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Corpoelec: Pérdidas y tomas ilegales de electricidad empeoran

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Las tomas ilegales forman parte de 28,76% de la generación de electricidad que se produce y no se factura.
Las tomas ilegales forman parte de 28,76% de la generación de electricidad que se produce y no se factura.

Gobierno reconoce que las
tarifas bajas impiden ahorro

 

■ En Cadafe hacen faltan 2,5 millones de medidores.

■ Diputados de la Asamblea Nacional observaron retrasos en cinco plantas de generación térmica.

■ La situación afecta las finanzas de Corpoelec, que aplicará cortes a los morosos del sector público, dijeron fuentes de la empresa.

■ Se reactivó venta de plantas eléctricas, precios subieron 25% el apagón de la semana pasada reanimó la demanda, que había bajado después de la suspensión de la emergencia eléctrica el año pasado.

El índice de energía no facturada en el sistema eléctrico, las pérdidas que registra por aspectos técnicos y tomas ilegales, aumentó 20,8% en 2010, con respecto a 2006, último año que estuvo presente el sector privado en esta área energética.

“Durante muchos años se han dedicado esfuerzos y recursos para su solución; sin embargo, la situación persiste y la tendencia va a un incremento del problema”, reconoció el Gobierno hace cinco años cuando presentó el Plan de Desarrollo del Servicio Eléctrico Nacional.

En 2006, las pérdidas fueron de 26.742 gigavatios hora, que es la medida de potencia energética que surge entre la generación y la energía no facturada, y eso representa 23,46% de la energía producida. El año pasado ese índice se elevó a 32.329 gigavatios hora, para abarcar 28,78% de la generación, según la memoria y cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica de 2010.

El reporte anual no menciona la continuidad de los proyectos que desarrollaban las empresas privadas cuando el Estado asumió el control del sector en 2007.

Otro aspecto que ha reconocido el Gobierno es la imposibilidad de avanzar con programas educativos dirigidos a propiciar el ahorro eléctrico mientras no se revisen las tarifas. Se advierte que desde hace 30 años se ha intentado llevar adelante planes con esa orientación, pero no se han obtenido resultados.

“Si bien han existido políticas públicas sobre el uso racional y eficiente de la energía, no han sido efectivamente instrumentadas dada la falta de continuidad y la poca prioridad que se le ha dado al tema … La estructura del sistema de precios de la cadena energética no ofrece señales que propicien el uso racional de la energía y en particular de la electricidad”, señaló el Gobierno hace cinco años.

Revisión parlamentaria:

Los diputados de la oposición, miembros de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, emprendieron un plan de inspección de las obras que anunció el Ejecutivo, con el apoyo de dirigentes sindicales del sector.

“La crisis eléctrica no es culpa de la iguana, de los papagayos, los pájaros, El Niño, sino del Gobierno que se comprometió a ejecutar obras que todavía no se han concluido”, dijo el diputado Gustavo Marcano, de Primero Justicia.

El parlamentario indicó que revisaron las obras de las plantas termoeléctricas Alberto Lovera en Puerto La Cruz y la de San Diego de Cabrutica, ambas en el estado Anzoátegui, al igual que la de Cumaná, estado sucre, que debieron entregarse en 2008 y sólo tiene 50% de ejecución.

El vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas, Alberto Barreto Sira, de Acción Democrática, propuso la semana pasada que se interpele al ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque, pero el titular de esa dependencia, Luis Acuña, diputado del PSUV, consideró que por el momento sólo seguirán las reuniones con técnicos de ese despacho.

Medidores:

La Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico es un peso para la solvencia financiera de la Corporación Eléctrica Nacional, dijo el dirigente sindical, Jhonny Echezuría. “Cadafe no cobra más de 40% de la energía que factura y tiene un déficit de 2,5 millones de medidores”, agregó.

El secretario general del sindicato de Monagas-Delta Amacuro indicó que los problemas de cobranza obstaculizan el proceso de fusión de las empresas en una sola corporación (Corpoelec).

“En Monagas hay 150.000 suscriptores y faltan 60.000 medidores”, afirmó Echezuría.

Agregó que además de la electricidad sin cobrar por la falta de medidores, está la morosidad, principalmente de los organismos oficiales.

Manuel Alí Araque, director de Distribución y Comercialización de Corpoelec Monagas, anunció el operativo para cobrar a los morosos del estado con entre 3 y 65 recibos vencidos, a los que le cortarán la luz si no cancelan la deuda.

Para evitar la suspensión del servicio, el usuario puede llegar a un convenimiento de pago con Corpoelec: cancela 30% de la deuda y el resto en porciones, señaló.

Se reactivó venta de plantas eléctricas:

Desde el apagón del jueves, que afectó 18 estados del país y se prolongó por más de una hora, las plantas eléctricas volvieron a colocarse en la lista de prioridades de los venezolanos. Avisos en los medios de comunicación impresos lo reflejan.

En pocos días las ferreterías han notado un incremento en el número de consumidores interesados en adquirir uno de los equipos. “Hemos vendido cinco plantas eléctricas en los últimos cuatro días”, expresó César Reyes, encargado de Campi Ferretería.

Jorge Botti, director del sector comercio ante Fedecámaras, dijo que después de que se suspendió la emergencia eléctrica en agosto de 2010 (decretada por el Ejecutivo en febrero de ese año) disminuyó el interés entre los consumidores en comprar plantas de energía, por lo que a muchos establecimientos le quedaron varios de estos equipos sin vender.

José Martínez, de Comercial La Cadena, coincidió con Botti. Desde que se levantó la crisis eléctrica el año pasado, las ventas de estos equipos bajaron 30%, dijo.

“Pensando que el racionamiento duraría más tiempo, los comerciantes importaron cantidades importantes de plantas que se les quedaron frías; pero con el apagón de la semana pasada seguramente las comercializarán rápidamente”, añadió Botti.

