El único debate que este gobierno acepta es el debate “yo con yo”. Cuando insta a debatir, lo hace, como todo, de madrugada, con nocturnidad y alevosía, creando las condiciones para que el otro no acuda y si acude no hable y si hable no se le escuche y si se le escucha se le coñaceé a la salida.
Es el gobierno del diálogo que cambia el reglamento del parlamento para que no se parlamente. Este gobierno cree que dialogar es como monologar, que si uno lo escucha a él, durante 7 horas continuas, estamos dando un debate.
Este es el gobierno que más palabras ha tenido de Diego de Losada hasta hoy, sumando el resto. Pero es sólo palabra huérfana, “palabreo” que llamaba Andrés Eloy Blanco, como en aquella canción que cantaba Silvana Di Lorenzo “palabras, palabras palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, tan sólo palabras hay entre los dos”. El que te conté se siente ya Dios, y como el Dios del Génesis actúa: cree que al decir “hágase la luz” ya la luz se hizo, independientemente de que los hechos digan lo contrario. Los problemas se resuelven en el verbo, pero el verbo no se hace carne en el mercado de la existencia cotidiana.
Una de las cosas que nos enseñó el maracucho ateniense Aristocles, mejor conocido como Platón, es que dialogar es argumentar, que la verdad no está de un solo lado, sino que es el resultado de la contraposición de las ideas, si acaso. Esta semana, vimos un debate espectacular, un debate “yo con yo” y naturalmente, como era de esperarse ganó yo. Un debate de sillas vacías: “Tiene la palabra la tercera silla de la cuarta fila… ¿lo ven?… No tiene nada que decir, la silla insiste en permanecer callada, es que estos opositores son unas bestias, de hecho, como puede verse claramente, tienen cuatro patas”. Así cualquiera.
Se escogió un “territorio neutral”, si no fuese tan trágico el asunto este cinismo daría risa.
¿Es que hay en Venezuela territorios neutrales? Qué debate puede hacerse desde la premisa: “para que vean que somos generosos, vamos a escuchar a estos carajos, que no tienen nada que decir”. Fue un diálogo planteado para no dialogar, para propiciar la ausencia.
Cuando el otro no existe, para qué dialogar.
La Asamblea Nacional permanece repleta de barras que apabullan, no hay dos ideas en conflicto, hay un grupo de personas equivocadas a las que hay que someter. Es el “te la calas” como forma de gobierno. Discuto contigo si aceptas mis premisas, debato si me das la razón, hablo si te callas, consulto si estás de acuerdo, pregunto si respondes lo que quiero, delibero si gano y en definitiva razono si me das la razón.
Si algún espacio no acepta la imposición y el silencio ese es el de la universidad. Su naturaleza es la de la contraposición y discusión de ideas, por eso molesta tanto en este momento, por eso se le destruye. Decía Uslar: “destruir la universidad es destruir el cable de conexión que un país tiene con el conocimiento del mundo, con el progreso científico, convertir la universidad en un campo de combate violento es sencillamente desnaturalizarla. Si alguna conspiración internacional se propusiera mantener a los países subdesarrollados en el subdesarrollo y en el atraso, esa conspiración no podría tener programa más eficaz que el de destruir las universidades en esos países”.
Ahora lo entiendo todo, detrás de todo esto tiene que estar la CIA.
¡Qué cantidad de conflictos! En realidad es uno sólo, en el sentido de que somos Universo y lo que le toca de adversidad a una parte, desequilibra el todo. Si se hace un recorrido por cada continente y se estudia lo que está pasando es para sobrecogerse: desde el rugido del agua mortal en Brasil hasta el terremoto, el tsunami en Japón y una catástrofe nuclear.
En África se enquistan silenciosas las guerras tribales en las que el genocidio se mezcla con el hambre infinita, pero revientan los conflictos en serie, el efecto dominó: Túnez, Yemen, Egipto, mientras en Asia, Corea e Irán siguen la carrera armamentista misteriosa, oculta. Ahora, en estos momentos, surge un conflicto que tiene eco en las principales ciudades del mundo: Egipto.
La revuelta, cuando esto escribo, tiene ribetes de guerra, ya cuentan muertos y la juventud de todo el mundo apoya y sale a las calles, fue curioso ver en la televisión de los Estados Unidos a un jovencito suramericano con la bandera del país protestando al lado de unos egipcios y él no tiene apellidos árabes.
Egipto, el país más importante del mundo árabe, la nación que todos llevamos en el alma por su historia, se levanta contra la larga dictadura de Hosni Mubarak. Treinta años en el poder y si no lo tumban ahora, volverá a “ganar” las elecciones de este año.
Observando este panorama, surge la pregunta: ¿por qué se aferran al poder si siempre terminan mal? Bueno por la fascinación misma del poder, dirán, pero que triste final el de la mayoría de los dictadores: la muerte, el suicidio, el destierro, el odio de sus compatriotas.
En este caso se vislumbran dos alternativas: que el ejército más poderoso de África, según lo califican los entendidos, salga a acabar de una vez por todas con los manifestantes, ya hay más de mil heridos en los hospitales de Alejandría, o que Mubarak huya, como ya lo hicieron sus hijos que se refugiaron e Londres.
Los manifestantes fueron muy claros en sus peticiones: un nuevo gobierno, fin del estado de emergencia, no más gobierno militar, no más dictadura en fin, libertad que no la hay: si se tiene en cuenta solamente el hecho de que se hayan cerrado las comunicaciones por celulares e Internet.
