Se apersonaron en la sucursal de una caja de ahorros de Salobreña, con la supuesta intención de hacer una "inspección".
Se apersonaron en la sucursal de una caja de ahorros de Salobreña, con la supuesta intención de hacer una "inspección".
Los hechos se remontan
al pasado 9 de agosto
La Justicia española ha decretado la expulsión, por un periodo de diez años, de tres hombres y dos mujeres de nacionalidad venezolana que estaban en España de forma irregular y que intentaron robar más de 1.800 euros (unos 2.477 dólares) de un banco en la localidad de Salobreña, en Granada (sur).
Esta decisión judicial sustituye a la inicial, que les condenó a seis meses de cárcel por un delito de hurto, según la sentencia a la que tuvo acceso Efe.
Los hechos se remontan al pasado 9 de agosto, cuando los acusados, actuando de común acuerdo, se apersonaron en la sucursal de una caja de ahorros de Salobreña, con la supuesta intención de hacer una inspección.
Tras revisar la oficina de manera disimulada, observaron que en el cajón de la subdirectora había dinero.
Mientras distraían a los empleados, dos de los acusados sustrajeran del cajón de la mesa de la subdirectora los 1.820 euros que tenía guardados.
La empleada los sorprendió, consiguió recuperar el dinero y activar la alarma del banco, así como el bloqueo de las puertas de la oficina, en cuyo interior quedaron los acusados, que fueron detenidos poco después por la Policía.
Policías intentan poner orden en el aeropuerto de Trípoli hoy, miles tratan de huir del colapsado país.
Policías intentan poner orden en el aeropuerto de Trípoli hoy, miles tratan de huir del colapsado país.
Gadafi pierde el control
sobre el petróleo
Los campos se encuentran en zonas controladas por fuerzas distintas de las de Gadafi, que han tomado de forma provisional el control de la situación.
Bruselas.- La Comisión Europea aseguró hoy que la mayor parte de los campos de petróleo de Libia ya no están en manos del régimen de Muamar Gadafi y que las actividades de producción de gas y petróleo en el país se reanudarán en los próximos días.
“Tenemos razones para pensar que la mayor parte de los campos de explotación de petróleo ya no están en manos de Gadafi”, dijo en rueda de prensa el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, reseñó Efe.
El comisario explicó que estos campos se encuentran en zonas controladas por fuerzas distintas de las de Gadafi, que han tomado de forma provisional el control de la situación.
“Parece ser que la explotación petrolífera y de gas va a reanudar en breve sus actividades”, añadió.
Oettinger reconoció que las exportaciones de petróleo y gas de Libia son considerables, pero afirmó que tampoco nos encontramos en “una situación realmente peligrosa”.
Sólo dos países en la UE importan gas de Libia (España e Italia) y estas importaciones representan sólo el 3 % de las totales de la UE, mientras que la proporción en el caso del petróleo no llega al 10 %, señaló el comisario.
En este contexto, Bruselas descartó imponer sanciones a Libia relacionadas con la energía.
“No queremos sancionar a personas que no lo merecen, vamos a proceder por otras vías”, aclaró en referencias a las nuevas fuerzas que controlan los campos de petróleo.
La UE aprobó hoy sanciones contra el régimen libio, que incluyen un embargo de armas y material antidisturbios, la congelación de fondos a los miembros del entorno de Gadafi y la prohibición de viajar a territorio comunitario para los responsables de la violenta represión de las protestas ciudadanas en el país.
Libia, miembro de la OPEP, es el 17º máximo productor de petróleo del mundo, con una producción de 1,69 millones de barriles diarios en enero de 2011, y el 12º exportador, con 1,49 millones de barriles al día, según datos facilitados por la CE.
Todo pasó en centro comercial cuando los militares buscaban a extorsionadores de la PM.
Todo pasó en centro comercial cuando los militares buscaban a extorsionadores de la PM.
Policías extorsionaban
a los comerciantes
■ En el lugar también fue arrestado el cabo Wilmer Cedeño. Otros siete funcionarios se fugaron, cuatro de ellos están identificados.
Fuentes militares indicaron que desde hace días los GNB apostados en la carpa del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise) ubicado al frente del Metro de El Valle, habían sido informados sobre la acción de un grupo de nueve funcionarios de la Policía Metropolitana y un civil que se hacían pasar por un fiscal del Ministerio Público, quienes estarían cobrando vacunas y extorsionando a los dueños de los locales en el mall antes mencionado, completamente uniformados.
La funcionaria de la Policía Metropolitana Mayerling María del Carmen Pineda Bonalde, chapa 6971, adscrita a la Dirección de Orden Público, es la autora del homicidio del sargento II de la Guardia Nacional José Gregorio Trías Caraballo, de 23 años de edad, hecho que ocurrió el sábado, a las 6:00 pm, en el centro comercial El Valle.
