Para el presidente de Seguros Banvalor, la medida dictada
por el Gobierno es una expropiación.

Niegan problemas financieros

Leopoldo Castillo Bozo, presidente de Seguros Banvalor, asegura que no descansará hasta que el Gobierno le devuelva la compañía. Hace referencia a una notificación enviada por la junta directiva de la aseguradora el 28 de septiembre de este año, 6 días después de dictarse la intervención, en la que se señala que la información que tomó en cuenta la Superintendencia para la Actividad Aseguradora fue la de junio.

“Esa información ha cambiado conforme se desprende de los informes de julio y agosto consignados ante el organismo”, advierte. La empresa realizaba una revaloración de los precios urbanos propiedad de Seguros Banvalor y, una vez que se concluyera, era cuando la superintendencia debía tomar en cuenta la revaloración para recalcular el índice de cobertura de las reservas técnicas.

–La superintendencia dice que la medida obedeció a una insuficiencia de recursos.

– No es cierto. Revalorizamos nuestros activos. El dinero existe, pero si contablemente no está depositado en un banco del Estado no cuenta, para ellos, en la reservas técnicas. La compañía es la de mayor capital pagado del país, con 175 millones de bolívares.

–Se dice que el problema obedece a la existencia de unos títulos valores depositados fuera del país.

–La insuficiencia de los bonos no es tal, pues con una revaloración de los activos se podría cubrir. Pero nunca hubo pronunciamiento. Eso,más que una intervención, fue una expropiación.

–¿La revaloración se hizo?

– Está en proceso. Como representante de la junta de accionistas y presidente de la empresa le hice saber a la superintendencia que una vez que me retorne los poderes no hay inconveniente en traer al país los bonos. Con la simple revaloración de los activos ya se cubre cualquier insuficiencia.

–¿Por qué no los trae?

 – Porque me quitaron las facultades en la empresa. Lo importante es que no ha habido la manera de que me escuchen.

Somos personas honradas.

–Ha dicho que se trata de una retaliación política, ¿por qué?

– Porque no existen problemas económicos en Seguros Banvalor. Lo que sucede es que nosotros manejábamos las cuentas de las gobernaciones de Carabobo, Miranda y Sucre.

–¿Cuántas personas se ven afectadas con esta intervención?

– Alrededor de 1.400 empelados y 1,5 millones de personas entre proveedores ya asegurados.

–¿Encontraron alguna irregularidad?

– Nada.

–¿Qué lección le ha dejado esta situación?

– Que nadie debería invertir en Venezuela en este momento porque no hay seguridad jurídica.

BLANCA VERA AZAF
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