Samuel Garaicochea, de Ferretería Antonio Guzzo –establecimiento que el domingo publicó en un diario de circulación nacional un aviso en el que ofrecía plantas eléctricas-señaló que el local tiene en inventario equipos del año pasado y que en aproximadamente 15 días llegarán más plantas, lo que refleja que la empresa hizo nuevos pedidos.

En lo que se refiere a precios, César Reyes indicó que en comparación con 2010 subieron alrededor de 25%. De acuerdo con el uso –doméstico o industrial– los equipos se pueden conseguir desde 850 hasta 300.000 bolívares. Garaicochea apuntó que los equipos más grandes, que funcionan con diesel, pueden durar encendidas hasta 15 horas ininterrumpidas, pero no más.


Por: ANDRÉS ROJAS JIMENEZ
ENERGÍA | CORPOELEC
ELECTRICIDAD | ECONÓMIA
EL NACIONAL

OFICIALISMO: Piden enjuiciar a diputados de la MUD por el 11-A

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El PSUV se negó a debatir la inseguridad, pero sí incluyó el tema del golpe de abril de 2002
El PSUV se negó a debatir la inseguridad, pero sí incluyó el tema del golpe de abril de 2002

Ley contra el olvido incluirá hechos
de abril de 2002, dijo Soto Rojas

 

■ “Esta maldita oposición persigue al Gobierno, es una realidad”, afirmó el presidente de la AN

Al grito de “¡No más impunidad!”, cientos de seguidores de Hugo Chávez caminaron desde Puente Llaguno hasta la Asamblea Nacional, primeramente, y luego hasta la Fiscalía General con un solo propósito: exigir justicia por los 19 muertos y 100 heridos del 11 de abril de 2002, en medio de un golpe que sacó al Presidente del poder por 48 horas.

El Comité de Víctimas le entregó a Fernando Soto Rojas, presidente del Parlamento, un documento, en el cual acusan a Henrique Capriles Radonski, Enrique Mendoza, María Corina Machado, Miguel Ángel Rodríguez, Leopoldo López y Guacaipuro Lameda de ser los autores intelectuales de la intentona y, por lo tanto, demandan que sean enjuiciados.

Yesenia Fuente, coordinadora del comité, solicitó a Soto Rojas acabar con la impunidad, a lo que el diputado del PSUV respondió que el Legislativo elabora una ley contra el olvido de los asesinatos de las décadas de los 60, 70 y 80 que incluiría, ahora, a los caídos en abril de 2002. Informó que esta tarde debatirán en la plenaria la participación de “diputados contrarrevolucionarios” en los hechos ocurridos hace 9 años.

“La lucha por la justicia está llegando lentamente; lentamente porque la revolución no fue armada y destruyó de un solo carajazo a la sociedad. Hemos sido distintos al Gobierno cubano. Todavía no tenemos un gobierno eminentemente justo y popular como lo planteó el Libertador. Todavía hay injusticia, pero pueden tener la seguridad que vinimos a la Asamblea para llevar hasta las últimas consecuencias la ley contra el olvido”.

Instó a los presentes a organizarse para evitar una invasión similar a la que padece Libia y enfrente a una “oposición apátrida”. “Esta maldita oposición persigue al Gobierno. Es una realidad. Entonces, el primer deber es levantar esa bandera política para hacer un debate y que el pueblo despierte”.

Acusó a la OEA de irrespetar los derechos humanos en el mundo y abogó por el derecho colectivo de los pueblos a ser libres de cualquier imperio. “La lucha no puede depender de la OEA ni de quienes presiden las instituciones de la burguesía internacional. Hay que construir el poder popular como única garantía de que el pueblo se constituya en Estado”.

Ante los manifestantes, la fiscal Luisa Ortega Díaz afirmó: “Con mucho amor recibo este documento y les prometo que continuaré con la investigación, pero recuerden que el Estado concedió una amnistía en diciembre del 2007. Vamos a aclarar hechos y también las masacres de Cantaura y Yumare (ocurridas el 4 de octubre de 1982 y el 8 de mayo de 1986, respectivamente) y las violaciones de los 60, 70, 80 y 90”.


Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
hlugo@el-nacional.com
Politica | Noticias
EL NACIONAL

CORRUPCIÓN: Piden investigar amistad de Eladio Aponte con Makled

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Credencial que se le incauto, firmada por Eladio Aponte. magistrado del TSJ
Credencial que se le incauto, firmada por Eladio Aponte. magistrado del TSJ

Presidente de URD denunció en Fiscalía

 

■  El acusado de narcotráfico disponía de una credencial de “comisionado” suscrita por el magistrado de la Sala Penal del TSJ

El presidente del partido Unión Republicana Democrática, Pedro Rafael Rodríguez Mudarra, solicitó al Ministerio Público investigar al magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Eladio Aponte, por la suscripción de una credencial de comisionado a nombre del presunto narcotraficante Walid Makled.

En la comunicación dirigida a la fiscal general de la República, Luisa Ortega, Rodríguez Mudarra destaca: “Llama poderosamente la atención que cuando se realizó el allanamiento a la casa de Makled, en el acta policial quedó registrado que se había encontrado un ejemplar del discurso de orden que pronunció el magistrado Aponte en el acto de apertura del año judicial 2006, con una dedicatoria para Makled”.

Magistrado Eladio Aponte y su red de corrupción en el TSJ

La pista que ofrece el presidente de URD figura en la solicitud de extradición que aprobó el TSJ el 20 de agosto de 2010.

El denunciante alegó que los supuestos vínculos entre Aponte y Makled “configuran hechos delictivos que comprometen la moral y respetabilidad del Poder Judicial”.