Trías Caraballo, adscrito a Seguridad Urbana de El Valle, era nativo de El Tigre, Anzoátegui, donde será sepultado.
Tenía dos años en la Guardia Nacional y deja una niña de 2 años de edad.
Cuando estuvieron adentro, a eso de las 5:45 de la tarde del sábado, uno de los cuatro militares se topó de frente con dos de los denunciados y trató de darles la voz de alto. Pero la mujer, una funcionaria de la Policía Metropolitana, empuñó su pistola nueve milímetros y le disparó al Sargento II José Gregorio Trías, de 28 años, y a un comerciante. El militar murió camino al hospital de Fuerte Tiuna y el comerciante sobrevivió. Luego, junto con un cómplice trató de huir pero no pudo. Los dos uniformados de azul quedaron detenidos. Ellos quedaron identificados como: agente Mayerling Pineda, placa 6971; y cabo Wilmer Cedeño, placa 5886.
Denuncia telefónica:
El sargento II acudió el sábado en la tarde al centro comercial, junto con un teniente y cuatro funcionarios, después de que recibieron una denuncia vía telefónica: nueve uniformados de la Policía Metropolitana estaban extorsionando a los comerciantes con un falso fiscal del Ministerio Público.
Los guardias nacionales se distribuyeron en el lugar y cuando Trías Caraballo se acercó al sitio donde estaba Pineda Bonalde, ésta le hizo el disparo en el pecho. Fue ingresado sin signos vitales al hospitalito de Fuerte Tiuna.
En el suceso resultó herido un comerciante de 20 años de edad, que está recluido en terapia intensiva de la clínica Atías, en Los Rosales.
Cabo capturado:
Fuentes extraoficiales informaron que, además de Pineda Bonalde, la Guardia Nacional capturó al cabo I de la Policía Metropolitana Wilmer Cedeño Torres, chapa 5886.
Los otros siete funcionarios, adscritos a la Dirección de Orden Público, se fugaron y ninguno de ellos ha regresado a su comando.
Cuatro de ellos están identificados. Todos estaban de servicio en la calle Zea de Coche.
En el procedimiento incautaron una pistola Glock 9 milímetros.
La División contra Homicidios del Cicpc se encargó de las averiguaciones e interrogará a los dos detenidos, además de los comerciantes extorsionados por este grupo de policías.
Un poco antes del tiroteo, a eso de las 5:30 de la tarde, el denunciante les había explicado a los militares que nueve funcionarios de la Policía Metropolitana y un hombre que se identificaba como Fiscal del Ministerio Público extorsionaban a los comerciantes del centro comercial y el sábado estaban en plena fechoría. Por eso los militares entraron a verificar.
Los dos que quedaron arrestados y sus siete cómplices son todos efectivos activos de la Policía Metropolitana, destacados a la División de Orden Público de la comisaría que está en la calle Zea de Coche, explicó una fuente militar.
Según investigaron los militares, a pesar de estar de servicio el sábado, los siete policías se dieron a la fuga.
Por: SANDRA GUERRERO
Judicial | Política
EL NACIONAL
"No hay formula de que alguien crea que dentro del Psuv va a encontrar complicidad para alguna fechoría que haya cometido", destacó.
Solicitarán una investigación al Parlamento por pagos dobles, compras sin soportes y sobreprecios.
El llamado expediente negro de
Diosdado Cabello en la AN
■ Daño patrimonial en la Gobernación de Miranda es de 480 millones de bolívares.
El llamado expediente negro de Miranda contiene información sobre pagos dobles, compras sin soportes o con sobreprecio y contratación de obras sin licitación. Los casos fueron presentados en 2009 a la Fiscalía General de la República por Rafael Guzmán, ex procurador de ese estado. El dossier incluye datos sobre la entrega sin justificación de recursos a consejos comunales por 150 millones de bolívares, la adquisición de mobiliario y de vehículos con pagos irregulares por 115,9 millones y la adjudicación de proyectos sin contrato por 21,6 millones.
El expediente negro contiene información sobre pagos dobles.
En la Fiscalía General de la República reposan, desde 2009, 17 denuncias de irregularidades cometidas en la Gobernación de Miranda durante la administración de Diosdado Cabello. El daño patrimonial es de 480 millones de bolívares.
El ex procurador del estado, Rafael Guzmán, llevó a la Fiscalía los 17 expedientes. Recientemente, el diputado Richard Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo de Miranda, informó que presentará esta semana en la Asamblea Nacional el llamado expediente negro de Miranda, en el cual se especifican los montos. Entregará las pruebas al diputado Richard Arteaga, miembro de la Comisión de Contraloría del palacio legislativo, a objeto de que se abra una investigación y se establezcan las responsabilidades.
