Régimen socialista muestra desinterés por
detener a José Ignacio de Juana Chaos
■ Policías critican que Venezuela sea santuario de ETA: “Es indignante que tengamos relaciones con un país que tutela y protege a etarras”.
■ Las imágenes publicadas por el medio español Antena 3 muestran a José Ignacio de Juana Chaos el pasado 11 de mayo en el estado de Anzoátegui. El chavismo lo cobijó en 2010. Está condenado por el asesinato de 25 personas y 11 ataques terroristas.
Las imágenes difundidas por el canal de televisión español muestran al etarra mientras empuja el carrito de su hijo y está acompañado por Irati Aranzabal, quien sería su mujer. Las fotos fueron captadas el 11 de mayo, a las 14:00, cuando Venezuela festejaba el Día de la Madre.
Fue detenido en 1987 y condenado por la Justicia española a más de 3.000 años de cárcel por 25 asesinatos cometidos en 11 atentados terroristas en los años 80, los más duros
del llamado comando Madrid, al que pertenecía.
En 2006 protagonizó una huelga de hambre en prisión. Ante el riesgo que corría su vida, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió enviarlo a un hospital del País Vasco durante el malogrado proceso de diálogo con ETA, desatando la polémica en España.
Europa Press detalla que su actual mujer, Irati Aranzabal, es la joven que iba a visitarlo al hospital y con la que fue sorprendido en la ducha durante esa supuesta huelga de hambre con la que en 2006 consiguió la libertad.
Posteriormente el etarra ingresó de nuevo en prisión, de la que salió el 2 de agosto de 2008, tras cumplir 21 años de condena. Ese día, en un acto en su honor celebrado en el País Vasco, se leyó una carta con su firma que contenía expresiones que según la Justicia española podían constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo, penado con hasta dos años de prisión. Cuando la Justicia lo reclamó, había salido ya de España.
El etarra viajó a Venezuela para evitar ser extraditado por los tribunales de Irlanda del Norte. De hecho, en enero del año pasado, La Razón publicó que un empresario español había denunciado a Interpol y al Consulado español en Puerto La Cruz (Venezuela) que a finales de diciembre de 2012 se había cruzado con el etarra en un centro comercial de Lechería, ciudad caribeña situada en el estado de Anzoátegui. Allí fue registrado por la cámaras de Antena 3.
Hace años que la Audiencia Nacional de España comenzó a investigar al Gobierno de Venezuela por sus vínculos con el terrorismo. En 2010, cuando el presidente Hugo Chávez aún se encontraba con vida, se reveló los nexos de blivariano con dos peligrosos etarras: Juan Carlos Besance y Xabier Atristain. Ambos reconocieron durante los interrogatorios que en 2008 viajaron a Venezuela a realizar un curso de armas. Otro terrorista, Mikel Carrera, en ese momento, integrante de la cúpula de ETA explicó ante las autoridades españolas los motivos para elegir el país latinoamericano: “Es más seguro que Francia”.
Es más, La justicia española también investiga a Arturo Cubillas Fontán, procesado por ejercer de intermediario entre la banda terrorista y el gobierno bolivariano.
El desinterés por capturarlo:
Pues bien, esta es la hora en la que el Gobierno de Rajoy sigue sin presentar una demanda de extradición de este etarra, supuestamente perseguido, y sin dar una explicación de por qué no lo hace. No faltarán quienes quieran excusar semejante comportamiento alegando que el régimen venezolano simpatiza con y ha dado muchas veces cobijo a los etarras. Pero esto, siendo cierto, valdría para explicar la no concesión de la extradición por parte de Caracas, pero en ningún caso la no solicitud de la misma por Madrid.
Existe, por otra parte, un caso aun más elocuente y grave del desinterés de los Gobiernos de PP y PSOE por detener a determinados etarras: el de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, contra quien –se supone– pesa desde 2002 una orden internacional de búsqueda y captura dictada por el Tribunal Supremo como presunto inductor de la matanza de la casa cuartel de Zaragoza, uno de los más salvajes atentados perpetrados por ETA, en el que fueron asesinadas 11 personas –entre ellas cinco niñas– y resultaron heridas 88.