Razonó que Aponte pudo haber incurrido en un delito con trascendencia internacional, establecido en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

“Lo primero por destacar es que en el presente asunto se sugiere la fuerza de la delincuencia organizada que radica en el establecimiento de alianzas y vínculos que se logran en todos los niveles, incluso el político. Esta especial forma delictiva ­prosiguió Rodríguez Mudarra- tiene un eje central de dirección y mando, y se estructura de forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad. Se trata de la relación de Walid Makled, señalado como un peligroso narcotraficante, y el magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte, que es una autoridad del Poder Judicial.” El presidente de URD pidió al Ministerio Público la designación de un fiscal especial que investigue su denuncia y evalúe la posibilidad de solicitar el enjuiciamiento del magistrado Aponte. Por ser un alto funcionario, sus mismos colegas del TSJ se encargarían de determinar su eventual responsabilidad penal.

Además, Rodríguez Mudarra formalizó la denuncia ante el Consejo Moral Republicano, instancia a la cual corresponde calificar las faltas cometidas por altos funcionarios.

LA MAFIA JUDICIAL DE APONTE APONTE:

María Elena García Prú, vicepresidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, fue interrogada por Agentes Federales  del FBI en la ciudad de Miami con relación a un presunto caso de legitimación de capitales.

 Esta funcionaria reportaba directamente al magistrado Eladio Aponte Aponte, entre ambos habían creado un red para beneficiar o perjudicar a inocentes en sentencias judiciales.

Se pudo conocer a través de una fuente que pidió anonimato, la existencia de depósitos bancarios, copias de cheques y números de cuenta a favor de Eladio Aponte Aponte que han sido utilizadas por el magistrado para recibir grandes sumas de dinero a cambio de justicia complaciente o, en algunos casos, condenatoria.


Por: EDGAR LÓPEZ
CORRUPCIÓN | DROGAS
Judicial | Política
EL NACIONAL

DROGAS: Mataron a hermano de testigo en caso del semisumergible

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Las autoridades policiales no informaron en su momento el hallazgo del astillero y del semisumergible, a pesar de que se trata del primer expediente de este tipo en el país.
Las autoridades policiales no informaron en su momento el hallazgo del astillero y del semisumergible, a pesar de que se trata del primer expediente de este tipo en el país.

Juicio contra 2 detenidos
aún no ha comenzado

 

■ El cadáver fue hallado en octubre de 2009 en Los Barrancos de Fajardo, junto a los restos de una mujer.

■ El hermano de uno de los testigos de la pesquisa sobre la nave semisumergible hallada en el Caño Escondido, en Delta Amacuro, fue ultimado junto a su acompañante en octubre de 2009.

■ César Augusto Núñez, hallado muerto junto con una mujer, era hermano de Reny Ramón Núñez, que durante años trasladó material a la zona donde se construyó la embarcación decomisada por agentes de la Dirección contra Drogas.

■ La gobernadora Lizeta Hernández afirmó que “la región es, desde hace tiempo, una ventana abierta para el narcotráfico”. Un informe de la Fiscalía señala que el año pasado fueron incautadas 8 embarcaciones y se practicaron 16.799 detenciones.

Los cadáveres de César Augusto Núñez y Elsi Bellorín, de 38 y 23 años de edad respectivamente, fueron encontrados el 3 de noviembre de 2009 en un bosque de la vía Barrancos de Fajardo,  Barrancas del Orinoco.

Ambos fueron privados de la libertad y asesinados nueve días antes con disparos de escopeta hechos a corta distancia.

El hombre era hermano de Reny Ramón Núñez, alias “Motilón”, quien desde junio de 2008 hasta inicios de 2010 trasladó en lancha los materiales con los que se fabricaría un pequeño astillero cerca del caserío Mariusa, en el Bajo Delta. En ese lugar, supuestamente, se construyó el semisumergible decomisado por agentes de la Dirección Nacional contra Drogas de la policía judicial.

La versión aportada en noviembre de 2009 por el comisario Miguel Navas, jefe de la delegación Monagas del Cicpc, indicaba que Núñez y Bellorín fueron asesinados por una banda de sicarios, que supuestamente actuaron por encargo de la concubina de Núñez, Belkis del Valle Ramírez, de 42 años de edad. La mujer supuestamente pagó 56.000 bolívares por el homicidio de su pareja y de Bellorín. Pero nunca se informó de dónde había sacado el dinero.
La policía sólo detuvo al líder de los homicidas, Carlos Alberto Infante, de 32 años de edad. Otros dos hombres señalados como cómplices, Alí Tejera Manrique y Edward Alberto Cumaná, de 22 y 39 años de edad, respectivamente, están prófugos. Todos ellos, indicó el portavoz, eran miembros del Sindicato de la Construcción de Barrancas.

En una declaración ante el Cicpc, durante las pesquisas sobre el sumergible en enero de 2010, Reny R. Núñez afirmó que a la pareja se la llevaron en la madrugada del domingo 25 de octubre del año anterior, mientras participaban en las fiestas patronales de Barrancas.

 

Nave a Tucupita:

Por este caso, el fiscal sexto de Delta Amacuro José Alfredo Contreras ha imputado a Ángel Custodio Vegas Gerdez, alias “Chiche Vegas”, de 46 años de edad, y a Orlando Jesús Idrogo, de 39 años de edad.

Además, fue impuesta una medida cautelar a un hombre de origen árabe señalado de ser propietario del terreno donde se hizo el hallazgo de la nave. Otros sujetos de origen colombiano, conocidos como “Poncho” y “Cabuya”, son requeridos.

Las autoridades policiales no informaron en su momento el hallazgo del astillero y del semisumergible, a pesar de que se trata del primer expediente de este tipo en el país. Se intentó contactar a Contreras y a su auxiliar, pero ambos se negaron a declarar.