Resaltó Guevara que solicitarán al Parlamento designe una comisión que dé respuestas a los expedientes que reposan en el Ministerio Público. Precisamente, estas denuncias fueron presentadas a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional anterior, pero las averiguaciones nunca avanzaron por la correlación de fuerzas que existía entonces. “Esperamos que con la nueva organización de la Asamblea se avance en el esclarecimiento de estos casos”.
El diputado señaló que los documentos que se introdujeron en la Fiscalía en 2009 no han sido revisados, no se han recibido notificaciones u oficios sobre el estatus de los casos. Las acusaciones van desde pagos dobles, compras sin soportes, sobreprecios, contrataciones de obras sin licitación hasta gastos para proselitismo político.
Las denuncias consignadas en la Fiscalía General de la República:
1.-Safonacc: Distribución de recursos a Consejos Comunales sin justificaciones ni soportes por 150 millones de bolívares.
2.- Ipsfa: Compra de módulos, sillas y vehículos con irregularidades en pagos entre 2007 y 2008 por 115,9 millones de bolívares.
3.- Obras Inframir: Proyectos sin contratos firmados ni adjudicación por 21,6 millones de bolívares.
4.-Cuerpo de Bomberos-Ipsfa: Compra de vehículos por el Cuerpo de Bomberos al Ipsfa sin documento de contrato por 16 millones bolívares.
5.-Nómina Corposervicios: Pago a cuadrilleros del Municipio Sucre, irregularidades en números de cédulas, nombres y pagos dobles y triples por 13,8 millones de bolívares.
6.-Obras Invihami: Irregularidades de contratos en 16 de los 31 proyectos para ejecutar 941 obras por cogestión y beneficiar a 939 familias por 13,6 millones de bolívares.
7.-Hotel Anauco: Hubo pagos dobles por cancelación de hospedaje a médicos cubanos por 5,6 millones de bolívares.
8.-Inversora Ipsfa-Instrumentos musicales : Compra de instrumentos musicales con sobreprecio para las escuelas por 4 millones de bolívares.
9.-Corposervicios: Compra de terrenos e inmuebles para los consejos comunales, misiones y guarderías sin avalúos previos por 3,9 millones de bolívares.
10.- Invitrami: Adjudicación de obras sin previa licitación por 3, 5 millones de bolívares.
11.-Hotel Gran Casino: Pagos sin soportes por 3,4 millones de bolívares.
12.-Corpomitur: Contratación de empresas para construcción de obras, todas con algún nexo entre sí, por 2,6 millones de bolívares en anticipos.
13.-Compra Iapem-Ipsfa: Compra de bienes para el apoyo de funciones policiales sin documento de contrato, daño al patrimonio por 1,7 millones de bolívares por cinco jefaturas móviles que no se entregaron.
14.-Invihami: Remodelación de baños sin cláusulas de contrato con las empresas encargadas, sin ejecución de fianzas de anticipo, ni conclusión de obras por 421millones de bolívares.
15.-Denuncias de cooperativas: Contratación de cooperativas para trabajos que no corresponden con el objeto social, como es colocar propaganda electoral y traslado de materiales y personas en campaña regionales en 2008.
16.-Muebles Corposervicios: Saqueo, y desvalijamiento de vehículos y partes de vehículos.
17.-Compactadoras de basura: Compra de 10 compactadoras de las que fue entregada sólo una, pese a que se canceló el monto total.
Por: JOSÉ DAVID ANGULO
Jdangulo@el-nacional.com
Judicial | Política
EL NACIONAL
Joseph Kabila presidente de la República Democrática del Congo.
Joseph Kabila presidente de la República Democrática del Congo.
El mandatario no estaba en el lugar
El gobernante Joseph Kabila acusó a sus rivales de cometer la agresión y dijo que temen enfrentársele en los comicios de noviembre
Asaltantes con machetes atacaron ayer la casa presidencial de la República Democrática del Congo y mataron a más de a nueve personas durante casi una hora de tiroteo, dijo un testigo. El Mandatario y su esposa no se encontraban en la residencia en el momento del hecho.
Joseph Kabila, quien heredó la Presidencia de su padre después de que éste fue asesinado, acusó a sus oponentes de cometer el ataque antes de las elecciones previstas para noviembre.
“Es la gente que teme enfrentarse conmigo en las elecciones la que hizo esto”, dijo Kabila, según un asesor suyo.
El ministro de Comunicaciones Lambert Mende apareció en televisión y afirmó que el incidente está bajo control.
Señaló que sólo unos cuantos de los asaltantes murieron o resultaron heridos, mientras que otros fueron arrestados.
“Esta gente quería herir al Presidente, pero el país y todas sus instituciones están funcionando con normalidad”, agregó.
Un testigo que optó por el anonimato y que estaba cerca de la casa presidencial dijo que vio los cuerpos de siete atacantes y dos guardias.