Es público y notorio que el Gobierno de Zapatero hizo caso omiso de esa orden de búsqueda y captura –así como del artículo 408 del Código Penal que tipifica como delito la omisión intencionada del deber de detener delincuentes– desde que el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, confesara públicamente que hacía llegar al terrorista supuestamente perseguido mensajes del entonces presidente del Gobierno.
Desde la llegada de Rajoy a la Presidencia del Gobierno tampoco han faltado noticias, tanto en la prensa nacional como en la extranjera, sobre el paradero de Ternera. Lejos de esconderse en lugares especialmente recónditos, se supo que vivía plácidamente en una localidad francesa bien cercana a la frontera española, Durban sur Aziere. Desde allí se desplazaba tranquilamente a otros lugares de Francia o incluso a Noruega, país que, tal y como publicamos, lo expulsó en marzo del año pasado, junto con otros terroristas también supuestamente buscados por las autoridades españolas, como David Pla o Iratxe Sorzabal, tras participar con ellos en Oslo en la llamada Comisión Internacional de Verificación del Alto el Fuego en el País Vasco de Ram Manikkalingam.
El pasado mes de julio La Razón aseguraba que el terrorista habría huido del pueblecito cercano a los Pirineos en el que vivía cuando descubrió o fue alertado de que la Policía por fin lo iba, supuestamente, a detener.
Hubiera o no chivatazo, el caso es que Ternera no fue detenido. Y lo que no sabemos es si su clamorosa y exhibicionista impunidad y la de De Juana Chaos se deben a una inconmensurable incompetencia del Gobierno de Rajoy o, lo que es peor y mucho más probable, a una complicidad impuesta por la envilecedora lógica del apaciguamiento, heredada del Gobierno de Zapatero.
Lo que es seguro es que nadie del Gobierno va a presentar su dimisión, y casi seguro que ni siquiera se verán en la obligación de dar una explicación. Este es el trato que las élites políticas y mediáticas españolas otorgan a la memoria y a la dignidad de las víctimas del terrorismo, sometidas a una terrible y permanente injusticia.
Policías critican:
La próxima paternidad del etarra José Ignacio de Juana Chaos en Venezuela, donde se esconde tras huir de la Justicia española, ha vuelto a poner en el disparadero la actitud del país suramericano con los miembros de ETA, que han encontrado allí un nuevo santuario donde ocultarse.
‘Ninguna de las 25 víctimas que fueron asesinadas a sangre fría podrán ser padres’
AVT
El sindicato policial ha recordado que la CEP ya ha denunciado en muchas ocasiones el hecho de que terroristas fugados de la Justicia y etarras en ejercicio se refugien en Venezuela y que España mantenga relaciones con este país que tutela y protege a estos terroristas”.
“Es indignante que España mantenga relaciones diplomáticas y económicas. Que se adopten las medidas que sean necesarias, los estados tienen mecanismos para hacer valer sus derechos”, ha solicitado López.
Por su parte, el el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha recordado que hay muchas personas “que no pueden tener hijos porque los mataron o que no pudieron llegar tenerlos porque los mataron antes”. Según ha dicho, “es lamentable que la justicia ponga en libertad a personajes que no cumplieron ni un año por muerto”.
“Le deseamos lo peor al etarra José Ignacio de Juana Chaos y deseamos que el hijo no tenga la mala sangre de su padre”, ha zanjado Fornet.
En la misma línea se ha manifestado la Asociación de Víctimas del Terrorismo al decir que “ninguna de las 25 víctimas que fueron asesinadas a sangre fría por De Juana han podido ser padres ni estar con su familia”.
Desde la asociación que dirige Ángeles Pedraza se pide no olvidar que De Juana Chaos “chantajeó a la sociedad española y humilló a las víctimas del terrorismo”. “Que sea detenido y juzgado”, zanja.
Por: Infobae
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Caracas, miércoles 21 de mayo, 2014
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