El sumergible, hecho con fibra de vidrio, fue llevado a Tucupita para hacerle experticias. Los defensores de Vegas e Idrogo argumentaron ante la juez segunda de control de Tucupita, Adda Espinoza, que no se puede establecer un nexo directo entre el sumergible y el tráfico de drogas, pues hasta el momento no se han encontrado restos de alguna sustancia prohibida.

Luego de la audiencia de presentación en marzo de 2010, los detenidos fueron enviados a la cárcel de Guasina en Tucupita, mientras se fija la fecha del juicio.

Ventana para traficantes:

La gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, afirmó que la región es “una ventana abierta para el narcotráfico” desde hace mucho tiempo.

Afirmó que durante años escuchó por los medios de comunicación señalamientos que se hacían sin pruebas contra personas de esa región y ahora esas imputaciones conducen a un número creciente de detenciones y drogas decomisadas. Añadió que la sociedad debe colaborar en la lucha contra las organizaciones de traficantes “porque si no, nos convertimos en cómplices y somos delincuentes. No podemos callar por el hecho de que sea el amigo, el comunicador social o la gobernadora”.

A doce años de haberse iniciado el proceso encabezado por Hugo Chávez aún queda mucho por hacer en esta materia, señaló.

El informe de la Fiscalía correspondiente a 2010 señala que ese año fueron incautadas ocho embarcaciones, pero no se especifica si son lanchas o sumergibles como el hallado en Delta Amacuro. Hubo además 16.799 detenciones y 25.695 audiencias preliminares.

En este caso, el juicio ha sido postergado. Se espera la fecha para el inicio del debate oral en la capital deltana.


Por: JAVIER IGNACIO MAYORCA
HERNÁN LUGO GALICIA
Judicial | Política
EL NACIONAL

Mª Teresa Belandria: Venezuela y Colombia: No, We CAN not

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Reunión de Chávez y Santos
dejó más dudas que certezas

 

La relación entre Venezuela y Colombia en los últimos 5 años ha sufrido los vaivenes del estado de ánimo de los mandatarios, como un matrimonio mal avenido Uribe y Chávez destilaron los peores adjetivos calificativos en su forzado entendimiento hasta llegar a la ruptura de las relaciones diplomáticas el 22 de julio de 2010, hecho sin precedentes cercanos. La llegada de Santos y su declaración de afecto hacia Chávez calificándolo de su “nuevo mejor amigo” abrió el camino y el 10 de agosto de 2010 el apretón de manos, la creación de 5 comisiones marcaron el paso del reencuentro.

Las comisiones tienen la tarea de fomentar el comercio, atender la infraestructura, consolidar las acciones sociales en la frontera y mantener óptimos los niveles de seguridad. Planes que han sido abordados de manera global con Colombia en los últimos 22 años a través de la Comisión Negociadora y la Comisión de Integración y Asuntos Fronterizos y que hoy aparecen segmentados y descoordinados atendiendo sólo a la coyuntura económica y dejando de lado aspectos tan importantes como las migraciones, el manejo de las cuencas hidrográficas y la delimitación de las áreas marinas y submarinas.

Los habitantes de ese 3er estado llamado “la frontera” sufren las consecuencias derivadas de los vaivenes de la relación, sus actividades cotidianas: hacer mercado, ir al trabajo, llevar los niños al colegio o al médico fluyen con tranquilidad entre San Antonio y Cúcuta, el límite de afloja, y los encargados de la seguridad se dedican a cazar narcos, paracos y guerrilleros. Pero cuando los Presidentes se enemistan la frontera se resiente, el límite se endurece y esos quehaceres diarios se vuelven una tortura: aumentan los controles migratorios, se incrementa el matraqueo en las aduanas y colas interminables para ir al otro lado trastocan la cotidianidad.

En 2008 pico más alto del intercambio comercial con 7.000 millones de dólares transitando entre el puente Simón Bolívar y el puente Francisco de Paula Santander marcó la prosperidad de la frontera, se crearon puestos de trabajo, aumentaron las empresas de transporte, se incrementó el turismo y todos felices, incluidos los grupos irregulares que hacen vida en la frontera: paramilitares, narcos, guerrilleros y contrabandistas. La caída del comercio desde 2009 a la fecha cuyo monto de intercambio no llega a los 1.000 millones de dólares en la actualidad ha tenido un impacto directo en la frontera, 600 empresas de transporte cerradas, 3.000 talleres de costura en silencio, desempleo y aumento del comercio ilegal. La incertidumbre se apoderó de todos los sectores.

La reunión de Chávez y Santos dejó más dudas que certezas, se firmaron 16 acuerdos en el marco de comisiones, pero el más importante de la reunión quedó en el aire: el Acuerdo de Complementariedad Económica no se firmó, sencillamente se decidió prorrogar las preferencias arancelarias de la CAN por 3 meses prorrogables, es decir, nada está listo. Nos fuimos de la CAN por rabia con Colombia y no volvemos por orgullo. Firmamos con Bolivia y Ecuador un acuerdo que solo cambia los nombres y mantiene las preferencias de la CAN. ¿Que ganamos? Nada. ¿Qué perdemos? La institucionalidad construida a lo largo de 40 años de buena vecindad, de un traje a la medida de nuestras economías y la pérdida de la frontera más viva de América Latina


Por: María Teresa Belandria
@matebe
10 de Abril 2011



Costa Rica: Henry López Sisco sería extraditado a Venezuela

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Ex comisario de la Disip, Henry Lopez Sisco | Coleccion | Archivo
Foto Coleccion | Archivo | El Ex comisario de la Disip, Henry Lopez Sisco.