La revuelta sigue, comenzó el pillaje, pero lo que preocupa, después de la seguridad de los manifestantes, casi todos jóvenes, es la destrucción de museos. No se pueden olvidar los egipcios, por el fragor de las protestas, que sus reliquias históricas no son sólo se ellos, son del mundo, y de perderse una, tendrían que dar cuenta a la humanidad que afincó sus creencias, el misterio de la muerte, el valor de los héroes, el mar rojo abriéndose en caminos de esperanza, el canal del Suez con el flujo constante de comunicación con el mundo, en la “faraonesca” vida que apasiona.
Este momento crucial en la vida del país del Nilo, tiene muchas connotaciones políticas y se habla de una apertura amplia al Islam, pero ese es tema para los analistas, los internacionalistas, sociólogos y todos los conocedores de la materia se encargarán de eso, a nosotros sólo nos queda hacer fuerza para que el conflicto no se desborde y pedirle a Dios que el señor dictador se retire a descansar y a gozar de sus nietos.
En 2009 Fernández compró la empresa Digitel GSM del empresario Oswaldo Cisneros por más de u$ 800 millones.
En 2009 Fernández compró la empresa Digitel GSM del empresario Oswaldo Cisneros por más de u$ 800 millones.
La fiscalía pidió que siga detenido
Ricardo Fernández Barrueco, empresario detenido en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), desde noviembre de 2009, por hechos irregulares ocurridos en los banco liquidados Banpro, Bolívar, Canarias y Confederado, no es, ni fue un banquero como se ha señalado en reiteradas ocasiones, si no un venezolano de negocios que inició su carrera hace más de 18 años, como dueño de una pequeña compañía de camiones, que con el paso del tiempo logró la obtención de empresas como Maicera Proarepa Industria Venezolana C.A., Industria Venezolana Maicera Pronutricos C.A., Venarroz RSA C.A., Monaca Molinos Nacionales C.A., Derivados de Maíz Seleccionado Demaseca C.A., Productos y Financiamientos Agrícolas C.A. Profinca, Consorcio Agropecuario Venezolano Coave C.A., Ríos Algodonera del Sur C.A., la Corporación Agropecuaria Integrada CAICA C.A. y Grasas GRASOCA de Oriente C.A., entre otras correspondientes a la agricultura, servicios, pesca comercial y marítimo naval.
A través de dichas empresas, durante el paro alimentario ocurrido en Venezuela en 2002-2003, Fernández Barrueco saltó a la fama al prestar sus vehículos para apoyar los intentos del Gobierno Nacional por mantener la distribución de los productos de la cesta básica en todos los supermercados, abastos, bodegas y demás locales destinados al expendio de alimentos, cuando empresas privadas acapararon y se deshicieron de toneladas de comida.
Es decir, valiéndose de ser sociedades con la mayor capacidad de distribución, se aseguraron de que los alimentos no llegaran a los anaqueles del país, apoyados por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras). Hoy en día, esto podría verse como un plan conspirativo para haber debilitado el gobierno del presidente Hugo Chávez, con caos económico, social y destrucción del aparato productivo nacional, en el que además de las empresas privadas, altos funcionarios del gobierno e importantes banqueros tuvieron participación.
Esto ocurrió cuando el Gobierno Nacional, buscó un mecanismo alternativo para que el sector productivo del país no estuviera en manos de un solo grupo que en cualquier momento decidiera acaparara nuevamente los productos de la cesta básica generando otro paro alimentario. Fue entonces, cuando Ricardo Fernández Barrueco, atendió el llamado del Ejecutivo que necesitaba empresarios honestos que no jugaran con el hambre del pueblo.
En 2002 prestó la infraestructura de sus negocios, para que la comida que se importaba llegara a la calle Primero de Mayo de La Vega, al barrio Santa Ana de Antímano, al barrio La Dolorita de Petare, El 23 de Enero, Blandín y todos los sectores más necesitados del país, pues también estaba convencido de que era necesario crear una organización alimentaria que sustituyera el monopolio existente.
Para ello, el productor mediano agroindustrial dedicado a la azúcar, maíz y arroz organizó, junto a un grupo de empresarios nacionalistas, un programa completo de alimentación orientado a distribuir de 8 a 10 productos básicos, que llegaran a más de 16 millones de personas, apoyados por el Gobierno Nacional, hoy conocido como Mercal. Esto, sin interés alguno en competir ni destruir la empresas privadas establecidas, si no fortalecer junto a ellas la producción y comercialización de alimentos.
Las acciones de Fernández Barrueco fueron vistas por muchos como heroicas, pero por otros fue fuertemente cuestionada al tildarlo de aliado del Presidente o testaferro de altos funcionarios, así como también se dudó de la procedencia de su patrimonio que previamente había sido auditado y demostrado que era de empresas con gran importancia y larga data.
Más adelante, a mediados de 2009 Fernández compró la empresa Digitel GSM del empresario Oswaldo Cisneros por más de 800 millones de dólares, compañía que tenía una participación del mercado de 19,9% al cierre de 2008, lo que lo convertía en además de partícipe del mercado alimentario a también en el telefónico.
No obstante, Ricardo Fernández también quiso incursionar en la banca al intentar la compra de las cuatro entidades financieras Bolívar Banco, Banpro, Canarias y Confederado, a las que les inyectó capital proveniente de su patrimonio, posteriormente intervenidas y liquidadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban). Nunca fue oficializado su nombre como dueño o principal accionista de los bancos, por los que hoy permanece privado de libertad por una variedad de cargos.
¿Quiénes se benefician con la detención de Fernández Barrueco?
Con la detención de Ricardo Fernández, muchas de sus empresas fueron saqueadas para disminuir la capacidad operativa de las mismas, acción con la que se beneficiaron las empresas privadas que volvieron a manejar, aproximadamente, el 60% de producción y distribución de alimentos en el país.
