree que ese incidente fue el punto de quiebre?

-El costo político que él ha tenido que pagar por esas acciones ha sido muy alto, y la gente lo resiente y se lo cobra a diario. El deterioro de la calidad, tanto del entretenimiento como de la información, en la televisión venezolana de hoy en día es visible para todo el mundo.

–¿Cómo evalúa la programación de la red de medios oficiales?

-Es pobrísima y la gente la rechaza.

–¿Hay alguna medición confiable al respecto?

-Las encuestas indican que la suma de todos los canales del Gobierno dedicados a hacer loas a Hugo Chávez no llega ni remotamente a 8%. Y los demás canales de televisión abierta no han logrado captar el hueco de 40% que dejó RCTV.

–¿No se han democratizado los medios de comunicación?

-En las últimas décadas hemos tenido un desarrollo tecnológico sin precedentes que permite el florecimiento de nuevos medios, lo cual nada tiene que ver con la política.

Son cambios que contribuyen a la democratización de los medios. Pero en Venezuela, el Gobierno no ha abierto el espectro como en otros países democráticos y, por el contrario, ha venido monopolizando estaciones y redes de televisión y radio.

–¿Qué pasó con su idea de reinventar el canal?

-En Venezuela estamos vetados por todas partes. Tenemos más de 10 recursos en varias salas del TSJ. La situación no ha variado en el último año. Hay una denegación de justicia evidente y comprobada. Transmitimos por cable en el Caribe y producimos programas para terceros.

–Un informe de Heritage Foundation revela pérdida de libertad económica en Venezuela.

-Ese informe tiene pleno fundamento en la realidad. Lo vemos con los medios y todas las empresas saqueadas. Lo vemos con la destrucción del aparato productivo nacional y la cuadruplicación de las importaciones en los últimos años. Cualquier productor en Venezuela se siente amenazado, no sabe cuándo lo van a expropiar. No hay seguridad jurídica. Nosotros insistimos en crear un nuevo canal de televisión y ni siquiera nos reciben para explicarnos eventuales objeciones. Tenemos 11 meses en eso.

–¿Qué se puede esperar de las instancias internacionales?

-El régimen castro-chavista cada vez es más impresentable internacionalmente, por su vocación autoritaria. Y por su pésima gestión: la crisis de inseguridad ciudadana y la creación de bandas armadas, los malos servicios públicos, el alto costo de la vida, el desabastecimiento. Incluso aliados de la región, como Argentina, están marcando distancia con Chávez.

Otra cosa que contribuye a hacer más impresentable el régimen chavista es la actuación incontrolada de la guerrilla y el narcotráfico en el país. Ante las denuncias, reaccionaron con asesinatos de periodistas, como el caso de Mauro Marcano, y con carcelazos como los sufridos por Oswaldo Álvarez Paz y Alejandro Peña Esclusa. Pero con las denuncias de (Walid) Makled no funcionó la censura o la autocensura en Venezuela y ya esto forma parte del debate internacional. Hugo Chávez no podrá censurar la opinión pública internacional.

–A pesar de lo que usted señala, Chávez insiste en sus ejecutorias. Por ejemplo, con la Habilitante. ¿Cómo se explica?

-Porque no tolera la crítica, le resulta insoportable. Cuando existe la posibilidad de que esa crítica emane del organismo de deliberación por excelencia, de la Asamblea Nacional, se desespera. Es una persona que no tiene mentalidad democrática. La idea inicial de los golpistas de 1992 era tomar el poder por las armas y asesinar al Presidente y a su familia. De eso nos olvidamos por lo monstruoso que resulta, pero esa era la intención de Hugo Chávez.

–¿Es posible una recomposición institucional con la incorporación de diputados de oposición a la Asamblea Nacional?

-Esa es la aspiración que tenemos todos los demócratas venezolanos. El país va muy mal enrumbado. No es posible que el Estado no pueda cumplir con su obligación de garantizar el más fundamental derecho, como es el derecho a la vida. Lejos de promover la convivencia organizada, el Presidente se concentra en la pugna y en la liquidación de sus adversarios políticos, concebidos por él como enemigos.

–¿Por qué el chavismo no ha podido apropiarse del 23 de Enero como hecho histórico y como efemérides? ¿Por qué no se le ha comprado la idea de que el 23 de Enero se parece al ascenso de Chávez al poder y no a su caída?

-Porque el chavismo no tiene nada que ver con el 23 de Enero. Aquello fue una jornada democrática que puso fin al sectarismo. Con años de exilio y muchas muertes, se aprendió que el sectarismo ha causado mucho mal en Venezuela. Pero Chávez es sectario. En primer lugar, por su origen militar y, en general, por su intolerancia a la crítica. El chavismo constituye la antítesis del 23 de Enero. Allí están sus órdenes: pide que despedacen a los rivales, que los destruyan.

* FICHA PERSONAL: ABOGADO DIRECTOR GENERAL DE EMPRESAS 1BC


Por: EDGAR LÓPEZ
El foro del domingo
elopez@el­nacional.com

MOVIMIENTO2D: La responsabilidad del debate es un compromiso de todos

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¿Otra Caracas dentro de Caracas? ¿Colapso sobre colapso?
¿Otra Caracas dentro de Caracas? ¿Colapso sobre colapso?