El hijo del ex jefe de la Disip Henry López confirmó hoy
que Costa Rica aceptó dar curso a la extradición

 

El hijo mayor del ex funcionario, Henry López Jr, indicó que de concretarse esta acción “se estarían violando todas las normas y convenios internacionales”, pues asegura que “sería extemporánea” por los años que lleva su padre en el país. “De abrirse esta puerta, no solo mi papá tendría que estar preocupado, sino todos los venezolanos que permanecen asilados en Costa Rica por razones políticas”, advirtió. Consulte: Orden de captura contra López Sisco en Costa Rica.

El Gobierno de Costa Rica, habría aceptado la solicitud de la Cancillería venezolana para extraditar al ex director de la Disip, Henry López Sisco, quien se mantiene en este país en calidad de asilado político desde el año 2006. Así lo informó este lunes su hijo mayor, Henry López Jr. via telefónica a El-Nacional.com, indicando que ya había una orden de captura en contra de su padre por parte de un tribunal costarricense.

Fiscalía lo acusó por "participación" en masacre de Yumare

López precisó que en horas de la mañana del día domingo, tuvo conocimiento de la decisión, pese a que la misma no se ha hecho oficial. Indicó que de concretarse esta acción “se estarían violando todas las normas y convenios internacionales”, pues asegura que si procede “sería extemporánea” por los años que lleva su padre en el país.

Destacó que los abogados del ex funcionario público están trabajando para revocar esta medida, aprovechando que este lunes es día de fiesta en Costa Rica. “En Costa Rica nunca han extraditado a nadie (…) hay una serie de de convenios internacionales que lo prohíben, pero ya hay una orden de captura en contra de mi papá”, acotó.

Finalmente aseveró tener en su poder los documentos que sustentan esta decisión, que según López, se ha llevado “de manera muy diligente” entre los ministerios de Exteriores de ambos países. “De abrirse esta puerta, no solo mi papá tendría que estar preocupado, sino todos los venezolanos que permanecen asilados en Costa Rica por razones políticas”, advirtió.

El ex funcionario fue acusado por el Gobierno venezolano por los delitos de “concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva, en perjuicio de las nueve víctimas del caso conocido como la masacre de Yumare”, hecho ocurrido en mayo de 1986 en el poblado de La Vaca Barlovento, estado Yaracuy.


Por: Ender Ramírez Padrino
Internacional | Política
EL NACIONAL

Guayana: Pérdidas de Alcasa en 2010 se ubican en Bs 2,2 millardos

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Los trabajadores han sido los motivadores para mantener operativa la empresa de aluminio.
Los trabajadores han sido los motivadores para mantener operativa la empresa de aluminio.

La planta afrontó falta de materias
primas y recorte eléctrico

 

Aluminios del Caroní S.A., Alcasa, filial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), mostró un desempeño negativo al cierre de 2010, prácticamente al duplicar sus pérdidas respecto a 2009.

La reductora de aluminio, ubicada en Ciudad Guayana, presenta cifras rojas de manera recurrente desde al menos quince años. Sin embargo en el resultado neto del ejercicio 2010, las pérdidas se ubicaron en 2,2 millardos de bolívares frente a 1,3 millardos de bolívares del año anterior.

Señala la Memoria y Cuenta 2010 del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam), que ese período se desenvolvió en un “marco de racionamiento eléctrico y déficit de flujo de caja”. No obstante los logros en producción y abastecimiento del mercado interno, se debió “a los trabajadores organizados en las mesas técnicas, cuyo principal objetivo ha sido el sostenimiento operativo de la plana y apalancar la economía regional y nacional”.

En 2009 los ingresos operacionales se ubicaron en 530,9 millones de bolívares y en 2010 se situaron en 883,6 millones de bolívares, producto de las ventas de 94.783 toneladas, desagregadas en 44.226 toneladas de aluminio primario, 30.456 toneladas de cilindros y 18.608 toneladas de laminados.

Explica el balance anual que de las ventas generadas se aprovisionó al mercado nacional en 68%, mientras que al mercado de exportación se destinó un 32% de la producción total.

El informe destaca que la gestión se vio afectada “por incertidumbre en la concreción del plan de compras de las principales materias primas. Entre las más críticas se encuentran: pasta fría, baño electrolítico, coque de petróleo, alquitrán anódico, magnesio metálico y titanio boro”, necesarios para la elaboración del producto.

Y se precisa que también se presentó incertidumbre “en las fechas de entrega de las materias primas por la falta de pagos efectivos, así como el suministro oportuno de partes y repuestos indispensables para acometer los planes de mantenimientos de los equipos estratégicos de la planta, en su mayoría importados”.

Sin embargo, se indica en el texto oficial, que en la interacción de las diferentes mesas medulares de las áreas de reducción, fundición, laminación y servicios, “se priorizaron en consenso con los trabajadores, la procura y pago de lo estrictamente necesario en base a la disponibilidad financiera”.

Y como elemento de apalancamiento gubernamental, se contó con el fideicomiso del Fondo Chino Venezolano, el cual se dispuso para pago de parte de deuda contraída con proveedores y aprovisionamiento de algunas materias primas fundamentales”.

Los 100 días:

Luego del cierre del complejo de producción de las líneas I y II, la capacidad de la planta es de 170.000 toneladas, con un parque de 396 celdas. En junio del año pasado “dadas las limitaciones financieras” se aplicó un Plan denominado 100 Días, con el objeto de cumplir con las metas del Plan Guayana Socialista, de contar con 236 celdas en operación, dice el texto.

“No se alcanzó ese propósito por dos razones: un conato de incendio en el cableado de control y potencia de los hornos de Carbonorca, la cual surte 100% de ánodos para las celdas de Alcasa; y, el déficit de materias primas que imposibilitó la incorporación de celdas, bajo el racionamiento eléctrico”. ML

Por: ML / EL UNIVERSAL
lunes 11 de abril de 2011

Crónica: El apagón de La California trastocó el fin de semana de los vecinos

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En las residencias La California la interrupción del servicio eléctrico afecto el suministro de agua potable.
En las residencias La California la interrupción del servicio eléctrico afecto el suministro de agua potable.