El este de la República Democrática del Congo es una zona convulsa, con rebeldes que aterrorizan a la población, pero esa violencia en la capital, Kinshasa, no es común.
CONGO/ KINSHASA/ AP/ REUTERS
Internacional | Política
EL NACIONAL
1 El asunto con los militares. Delicado. Sutil. Hasta peligrosón.
¿Qué hacer? Sencillo.
Cuando ganemos, ningún militar activo será movilizado por razones políticas. Ningún militar será retardado por razones partidistas. Ningún militar será castigado por razones ideológicas. Por mucho que alguien se haya desgañitado gritando: “Patria, socialismo o muerte”, su carrera militar será respetada. Desde luego que ese grito político, medio cubanoide, será removido, cambiado. Quizás quede uno más o menos así: “Patria y vida” o “Patria democrática y libre”. Ya veremos.
2) Todos y cada uno de los militares que se hayan ido de baja, en los años rojos, por sentirse perseguido política o ideológicamente podrá regresar al seno de la Fuerza Armada con la antigüedad acumulada que le toque. Si se fue hace cinco años y para la fecha de su reingreso le corresponde un grado superior, pues, el militar de que se trate, recibirá el ascenso correspondiente. Justicia para todos.
3) Petróleo. Bueno. Hay que subir la producción a 5 millones. Convertir a Venezuela en uno de los primeros productores petroquímicos y bioquímicos del mundo. Transformarnos en una potencia que se pierda de vista en todo lo relativo al procesamiento del crudo. Alcanzar un nivel tal que sólo productos derivados puedan ir al mercado. Reducir la exportación de crudo a cero.
Seguir con el apoyo a los países del Caribe, incluido Cuba, pero señores, que paguen, si no pagan, le cortamos el suministro. A bajarse de la mula. Firmar alianzas con los que saben de petróleo. Con las 10 empresas más grandes del mundo, sean de Irán, de China o de USA. Las 10 más grandes. Firmar convenios con los 10 países de mayor producción. No importa si es Rusia o Noruega.
Con los 10 más poderosos. Ver el petróleo como negocio, como forma de desarrollo y no como arma política y mucho menos como argumento para sellar alianzas, compromisos y subordinaciones de países pequeños. Y hacerlo en condiciones atractivas para nosotros y nuestros socios.
4) El precio de la gasolina. Es un escándalo. Una vergüenza. Un despilfarro. Una rochela. Un bochinche. La propina usual que los consumidores regalan al recibir un tanque lleno del preciado líquido es más alta que la factura del servicio. Todo el mundo sabe que es un derroche brutal. Chávez le tiene miedo a subir los precios. Le “juye” al 27 de febrero.
Al Caracazo. Está preso de sus propias amenazas, temores, errores y demagogia. Le tiene miedo al pueblo. Bueno, ¿qué hacer? Debemos preparar un referéndum consultivo. Preguntarle al pueblo venezolano si está de acuerdo con aumentar el precio de la gasolina a 0,3 ó 0,5 bolívares fuertes. Y el aumento debe ir 100% para la construcción de viviendas. Fíjense en los cálculos. 750.000 barriles diarios de gasolina son 119,25 millones de litros (159 litros por barril) lo que equivale anualmente a 43,5 millardos de litros. Si lo subimos a 0,5 bolívares, para un aumento neto de 0,4 bolívares, estarían entrando adicionalmente al Tesoro cerca de 21,8 millardos de bolívares. Si cada vivienda básica la calculamos en 150.000 bolívares, el ingreso adicional serviría para construir 145.000 viviendas que sumadas a las 105.000 del presupuesto ordinario, resultan en 250.000 casas anuales. Por lo tanto, resolveríamos el feo asunto de la pobreza en materia de viviendas en menos de 6 años. Sería una victoria fabulosa. Hay que confiar en el pueblo e ir al referéndum. Como se sabe, vamos a ganar las elecciones y hay que prepararse. La gente tiene que saber cómo vamos a gobernar. A opinar.
Por: EDUARDO SEMTEI ALVARADO
esalvarado1000@yahoo.com
Política | Opinión
EL NACIONAL
Venezuela no está camino de llegar a
ningún mar de la felicidad socialista
Como señalábamos la semana pasada, a mediados de 2010, la situación del país era explosiva.
Desde este punto de vista, el régimen veía las elecciones parlamentarias de septiembre como una válvula de escape imprescindible para que la olla de presión política no reventara a Venezuela en pedazos. Sin embargo, en los cálculos de Hugo Chávez no se incluía la posibilidad de que su partido perdiera la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, un contratiempo que requirió la inmediata promulgación de la Ley Habilitante y la rápida aprobación de un paquete de leyes “socialistas.”
No obstante, para disimular la ilegitimidad de estas medidas, el régimen se ha visto obligado desde entonces a presentar un rostro mucho más humano y democrático.