Asimismo, importantes banqueros del país recibieron con satisfacción la migración de los ahorristas de los bancos Canarias, Banpro, Confederado y Bolívar, pues con la compra de los mismos se verían afectados con las intenciones de Fernández Barrueco de otorgar microcréditos a los ahorristas y apertura de numerosas sucursales.
Es decir, Ricardo Fernández al tener participación en la agroalimentación, en la banca y la telefonía, se convertía en un amplio empresario, que pudo haber sido visto como competencia por muchos.
Por ello, su detención es vista como una conspiración de los principales empresarios del país y altos funcionarios de gobierno, para eliminar un obstáculo para poder presentar a Venezuela como un país como desolado y sin posibilidades de inversión para generar caos nuevamente al país.
Informe asegura que ha ocurrido una "depuración" del personal militar en un marco de "discrecionalidad".
Informe asegura que ha ocurrido una "depuración" del personal militar en un marco de "discrecionalidad".
En su informe anual de 2010
la ONG Control Ciudadano
■ El anuario explica que el personal militar para 2008 estaba integrado por 163.364 efectivos y en el Ley de Presupuesto de 2010 se contabilizan 117.400.
■ Una merma considerable del personal militar profesional de la Fuerza Armada Nacional (FAN), denunció la organización Control Ciudadano a través de su informe anual 2010.
La ONG explica que el personal militar ha pasado de 163.364 personas según al Ley del Presupuesto de la Nación de 2008 a 117.400 personas en el presupuesto de 2010, es decir una reducción de 45.964 en dos años.
Según la presidenta de esa organización, Rocío San Miguel, el clima interno afectado por la politización hace que un gran número de oficiales soliciten sus bajas para evitar mayores inconvenientes.
Control Ciudadano asegura que el proceso de ideologización política de la FAN se aceleró desde 2004 y ha llegado al punto que se han detectado altos oficiales activos inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El informe indica que se identificó a 30 militares activos inscritos en el PSUV de una muestra de 400, no obstante, considera que pudieran existir aproximadamente mil en la misma condición.
La denuncia se presentó al Ministerio público el 11 de mayo de 2010 y fue desechada dos semanas después por el Tribunal Séptimo de Control Penal del área Metropolitana de Caracas que alegó “desistida por no punibilidad de la acción”.
La organización ratifica en el informe que entre los militares activos que están inscritos en el PSUV se encuentra el jefe del Comando Regional número 7 de la Guardia Nacional, general de división Francisco José Ortega Castillo, el jefe del Comando Regional número 4, general de división Luis Alfonso Bohorquez y el miembro del alto mando ampliado de la Milicia Nacional Bolivariana, contralmirante Gilberto Pinto Blanco.
De baja:
Como parte de un proceso que Control Ciudadano considera de depuración de la FAN, la ONG da cuenta del pase a retiro de 193 militares activos en abril de 2010.
Las medidas se realizaron de conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional que establece, que cumplido el tiempo de servicio mínimo en cada grado o jerarquía, el militar profesional que no sea ascendido al grado o jerarquía inmediata superior, podrá permanecer en el mismo por un lapso de dos años. Cumplido este lapso y no obtenidos los méritos o no existir la vacante para no ascender, pasará a la situación de retiro.
De acuerdo al informe, es la primera vez que se aplica dicha norma, incluso el presidente Hugo Chávez la había calificado de injusta.
Control Ciudadano considera que el proceso fue adelantado en un “marco amplio de discrecionalidad” que “comporta graves violaciones al debido proceso y constituye una práctica arbitraria que sienta un grave precedente administrativo sobre la política de personal de la institución militar”.
Según la ONG, hay oficiales activos que superan el tiempo máximo para el ascenso y a pesar de ello permanecen activos. Asegura que la medida adoptada persigue discriminar entre quienes se consideran afectos al proceso revolucionario dentro de la FAN y quienes han elegido ceñirse a los principios constitucionales.
REYES THEIS | EL UNIVERSAL
viernes 18 de marzo de 2011
Gadafi anuncia un alto el fuego ante el inminente ataque aéreo.
Gadafi anuncia un alto el fuego ante el inminente ataque aéreo.
Se planea completar los planes
militares “lo antes posible”
■ El alto el fuego de Gadafi baja el precio del petróleo e impulsa las Bolsas
Argel (EFE).- El régimen de Libia ha declarado un alto el fuego inmediato de acuerdo con la resolución aprobada la noche del jueves por el Consejo de Seguridad de la ONU, anunció este viernes el ministro de Exteriores libio, Musa Kusa, en una declaración ante la prensa en Trípoli retransmitida por la televisión estatal.
“Tras haber visto la resolución, y tomando en consideración que Libia es un miembro pleno de la ONU, aceptamos que es obligado aceptar la decisión del Consejo de Seguridad”, afirmó el ministro. Añadió que por ello, el régimen libio ha decidido “un inmediato alto el fuego y el cese de todas las operaciones militares”.
El ministro expresó la “tristeza” de su Gobierno con que la resolución incluya operaciones contra Libia como el establecimiento de una zona de exclusión aérea, que incluye a los vuelos comerciales y civiles.
“Esto incrementará el sufrimiento de los libios y tendrá un impacto negativo en su vida general”, dijo y recalcó que la comunidad internacional “debería haber eximido a los civiles de la resolución para asegurar su calidad de vida”.
También subrayó que “la total y completa congelación de todos los recursos e inversiones libias” tendrá una impacto “muy negativo en los libios” y en la capacidad del país para cumplir sus contratos locales e internacionales.
Kusa considero “muy extraño” que la ONU permita en su resolución el empleo de la fuerza militar contra Libia y señaló que “hay signos” de que esa acción “podría llevarse efectivamente a cabo”. “Esto va claramente en contra de la Carta de Naciones Unidas y es una violación de la soberanía nacional de Libia”, afirmó.