  Los entretelones de 16 horas sin electricidad

 

■ La falla eléctrica del sábado pasado obligó a residentes y transeúntes a replantear sus actividades.

■ “En mi casa se fue la luz en la madrugada. Cuando nos levantamos ya no había servicio.

A medida que avanzaba el día, todo se fue complicando, entre otras cosas, porque el agua se sirve de un sistema de bombeo eléctrico, que por supuesto estaba suspendido con la falla”.

Así vivió Mariana Camacho lo que las autoridades catalogaron como un “falla menor de distribución” eléctrica, y que mantuvo en suspenso durante 16 horas a las cientos de familias que habitan en los edificios y casas de La California Norte, en Caracas.

“Desconectamos todos los equipos para que no se dañaran cuando regresara la electricidad. La nevera fue lo único que no despegamos, porque teníamos una reunión ese día y toda la comida estaba allí. Nos pasamos el día evitando abrirla para que no se dañaran las cosas. Los filtros de agua tampoco funcionaban y en la tarde se nos acabó la que teníamos en las jarras, disponible para beber.”, agregó Camacho, que habita en una de las nueve torres que integran el Conjunto Residencial La California. “Suspendimos todo, porque además vivo en un piso 17 y era imposible hacer que alguien subiera tantas escaleras”.

Las comunicaciones también se vieron afectadas por el apagón. “Las personas que tienen teléfono inalámbrico no podían llamar a nadie y tengo amigos que se abstuvieron de utilizar su celular porque tenían miedo de que llegara la noche, la luz no regresara y se quedaran incomunicados.

Creo que no hace falta mencionar que tampoco tuvimos acceso a Internet”, expresó Javier Montilla, residente del mismo grupo de edificios que Camacho.

Caos y cacerolazo. Para quienes no viven La California, pero transitaron por la zona el día del apagón, la situación no fue menos confusa. “A las 7:00 de la noche sólo se escuchaban sirenas de la policía en toda el área. Los conductores estaban desorientados porque los semáforos no servían. No puedo ni imaginar lo que pasaron las personas que viven por allí, si solo la calle era un caos absoluto”, contó Hugo Andrade, un peatón que a esa hora estaba intentando tomar un taxi para llegar hasta El Marqués.

Cerca de las 9:00 de la noche del sábado, el servicio eléctrico fue restablecido, gracias a la instalación de cuatro plantas de energía cerca de la zona afectada, informó posteriormente a través de Venezolana de Televisión el viceministro de Seguimiento y Control para la Energía Eléctrica, Rodolfo Navarro.

Una hora antes de que el servicio volviera, los vecinos iniciaron un cacelorazo para reclamar a Corpoelec el corte del servicio, que para ese momento acumulaba ya 15 horas seguidas.

“Vivo detrás de las residencias La California, en el edificio Nicomar. Creo que, por fortuna, es el único lugar en el que no se va la luz cuando hay fallas de energía”, dijo Daniela Espina. “Me enteré del corte cuando a las 8:00 pm escuché las cacerolas. Me asomé y vi todo a oscuras”. Aunque Espina no se vio afectada por la falla de electricidad en forma directa, sí se preocupó por su seguridad y la de sus vecinos: “Aquí cerca está la avenida París, que en condiciones normales es oscura y está mal iluminada. Eso la convierte en un sitio muy inseguro. De hecho, a mi hermana la atracaron allí hace 6 meses. Si se va la luz en toda la zona, la calle es una guillotina segura para quien se atreva a caminar por allí”, apuntó.


Por: ANDREA SMALL CARMONA
asmall@el-nacional.com
Nacional | Ciudad
EL NACIONAL

Teódulo López Meléndez: Hacia una socioeconomía: Proyecto país

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“Hay que abrir las puertas a la alternativa
 de asociaciones ciudadanas igualitarias..”

 

Cerrarse en la defensa exclusiva y excluyente de una economía de mercado no puede considerarse más que como una excentricidad económica. Equivale al desconocimiento de la necesidad de abrir posibilidades a nuevas formas que, organizadas al margen de la simple acumulación de capital, permitan una organización ciudadana autogestionaria de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

No se plantea un ataque a la propiedad privada, la que viene respetada con las sujeciones jurídicas archiconocidas. Se trata de abrir la puerta a alternativas de asociaciones ciudadanas donde el trabajo común es el capital y donde los beneficios se reparten con sentido igualitario. Podríamos decir que la economía social es una forma expedita de crear ciudadanía pues la solidaridad está presente en la base misma del planteamiento. Esto es, el planteamiento de libre asociación para el beneficio común colocado por encima de un interior espíritu competitivo. Es claro que la economía social está dirigida, sobre todo, a satisfacer necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda, educación y conocimiento.

La economía social no puede ser excluyente, como se pretende al tratar de utilizarla como alternativa a la propiedad privada, sino un espacio que convive pacíficamente con ella. Es un orden que se contrapone tanto al capitalismo puro como a la planificación socialista, uno centrado en el hombre. Es una forma de propiedad privada sobre el principio de la cogestión y debe tener perfecto derecho al beneficio y al crecimiento de la empresa social, dentro de los parámetros del bien común. Debe moverse en un orden económico de libertad con la vigilancia de un Estado fundamentado en lo social del derecho y bajo la ética de una doctrina de promoción social.

La economía social no es una invención reciente. Ocupa un espacio empleador importante en Europa, así como un espacio productivo relevante. Las autoridades europeas realizan permanentemente conferencias sobre el tema siempre poniendo de relieve su vocación de inserción e, inclusive, su utilidad frente a la presente crisis económica, dada su alta capacidad de empleo sustentable. De manera que mirarla con recelo es una muestra de ceguera de una ortodoxia neoliberal al margen de los tiempos.