Buen ejemplo de esta necesidad táctica fue la visita del ministro Tareck el Aissami a los estudiantes en huelga de hambre a las puertas de la OEA, cuyo resultado, la libertad de siete presos políticos, puso en evidencia tres hechos relevantes: uno, Venezuela no está camino de llegar a ningún mar de la felicidad socialista, sino que a duras penas sólo trata de alcanzar una cierta y lánguida normalización política al estilo del antiguo régimen; dos, aunque lo hayan desmentido más de mil veces, en Venezuela sí hay presos políticos; tres, el Poder Judicial está sometido a la voluntad personal de Chávez. Exprópiese, métanmelo preso, suéltenlos, continúan siendo las órdenes de mando que los supuestamente autónomos poderes del Estado siguen cumpliendo al pie de la letra presidencial.
Otros tres hechos recientes indican que realmente nada ha cambiado en Venezuela.
En primer lugar, demostración palpable del desprecio oficial por los valores reales de la democracia, Miraflores impuso al general Henry Rangel Silva para pronunciar el discurso de orden en el homenaje parlamentario al Simón Bolívar civilista por excelencia del 15 de febrero de 1819, cuando cedió a los legisladores de la Gran Colombia, reunidos en Angostura, el poder político absoluto que ostentaba en virtud de su condición de jefe supremo del Ejército. ¿Recuerdan al general Rangel Silva? El mismo capitán golpista del 4 de febrero elevado al grado de general en jefe por haberle advertido a los venezolanos que las tropas a su mando de ninguna manera permitirían una derrota electoral de Chávez en las elecciones del 2012.
La segunda burla del régimen, obligado por las circunstancias del momento a darse a sí mismo una urgente mano de barniz democrático, fue permitir la interpelación de sus ministros por una Asamblea Nacional pluripartidista. El efecto de esta jugada ha sido un espectáculo en verdad lamentable, cuya más penosa expresión le correspondió al ministro Jorge Giordani, fórmula econométrica en mano, al atribuirle la culpa de la inflación galopante que sufren los venezolanos, la mayor del continente y una de las peores del mundo, al paro petrolero de 2002 y a los gobiernos de la llamada cuarta república. ¡Qué descaro! Por ahora, el último insulto a la inteligencia y la sensibilidad de los venezolanos lo profirió el propio Chávez, quien tras diez días de silencio inexplicable ha añadido ahora su voz a las de Fidel Castro y Daniel Ortega para denunciar la ofensiva imperialista contra Gadafi y ordenarle a Nicolás Maduro, por vía de las mismas redes sociales que le han servido a los pueblos islámicos del norte de África y del Medio Oriente para organizarse en su lucha contra las autocracias de la región, darles duro a los enemigos del hermano libio. “Vamos canciller Nicolás le escribió un tweet a su ministro favorito, dales otra lección a esa derecha pitiyanqui! Viva Libia y su independencia! Kadafi enfrenta una guerra civil!”.
Superados los obstáculos del 11 de abril, del paro petrolero, de la abstención de 2005, del referéndum de 2007, las elecciones parlamentarias se le presentaban a Chávez como trampolín ideal para encauzar al país por el rumbo de esa deseada normalización política que le permitiría llegar a 2012 sin mayores sobresaltos.
Para infortunio suyo, no parece que vaya a ser así. La crisis interna y el creciente aislamiento internacional, sobre todo después de esta oleada de cambios en el universo islámico, le arrebata esta vez a Chávez su recurso habitual de la simulación democrática. Por otra parte, su solidaridad con Gadafi lo aísla aún más del mundo civilizado.
Después de esto, ¿qué le queda al comandante presidente? ¿Soledad al final del oscuro túnel del fracaso? Sobre las posibles opciones de Chávez para escapar de esta encerrona de la historia, hablaremos el próximo lunes.
Cemex le exige al Estado un pago de u$ 1,3 millardos de dólares.
Cemex le exige al Estado un pago de u$ 1,3 millardos de dólares.
Casos de petroleras comprometen
capacidad financiera de Pdvsa
■ En el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones siguen pendientes 13 casos.
Las 13 demandas pendientes contra el Estado venezolano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ascienden a más de 40 millardos de dólares, y comprometen los activos de la República en cualquier parte del mundo.
De las 20 demandas publicadas en el registro del Ciadi contra el país, sólo 13 están activas y 7 han concluido. De éstas, algunas se han cerradas luego de un arreglo amistoso con el Gobierno y otras por falta de acción de los demandantes. También existe un juicio por comenzar, que será el emprendido por la empresa minera canadiense Crystallex, anunció la firma el 17 de febrero.
“El monto acumulado contra la República es superior a 40 millardos de dólares”, expresó vía telefónica Victorino Tejera, experto en arbitraje internacional. Señaló que es difícil tener una cifra exacta de la sumatoria de las demandas, por cuando muchas empresas no divulgan los montos. “Sin embargo, las dos más grandes, que son las de las petroleras, están por encima de ese monto”, indicó.