Insistió en la petición libia a “todos” los gobiernos, ONG’s y otras organizaciones internacionales a que “comprueben los hechos sobre el terreno” enviando misiones de investigación para que “puedan tomar la decisión adecuada”.
El ministro destacó que Libia pone “gran interés en proteger a todos los civiles”, así como en ofrecerles “toda la ayuda humanitaria” necesaria” respetando “todos los derechos humanos y cumpliendo “las leyes internacionales y humanitarias”.
“También está obligada a proteger a todos los extranjeros en Libia y sus recursos”, dijo y añadió que, haciendo esto, su país actúa “en consonancia” con las resoluciones del Consejo de Seguridad y los artículos de la Carta de Naciones Unidas.
Kusa aseguró que de este modo “abren todos los canales de diálogo con quien esté interesado en la unidad territorial de Libia”. “Mi país es muy serio en relación con la continuación del desarrollo económico, político, humanitario y social de la nación libia”, afirmó.
En este sentido, resaltó que se han dado “serios pasos” para proseguir ese desarrollo “por el bien de la gente libia” y que esa acción “llevará al país a la seguridad para todos” sus ciudadanos.
Precio del petróleo:
Los mercados bursátiles y de materias primas no han tardado en reaccionar al alto el fuego decretado por Gadafi en Libia.
Poco después del anuncio, el precio del barril de petróleo Brent, el de referencia en Europa, se pagaba a 113 dólares después de que durante la jornada se llegara a pagar a 117 dólares cuando la intervención militar de la OTAN parecía inminente.
De este modo, bajaba un 0,86%, alrededor de un dólar, respecto al jueves, según datos de Bloomberg.
Las Bolsas también han reaccionado con subidas. En el caso del Ibex, que al inicio de la jornada caminaba prácticamente plana, el aumento era del 0,74% mientras que las Bolsas europeas ganaban casi un 2% alentadas también por la intervención del G-7 en el mercado de divisas.
Futuras bajas en los títulos dependerán de cuánto deba pagar Pdvsa a Exxon.
Se descarta que las petroleras norteamericanas Exxon y Conoco regresen al país
Pdvsa negocia suministro de petróleo
para compensar a Exxon y Conoco
■ La entidad financiera Barclays calcula que la indemnización está por el orden de 12,6 millardos de dólares.
La decisión final de los arbitrajes internacionales emprendidos por Exxon Mobil y Conoco Phillip está previsto que se conozca este año, y frente a cualquier fallo desfavorable contra Petróleos de Venezuela la estatal negocia que la indemnización se haga mediante el suministro de crudo.
En el proceso judicial, que comenzó a finales de 2007 ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones organismo adscrito al Banco Mundial-, el fallo pudiera obligar a Pdvsa a indemnizar a las compañías estadounidenses.
En la petrolera analizan que ante un fallo del Ciadi adverso, se concrete una negociación con ambas empresas para que el pago se haga mediante el suministro de crudos o productos derivados del petróleo en un período similar a los acuerdos de financiamiento.
La banca de inversión Barclays Capital señaló, en su informe sobre Pdvsa, que estas obligaciones con Exxon y Conoco elevaría la deuda de la empresa, cuyo saldo a febrero de 2011 sumaría 31,5 millardos de dólares cuando se contabilice la más reciente emisión de títulos.
La memoria y cuenta de Pdvsa correspondiente a 2010 indica que su deuda financiera aumentó 15,6% en un año, al incrementarse de 21,5 millardos a 24,9 millardos de dólares principalmente por la emisión de títulos con vencimiento para los próximos 26 años, que abarcan entre 2011 y 2037.
“Se calcula que la compensación total para Conoco podría alcanzar un máximo de 9 millardos de dólares y la de Exxon 3,7 millardos de dólares para completar un pasivo contingente de 12,6 millardos de dólares”, señala Barclays en su reporte.
Esto implicaría un aumento de las obligaciones financieras de Pdvsa a una cifra superior a 40 millardos de dólares.
El modelo italiano:
En Pdvsa se descarta toda posibilidad de que parte del arreglo con las transnacionales sea la invitación a regresar al país, y todo indica que tampoco ese es el interés de esas empresas. Sin embargo, en las negociaciones se plantea que también pudieran entrar alguno de los activos en Estados Unidos.
La italiana ENI, al igual que hicieron Exxon y Conoco, emprendió un proceso de arbitraje internacional debido a que en una fase inicial no llegó a un acuerdo con las autoridades de Pdvsa para participar en un esquema de empresa mixta con minoría accionaria, cuando anteriormente tenían el control de la operación.
A principios de 2008, cuando Exxon intentó congelar cuentas de Pdvsa en el exterior por 12 millardos de dólares, los representantes de ENI y la petrolera venezolana anunciaron la concreción de un acuerdo y la participación de la italiana en varios de los proyectos del Plan de Inversión de Siembra Petrolera.
Falla en Amuy afecta producción:
Los daños ocasionados en la refinería de Amuay afecta la unidad de destilación, dijo el ingeniero Nelson Hernández, y con ello se perjudica la producción de productos derivados del petróleo, principalmente gasolina y diesel, agregó. “Se ha tenido que hacer importaciones para atender la demanda interna, incluso para las plantas de generación térmica de electricidad”, expresó.
El experto considera que los problemas en el sector eléctrico están asociados a las fallas en la producción petrolera y gasífera. “No sólo se está dejando de exportar combustibles sino que Pdvsa se ha visto obligada a incrementar las compras en el exterior”, añadió. Advirtió que el consumo de diesel en el país para plantas térmicas podría subir a más de 100.000 barriles diarios.