Así tenemos como en España la economía social, con criterios variables, es reconocida y se le reconoce la calidad de una de las fuentes de empleo más estable. En Francia se consideran parte de ella a las mutualidades, a las cooperativas, a las asociaciones y a las fundaciones. En Bélgica existe el Consejo Valón de Economía Social. En Inglaterra se manejan varios conceptos bajo la denominación común de social economy, tales como conceptos de “sector no lucrativo” o de “sector voluntario”. La Unión Europea mantiene activo el Comité Económico y Social y edita textos sobre el tema con gran frecuencia. En nuestro continente, en un país como Canadá, se le reconoce y se le estudia.

Con variantes aquí y allá, podemos decir que se reconocen como dentro de la economía social empresas democráticas donde una persona tiene un voto y con distribución de beneficios no relacionada con el capital aportado por cada socio; a las cooperativas, como a las sociedades laborales; a las sociedades agrarias e, incluso, a empresas mercantiles que controlan los agentes de la economía social; tanto a las cajas de ahorro como a las mutualidades de seguros y de previsión social.

Se le llama sector voluntario, tercer sector solidario, economía solidaria o de iniciativa social, a esta realidad que está entre la economía capitalista y aquella pública. Lo es, al partir de una democratización del poder de decisión, al establecer una primacía del hombre y del trabajo en el reparto de las ganancias, la dotación de patrimonios colectivos o el de una no distribución de beneficios, dado que su propósito central es el del servicio a sus miembros y a la colectividad. Esto es, las bases son democracia, interés social y justicia distributiva.

La economía social es, pues, una forma de hacer economía en que se realza lo positivo de lo social dentro de lo económico y financiero. En otras palabras, en el momento en que en lo económico se parte del contexto humano. Si se analiza la llamada “economía informal” en que viven millones de personas en América Latina se encuentra una impresionante cifra en activos que quizás demuestre que la pobreza es más que todo un problema de ineficiencia social y que un paso clave está en convertir estos activos en productivos. El Estado no puede ser una especie de compañía de seguros que se ocupa de la seguridad, de la asistencia sanitaria y de la construcción de grandes obras públicas, para comenzar a ser mirado más desde el ángulo social, esto es, como un generador de valor social. Ya lo he dicho en otra parte: la economía y la política no pueden separarse y el desorden de la injusticia es producto de una subordinación de la política a la economía.

Es necesario lograr una coexistencia de todos los actores dentro de una economía plural donde esté la social como un enclave respetado de resolución del conflicto socioeconómico. No habrá desarrollo que merezca tal nombre si los actores del modelo capitalista latinoamericano se empeñan en bloquear los modelos financieros alternativos. El papel del Estado, en este caso específico, es el de la inversión estimulante, mediante políticas financieras y tributarias, y la concentración de los esfuerzos en proyectos productivos.

El objetivo es el desarrollo de una socieconomía en que no hay escisión de los agentes económicos de sus identidades sociales y menos del mundo simbólico que llamamos cultura. Si hablamos de socieconomía es porque esta debe producir sociedad y no sólo utilidades. El listado puede ser grande: cooperativas, servicios personales solidarios, ahorros hacia el crédito social, formación e investigación continuas, asociaciones de productores autónomos, redes de ayuda mutua, organizaciones de trueque, etc. La organización social se manifiesta, en numerosas ocasiones, por necesidades específicas que brotan al calor de la vida misma y que no son reducibles a un mero elenco. Ni una lógica capitalista ni un Estado socialista planificador a ultranza pueden no mirar con suspicacia lo que es la economía social, lo que quiere decir que ni una política asistencialista ni un Estado que roba atribuciones a los ciudadanos mirarán con buenos ojos una socieconomía. El principio de convergencia sólo puede encontrarse en una democracia con calidad humana, la que hemos denominado una democracia del siglo XXI.

Lo que hay que reconsiderar, en última instancia, son los conceptos mismos de ciudadanía y de calidad democrática. Lo que ahora debemos plantearnos en la base misma de la pirámide política es de nuevo a los seres humanos y, por supuesto, dada la crisis planetaria de sustentabilidad, la relación con su entorno. Ambas fueron echadas al saco del olvido con lentitud pero sin pausas. Insisto en el efecto pernicioso del rompimiento de lo económico con lo político y, por esa vía, con lo ético. La economía debemos volver a colocarla entre las Ciencias Humanas y no como dependiente de las Ciencias Exactas. El problema, sea dicho, es plantearnos una inteligencia en un ámbito superior. Es menester instituir una lógica cooperativa en medio de una lógica exclusivamente competitiva. Los problemas ya no son los que dieron origen a una lógica capitalista implacable. Le economía fue convertida en una religión, esto es, ocuparnos de ella era ocuparnos de todo, falsificación que nos ha conducido al cuadro que denota la precariedad de gruesas poblaciones humanas.

Comencemos a hablar de una sociedad cívica, donde todos y cada uno asuma sus responsabilidades y entre ellas la que aquí hemos abordado, la perentoriedad de una socieconomía.

Teódulo López Meléndez
teodulolopezm@yahoo.com
@TeoduloLopezM

Barinas: Juicio del general Delfín Gómez será reanudado el martes

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Estudiantes inician huelga de hambre acompañados de representantes nacionales de JAVU para exigir la liberación de los presos políticos del estado. “Libertad” para los presos políticos, en especial del general Delfín Parra Gómez.
Estudiantes inician huelga de hambre acompañados de JAVU exigen la liberación de presos políticos del estado. “Libertad”, en especial del general Delfín Parra Gómez.