La estadounidense Conoco exige un pago de 30 millardos de dólares como compensación por la reversión del contrato que tenía para explotar un yacimiento de la faja del Orinoco. La de Exxon Mobil es por 10 millardos de dólares.
A eso habría que sumarle los requerimientos de las empresas mineras, un sector muy afectado por las expropiaciones como el petrolero. “La empresa Gold Reserve, el yacimiento de Las Cristinas en el estado Bolívar, demandó por 1 millardo de dólares”. Crystallex informó que reclamará una compensación de 3,8 millardos de dólares.
El resto de las demandas corresponde a montos menores.
En el caso de Cemex, la compañía exige 1,3 millardos de dólares.
Peligro de default:
Las demandas petroleras son las más preocupante, porque una eventual decisión en contra del Estado comprometería la situación financiera de Petróleos de Venezuela, ya de por sí delicada por las condiciones de flujo de caja que tiene en estos momentos, advirtió Francisco Oliveros, director de Ecoanalítica.
“Los montos que piden las compañías no son siempre los que se terminan pagando.
Por eso, calculamos que entre Conoco y Exxon Mobil la suma que tendría que cancelarse asciende a 9,2 millardos. La información que tenemos es que el Ciadi emitirá una decisión en los próximos meses con relación a estos casos, y por lo menos ese es el monto que Venezuela tendría que pagar”, agregó.
Oliveros duda que la industria petrolera esté en capacidad de desprenderse de esa cantidad. “Si no se paga, se entraría en default, y eso tendría efectos adversos en los bonos emitidos por Pdvsa”. Si el Gobierno no paga, se ejecuta la demanda contra los bienes patrimoniales de la nación fuera de Venezuela, que la mayoría pertenece a Citgo. Sólo estarían a salvo las embajadas y las aeronaves militares o de uso público.
Ecoanalítica afirma que el Gobierno ha gastado 27,4 millardos de dólares en estatizaciones o expropiaciones. De esa cantidad, sólo ha cancelado 9,6 millardos de dólares.
El Ejecutivo ha justificado las expropiaciones con el argumento de que los sectores afectados “son estratégicos”.
Sin embargo, Pedro Rengel, abogado experto en arbitraje, señaló que los casos que están en el Ciadi se deben a “incumplimiento de la República de alguno de los estándares de protección a las inversiones extranjeros: pago por justa compensación, fair and equal treatment y cláusula de la nación más favorecida”.
Cierre de expedientes:
Expertos señalan que dos de las siete causas que se han concluido obedecieron a falta de acciones del demandante por razones económicas. El primero es el de la compañía de arquitectura estadounidense Grad Associates, que había obtenido un contrato para construir una prisión en Guayana.
El segundo caso es el de I&I Beheer B.V., que en 2005 exigió compensación por unos bonos de Bandagro, emitidos en los años noventa. En junio de 2008, el Ciadi declaró la extinción del caso y eximió al Estado de pagos. Fuentes jurídicas apuntan que ambos demandantes se quedaron “sin gasolina” para continuar con el proceso. En otros cinco casos hubo negociación entre las partes, pero por formalidades jurídicas no han salido del sistema del Ciadi.
En el accionado por la Autopista Concesionada de Venezuela el arbitraje falló en contra de Venezuela, por la suma de 13 millones de dólares, en 2003. La cementera suiza Holcim negoció con el Ejecutivo en 2009- un pago de 552 millones de dólares.
El grupo inglés Vestey, dueño de la compañía agrícola Agroflora, convino un pago de 2 millardos de dólares. La compañía petrolera italiana ENI negoció y obtuvo participación en otros proyectos petroleros. El más antiguo, emprendido por Fedax por unos bonos emitidos por el Ministerio de Defensa, llegó a un laudo arbitral.
Por: FABIOLA ZERPA
fzerpa@el-nacional.com
ARBITRAJE DEMANDAS
Internacional | Política
EL NACIONAL
Leopoldo López razona que la persecución en su contra obedece al propósito de impedirle que sea candidato: en 2008 a alcalde metropolitano de Caracas y en 2012 a Presidente de la República.
Leopoldo López razona que la persecución en su contra obedece al propósito de impedirle que sea candidato: en 2008 a alcalde metropolitano de Caracas y en 2012 a Presidente de la República.
Hay 800 funcionarios afectados
■ Mañana es la audiencia sobre la inhabilitación de Leopoldo López.
■ Venezuela va al banquillo por violación de derechos políticos.
■ El ex alcalde no competirá en las presidenciales de 2012 si la sanción en su contra se anula con el propósito de dividir a la oposición.