Por: ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ
arojas@el-nacional.com
ENERGÍA | PDVSA
Política | Economia
EL NACIONAL
Canal de noticias mantenia una programación 110% chavista, y la nomina de este medio de comunicación era cancelada a través de fondos de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, cuyo principal representante fue el ex alcalde Juan Barreto.
Canal de noticias mantenia una programación 110% chavista, y la nomina de este medio de comunicación era cancelada a través de fondos de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, cuyo principal representante fue el ex alcalde Juan Barreto.
Más pistas de “petrodolares” de
la esposa de Ollanta Humala
Una empresa venezolana le enviaba miles de dólares mensuales a Nadine Heredia, ella recibió más de 1 millón de dólares por adjudicaciones directas de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, en el mismo período en el que la esposa del candidato presidencial Ollanta Humala brindaba supuestos servicios de asesoría a la firma, según documentos oficiales.
La compañía venezolana Operadora Canal de Noticias (CN), para la cual la esposa de Ollanta Humala prestó supuestos servicios de consultoría, está bajo investigación de las autoridades llaneras luego de haber sido denunciada por la actual gestión de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, de Antonio Ledezma, que es opositora al régimen del mandatario Hugo Chávez.
La anterior administración edil caraqueña, del alcalde chavista Juan Barreto, había beneficiado a CN con la adjudicación directa de un contrato por 2,154’000,000 de bolívares “viejos” (US$1’001,860), que fue desembolsado en el mismo periodo en el que Nadine Heredia recibía en Perú envíos mensuales de dinero desde Venezuela, tal como lo reveló ayer Correo.
Una comisión investigadora independiente, designada para indagar la gestión de Barreto, detectó que CN jamás realizó el proyecto para el cual fue contratado, a pesar de que se le había pagado el monto total establecido. Esa empresa no había cumplido con modernizar los sistemas informáticos de 22 jefaturas civiles adscritas a la comuna de Caracas.
El eslabón bolivariano:
El empresario venezolano Julio Augusto López es el dueño de CN y también del The Daily Journal, firma que a su vez le transfería hasta $8 mil mensuales a Nadine Heredia.
Una investigación del diario El Universal (Venezuela), del 26 de setiembre último, determinó que Julio Augusto López además es propietario de Operadora Caracas TVN, la cual recibió por adelantado 16,999’965,000 bolívares “viejos” (US$7’906,960) de fondos de la alcaldía caraqueña también mediante una adjudicación “a dedo”.
La mencionada comisión encontró que esta compañía de López tampoco cumplió con el contrato, pues ninguna de las fases del proyecto de “Internet libre” para la capital venezolana se había concretado.
Esos montos, que en total ascienden a unos US$8’908,821, fueron entregados a Julio Augusto López entre el 2006 y 2009, es decir casi paralelamente a los abonos de miles de dólares que le transferían a la cónyuge de Humala cada mes, de enero del 2007 a febrero del 2009.
Dato:
El ex burgomaestre caraqueño Juan Barreto, allegado a Hugo Chávez, conoce a Julio Augusto López desde 1997, cuando ambos trabajaron juntos en una revista de izquierda.
Mediante un decreto de emergencia, el burgomaestre chavista aprobó un contrato por 2,154’000,000 bolívares “viejos” (1’001,860 dólares) con Operadora Canal de Noticias (Operadora CN) para supuestamente modernizar los sistemas informáticos de 22 jefaturas civiles adscritas a la referida alcaldía, según el reportaje publicado el 26 de setiembre del 2010.
Al gobernador Henrique Fernando Salas le llama la atención que la Fiscalía todavía tenga engavetadas las denuncias que él hizo.
Al gobernador Henrique Fernando Salas le llama la atención que la Fiscalía todavía tenga engavetadas las denuncias que él hizo.
Salas Feo: vinculados ministros
y militares de alto rango
■ El gobernador señaló que en 2009 reveló trampas en Puerto Cabello.
■ “No tenía ni 90 días en el ejercicio de mis funciones, cuando llevé a la Fiscalía la denuncia”, rememoró.
En le marzo de 2009 Salas Feo denunció que los accionistas del Terminal marítimo de Puerto Cabello recibían mensualmente cinco millones de dólares, situación en la que se encontrarían involucradas “roscas de la capital”. También denunció el otorgamiento de concesiones de los patios de Puerto Cabello a generales de la FAN por períodos de 20 años, a pesar de que lo establecido es que dichos lapsos sean de 3 a 5 años.
El gobernador de Carabobo Henrique Salas Feo exhorta a la Fiscal General a investigar las denuncias que él hizo sobre la corrupción en Puerto Cabello, en la cual están presuntamente vinculados ministros y militares de alto rango.
El gobernador de Carabobo Henrique Salas Feo exhortó a la Fiscal General a que investigue las denuncias que él hizo sobre irregularidades halladas en el puerto de Puerto Cabello en las cuales estarían vinculados ministros, generales y almirantes.
Estas denuncias las hizo antes de tener 90 días al frente de la Gobernación y la Fiscal las engavetó. Además, dijo que son similares a las que ha hecho Walid Makled desde su prisión en Colombia.
En ese momento, recordó Salas Feo que también denunció que los alimentos se estaban pudriendo los alimentos en el puerto. Indicó que una vez presentadas estas denuncias, fue injustamente atacado por el Gobierno nacional. “Al pasar el tiempo se viene a comprobar lo que he señalado. Aflora la verdad por otros caminos. Así serán los peces gordos de poderosos, en nuestro país, que impiden que se investigue la corrupción que hubo en el estado Carabobo, durante cuatro años. Cada denuncia que he dado, en mi vida pública, se ha comprobado que las he dado con el deseo de ayudar”, sostuvo el gobernador.