“Somos adversarios,
pero no enemigos”

 

En su mensaje a la Asamblea Nacional el sábado 15 de enero, el Presidente de la República les propuso a los representantes de la oposición que no desperdiciaran la oportunidad que se abría en ese momento de superar el estado de guerra en que ha vivido el país en los últimos años, y que aceptaran unos y otros, Gobierno y opositores, que son adversarios políticos y no enemigos irreconciliables que sólo buscan la destrucción del otro. La presencia de 65 diputados de diversas corrientes políticas, pero unidos en lo fundamental, fue reconocida por el jefe del Estado, y por esa razón asumió el papel que le corresponde como Presidente de la nación y no caudillo de un partido que se ha obstinado no sólo en desconocer a todos los demás, sino en negarles el pan y el agua.

El Presidente expresó con énfasis, y lo reiteró en varias ocasiones: “Somos adversarios, pero no enemigos”. En otras palabras, la oferta implica el diálogo que en todas las sociedades pluralistas caracteriza la política. Diálogo no es condescendencia ni rendición incondicional de ninguno de los actores. Contra la acepción simplista, el diálogo (para todos) es más exigente que el estado de beligerancia destructiva. El diálogo supone inteligencia y coraje, estudio y reflexión, claridad de ideas y cautelosa utilización del lenguaje. Implica también que quienes gobiernan comprenden que el ejercicio del poder no es ni puede ser personal. Entre las virtudes del diálogo, la primera supone que existe un espacio común por encima de los intereses de partido, y ese espacio es el país y su destino. En una palabra, que todos tenemos derecho de participar en la definición del rumbo de la nación y en la preservación y consolidación del sistema político establecido por la Constitución nacional.

Advertiremos que los enemigos del diálogo, o sea, de un clima político civilizado, no son pocos. Durante una década han medrado bajo el signo guerrerista, y, por consiguiente, pueden temer que sus “servicios” a la causa ya no sean necesarios. Para el propio Gobierno las dificultades son obvias. Doce años de considerarse los únicos dueños del país los habituaron a la noción antidemocrática y anticonstitucional de no rendir cuentas.
La rendición de cuentas es una de las condiciones que definen los sistemas políticos. Es la primera obligación de la democracia y la primordial exigencia de los ciudadanos.

Pero, ¿cuánto petróleo exportamos, al fin?

En su mensaje a la Asamblea Nacional, el Presidente de la República sostuvo que la exportación de hidrocarburos superaba los 3 millones de barriles diarios. Las cifras de Petróleos de Venezuela y del Ministerio de Energía se sitúan en los 2,5 millones. Hay una distancia considerable. ¿No es esto, acaso, una demostración patética del desorden en las cuentas oficiales? No son lo mismo ingresos de 3 millones de barriles, que ingresos de 2,5 millones. Si le creemos al Presidente, y él debe tener fundamentos para sostenerlo, los ingresos son superiores a los declarados. Ante la discrepancia, el Gobierno prefirió callar. Veremos si en la Asamblea Nacional alguien arroja luz sobre la cuestión financiera más importante del país.

Los ingresos están relacionados con la deuda externa y con la deuda de Pdvsa, que en tiempos de altos precios petroleros no tiene explicaciones para llegar a tan altas cifras. ¿Qué sería de Pdvsa, vale la pena preguntar, si los precios estuvieran por debajo de 50 dólares por barril de petróleo? Pensamos que esto debe ser objeto de debate, o sea, de rendición de cuentas y de las respectivas explicaciones. Si alguien en el Gobierno piensa que preguntas como éstas son inadecuadas o injustificadas, o simplemente no dignas de hacerles caso, o provocaciones oposicionistas, falta entonces mucho trecho para llegar a una situación como la planteada ante la Asamblea Nacional por el jefe del Estado.

¿Otra Caracas dentro de Caracas? ¿Colapso sobre colapso?

Un problema que debe dilucidarse es el destino de Caracas y su zona metropolitana. Altos voceros del Gobierno han dicho que “en Caracas cabe otra Caracas”. Esto no sólo es temerario, sino que indica la incomprensión de la realidad. La capital de la república está colapsada. Y si el gran designio es que debe añadírsele “otra Caracas”, la cuestión adquiere características de gravedad.

Los errores (o los disparates) de apreciación de los problemas urbanísticos pueden condenar a la ciudad y su zona metropolitana a un laberinto que no tendrá solución posible. No faltan urbanistas, demógrafos, sociólogos y arquitectos en Venezuela. Por el contrario, los tenemos y de gran brillo intelectual. El destino de la capital demanda gran responsabilidad por parte del Presidente de la República.

Hasta ahora, al cabo de doce años, el régimen bolivariano ha visto a Caracas con sumo desdén. Sus grandes vías de comunicación, sus edificios oficiales, el Metro, sus parques, su suministro de agua y de otros servicios, sus conjuntos residenciales llevados a cabo por el Estado, es un legado de los gobiernos del siglo XX. En vista de los reiterados anuncios oficiales que prometen “otra Caracas dentro de Caracas”, es urgente que los sectores indicados tomen cartas en el asunto.


Caracas, 23 de enero 2011
Movimiento 2D • democracia y libertad
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