A través de las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos dictadas por la Contraloría General de la República, el oficialismo ha logrado sacar del juego a sus más fuertes adversarios políticos. Se trataría de un propósito inconfesable que no tiene cabida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que, por iniciativa del ex alcalde de Chacao Leopoldo López, coloca a Venezuela en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta vez por violación de los derechos políticos que fundamentan el sistema democrático.
Más de 800 funcionarios venezolanos han sido inhabilitados, pero es un asunto de interés hemisférico pues en otros países como Perú, México, Brasil y Colombia existen normas que permiten las inhabilitaciones políticas y abren espacios para la arbitrariedad. Además del caso de López, eventual contendor de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2012, el debate en la región se replanteó con las sanciones impuestas a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, a partir de acusaciones del gobierno de Álvaro Uribe pendientes de confirmación judicial.
Mañana comenzará la audiencia en San José de Costa Rica, para analizar la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado venezolano.
La CIDH considera que el problema y su solución son claros. El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los derechos a participar en asuntos públicos, a votar y ser elegido y a tener acceso en condiciones de igualdad a funciones pública pueden ser restringidos “exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. Y en el caso de Leopoldo López la sanción que le impide ser elegido para ejercer funciones públicas no es el resultado de un proceso penal con suficientes garantías.
La CIDH pidió que se anule la inhabilitación de López, así como el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que fundamenta este tipo de sanciones administrativas.
“Es la primera vez que un Estado es demandado por violación de derechos políticos, por lo cual la Corte-IDH tendrá la oportunidad de establecer criterios en materia de inhabilitaciones políticas que regirán para Venezuela y para todos los Estados que forman parte de la Convención Americana”, destacó José Antonio Maes, uno de los abogados de López.
¿Lucha contra la corrupción? Durante el proceso, el Estado venezolano ha insistido en que las inhabilitaciones corresponden a una necesaria lucha contra la corrupción. Ante ello, López recuerda que en los dos casos examinados (una donación de Pdvsa a la entonces ONG Primero Justicia y la reformulación del presupuesto de Chacao), la Contraloría admitió que no hubo daño patrimonial.
“Si se trataran de corrupción, ambos casos habrían sido llevados a tribunales penales. Pero, desde el principio, el objetivo era otro: impedir que yo fuera candidato”, resumió el ex funcionario, que ya sufrió los efectos prácticos de la sanción, al no poder competir por la Alcaldía Metropolitana de Caracas, en 2008.
El Estado ha sido contumaz en el desacato de la mayoría de las sentencias de la Corte-IDH.
Incluso, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inejecutable el fallo dictado en agosto de 2008, sobre la destitución de tres jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por razones políticas, y sugirió al Ejecutivo apartarse del sistema interamericano de derechos humanos.
Se ha especulado con la posibilidad de que el oficialismo utilice otra eventual condena a Venezuela a su conveniencia: suspender la inhabilitación a Leopoldo López después de que la oposición haya escogido su candidato presidencial mediante elecciones primarias. El objetivo, también inconfesable, sería dividir a la oposición entre el ganador de las primarias y López.
Sin negar su aspiración a ser Presidente de la República, el ex alcalde asegura que no dividirá a la oposición: “Hemos sido promotores de las primarias y estamos obligados a ser coherentes”.
Por: EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
Internacional | Política
EL NACIONAL
Opositores al régimen de Muamar Gadafi están montados sobre un tanque que tripulan fuerzas contrarias al Gobierno de Libia.
Opositores al régimen de Muamar Gadafi están montados sobre un tanque que tripulan fuerzas contrarias al Gobierno de Libia.
Afirman que numerosas localidades del
oeste están en manos de la oposición
■ Rebelión crea un Consejo Nacional de ciudades liberadas en Bengasi.
■ Estados Unidos dijo estar listo para proveer cualquier tipo de ayuda a la oposición de Gadafi.
La rebelión libia anunció ayer en Bengasi la creación de un Consejo Nacional que representa a las ciudades en manos de la insurrección, un paso simbólico aunque impreciso de cara a su esperanza de terminar con el régimen de Muamar Gadafi.
“Se anunció en todas las ciudades liberadas de Libia la creación de esa organización.
No podemos llamarlo gobierno de transición. Es un consejo nacional hasta que Trípoli no sea liberad. Todavía no se ha terminado de formar y sus miembros no han sido designados”, aclaró Abdelhafiz Goqa en rueda de prensa en Bengasi, segunda ciudad del país localizada al este de la capital Trípoli y bastión de la oposición.
El anuncio tuvo lugar un día después de que el ex ministro de Justicia libio Mustafá Abdel Yalil, quien dimitió de su puesto el 21 de febrero, indicó en Al Baida -otra ciudad liberada del este del país- que un gobierno de transición se encargaría de administrar el país durante tres meses para preparar la celebración de elecciones.