Para detallar sus denuncias, aseguró que en marzo de 2009 indicó que los accionistas del Puerto de Puerto Cabello recibían mensualmente 5 millones de dólares, entre otras irregularidades, en las que presuntamente estaban involucradas “roscas de la capital”.
De igual modo, apuntó al otorgamiento de concesiones de los patios de Puerto Cabello a generales por períodos de 20 años, cuando este tipo de contratos solo se establece por un período de 3 ó 5 años y se revisan con frecuencia.
Luis Pulido, ex presidente de la red Pdval, se encuentra detenido sostiene que el es un "chivo expiatorio' de la revolución bolivariana.
Luis Pulido, ex presidente de la red Pdval, se encuentra detenido sostiene que el es un "chivo expiatorio' de la revolución bolivariana.
El memorando confidencial de
Petróleos de Venezuela, S.A.
PDVSA reportó la magnitud del descalabro financiero sufrido con las importaciones de alimentos de PDVAL y desglosó cómo los pagos de sobreprecios, las adquisiciones de productos vencidos y el pago por productos que nunca llegaron le acarrearon pérdidas al país por varios cientos de millones de dólares.
El informe, preparado un año antes de que estallara el escándalo de los contenedores de alimentos podridos de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), demuestra que las autoridades de PDVSA estaban al tanto de las irregularidades mucho antes de que comenzaran a aparecer contenedores con alimentos podridos en los puertos del país.
Presentado en abril del 2009 por el auditor general de PDVSA, Jesús Villanueva, el informe reveló que sólo el 25 por ciento de las 1,057,531 toneladas de alimentos compradas para mediados del 2008 había llegado a Venezuela seis meses después de que fueron pagadas, y que cerca de la mitad de esa porción quedó varada en el camino antes de que fuera distribuida en el país.
“La distribución efectiva de alimentos fue inferior a un 14 por ciento del total comprado y pagado, incurriendo en algunos casos en elevados costos de adquisición y fletes, y que a pesar de ello, no fueron manejados adecuadamente ni distribuidos de forma eficiente a la población venezolana”, resaltó el memorando obtenido por El Nuevo Herald.
Se desconoce si el restante 75 por ciento de los productos llegaron al país, pero las autoridades venezolanas pagaron una fortuna por ellos, señaló el documento.
Las importaciones fueron realizadas a un costo de $2,248 millones, monto que fue cubierto principalmente a través de la adquisición de préstamos contraídos por la Tesorería Corporativa de PDVSA, resaltó el memorando.
Según el ex asesor de planificación estratégica de PDVSA, Pedro Mantellini, el memorando demuestra cómo se han perdido todos los mecanismos de control internos de la estatal petrolera, convirtiéndola en suelo fértil para la corrupción.
El memorando apunta a una larga cadena de errores e irregularidades cometidos en las importaciones, las cuales fueron realizadas en el marco del Plan Batalla por la Soberanía Alimentaria, ordenada por Chávez a finales de 2007 para contener la crisis de desabastecimiento que sufría el país.
Los alimentos debían ser distribuidos por PDVAL, pero las adquisiciones recayeron sobre BARIVEN, filial de PDVSA.
El informe, que analiza las importaciones realizadas entre octubre del 2007 y junio del 2008, destacó que en muchos de los casos las transacciones fueron realizadas sin tomar en cuenta las mejores ofertas presentadas por los proveedores, generando un costo adicional calculado en unos $54 millones.
Por otro lado, el país habría perdido otros $109 millones por efecto de unas 26,839 toneladas de alimentos que perecieron después de haber sido nacionalizados.
Asimismo, la auditoría detectó la importación de productos de mala calidad e incumplimientos en los programas de entrega, lo cual exponía a los productos perecederos a dañarse.
También el informe señaló que el grueso de los pedidos fue otorgado a un pequeño número de empresas, las cuales concentraron un 70 por ciento de los pedidos totales.
“Unos $1,508 millones se colocaron a 10 empresas, de las cuales seis son intermediarios y no productores del ramo”, precisó el informe.
Cuatro de esas empresas estuvieron entre las compañías que recibieron pagos de anticipos sin que estuviesen obligadas a entregar garantías. Los pagos de anticipos pagados durante el período estudiado sumaron $111 millones.
El informe fue presentado un año antes de que estallará el escándalo de PDVAL, que comenzó en mayo del 2010 con el hallazgo de 30,000 toneladas de alimentos putrefactos en contenedores almacenados en el Puerto Cabello, el mayor del país ubicado en el estado de Carabobo (centro-norte).
Posteriormente, la oposición venezolana dijo que los alimentos descompuestos superaban las 130,000 toneladas, insistiendo en que el caso es un ejemplo de la “ineficiencia” de las empresas gestionadas por el Estado.
Por: ANTONIO MARIA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com
De 8 patios en el Puerto Cabello, Makled ocupaba un octavo del espacio disponible.
De 8 patios en el Puerto Cabello, Makled ocupaba un octavo del espacio disponible.
El 20% de las acciones de la almacenadora Conacentro
le reportaba a Acosta Carles un millardo mensual
Mientras era gobernador de Carabobo, el general Luis Felipe Acosta Carles se asoció con el comerciante Walid Makled, que después fue acusado de narcotraficante y homicida. Según Makled, ambos compartían acciones en la almacenadora Conacentro, de la que el ex mandatario tenía 20%, “que exigió como condición para entregarme la concesión”, lo que le reportaba un millardo de bolívares al mes.
Walid Makled conversó con El Carabobeño sobre su relación con Acosta e insistió en que sí fueron cobrados seis cheques, que entregó para comprar uno de los almacenes del puerto. Cuestión que Acosta niega.