Los jóvenes de JAVU se mantienen en
vigilia en el Circuito Judicial de Barinas

 

Lorent Saleh, pidió al gobernador Adán Chávez respeto para los estudiantes que protestan. “Aquí los únicos burgueses son los miembros de su familia gobernador, que tienen que viajar al exterior para comprar la ropa que se van a poner”.

Barinas.- A las 8:00 de la mañana de este martes, está previsto que el general Delfín Gómez Parra sea trasladado del Centro Penitenciario de Los Llanos en Guanare hasta el Circuito Judicial Penal de Barinas, para la continuación del juicio oral y público.

El pasado 23 de febrero fue la última vez que el general procesado por el caso Caaez lo llevaron a juicio, y en esta nueva fecha, los estudiantes del movimiento JAVU estarán cumpliendo su quinto día de estar durmiendo frente al Circuito Penal de Barinas, pidiendo su “libertad”.

Delfín Gomez Parra, tiene mas de 5 años preso por denunciar corrupción en el CAEZ

Desde el jueves de la semana pasada, más de 20 jóvenes liderados por el estudiante Lorent Gómez Saleh, se encuentran a las afueras de la sede judicial, durmiendo en siete carpas y debajo de un toldo, esperando el momento en que sea reanudado el juicio y que la Juez 17 Accidental, Ángela Sosa Ruiz, conceda la medida sustitutiva solicitada en varias ocasiones por los abogados del general.

Este lunes en la tarde esperaban la llegada de 10 estudiantes, provenientes de diferentes regiones del país, que participaron también en la huelga de hambre frente a la OEA con la que dieron inicio a la “operación libertad”.

Para los estudiantes mantenerse en Barinas protestando, exigiendo justicia y libertad para el general a quien consideran un preso político, no ha sido fácil puesto que el gobernador Adán Chávez, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y algunos activistas del PSUV, han atacado de diferentes maneras.

“Adán Chávez respete”

Tras escuchar los calificativos de “burgueses” que habría dado el gobernador de Barinas Adán Chávez a los estudiantes que protestan, el vocero de éstos Lorent Gómez Saleh dijo que “aquí (en Barinas) los únicos burgueses son los miembros de su familia gobernador, que tienen que viajar al exterior para comprar la ropa que se van a poner”.

El estudiante pidió respeto para quienes están frente al Circuito Penal exigiendo justicia y libertad para los presos políticos, y agregó que “ya que habló gobernador, aquí lo estamos esperando para explique porqué el general Delfín Gómez se encuentra preso desde hace cinco años sin tener ninguna sentencia”.

“Nosotros no venimos a desestabilizar porque el país está desestabilizado, y con nuestra exigencia estamos contribuyendo a que todo regrese a la normalidad, a la paz”.

 

Solicitan la asignación de más fiscales y jueces “para acabar, de una buena vez, con la injusticia en Barinas.

La Juez tiene miedo:

Para Tahiany Pisani, esposa del general, mantenerse en pie de lucha por exigir justicia en este caso en el que no se conoce sentencia “es cuestión de honor”, pero reconoce también que será fácil debido a que “la Juez Ángel Sosa Ruiz, tiene miedo de decidir apegada a la ley, porque cree que le puede pasar lo mismo que a la Juez María Lourdes Afiuni”.

Dijo que el Sebin supuestamente tiene la información de que si este martes no se concede la libertad al general, los estudiantes se trasladarán hasta la cárcel en Guanare para iniciar una huelga de hambre, por lo que dejaron filtrar la información de que si esto llegara a ocurrir, Delfín Gómez sería trasladado a un recinto de mayor peligrosidad.

PIDEN LIBERTAD: Carlos Misael Chávez, dirigente estudiantil del estado.

Estudiantes se encadenaron:

Además, inician huelga de hambre acompañados de representantes nacionales de JAVU para exigir la liberación de los presos políticos del estado.

“Libertad” para los presos políticos:

En especial del general Delfín Parra Gómez, respeto a los derechos humanos y agilización de los procesos penales en la entidad exigieron jóvenes de distintas universidades regionales, pertenecientes al movimiento JAVU, encadenándose en las instalaciones del Circuito Judicial Penal de Barinas (CJPB) y emprendiendo una huelga de hambre hasta obtener respuesta de las autoridades.

Así lo informó Carlos Misael Chávez, dirigente estudiantil del estado, quien señaló que el grupo de estudiantes se encadenó a las instalaciones del CJPB, acompañado de representantes nacionales de JAVU para exigir la liberación del general Delfín Parra Gómez, a quien han mantenido encarcelado por más de 4 años sin ser procesado, así como de los demás presos políticos.

Explicó que los jóvenes permanecerán “día y noche en la lucha por la libertad”, sin consumo de alimentos, a puertas de las instalaciones del organismo del Ministerio Público para exigir la libertad de los presos políticos del estado.

Además, adelantando la “Operación Libertad”, exigieron el cese a la persecución política emprendida contra algunos de los diputados del parlamento regional, así como el otorgamiento del sobreseimiento a la causa llevada por el Tribunal Cuarto de Control de Caracas, que inhabilita al ex diputado Wilmer Azuaje para optar a cualquier cargo político.

Chávez también expuso que esperan que se efectúe la discusión de la reforma al Código Orgánico Procesal Penal por los diputados del parlamento regional para lograr que la misma no violente derechos constitucionales de los venezolanos.

Asimismo, solicitaron la asignación de más fiscales y jueces “para acabar, de una buena vez, con la injusticia en Venezuela, ya que de 100 homicidios sólo 8 son resueltos y 92 quedan impunes”, criticando además el hacinamiento carcelario y el presunto maltrato a los reos en los recintos penitenciarios del país, por lo que exigieron respeto a los derechos humanos de los presos a nivel nacional.


Por: WALTER OBREGON
REGIONES | EL UNIVERSAL
lunes 11 de abril de 2011