Con respecto a las declaraciones del ex ministro Mustafá, el vocero del Consejo Nacional se mostró conciliador, al señalar que ese ex responsable del régimen de Gadafi está del lado de la revolución y preside el comité de la ciudad de Al Baida.
“El consejo es el rostro de Libia durante el periodo de transición”, aseguró, y explicó que cada ciudad, liberada o no, será consultada sobre su formación.
Goqa anunció el sábado que los comités de las ciudades liberadas estaban coordinados y esperaban que Trípoli termine con el régimen de Gadafi para formar una gobierno de transición.
En el oeste, varias ciudades se encuentran en manos del pueblo desde hace varios días y preparan una marcha para liberar Trípoli, aseguró en Nalut, a 60 kilómetros de la frontera con Túnez.
Chaban Abu Sitta, abogado de Nalut, dijo que las ciudades de Al Rhibat, Kabaw, Jado, Rogban, Zentan, Yefren, Kekla, Gherien y Hawamed también han sido liberadas desde hace varios días.
“En todas las fuerzas de Gadafi se fueron y un comité revolucionario fue creado. Nos hemos puesto bajo la autoridad del gobierno interino de Bengasi. Con todas las ciudades liberadas de la montaña del Yebel Nafusa y las que se encuentran del otro lado de la montaña, nos preparamos para marchar sobre Trípoli y liberar a la capital del yugo de Gadafi”, declaró.
Sin importancia:
La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que aprobaron por unanimidad sus 15 miembros el sábado y que impone sanciones contra Trípoli carece de valor, estimó el dirigente libio Muamar Gadafi en una declaración telefónica al canal de televisión serbio Pink TV transmitida ayer por la noche.
El hijo y consejero del líder libio, Seif el Islam Gadafi, aseguró que nadie en su familia abandonará el país que lo que ocurre allí no es asunto de Estados Unidos, en respuesta a la exigencia de marcharse que el presidente Barack Obama dirigió el sábado a su padre.
“Nadie abandonará el país.
Vivimos y moriremos aquí. Este es nuestro país. Los libios son nuestro pueblo. Y en lo que a mí respecta creo que estoy haciendo lo correcto”, consideró.
Estados Unidos se manifestó listo para suministrar cualquier tipo de ayuda a la oposición al régimen de Gadafi, declaró la secretaria de Estado Hillary Clinton.
“Estamos en contacto con libios que intentan organizarse en el este del país, en momentos en que la revolución se extiende también hacia el oeste”, afirmó. El diario The Washington Post aseguró que la Casa Blanca podría tomar acciones militares en Trípoli.
Nicolás Maduro:
Venezuela rechaza injerencia
Venezuela rechazará una intervención militar en Libia, dijo el canciller Nicolás Maduro “Estoy seguro de que los pueblos del mundo acompañarán la lucha contra el intervencionismo que pretenden cometer las potencias contra ese país”, expresó al comentar la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de aplicar sanciones a las autoridades del país africano. Indicó que Caracas aspira a que los pueblos árabes “que están en un proceso de rebelión” hallen su camino en paz. “Esperamos que el pueblo libio encuentre la vía del reencuentro nacional”, agregó. El presidente Hugo Chávez conmemoró los sucesos del 27 de febrero de 1989. En un acto habló de la situación de Egipto pero no abordó la de Libia. El presidente de COPEI, Roberto Enríquez, exigió al Gobierno romper relaciones con Trípoli ante la violación de los derechos humanos cometidas allí. El Grupo Ávila, integrado por ex-diplomáticos venezolanos e investigadores de las relaciones internacionales, repudió la decisión de Muamar Gadafi de usar las armas para mantenerse en el poder, pidió cesar los ataques al pueblo y lamentó el supuesto apoyo venezolano al líder libio.
Éxodo de refugiados
Más de 100.000 personas salieron de Libia la semana pasada hacia países vecinos para escapar de la violencia en ese país.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados dijo que unas 55.000 personas han llegado a Egipto desde el 19 de febrero. De ese grupo, unas 7.000 son de terceros países, sobre todo de Asia.
Otras 50.000 personas, incluyendo 2.000 chinos y 2.500 libios, se han trasladado a Túnez.
El organismo, con sede en Ginebra, afirmó que un grupo de individuos de Bangladesh, Tailandia y Pakistán, sin documentos, fueron encontrados deambulando en tierra de nadie entre Libia y Egipto cerca de la ciudad egipcia de Sallum.
Anunció también que ha enviado por aire 100 toneladas de ayuda, incluidas 2.000 carpas, hacia la ciudad tunecina de Jerba para luego trasladarlas a la frontera con Libia. En Túnez, el representante de la ONU, Mohamed Ben Husein, dijo que se calcula que desde el pasado 23 de febrero cerca de 45.000 personas cruzaron la frontera por el paso de Ras el Jedir, por lo que se teme un deterioro de la situación humanitaria.
BENGASI AFP-AP-EFE
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