En aquellos días, un octavo del puerto de Puerto Cabello fue entregado en concesiones a Makled, quien ahora cuenta cómo lo logró: “Todo fue a punta de billete, dinero, dólares”. Luego surgieron las acusaciones del general Clíver Alcalá sobre narcotráfico en Carabobo, una antesala al distanciamiento del presidente Chávez de Acosta Carles, su antiguo aliado en Carabobo.
Después del decomiso de los 400 kilos de droga en la finca de los Makled y la reversión de las concesiones que les habían entregado para operarlos, los patios pasaron a manos del Estado.
A continuación la tercera y última entrega de la entrevista que Makled concedió en exclusiva a El Carabobeño, desde la cárcel de La Picota, en Bogotá:
¿Cómo llegó a conocer a Acosta Carles?
-Lo conocí cuando era general en el Coredos.
¿Sus relaciones se incrementaron a raíz del paro petrolero?
-Exactamente, cuando le prestamos las gandolas.
El ex gobernador lo niega y dice que esas gandolas no sirvieron para transportar combustible.
-Eso no es así. Yo le preste a él la parte delantera de todas las gandolas que teníamos a disposición para movilizar las cisternas, aparte de las plataformas, y con ellas se movilizaron hacia los sitios más críticos del estado Carabobo y parte de Guárico.
Usted ha dicho que le entregó al gobernador Acota Carles cinco cheques de un millardo cada uno como parte de pago por una de las almacenadoras que en total valía 12 millardos de bolívares. Pero él lo niega, dice que fueron un donativo para una fundación y que además no fueron cobrados…
-Eso es falso, fueron seis cheques, cinco de un millardo cada uno, del BNC, que fueron cobrados; y un sexto cheque a nombre de otra persona.
¿Quién es esa persona?
-Un testaferro de él.
¿Tiene pruebas de que fueron cobrados?
-Claro, tengo las copias de los cheques y mis estados de cuenta, que demuestran que fueron cobrados.
¿Cuándo entregará las pruebas?, ya mucha gente pide que lo haga.
-Eso no es ningún problema ahora, muy pronto van a salir. Lo importante es lo que pasó en Carabobo desde el 2008. cuando introdujeron 400 kilos de droga en mi finca.
¿Usted colaboró con 2 millones de dólares para la campaña del Sí en 2007?
-Sí. Parte de ese dinero lo recibió al gobernador Acosta, quien lo cobró directamente.
¿El presidente Chávez sabía de ese aporte?
-Lo más seguro es que lo sabía.
¿Quien en el Psuv-Carabobo recibió ese dinero?
-Ese dinero lo recibió el ex gobernador Acosta Carles. En el Psuv de que se beneficiaron, se beneficiaron: hicieron pancartas, vallas y volantes, entre otras cosas.
¿Hay pruebas de su relación con Acosta Carles?
-Claro: un ejemplo es la almacenadora Conacentro, que yo le compré a los Salas Römer por 3 millones 600 mil dólares. El 20% de las acciones era de Acosta Carles.
¿Por qué razón él se quedó con ese 20% de las acciones?
-Era la condición para darme la concesión de ese almacen. Ellos me la vendieron en 12 millardos de bolívares, adicionales a los 3 millones 600 que les pagué a los Salas Römer. Acosta se quedó con el 20% de las acciones de Conacentro. De esa nada más, porque yo tenía, además, Valenca, Makled, Montesano y Trasgar.
¿No temía perder la inversión en esa almacenadora de los Salas? Acosta Carles pensaba quitárselas.
-Sí, él pensaba quitárselas porque a ellos se les vencía la concesión. Entonces ellos vinieron a hablar conmigo para que se la comprara y yo negocié las máquinas con el primo de los Salas.
¿Por qué estaba seguro de que se las iban a quitar?
-Porque Acosta me dijo: ‘espérate, se las vamos a quitar, no hagas negocios con ellos’. Pero yo hice negocios para que en las dos partes no hubiera ningún tipo de problemas.
¿La relación de Acosta y su gente con usted llegaba hasta el momento en que recibían el dinero o había algo más?
-Ese 20% de las acciones de la almacenadora Conacentro le reportaba a Acosta un millardo mensual, que lo cobró durante todo el tiempo que tuvimos la almacenadora.
A parte del gobernador, ¿con quién más del sector oficial estaba usted relacionado en Carabobo?
-Con todo el alto gobierno.
¿Pero en Carabobo con quién?
-Con mucha gente, acuérdate que las concesiones en el puerto me las firmó el actual comandante general de la Armada Carlos Aniasi Turchio.
¿Le regaló al hijo de Acosta Carles una Hummer el día de su matrimonio?
-No eso es falso.
Se comenta que parte de la fortuna que exhibe el gobernador Acosta Carles, con una casa muy lujosa en Guataparo, la logró junto a usted?
-Acuérdate que yo lo que hice fue comprar. Pagué ¿me entiendes? Ustedes muy bien saben que el testaferro de Acosta Carles era el señor Carlos Batistini. En Carabobo, en esa gobernación, bueno hicieron desastre con ella.
¿Es cierto que el terreno donde Acosta Carles construyó su casa en Carabobo fue un obsequio suyo?
-No, eso es mentira.
¿Por qué cree que el gobernador buscó desligarse de usted?
-Yo más bien era el que se estaba desligado de él porque veía que estaba peleando con el gobierno de Venezuela. Yo empecé a desligarme de él porque vi que había muchos chanchullos en su gestión.
¿En cuanto al pago de comisiones?
-Pago de comisiones, corrupción, de todo. Acuérdate que ahí no daban nada sin pagar. Tú querías algo, tenías que pagar. Fui yo el que se distanció de él.
¿Puede detallar esos casos de corrupción de los que usted dice haber sido víctima?
-Todo lo que pasó en esa gobernación nos lo achacaron a nosotros, pero prácticamente se la robaron entre Acosta Carles y Carlos Batistini. Eso no es un secreto para nadie en Carabobo, tu le puedes preguntar a cualquier contratista, a cualquier asfaltador, sobre lo que hacía Carlos Batistini.
¿Usted en particular qué tuvo que pagarles a ellos?
-Bueno, por ponerte un ejemplo: La almacenadora Makled costó 5 millones y medio de dólares. Carlos Aniasi Turchio se quedó con un millón de esa negociación y los otros cuatro millones y medio fueron entre Carlos Batistini, el gobernador Acosta Carles y otra gente más del Gobierno nacional.
¿Cealco y Colonial eran de su propiedad?
-No, las mías eran -digo eran porque se las robaron- Makled, Conacentro, Montesano, Valenca y Grupo Trasgar.
¿Intermarca no?
-De Intermerca compramos unos patios, fue parte de lo que nos vendieron pero a la final nunca se usaron.
¿Alguien más los usó?
-No. Nadie los usó.
¿Ustedes participaron en alguna licitación o fue asignación directa?
-Todo fue a punta de billete, dinero, dólares.
Aparte de Acosta Carles y Aniasi Turchio, ¿a quién más le pagó?
-A Genis Vargas, que fue secretario de seguridad y presidente del Instituto de Puerto de Puerto Cabello. El y Acosta me vendieron Intermarca por seis millones de dólares. De ese monto, a Genis Vargas le tocó un millón de dólares y cinco millones para Acosta Carles y su gente.
¿Cómo entregaba usted ese dinero?
-En efectivo, depósitos a cuentas, cheques, transferencias, de todo un poquito. De todo eso tengo las pruebas, los vouchers. Piensa además: ¿por qué me daban todo eso a mí?, ¿sólo por ser Makled? No, ahí había mucho dinero de por medio, negocios.
¿El general Rangel Silva autorizó la cesión de las almacenadoras a su nombre?
-Claro, estando yo en la oficina de Aniasi Turchio, él llamó a Rangel Silva y le dijo: ‘Estoy aquí con Walid Makled. ¿Hay algún problema en otorgarle la concesión de las almacenadoras?’ . La respuesta fue que no había problema. Llamó también a Hugo Carvajal para consultar y la respuesta fue la misma. Se hizo la negociación, me firmaron la concesión y ya.
¿Eso fue a cambio de qué?
-El que hizo la llamada fue Aniasi, que se quedó con un millón de dólares. El dinero se quedó entre Acosta Carles, Aniasi y Batistini.
¿Conoció personalmente a Rangel Silva?
-No.
¿Sabe si recibió parte del dinero entregado como pago por las almacenadoras?
-No sé si le llegó su parte.
¿Está consciente que durante el Gobierno de Acosta Carles el IPAPC le hizo dos inspecciones a sus almacenadoras, el 9 de septiembre de 2008 y el 19 de noviembre de ese mismo año?
-Sí. Eso fue un pase de factura política para Acosta Carles, que lo terminamos pagando nosotros. A Puerto Cabello siempre llegaban a hacer inspecciones y nosotros teníamos todo al día, sin ningún problema.
Ellos alegaron falta de controles…
-Ellos alegaban de todo. Alegaron que los 400 kilos de droga eran de Makled, cuando no eran míos. Esa droga me la sembraron. Ese día amarraron a los obreros y personal de la finca y metieron la droga.
¿Qué me puede decir de las almacenadoras de La Guaira?
-Ahí teníamos 50 mil metros de espacio.
¿Por cuánto tiempo les asignaron ese espacio? ¿Y quién las asignó?
-Esas las compramos al grupo Trasgar y la almacenadora entró en la negociación. Tenía una operadora en Guacara, en La Victoria y en La Guaira.
¿Tenía entonces en La Guaira una sola almacenadora?
-Sí, solo una.
Los primos de Tareck El Aissami
Walid Makled está muy enterado de lo que ocurre a su familia y de lo que se dice de él en los medios. Se quejó del procedimiento que funcionarios del Gobierno realizaron en los apartamentos del edificio Chimantá, en El Parral, propiedades de su padre.
-Fíjate lo último que hicieron fue asaltar los centros comerciales que son de mi padre. Mis familiares tuvieron que salirse de las casas, no respetaron que había niños y mujeres. Entonces qué se puede esperar de esa gente. Ellos son peor que delincuentes, ni en la mafia se meten con niños y mujeres, son peor que la mafia.
-Del apartamento en Chimantá sacaron a mis dos sobrinos, sus apellidos son El Aissami Makled, son primos del ministro (Tareck El Aissami). Fíjate a dónde han llegado, meterse con unos niños. Ellos tuvieron que salir del apartamento porque entraron de asalto.
-Fue gente supuestamente del Ejército, la ONA, la Guardia Nacional…
También tomaron unos centros comerciales de Valencia y Tocuyito…
-Son locales de mi papá que tienen años. Mi papá tiene unos 80 años. Ellos fueron, sacaron a la administradora y pusieron una de ellos y se están cogiendo la plata.
¿Qué propiedades le quedan aquí?
-Ya se robaron todo. Quedarán algunos apartamentos en el Chimantá, pero ya la familia se fue de allí. Esas son propiedades de mi papá, no tiene nada que ver conmigo. –Es una retaliación política, bueno más bien es algo personal. ¿Qué tienen que ver esos locales que tienen años en manos de mi papá? Fueron también al centro de Valencia y abrieron un local que ya estaba cerrado.
¿Qué le queda de su propiedad en Valencia o Venezuela?
